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El gobierno estadunidense, por su parte, ha presionado para la reapertura de maquilas, en ese país consideradas esenciales durante la crisis sanitaria, y debido a que el cierre del lado mexicano afecta los intereses de sus contrapartes del norte. En particular, al Departamento de Defensa (sic) de nuestro buen vecino, le urge la reapertura de maquiladoras que fabrican componentes utilizados en su industria militar.

Particularmente indignante, en el marco de la 4T, es considerar como actividad esencial a la minería, tomando en cuenta que, a juicio de especialistas como Carlos Rodríguez Wallenius, las prácticas y los marcos de actuación de las empresas mineras son fundamentales para entender el modelo de acumulación por desposesión, como un mecanismo de explotación del capital que se basa en la privatización de los bienes públicos y el despojo de recursos comunitarios (Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Brasil, 2010).

En el ámbito mundial, los datos empíricos demuestran que las compañías mineras dejan una secuela de millones de toneladas de tierra y rocas con efecto tóxico, removidas en extensas áreas de operación, con el consecuente deterioro del hábitat y del entorno social: contaminan ríos, presas y drenajes con desechos venenosos; acaparan el agua; explotan a sus trabajadores y los exponen a condiciones de riesgo extremo; utilizan la llamada ingeniería de conflictos, que incluye, incluso, la contratación del sicariato para enfrentar opositores y controlar territorios. Todo ello, a cambio de los escasísimos ingresos que reciben los pobladores afectados (de 0.6 a uno por ciento, entre rentas y apoyos), quienes son manipulados para permitir las explotaciones, ante la necesidad imperante y la corrupción de líderes o caciques que se prestan para servir a esas corporaciones, en su mayoría canadienses (77 por ciento del total en México).

En esta dirección, es pertinente recordar el Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias, que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas del Consejo Económico y Social de la ONU, encargó a Saúl Vicente Vázquez, en mayo de 2013. El informe ha sido significativo, principalmente por el hecho de que una instancia internacional del peso de la ONU repare en un conflicto de graves consecuencias políticas, jurídicas, sanitarias, sociales y ambientales que, en nuestro país (y en el ámbito mundial), está causando la megaminería tóxica, y no sólo en territorios de los pueblos originarios. El informe, por su contenido y recomendaciones, constituyó una severa llamada de atención al Estado mexicano, que, por omisión y comisión, hasta hoy no garantiza ni hace respetar los derechos de dichos pueblos, exhortándolo desde hace ya siete años –entre otras acciones–, a la aprobación de una ley federal de consulta y consentimiento libre, previo e informado, conforme a los estándares internacionales establecidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, misma que hasta la fecha, no existe. Recientemente, de nuevo, la ONU emite una llamada de atención sobre la violación a los estándares internacionales del derecho a la consulta previa, libre, informada, vinculante, culturalmente adecuada, en este caso, para el llamado Tren Maya, cuya construcción se inició en el pico de la pandemia.

¿Qué es entonces lo esencial y para quién? Poco importan la salud y la vida de trabajadores y poblaciones, considerados desechables y siempre sustituibles. Un deshumanizado darwinismo social se quiere imponer en la nueva normalidad de la 4T, aunque velado en la retórica de sus voceros y defensores de oficio; entonces: ¿intereses políticos o integridad científica? ¿Ideología o coherencia?