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La opositora Coalición Nacional demandó este domingo al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, “el inicio de inmediato de una transición democrática que restablezca la justicia, democracia y libertad sin impunidad y con garantías de no repetición”.
Esa demanda fue hecha hoy en el marco del segundo aniversario de las protestas contra el Gobierno del líder sandinista en las que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han muerto al menos 328 personas.
El miércoles pasado, Ortega reapareció en televisión después de 34 días sin manifestarse
La opositora Coalición Nacional demandó este domingo al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, “el inicio de inmediato de una transición democrática que restablezca la justicia, democracia y libertad sin impunidad y con garantías de no repetición”.
Esa demanda fue hecha hoy en el marco del segundo aniversario de las protestas contra el Gobierno del líder sandinista en las que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han muerto al menos 328 personas.
También un día después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos hiciera un llamamiento similar al presidente Ortega, de dar paso “inmediatamente” a una transición democrática en el país.
LOS ARGUMENTOS DE LA OPOSICIÓN
La Coalición Nacional hizo esa petición bajo el argumento de que Ortega encabeza “una tiranía sangrienta e incapaz, sostenida en el poder con la fuerza de las armas”, y a que prevén un escenario devastador “por la irresponsabilidad e incapacidad criminal” del Gobierno con el tema de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.
“Alzamos nuestra voz para denunciar y demandar nacional e internacionalmente que el régimen Ortega Murillo no debería ni puede continuar en la conducción del Gobierno de la República de Nicaragua”, señaló ese grupo en un comunicado leído en conferencia de prensa.
Uno de los directivos de la Coalición Nacional y exmiembro de la Contra, Luis Fley, explicó que eso implica crear las condiciones para que haya elecciones adelantadas con vigilancia internacional y nacional.
El académico Félix Maradiaga indicó que la pandemia del COVID-19 afectará fuertemente la economía de Nicaragua, que se ha contraído dos años consecutivos (4 %, en 2018; y 3,9 %, en 2019), por lo que “entre más rápido se inicie la transición democrática en Nicaragua, menor será el impacto”.
¿CIEN DÍAS DE EMERGENCIA?
Alegó que con el Gobierno de Ortega, “Nicaragua quedará aislada de los programas de ayuda y financiamiento internacional, debido al mal manejo de la crisis sanitaria y por violar los derechos humanos de los nicaragüenses en el marco de la crisis sociopolítica.
Según la Coalición Nacional, integrado por campesinos, antiguos dirigentes de la “Contra” y de organismos de la sociedad civil, entre otros, si Ortega acepta su salida del poder, habría un período de 100 días de emergencia para reactivar la productividad del país, iniciar el desarme de los civiles armados afines al sandinismo, y el retorno de decenas de miles de exiliados.
El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, exhortó el sábado al presidente Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo a iniciar “inmediatamente una transición democrática, incluida la restauración de las garantías de derechos humanos y elecciones libres y justas- para proporcionar salud, prosperidad y libertad a Nicaragua”.
ENTRE DOS CRISIS
El miércoles pasado, Ortega reapareció en televisión después de 34 días sin manifestarse en público y defendió la estrategia que ha adoptado su Gobierno en relación con la pandemia por el coronavirus.
Acompañado de su esposa y vicepresidenta, Ortega argumentó que la decisión de su Gobierno de no decretar ningún tipo de emergencia por la pandemia, no suspender las clases ni restringir la entrada o movilidad en su territorio a ningún viajero se debe a que “si el país deja de trabajar, el país se muere, el pueblo se muere, se extingue”.
Nicaragua contabiliza hasta ahora nueve casos confirmados del COVID-19, con dos fallecidos.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un intento de “golpe de Estado”.