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Los países más afectados son Brasil [más de 7 mil muertos], Ecuador [más de 1,700 muertos] y Perú [más de 1,200]. Dicho esto, hay que tener en cuenta que las cifras oficiales están subestimadas por las grandes dificultades de gestión de la sanidad pública en todo el subcontinente. En realidad, la situación es más grave de lo que se estima.
Por Mariella Villasante Cervello*
6 de mayo, 2020
El coronavirus sigue acrecentando su expansión en el mundo, hasta ahora se deploran más de 3,5 millones casos de contaminación, y más de 248 mil muertos. Los epicentros siguen instalados en Europa occidental [en Italia y en el Reino Unido hay más de 28 mil decesos, en España y en Francia hay más de 24 mil fallecidos] y en Estados Unidos. En América Latina, los casos de infección y las defunciones han aumentado considerablemente desde la segunda quincena del mes de abril. En este inicio del mes de mayo, los países más afectados son Brasil [más de 7 mil muertos], Ecuador [más de 1,700 muertos] y Perú [más de 1,200]. Dicho esto, hay que tener en cuenta que las cifras oficiales están subestimadas por las grandes dificultades de gestión de la sanidad pública en todo el subcontinente. En realidad, la situación es más grave de lo que se estima.
En esta breve nota quisiera evocar la preocupante situación que atraviesan dos países fronterizos con el nuestro, Brasil y Ecuador, de los cuales se habla muy poco en los medios locales, y que pueden aportarnos enseñanzas significativas para seguir afrontando la crisis en nuestro país. Para ello, trataré de evaluar brevemente el rol de los gobiernos en la gestión de esta grave pandemia y las respuestas aportadas por las diversas sociedades. De ambos factores depende en efecto la gestión del trance sanitario actual que va a permanecer en el mundo durante largos meses, por lo cual es imprescindible tomar conciencia de la crisis y adaptarnos a nivel individual y a nivel colectivo. Para contextualizar el proceso es necesario evocar en primer lugar la situación de pobreza estructural de nuestra región.
A nivel latinoamericano la pobreza ha aumentado desde 2015; según la CEPAL [Comisión económica para América Latina y el Caribe], en 2019 la pobreza ha pasado de 30% en 2015 a 30,8% en 2019; y la extrema pobreza ha pasado de 10,7% a 11,5%. En cifras reales, en 2019 los pobres han pasado de 185 millones a 191 millones, entre los cuales 72 millones están en la extrema pobreza. El 76,8% de la población de América Latina pertenece a los estratos de ingresos bajos o medios-bajos; la riqueza de los estratos de ingresos altos ha aumentado, pasando de 2,2% a 3%. Estos índices traducen la gran desigualdad social que caracteriza nuestro subcontinente, y el bajo nivel de desarrollo que seguimos teniendo. En efecto, la desigualdad en la distribución del ingreso [índice de Gini] es más elevada. El gasto social del gobierno central aumentó de 10,3% a 11,3% del PIB entre 2011 y 2018, alcanzando 52% del gasto público total, y se constata que los países que están en peor situación económica son los que han gastado menos en el campo social (CEPAL 2019) (1).
Citemos algunas cifras: México tiene 41% de pobres, entre los cuales 10,8% son pobres extremos; Bolivia tiene 33% de pobres y 10,8% de pobres extremos; Colombia tiene 30% y 10,6% de pobres extremos; Ecuador tiene 24% de pobres y 6% de pobres extremos; Brasil tiene 19% de pobres y 5,6% de pobres extremos; Argentina tiene 24% de pobres y 3,6% de pobres extremos; y el Perú tiene 16% de pobres y 3,7% de pobres extremos (CEPAL). Con mucho tino, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, ha lanzado un llamado para “construir pactos sociales para la igualdad”, fundamento del desarrollo económico y social. Esperemos que los gobiernos escuchen este llamado rápidamente, incluso en medio de la crisis actual.
En efecto, la pandemia de COVID-19 conduce a la mayor contracción de la economía en la historia de América Latina, la CEPAL estima que ésta caerá a -5,3% en 2020. Por lo tanto, la tendencia al empobrecimiento y a la desigualdad de ingresos se va afirmar en los próximos meses; para incidir positivamente en la nueva economía mundial [que tendrá tres polos: América del Norte, Europa y Asia], Bárcena propone reforzar la integración regional de América Latina a nivel de la producción de materias primas, de la industria, del intercambio científico, y del comercio a nivel regional (CEPAL 21 de abril) (2). En otras palabras, se trata de crear una “Unión latinoamericana”, o una “patria latinoamericana” que Bolívar y otros pensadores políticos proponían en el siglo XIX.
Brasil es el país más poblado de nuestra región, con 210 millones de habitantes, las ciudades más grande son São Paulo (12,5 millones de habitantes), Rio de Janeiro (6,32 millones), y Brasilia (3 millones). Desde enero de 2019, Brasil es gobernado por Jair Bolsonaro, un ex militar populista, apoyado por las élites conservadoras y por las iglesias evangélicas, dos sectores que se oponen al respeto del medioambiente y participan activamente en la agroindustria, la extracción minera y petrolera, y la deforestación de la Amazonía.
Durante su campaña electoral, Bolsonaro prometió que abriría la Amazonía a un mayor “desarrollo comercial”, incluyendo la minería y la agricultura extensiva para criar ganado destinado al consumo humano. Y desde que asumió su mandato actúa de manera muy agresiva para promover esos pretendidos “objetivos de desarrollo” que atacan directamente a los pueblos originarios. El sistema de protección de las comunidades nativas consagrado en la Constitución fue desmantelado, y se recortaron drásticamente los fondos de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), agencia federal de defensa de los derechos nativos. En febrero de este año, Bolsonaro presentó un proyecto de ley al Congreso para legalizar las empresas mineras clandestinas que han contaminado zonas extensas de la selva amazónica; para autorizar la exploración de petróleo y gas y para instalar hidroeléctricas en territorios indígenas. La crisis sanitaria ha paralizado los debates sobre estos temas en el Congreso, pero esos proyectos y las políticas de Bolsonaro en general son una amenaza terrible para la sobrevivencia no solo de los pueblos originarios, sino también para los millones de campesinos pobres que viven en esos territorios amazónicos (New York Times del 19 de abril) (3). Bolsonaro ha sido denunciado en marzo por el Ministerio Público, que lo acusa de tener un discurso de odio, deshumanizante y discriminatorio contra los pueblos nativos y contra sus territorios (Estadão del 12 de marzo) (4). Las autoridades judiciales continúan cumpliendo con su deber, hecho muy significativo.
Como era de esperarse, ante la pandemia del coronavirus, Bolsonaro ha asumido una posición irresponsable y cínica comparable a la de Donald Trump en Estados Unidos; estos dos personajes políticos se declararon en efecto escépticos ante la realidad de la emergencia del nuevo coronavirus en el mundo, y vienen desarrollando una política insensata contra sus propias poblaciones. En vez de privilegiar la salud y la vida, están obsesionados con la crisis económica y pretenden relanzar la economía aún cuando las condiciones sanitarias sean funestas. Ni Bolsonaro ni Trump han sido capaces de asumir la gravedad del riesgo sanitario actual y no han optado por el aislamiento de la población para frenar el contagio, como se está realizando en la mayor parte del planeta. El 19 de abril, Bolsonaro ha “pasado todos los límites” (O Globo), y ha llegado hasta el extremo de salir a apoyar una manifestación de cientos de personas de extrema derecha que pedían la intervención de las Fuerzas Armadas, el cierre del Congreso y de la Corte Suprema, para obligar a las autoridades locales a levantar el aislamiento social. De regreso a Palacio de gobierno, Bolsonaro ha atacado a la Corte Suprema, según él “culpable” de haber autorizado a los Estados y a las Municipalidades de tomar medidas preventivas contra el coronavirus siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. Por fortuna, y a pesar de todas sus tentativas, Bolsonaro no ha podido controlar las instancias de justicia de Brasil que siguen actuando en defensa de los ciudadanos.
La mayoría de gobiernos regionales y las alcaldías de las grandes ciudades de Brasil y de Estados Unidos (São Paulo, Rio de Janeiro, Manaos en Brasil; New York, Chicago, Los Ángeles en los Estados Unidos), han tomado la decisión de aislamiento que se imponía y están manejando de la mejor manera posible la terrible ola de contagios y de muertes de la pandemia. Sin embargo, las mejores voluntades no son suficientes para aportar una protección adecuada a millones de personas enfermas cuando no se disponen de infraestructuras estatales de salud suficientes; esto es cierto incluso de Estados Unidos que era la primera potencia mundial antes del gobierno de Trump. La situación es similar en nuestro país, donde no contamos con hospitales, médicos y material de urgencia suficientes para proteger a todos los peruanos; menos aún a aquellos que viven en zonas pobres rurales y urbanas. Es un hecho triste e injusto, pero debemos aceptarlo como parte de nuestra realidad.
Según las estimaciones del Colectivo de investigadores del COVID-19 en Brasil, basado en la Universidad de São Paulo, el jueves 30 de abril el país tenía más de 100 mil casos de coronavirus, y una hecatombe está en proceso. Brasil tiene el nivel de contaminación más elevado en el mundo (2,8 según el Imperial College of London). En algunos Estados, como el Estado de Amazonas, en el norte del país, el número de casos repertoriados puede ser 38 veces más alto que la evaluación oficial. El Brasil es en efecto el segundo país, luego de Estados Unidos, en registrar nuevos casos por día. El 4 de mayo la barra de 7,000 muertos ha sido registrada, aunque la cifra real sea imposible de conocer pues hay muchos casos de fallecidos en sus casas y/o en centros de salud alejados de las ciudades que no pueden ser declarados oficialmente (Courrier International, Rio de Janeiro, AFP, 2 de mayo (5), Estadão del 4 de mayo) (6).
Por su lado, el Observatorio COVID-19 Brasil estimaba el 15 de abril que la cifra de muertos era 2 a 9 veces más alta que las cifras del gobierno, es decir entre 11,800 y 53,000 muertos el 2 de mayo. Según el profesor Paulo Inacio Prado (Universidad de São Paulo), los laboratorios no se dan abasto para analizar los miles de pruebas del coronavirus y pueden demorar hasta tres semanas para autentificar la causa de un deceso, por ello las cifras del gobierno reflejan la situación de hace varios días o semanas (Bruno Meyerfeld, Le Monde del 3 de mayo) (7). Notemos que la situación es similar en Europa, sobre todo en los países más afectados: Italia, España, Francia y Reino Unido, donde solo se conocen con certeza los muertos en los hospitales, sin incluir los muertos en sus hogares y sobre todo en los establecimientos médicos y de reposo para ancianos.
Según los investigadores, el pico de la pandemia está todavía muy lejos. No obstante, más de 70% de camas en UCI ya están ocupadas en 6 de los 27 Estados de Brasil [los enfermos se quedan entre dos y tres semanas]: 96% en el Estado de Pernambuco (noreste), 95% en Rio de Janeiro y 89% en Amazonas. En Manaos [2,8 millones de habitantes], capital del Estado de Amazonas, los cadáveres están a la espera de ser enterrados en camiones frigoríficos situados cerca de los hospitales, el número de entierros en abril a triplicado en relación con el mes de abril de 2019. En el Estado amazónico de Pará, los muertos por el COVID-19 han triplicado en la última semana de abril, la alcaldesa ha decidido el cierre de comercios no esenciales solamente el 20 de abril, más de seis semanas después que se haya decidido el aislamiento y el cierre de todos los comercios no alimenticios en Rio y en São Paulo. En fin, en otra ciudad del sur, Blumenau (Estado Santa Catarina), el número de casos se ha duplicado después de la reapertura de los centros comerciales (Courrier International Rio de Janeiro, AFP).
La terrible situación sanitaria de Brasil ha empeorado con la nueva crisis política que empezó con el despido del Ministro de Salud, Luiz Enrique Mandetta, el 17 de abril, que recomendaba el aislamiento social y se oponía al uso masivo de la cloroquina, dos puntos sobre los cuales Bolsonaro estaba en total desacuerdo; él quería que se retome la actividad económica y que se distribuya cloroquina a todos los Brasileños. Luego vino el despido del Director de la Policía Federal, que ha provocado la renuncia de Sergio Moro, Ministro de Justicia y personalidad central del vasto programa de lucha contra la corrupción “Lava-Jato”. Moro acusa a Bolsonaro de “injerencia política” pues desde hace un año el presidente interfiere en las encuestas judiciales y de la policía sobre la organización de manifestaciones favorables a un retorno a la dictadura militar, y también sobre las actividades ilegales de los hijos del presidente. El nuevo Ministro de Salud, Nelson Teich, ha declarado estar de acuerdo con las consignas del presidente Bolsonaro, lo cual es un presagio funesto para millones de Brasileños; en particular para los pobres urbanos y rurales, y para los pueblos originarios (8) que, como en resto de las Américas y del mundo, se encuentran totalmente desprotegidos ante la pandemia del coronavirus.
Desde el inicio de la crisis, el Ecuador ha tenido un altísimo número de personas contaminadas y fallecidas; a inicios del mes de abril ya se habían registrado mas de 2,700 casos y una centena de muertos. Desde entonces, Ecuador ocupa el segundo lugar en número de muertes después de Brasil, aún cuando la población es 12 veces menor (17 millones de habitantes) y su territorio es 30 veces más pequeño (285 mil km2). ¿Cómo explicar esta situación? El epidemiólogo ecuatoriano Esteban Ortiz declaró a BBC Mundo que los ciudadanos no han seguido las normas del gobierno para frenar la propagación de la nueva enfermedad, por ello los focos de infección se han multiplicado; además, hubieron problemas de manejo político pues la Ministra de Salud Catalina Andramuño renunció a su cargo el 27 de marzo, y fue remplazada por Juan Carlos Zeballos.
Ortiz señaló también otro factor concomitante: los contagios han sido importantes entre los ecuatorianos que han regresado de España a inicios del año, es decir cuando el coronavirus ya estaba en circulación en ese país y en el resto de Europa. Actualmente se cuentan 422 mil ecuatorianos migrantes en España, es la mayor comunidad latinoamericana en ese país. Los que regresaron en el periodo de fin de año y de inicios de 2020 a los aeropuertos de Quito (2,6 millones) y de Guayaquil (2,7 millones) no fueron controlados, y así contagiaron a decenas de personas que propagaron el virus por doquier. [En España las medidas de aislamiento se tomaron tardíamente, y es eso lo que explica también el alto número de enfermos y de decesos]. Los vuelos internacionales fueron cerrados recién el 15 de marzo; el Ministro de Salud Zeballos declaró que se había ordenado a esos retornantes que se queden recluidos en sus casas, pero el mandato estatal no fue acatado, “salieron de fiesta, se abrazaron” y ello causó la propagación de la enfermedad (BBC Mundo del 2 de abril) (9). El presidente Moreno ha acusado a los habitantes de Guayaquil de “incivismo e indisciplina”; pero a inicios del mes de marzo no se prohibieron ni el desfile del día internacional de los derechos de las mujeres, ni un gran match de futbol que reunió más de 20 mil personas en Guayaquil (Le Monde del 5 de abril) (10).
La relación directa con España es evidente en el caso de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, que es la que más aporta en migrantes a ese país europeo (22% en 2017), y es también la que concentra el nivel más alto de infecciones de coronavirus: 77% de los casos del país. Las grandes ciudades son en efecto las más afectadas por el coronavirus en todo el mundo y en nuestra región (São Paulo, Rio de Janeiro, Manaos, Lima). El presidente ecuatoriano Lenin Moreno endureció las restricciones el 11 de marzo, imponiendo el toque de queda y la prohibición de circulación (BBC Mundo del 2 de abril). Pero ya era demasiado tarde. Entre la última semana de marzo y la primera semana de abril los hospitales de Guayaquil fueron colapsados por el alto número de muertos y la falta de morgues donde instalarlos a la espera de su entierro. El presidente Moreno reconoció que la crisis de sanidad es más profunda de lo que los informes del gobierno mostraban: “los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención.”, declaró. En Guayaquil, la ciudad más poblada del país, decenas de cadáveres fueron abandonados en las calles a fines de marzo, las aterradoras imágenes han dado la vuelta al mundo. El 3 de abril, las autoridades declararon haber recolectado los restos mortales de unas 300 personas; ante este desastre humanitario, el presidente anunció la creación de un cuerpo especial de recuperación de cadáveres (BBC Mundo del 3 de abril) (11).
El doctor Carlos Mawyin, especialista de la UCI del hospital Maldonado recuerda a BBC Mundo que “muchos llegaron tan graves que en pocos minutos fallecían”, “los familiares incluso los dejaban y se iban, y no había a quienes notificar nada”, “en este periodo todo era un caos”. Los cementerios de Guayaquil colapsaron, los muertos fueron mantenidos en ataúdes de cartón o en bolsas de plásticos en las calles aledañas a los hospitales [algo similar ha ocurrido en New York donde se descubrió un camión frigorífico con decenas de cadáveres el 30 de abril]. El gobierno ecuatoriano tuvo que habilitar cementerios en pueblos cercanos a Guayaquil, pero el desorden de este periodo trajo como consecuencia la pérdida de algunos fallecidos. Muchos empiezan a resignarse “a que el cuerpo de su familiar nunca va a aparecer.” Ecuador inicia la reactivación paulatina de su sistema económico el lunes 4 de mayo, bajo estrictos controles sanitarios. Esperemos que sean suficientes para frenar la propagación de la nueva enfermedad (New York Times del 23 de abril (12), BBC Mundo del 26 de abril) (13).
Notas:
(8) El fotógrafo Sebastião Salgado ha lanzado el 3 de mayo una petición firmada por decenas de artistas para reclamar la protección de los pueblos nativos a las autoridades de Brasil, ver https://youtu.be/u7G4JA1of_E y https://secure.avaaz.org/po/community_petitions/presidente_do_brasil_e_aos_lideres_do_legislativo__ajude_a_proteger_os_povos_indigenas_da_amazonia_do_covid19/
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* Mariella Villasante Cervello es doctora en antropología (École des Hautes études en sciences sociales, Paris), investigadora independiente, asociada al IDEHPUCP. Especialista del Perú y de Mauritania.