A principios de abril la ministra de Seguridad Sabina Frederic había confirmado que el gobierno nacional realiza “patrullaje” sobre las redes sociales de la población argentina. Ahora, el Ministerio de Seguridad aprobó un protocolo que regula la vigilancia en internet en contexto de pandemia. Así lo indica la resolución 144/2020, publicada el 31 de mayo en el Boletín Oficial y que estará vigente durante el período que dure la emergencia sanitaria por coronavirus. “Si bien incorpora muchas de las recomendaciones sugeridas por la sociedad civil, como por ejemplo, principios de transparencia y rendición de cuentas, así como la responsabilidad por uso abusivo y violatorio de las tareas de investigación, autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar actividades de investigación preliminar o prevención de delitos en lugar de restringirlas a casos en los que existe un marco judicial aplicable a una investigación concreta”, expresó Amnistía Internacional Argentina. El organismo sostiene que “este tipo de actividad generalizada de vigilancia puede afectar el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión”.

El primer antecedente de esta medida ahora oficializada fueron las declaraciones realizadas por la ministra de Seguridad Sabina Frederic el 7 de abril, cuando durante un informe ante la comisión de Seguridad de Diputados, detallaba el operativo desplegado por el ministerio en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno para contener la expansión del coronavirus (Covid-19). Allí, la ministra aseguró que las fuerzas federales estában realizando “patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social”, ante supuestas amenazas de saqueos que hubo en algunas cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. La práctica de viligancia estatal, que ya había sido aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri, de la mano de su polémica ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue duramente cuestionada en ese momento por los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Nicolás del Caño y Myriam Bregman, y de otros sectores políticos.

Ahora se conoció el Ministerio de Seguridad aprobó un nuevo protocolo de vigilancia policial de las redes sociales y de internet en general, en el contexto de la pandemia. La medida se hace efectiva a partir de la resolución 144/2020, titulada “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”, publicada en el Boletín Oficial el 31 de mayo.

En su anexo, la resolución establece que la vigilancia será en fuentes digitales abiertas, a las que describe como “medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas, conforme lo normado en la ley de protección de datos personales”. El fin de la vigilancia digital será la de prevenir “conductas delictivas cuyo acaecimiento sea previsible en función de la emergencia pública en materia sanitaria”, como la “comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos; a la venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al Covid-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente”.

Además, la resolución, en su artículo 3 establce que la vigilancia se aplicará también a “delitos relativos a los que hace referencia el decreto 260/2020”, la norma que establece la ampliación de la emergencia sanitaria y la disposición del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que además detalla las penalidades a quienes no cumplen con la cuarentena.

“El nuevo protocolo aprobado incorpora muchas de las recomendaciones sugeridas por la sociedad civil como por ejemplo principios de transparencia y rendición de cuentas, así como la responsabilidad por uso abusivo y violatorio de las tareas de investigación. También establece que la capacitación y formación a las personas encargadas de estas tareas incluyan perspectiva de derechos humanos – reconoce Amnistía Internacional Argentina – Sin embargo, la guía aprobada aún autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar actividades de investigación preliminar o prevención de delitos en lugar de restringirlas a casos en los que existe un marco judicial aplicable a una investigación concreta. Este tipo de actividad generalizada de vigilancia puede afectar el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión“, alerta el organismo.

En la misma línea, Amnistía sostiene: “la investigación en fuentes abiertas debería aplicarse en situaciones muy excepcionales, con el debido marco legal, y con un amplio debate parlamentario con participación social. En tiempos de emergencia sanitaria, especialmente, es importante que la perspectiva de los derechos humanos guíe las políticas públicas. La tecnología puede y debe desempeñar un papel importante durante este esfuerzo para salvar vidas. Sin embargo, en este marco de excepcionalidad y conforme lo establece el derecho internacional, es esencial que las medidas restrictivas de derechos que se adopten en un estado de emergencia sean necesarias, legítimas y proporcionales”. Finalmente, expresó que “la implementación y el alcance de este tipo de tareas de investigación debe ser sometida al Congreso Nacional a través de un proyecto de ley, incluyendo un debate con la participación de expertos técnicos y jurídicos, organismos estatales relevantes y organizaciones de la sociedad civil”.