Cuando en 1848 Carlos Marx y Federico Engels publicaban en Londres su universalmente conocido Manifiesto Comunista, que comienza con la histórica frase inspirada en el Fausto de Goethe «Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo», no podían imaginar que 170 años después un nuevo fantasma azotaría la faz de la Tierra, terrible y destructor: el del desempleo masivo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala en la tercera edición de «El Covid-19 y el mundo del trabajo», que la caída de las horas de trabajo en el actual trimestre (segundo) de 2020 podría superar con creces a la estimada, y alcanzar al 10,5 por ciento de empleos a tiempo completo (en una semana laboral de 48 horas ) , equivalente a 305 millones de personas, en comparación con los niveles precrisis (cuarto trimestre de 2019).

Según la previsión anterior, el descenso sería del 6,7 por ciento, el equivalente a 195 millones de empleados a tiempo completo. La advertencia de la OIT es que la pérdida de empleo se dispara, y casi la mitad de la población activa mundial podría perder los medios de vida
Los últimos datos de la OIT sobre el impacto de la pandemia del Covid-19 en el mercado laboral revelan su efecto devastador en los trabajadores de la economía informal y en cientos de millones de empresas en todo el mundo. Las víctimas de este espectro padecen una indefensión casi absoluta.

En primer lugar, desde el punto de vista material de la mera subsistencia física. En segundo, por la falta de sentido vital a la que se arroja a millones de seres humanos educados en la idea de que el trabajo es la condición indispensable de las relaciones sociales y la base que soporta la constitución de una sociedad.

Y, por último, por el grado de degradación política y moral que unas tasas de desempleo crecientes implican para la sociedad en su conjunto, aun en aquellos no afectados por la debacle.

La OIT advierte, que la caída constante de las horas de trabajo a nivel mundial a causa de la pandemia, significa que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, casi la mitad de la población activa mundial, corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento. Si no cuentan con una fuente de ingresos alternativa, estos trabajadores y sus familias no tendrán simplemente medios de supervivencia.

Repercusiones sobre la economía informal

La crisis económica provocada por la pandemia ha dado una estocada contundente a la capacidad de ganar el sustento de casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal (el grupo más vulnerable del mercado laboral), de un total de 2.000 millones a nivel mundial, y de una fuerza de trabajo mundial de 3.300 millones de personas.

Son dos los desencadenantes: las medidas de confinamiento y/o el hecho de que esas personas trabajan en alguno de los sectores más golpeados.

A nivel mundial, el primer mes de la crisis se habría cobrado un 60 por ciento de los ingresos de los trabajadores informales. Esto equivale a una caída del 81 por ciento en África y las Américas, del 21,6 por ciento en Asia y el Pacífico, y del 70 por ciento en Europa y Asia Central.

La actualización de las cifras demuestra que la situación ha empeorado para la totalidad de los principales grupos regionales. Las estimaciones indican una pérdida de horas de trabajo equivalente al 12,4 por ciento en el segundo trimestre en las Américas (frente a los niveles anteriores a la crisis) y al 11,8 por ciento en Europa y Asia Central. Las estimaciones para el resto de los grupos regionales superan el 9,5 por ciento.

En las dos últimas semanas, la proporción de trabajadores que vive en países sujetos a la obligación o la recomendación de paralizar las actividades ha pasado de 81 a 68 por ciento. La reducción de la estimación anterior del 81 por ciento señalada en la segunda edición del Observatorio (publicada el 7 de abril) se debe fundamentalmente a los cambios en China. En los demás países, las medidas de paralización han aumentado.

El informe desataca que a nivel mundial, más de 436 millones de empresas afrontan el grave riesgo de interrupción de la actividad. Estas empresas pertenecen a los sectores de la economía más afectados, incluidas unos 232 millones delcomercio mayorista y minorista, 111 millones de las manufacturas, 51 millones de los servicios de alojamiento y comida, y 42 millones al sector inmobiliario y otras actividades comerciales.

Se necesitan medidas políticas urgentes

La OIT insta a adoptar medidas urgentes, específicas y flexibles para ayudar a los trabajadores y las empresas, en particular, a las empresas más pequeñas, los trabajadores y trabajadoras de la economía informal y demás personas en situación de vulnerabilidad.

“Para millones de trabajadores, la ausencia de ingresos equivale a ausencia de alimentos, de seguridad y de futuro. […] A medida que la pandemia y la crisis del empleo evolucionan, más acuciante se vuelve la necesidad de proteger a la población más vulnerable.» señala Guy Ryder, Director General de la OIT.

Las medidas de reactivación de la economía deben basarse en un alto nivel de creación de empleo, y debe ser respaldadas por políticas e instituciones laborales más fuertes, y por sistemas de protección social más amplios y dotados de más recursos.

Para que la recuperación sea efectiva y sostenible, también será decisiva la coordinación internacional de paquetes de medidas de estímulo y medidas de alivio de la deuda, sostiene.

Los derechos humanos confinados

Encerrados en una lógica de supervivencia, el confinamiento nos muestra una vez más que los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo o el derecho a la educación son tan cruciales como los derechos civiles y políticos.

Las autoridades nos recuerdan constantemente que la finalidad del confinamiento y las acciones de barrera sanitaria (distanciamiento físico, lavado de manos, uso de la mascarillas etc.) es proteger el derecho a la vida de todos y cada uno de nosotros y expresa así el valor que se da a la vida humana en nuestras sociedades.

Sin embargo, cabría preguntarnos ¿qué sucede hoy con las personas que pertenecen a grupos socialmente excluidos, que están particularmente en riesgo de contagio, por ejemplo, las personas hacinadas en barrios de emergencia sin agua corriente? ¿Qué sucede con la protección efectiva del derecho a la vida de esas personas cuando las medidas sanitarias son materialmente imposibles de aplicar para ellas debido a la violación previa de sus derechos sociales?

¿Es aceptable que en los países ricos decenas de millones de personas estén necesitadas? ¿Es tolerable que hoy en día casi la mitad de la humanidad se vea privada, en mayor o menor medida, de la satisfacción de sus necesidades básicas (alimentación, agua, vivienda adecuada, trabajo decente, educación…)?

Estos ejemplos nos recuerdan que la violación de un derecho humano puede poner en peligro el disfrute de todos los demás. Así pues, la denegación, de facto, del derecho a la vivienda tiene consecuencias dramáticas en cascada y provoca múltiples violaciones de los derechos humanos en las esferas del empleo, la educación, la salud, los vínculos sociales, la participación en la toma de decisiones (privación de los derechos civiles, entre otras).

¿Cómo hemos llegado a esta situación? En la raíz de la misma se encuentran las decisiones económicas y políticas tomadas, voluntaria o involuntariamente, en las últimas décadas. Estas decisiones han excluido al Estado del ámbito económico y han reducido los recursos presupuestarios asignados al sector público, en particular en el ámbito de la salud.

El papel de los Estados se ha limitado, a cuestiones de seguridad y a la represión de su propia población, que a menudo exige justicia social y protesta contra la destrucción de su entorno vital.
Para algunos Estados, la economía tiene que funcionar a toda costa (independientemente del sector y de su utilidad social en una situación de emergencia), ignorando los peligros de la pandemia para los trabajadores afectados y la salud pública, mientras que al mismo tiempo dichos Estados no tienen capacidad para ofrecer a su población productos médicos y/o alimentarios, privados de una red de atención de la salud digna de ese nombre, incluso en aquellos países que se consideran desarrollados.
El síndrome de desocupación masiva se muestra hoy con toda dramaticidad, una verdad ya comprobada, que se venia arrastrando antes del inicio de la pandemia: la simple ley del mercado económico neoliberal (maximización de la ganancia) ha sido incapaz de garantizar la redistribución social y con ello el aumento sostenido de la demanda.

Durante años los trabajadores de baja calificación han sostenido el sistema que definitivamente los margina permitiendo, con sus bajos salarios, el desarrollo de un mundo en el que las ganancias empresariales continuaban creciendo paralelamente a los niveles de desocupación.
Los teóricos neoliberales, con sus derivas intelectuales, intentan sostener la racionalidad de la inmensa acumulación de fortunas en la cima de la escalera social, en la inevitabilidad de que una parte de esa riqueza “drene” o se derrame hacia abajo a través de las barreras sociales, pues una vez mas se equivocan, el presente reino de las desigualdades unívocamente regido por el sistema económico, demuestra la evidencia, transformada en el fantasma del desempleo masivo.

Eduardo Camin. Periodista uruguayo acreditado en ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)