“No queremos tus donaciones. No queremos tus víveres disfrazados de intenciones de exploración”, dice el comunicado de comuneros y autoridades de rondas campesinas de las provincias de Huancabamba y Ayabaca, en la región Piura, norte del Perú.

De ese modo, el 21 de abril las comunidades afectadas por la empresa minera Río Blanco Cooper SA, rechazaron la maniobra de la minera que desde hace años pretende ingresar en esa zona y que ahora se aprovecha de las necesidades para dividir a la población.

El comunicado destaca que la empresa “disfraza sus verdaderas intenciones a través de donaciones”, ya que “desde que llegó a nuestra provincia solo ha traído muerte y ahora viene tendiendo actos de persecución y juicios iniciados contra nuestros dirigentes”. Les dicen que las medicinas que dona “no servirán cuando contamines nuestro medio ambiente y nuestras aguas” y que la ropa que quieren donar “no servirá cuando destruyas nuestros bosques de neblina”.

Además responsabiliza a la minera Rio Blanco “de las acciones que tome cada base o central de rondas contra sus promotores en la zona quienes deben estar en su casa y no dividiendo a nuestra población”.

La oposición a la megaminería en la selva amazónica o en las regiones andinas no han parado con la crisis del covid-19

 

Raphael Hoetmer, que ha acompañado las resistencias y marchas de los comuneros de Ayabaca, reflexiona por teléfono sobre la importancia del páramo y de los bosques de neblinas para el abastecimiento de agua de Piura y Cajamarca. “Es una zona de fuerte organización campesina, con rondas autónomas y autogestión de la vida. Rechazan la minería porque, aunque se saben pobres, quieren conservar un modo de vida que les ofrece bienestar y libertad, que empeoraría con la minería”.

Otra muestra de dignidad la ofrecen las comunidades de Morona Santiago (Ecuador), que son denunciadas por la minera Explorcobres, por haber atacado el campamento La Esperanza el 28 de marzo. Siempre según la empresa, los comuneros —a los que tilda de “delincuentes”—, tomaron el campamentos , “quemaron varias instalaciones, equipos y un vehículo”.

También en Ecuador, la comunidad San Pedro Yumate, que resiste a la minera Río Blanco en el macizo de Cajas, a una hora de Cuenca, instaló el lunes la tercera pluma (barrera) frente a la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, en una minga para impedir el paso a carros y personas no autorizadas por la asamblea comunitaria, nos escribe Paul desde su momentáneo confinamiento entre los shuar, en la Amazonía.

Mientras las mineras destruyen vidas, contaminan aguas y montes poniendo en riesgo la continuidad de las comunidades, los campesinos e indígenas no golpearon ni atacaron a ninguna persona, solo las instalaciones de las empresas multinacionales.

Seguimos en la región andina. El compañero y antropólogo Rodrigo Montoya nos envía un texto maravilloso, titulado “Aquí termina Lima”. Relata que miles de pobladores de Lima, que migraron años atrás desde diferentes provincias andinas, emprendieron una marcha de retorno a sus pueblos. “No se trataba de manifestante camino a una plaza pública para protestar”. Tenían en común su deseo de irse de la mega ciudad.

“La mayoría de caminantes era joven y tenía rostro andino”, escribe Rodrigo, que a sus casi 70 años fue alumno de la escuelita zapatista. Traigo este recuerdo porque es un compañero que ha hecho de su compromiso una forma vida. Aunque no sabe si desean irse de la capital para siempre, constata que se trata de un hecho “tal vez, demasiado importante”.

Se van de Lima porque no tienen trabajo, pasan hambre, y porque el individualismo de la gran ciudad golpea sus corazones. “A los viajeros de regreso les queda la reciprocidad del ayni —un día de trabajo por un día de trabajo, una carga de leña por una carga de leña— y la minga —un día de trabajo por una comida, con música, bebida y baile— entre familiares de un mismo ayllu o comunidad, como el último recurso en las tierras altas, allí donde los retornantes sin virus esperan llegar y ser bien recibidos”.

Tal vez estamos ante el comienzo de un ciclo inverso, la migración de la ciudad al campo, como nos proponen estos días los rebeldes de Rojava, “volver a la tierra” para “repoblar aldeas rurales”, como reza el comunicado del Comité de Solidaridad con Kurdistán de Ciudad de México. Siento que lo que están haciendo unos cuantos andinos, es todo un programa para enfrentar el colapso del sistema.

En Montevideo (Uruguay), desde enero ha tenido lugar “la mayor ocupación de terrenos en 50 años” producto de una explosión social “como la de Santiago de Chile” 

 

Desde la región andina vamos hasta Montevideo (Uruguay). Allí se produjo lo que un jerarca del gobierno municipal definió como “la ocupación urbana más grande de los últimos 50 años”. Se trata de unas mil familias que ocupan un enorme predio de una empresa de servicios portuarios, abandonado desde hacia 50 años, cuyos dueños tienen una elevada deuda con el Estado..

La ocupación comenzó en enero con apenas 28 familias, en Santa Catalina, la periferia pobre del oeste de Montevideo. La necesidad provocó un estallido de familias que decidieron correr el riesgo de tomar un terreno privado, para superar el hacinamiento en el que viven. El jueves 16 de abril el Ministerio del Interior desplegó un fuerte operativo con decenas de policías, helicópteros y drones, deteniendo a cinco vecinos. Dos de ellas fueron procesadas con prisión domiciliaria.

El lunes 20 de abril, desafiando la cuarentena, entre 50 y cien ocupantes se manifestaron frente a la casa de Gobierno. Resistieron el desalojo, tomaron la iniciativa y desafiaron la cuarentena. Se trata de trabajadores empobrecidos, desocupados, empleadas domésticas, changarines, pescadores y hasta algunos policías, que no pueden siquiera pagar un modesto alquiler en una zona que fue cuna del movimiento obrero.

El abogado Pablo Ghirardo, que representa sindicatos y trabajó durante varios meses con los ocupantes del barrio que bautizaron Nuevo Comienzo, asegura que lo hicieron “por el hacinamiento, ya que viven hasta siete personas en un mono-ambiente que se llueve, además de la fuerte especulación inmobiliaria que hace impagables los alquileres”. En la concentración portaban pancartas donde se leía: “Tierra para quienes la habitan” y “No nos condenen por ser pobres”.

En el barrio funciona un merendero con donaciones de varios sindicatos y de vecinos solidarios. Trazaron las futuras calles y dejaron lugares libres para espacios colectivos y el salón comunal. Están tan bien organizados que la policía no pudo desalojados. La estaca que un día de enero colocó una vecina para marcar su espacio en un terreno baldío, se multiplicó hasta convertirse en barrio.

Jorge Zabalza califica la masiva ocupación como “una explosión social como la que iniciaron aquellos estudiantes que saltaron los controles en el metro de Santiago de Chile”. Cientos de miles son expulsados por el modelo extractivo a los márgenes de la ciudad. Para Zabalza, “la iniciativa individual que se volvió alud colectivo permite adivinar la existencia de un imaginario que anticipa futuras rebeldías populares”.