Imprimir
El pasado 26 de abril la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador tuiteó unas fotografías escalofriantes bajo la siguiente leyenda: “El director de @CentrosPenales , @OsirisLunaMeza , informó que ‘este día se acabaron las celdas de una misma pandilla, hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda’, en todos los recintos. #PlanControlTerritorial”. En las fotografías, que no serán reproducidas en el presente texto por respeto a las personas privadas de libertad víctimas de las acciones del Estado, se pueden ver hileras de hombres, esbozados con esposas y pegados semidesnudos entre sí, sentados en el piso, encorvados y sometidos por custodios penitenciarios.
De primera mano, no sobra apuntar, esta medida y su obscena distribución en redes sociales, son actos que se configuran por tratados internacionales como actos de tortura. Acorde al Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como el Protocolo de Estambul, ratificado por la ONU en 2000, las fotografías muestran en particular dos métodos de tortura sumamente alarmantes.
Por un lado, la tortura por posición, establecida en los párrafos 210 y 211, donde se dice sin ambigüedad que, “existen muy diversas formas de torturas de posición, consistentes todas ellas en atar o sujetar a la víctima en posiciones retorcidas, hiperextendidas o de cualquier otra manera antinaturales, lo que causa grandes dolores”. Y el impacto que esto conlleva, “lesiones en los ligamentos, tendones, nervios y vasos sanguíneos”, como lamentablemente es visible por la posición de las personas privadas de libertad. Situación que, además, es profundamente agravada con personas mayores así como personas con discapacidad.
Por el otro lado, en el párrafo 215, la tortura sexual: “La tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en muchos países es un factor constante en las situaciones de tortura. La persona nunca es tan vulnerable como cuando se encuentra desnuda y desvalida”. De esta manera, el impacto que tiene este método de tortura es que “la desnudez aumenta el terror psicológico de todos los aspectos de la tortura pues abre siempre la posibilidad de malos tratos, violación o sodomía. Además, las amenazas verbales, los insultos y las burlas sexuales forman parte de la tortura sexual pues incrementan la humillación y sus aspectos degradantes, todo lo cual forma parte del procedimiento. Para la mujer el toqueteo es traumático en todos los casos y se considera tortura”.
Nayib Bukele en conjunto con todos sus colaboradores penitenciarios, de un momento a otro, decidió convertirse en un líder que comete actos de lesa humanidad. No hay, ni existe contexto alguno que pueda justificar estas acciones que, como Kim Jong-Un, Nicolás Maduro o Rodrigo Duterte, usan el sufrimiento humano como medio de represión. La medida dentro de los centros penitenciarios, sin embargo, va de la mano de una acción igualmente peor: “El Presidente Nayib Bukele avaló el uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad para garantizar la seguridad de los salvadoreños. Instó a la oposición a proteger a los ciudadanos en lugar de los delincuentes”, escribió la Secretaría de Prensa de la Presidencia horas antes.
Con un orgullo cínico y ciego, Osiris Luna, director de centros penales del país centroamericano, agregó que, “no van a ver el sol, van a pasar en encierro total 24 horas al día, los siete penales de seguridad máxima que existen en este país”. Las acciones se catalizaron por una ola de homicidios que, sin pruebas fehacientes o claras, Bukele decidió que necesitaba ser resuelta a través de la represión, la violencia y el atropello de derechos fundamentales de cualquier persona.
Todo convenio internacional que procure e intente defender la dignidad humana se opone al actuar de las autoridades salvadoreñas. Y, sin embargo, parece ser insuficiente. La idea de que la justicia debe tratar los delitos sin perder su humanidad de por medio, siendo esto un principio deontológico básico por el que lucha la Declaración Universal de Derechos Humanos, está bajo el asedio de gobernantes que simplemente no están a la altura humana que su cargo confiere. Debemos decirlo con todo el peso que la aberración de Bukele demanda: sus acciones son un ataque a toda la población del país que gobierna.
Creer que este tipo de medidas resolverán el problema de pandillas, narcotráfico y asesinatos en El Salvador, no sólo es inverosímil sino, también, peligroso. Como dejó la estela interminable de delitos, asesinatos y miles de vidas destruidas por un sistema de justicia punitiva en México, la receta del cuartel de guerra contra la población civil dejará aún más sumido en la miseria un país que hace apenas unos meses escogió a un líder que parecía encarnar una plataforma de valores progresistas.
Los autoritarios, a fin de cuentas, vienen bajo cualquier formato. Bukele, por su parte, “pide” a la oposición que se le sume en sus funestos intentos por, según, “ponerse del lado de la gente honrada y las instituciones que controlan”, al mismo tiempo que pone gravísimamente en riesgo a las instituciones que componen su país y a toda la gente que lo habita, independientemente de su nivel de “honradez”. Estos atropellos a los derechos humanos de las personas, la noción de permitir ejecuciones extrajudiciales y la impunidad del brazo armado del país, resultará en un nivel de desgaste del tejido social y humano que probablemente tomará décadas en reparar. Bukele está creando una crisis que superará tanto a la pandemia como su propio mandato, y los salvadoreños, especialmente los más pobres, vulnerables y olvidados por el Estado, tendrán que pagar con ello durante los años que seguirán, tal y como siguen pagando en México.
—
Periodista de investigación de ASILEGAL.
Publicado originalmente en AsiLegal