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En Jalisco, por ejemplo, autoridades municipales y caciques de Villa Guerrero ordenaron ataques violentos contra integrantes de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, de acuerdo con la denuncia del Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).
Y en Chiapas, difundió el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se intensificaron las agresiones armadas de grupos paramilitares contra comunidades tzotziles del municipio de Aldama que se encuentran en desplazamiento forzado, condición que los vulnera aún más frente al Covid-19.
Y siguiendo la cadena de vio-lencia contra comunidades y de-fensores, el pasado 23 de marzo fue asesinado en Juitepec, Morelos, el ambientalista Isaac Medardo Herrera, defensor de la reserva natural Los Venados y representante legal de 13 pueblos en defensa del manantial Chihuahuita.
Otra defensora asesinada estos días es Paulina Gómez Palacio Escudero, acompañante del pueblo wixárika en su lucha contra las minas y en defensa de Wirikuta. Paulina fue encontrada sin vida en el municipio de El Salvador, Zacatecas, el 22 de marzo.
Y por si fuera poco, mientras los pueblos se resguardan del virus mundial, en México se aprobó con expresiones de júbilo de sus promotores en el Congreso, la ley de Fomento y Protección del Maíz que, como advierte Ramón Vera-Herrera, de la Red en Defensa del Maíz, no prohíbe los transgénicos, fomenta la privatización de las semillas nativas y nos quiere hacer creer que con reservacio-nes de cultivo tradicional en un mar de cultivos inespecíficos, ya podemos cancelar la lucha por el maíz libre de OGM
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Sin duda es hora de no moverse por las calles. Y de no callarse, pues es claro que para los pueblos no hay tregua.