No sabemos aún si el presidente Duque y sus funcionarios lograrán aplanar la curva del contagio del nuevo coronavirus en Colombia; lo que sí es evidente por ahora es que la materia extenuada del virus después de tantas semanas de manipulación estatal, parece resistirse a ello, y el Covid-19 se extiende por calles desahuciadas, barrios olvidados, hospitales sin recursos y cárceles hacinadas e insalubres.

A pesar de las maniobras de la presidencia para proyectar mitigaciones y descensos, y  actuando como el mítico personaje Procusto, quien realizaba mutilaciones a serrazos y estiramientos a martillazos para que sus invitados encajaran de manera exacta en su camastro; Duque amputa la verdad sobre el contagio cuando las dimensiones de la crisis sanitaria sobrepasan los límites de los intereses de banqueros y empresarios usureros, y estira burdamente los resultados en cuanto a la eficacia de sus políticas y programas contra el virus, cuando la estrechez de las mismas evidencian su apenas previsible fracaso.

Los publicitados giros a Familias en Acción, devolución del IVA, Ingreso Solidario, programa Adulto Mayor, etc., son una sombra de los abultados giros que hace el gobierno a las grandes empresas, una imagen, que como tal, no adquiere consistencia física, a no ser cuando queda atrapada en la telaraña de la corrupción, o en el hurto a través de los “costos de transacción”, que los bancos ejecutan.

Las alocuciones presidenciales hablan de beneficiados pero nadie recibe beneficios, los discursos hablan de apoyo a los vulnerables pero estos continúan siendo vulnerados por el Estado neoliberal, se habla de donaciones de la empresa privada, pero estas no son tal, ya que se descuentan del impuesto de renta de dichas empresas; donaciones que son sustracciones, y una “solidaridad empresarial” promovida por alcaldías como la de Bogotá, y los “obsequios” de Sarmiento Angulo, que son mecanismos para legalizar la evasión de impuestos y campañas publicitarias para limpiar la imagen de empresas y bancos desprestigiados ante la opinión nacional.

Del erario público de donde deberían salir los auxilios para los ciudadanos, salen millonadas pero para sondeos de opinión y aparición en primeras planas y horarios estelares de los mandatarios locales promocionando sus gestiones frente a la pandemia, buscando mitigar- no el virus- sino el rechazo de los ciudadanos a los abusos del gran capital y la complicidad solapada y populista de sus representantes políticos de todos los colores.

Millones de colombianos confinados se frotan los ojos, al ver el desvalijamiento de los recursos del Estado por parte del sector financiero y las grandes empresas importadoras. Según la Contraloría, la asignación de $226 mil millones en créditos blandos para campesinos con el fin de garantizar la producción y abastecimiento de alimentos en el país, terminó en manos de grandes empresarios. En cuestión de días en una operación ilícita dirigida por Finagro y los bancos Colpatria, Bancolombia, Davivienda y Bogotá, quienes se quedan con un porcentaje; se entregó el 94% de dichos subsidios a grandes empresas como Mac Pollo, Arroz ROA FlorHuila e Ingenio del Cauca, entre otras, mientras los verdaderos campesinos para quienes iba destinado, solo vieron un 2%.  

De esta manera, mientras el gobierno subsidia al gran capital, el campo continúa desprotegido y en las ciudades, los microempresarios e independientes a quienes los bancos les cierran las puertas, pagan en los presta diario al 600% mensual, o 7.200% anual.

Algunos afirman contra toda evidencia que la pandemia no distingue entre clases sociales, pero de la misma forma que en los Estados Unidos, son los pobres, latinos, afroamericanos, y la clase media, quienes más se contagian, presentan un desarrollo más grave por el virus y más pierden su trabajo, como en Nueva York donde los latinos constituyen el 34% de los muertos y son recogidos diariamente por camiones de refrigeración; en Colombia, 9,45 millones de trabajadores que corresponden a los llamados cuenta propia, son los más afectados por la pandemia y por las consecuencias económicas de la crisis. Más de 2 millones de personas en el país carecen de acceso a acueducto y alcantarillado, y de las personas de la tercera edad solo el 25% reciben una pensión: La actual pandemia no solo evidencia las desigualdades sino que las agrava y extiende.

El gobierno deja desprotegido a los trabajadores, y junto a los medios masivos de comunicación, culpan al pueblo de la expansión del contagio, lo castigan con millonarias multas, descargan sobre sus hombros el peso de la crisis económica, lo preparan psicológicamente para que acepte costear con desempleo masivo y reducción salarial, la recesión en ciernes, y si protesta o reclama, es detenido, maltratado y señalado, como ya se ha visto en Bogotá con Claudia López, quien autoriza la represión contra trabajadores y sus familias que se manifiestan desde los barrios, por la inexistencia de auxilios o la demora de los mismos.

Los trabajadores de la salud, exigen y denuncian falta de recursos, y garantías. Las cárceles son una bomba de tiempo, con decenas de infectados en medio del hacinamiento. Desde los barrios de varias ciudades del país se exige que el gobierno cumpla y garantice de manera urgente sus necesidades básicas. El trapo rojo se transforma en símbolo de indignación por el abuso contra el pueblo, el descontento social se generaliza, y se revelará como las curvas insumisas de la misma pandemia; esto sucede en un país que desde antes, venía movilizado y contestatario, y que hoy está ejercitado en la protesta sostenida; las luchas sociales no entran en cuarentena.

A los colombianos, se les prohíbe salir del confinamiento, porque corren el riesgo de contagiarse o de propagar el virus, pero no pueden permanecer en sus casas porque el Estado solo subsidia a las empresas y no a los trabajadores; y como no hay políticas serias y continuadas que permitan cumplir el confinamiento sin morir de hambre en el intento, solo queda salir a presionar a esa clase política indolente; porque en esta crisis que apenas si comienza; la mayoría de colombianos no tienen nada que perder, excepto su avasallamiento.