El constitucionalista argentino Roberto Gargarella piensa que la pandemia de Covid-19 contribuye a deteriorar, aún más, el constitucionalismo democrático latinoamericano. La tradición de la democracia constitucional, en América Latina, es muy sofisticada intelectualmente, pero se ha visto sometida, desde el siglo XIX, a diversas modalidades de regímenes políticos autoritarios.

El coronavirus, sostiene Gargarella, ha generado una proliferación de estados de sitio que restringen derechos constitucionales. La emergencia sanitaria supone, de por sí, una drástica acotación de la libertad de movimiento, a la que se suman el toque de queda y el confinamiento obligatorio en no pocos países de la región.

El jurista argentino observa que muchas de esas limitaciones de garantías se han implementado sin seguir la propia normatividad constitucional. En todas las constituciones existen protocolos legislativos para el establecimiento del estado de excepción, que han sido dejados de lado en el acatamiento de las directrices de salud pública trazadas a nivel nacional o global.

En algunos países, como Bolivia, se introdujeron dispositivos de emergencia que criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación. Periodistas y medios de prensa que difunden información sobre la cuarentena, sobre la Covid-19 o sobre la estrategia del gobierno para enfrentarla, pueden ser penalizados por razones de seguridad nacional. Esas restricciones tienen lugar en un país donde, tras un intento de tercera reelección de Evo Morales y un golpe de Estado, se han postergado las elecciones presidenciales.

En El Salvador el gobierno de Nayib Bukele, con apoyo del ejército, puso en práctica una cuarentena forzosa que sirvió para el objetivo colateral de reducir a las pandillas urbanas. La política de estricto confinamiento, en ese país centroamericano, fue incorporada a un relanzamiento del rol del ejército en el control social, que parte de un considerable aumento del presupuesto de defensa.

En Bolivia y El Salvador, países con derivas autoritarias desde antes de la pandemia, pero también en Chile y Ecuador, Venezuela y Nicaragua, donde se vivieron estallidos sociales en 2019, la emergencia sanitaria ha facilitado las agendas represivas de los estados. En mayor o menor medida, ese aprovechamiento del coronavirus para objetivos de seguridad nacional es extensible a casi todos los países de la región.

La reflexión de Gargarella corre en paralelo a la de Giorgio Agamben y Byung-Chul Han, que han llamado la atención sobre el incremento del “dataísmo” y la vigilancia informática durante la pandemia. Sin embargo, no hay en el constitucionalista argentino una visión ranciamente liberal del garantismo sino un acercamiento a la filosofía de los derechos humanos desde la perspectiva republicana. Con énfasis distintos, estos pensadores atisban un mismo fenómeno: el Estado centinela del siglo XXI.