Las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno de coalición para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria y social provocada por el covid-19, denuncian desde el Plan de Choque Social, “se quedan cortas en la protección de la mayoría de la sociedad, excluyen a los sectores más empobrecidos y no han tocado los privilegios de las elites ni los beneficios de las grandes empresas”. Para esta plataforma, que cuenta con presencia en todo el Estado, “dejar en las manos de la patronal, los especuladores y otros poderes económicos nuestras vidas nunca fue una opción y está provocando graves consecuencias sociales”.

Cuando se acerca la llamada “nueva normalidad”, la última encuesta del CIS revela que el paro se ha convertido en la primera causa de preocupación para la población, desbancando al coronavirus. Una situación especialmente preocupante para los más de cinco millones de personas que se encuentran en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o los 3,8 millones en el paro. Otro estudio reciente mostraba que el 53% de los españoles de entre 18 y 35, los más afectados por la crisis del covid-19, habían perdido capacidad adquisitiva. “El estado de alarma va a finalizar, pero el aumento de la precariedad y la vulnerabilidad que se han producido durante la pandemia se queda”, advierten desde el Plan de Choque Social.

Una situación de precariedad heredada de décadas de recortes y privatizaciones, denuncian, “que han mermado la capacidad de los servicios públicos”, en especial la capacidad de reacción de la sanidad pública y las residencias de mayores. 

Las organizaciones firmantes del manifiesto del 20J denuncian la situación de abandono en la que tienen que trabajar las personas que sostienen los servicios esenciales, que siguen “ahogadas por la precariedad”. Es este sentido, dicen, “la ‘nueva normalidad’ se parece mucho a la vieja”. No solo se trata de “proteger la dignidad de todas las personas”, proclaman, sino de “prepararse para nuevas emergencias sanitarias” en los próximos meses y años. “Es el momento de exigir responsabilidades y luchar por cambios profundos”, defienden.

Las manifestaciones del 20J, que en algunas ciudades coincidirán con los reclamos del personal sanitario y con las protestas que exigen la regularización de las personas sin papeles, llega después de varias semanas de movilizaciones por la sanidad pública frente a los hospitales, contra el racismo, por el medioambiente o por la Renta Básica. “En un momento en que las calles vuelven a llenarse, había que recuperar también la protesta en el espacio público dada la gravedad de la crisis. Si se puede salir para trabajar, consumir y reactivar la economía también tiene que ser posible la reivindicación con las precauciones necesarias. Las de abajo tenemos que dar una respuesta a la altura de los problemas que sufrimos”.

El Plan de Choque Social se basa en “cinco ejes”, que las organizaciones convocantes pretenden convertir en un “programa de lucha, que sirva para denunciar y exigir a las diferentes instituciones”. La derogación de la Reforma Laboral y una renta básica incondicional para “repartir los trabajos y riqueza”, la recuperación de todos los servicios públicos privatizados, la prohibición de los desahucios y la suspensión de los alquileres y pagos de hipoteca para las familias vulnerables, una regularización inmediata para todas las personas migrantes o la devolución del rescate bancario son algunas de las principales de demandas de la plataforma. 

“Si el Gobierno realmente no quiere dejar a nadie atrás, como sucedió en 2008, debe ampliar sus miras”, dicen desde el Plan de Choque Social, que llama a manifestarse con responsabilidad, guardando la distancia mínima y siempre con mascarilla.