Indemnización multimillonaria, pero sin aceptar responsabilidad alguna: así puede resumirse el acuerdo anunciado ayer por Bayer con más de cien mil demandantes afectados por cáncer en Estados Unidos, que atribuyen su enfermedad al uso del herbicida Roundup. El gigante alemán seguirá vendiendo el polémico producto heredado de Monsanto y, para ello, se remite a los informes de las distintas agencias regulatorias, que, de momento, no han avalado su peligrosidad.

Hasta ahora, solo el Centro Internacional contra el Cáncer, instancia de la OMS, ha clasificado al Roundup como cancerígeno probable. Pero la ciencia también tendrá un lugar en el marco del acuerdo entre Bayer y sus litigantes, ya que se creará un comité científico independiente que decidirá si Roundup provoca cáncer de tiroides, la enfermedad habitualmente más vinculada con este herbicida.

La voz de la ciencia

En realidad, la ciencia lleva hablando décadas sobre el asunto. “Entre 1980 y 2019 se publicaron en todo el mundo más de 1.200 trabajos que demuestran, de distintas formas y con distintos organismos, la toxicidad del glifosato”, dice a DW Rafael Lajmanovich, profesor de ecotoxicología en la facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral, e investigador del Conicet. Para Lajmanovich, director académico de varios de los artículos publicados en Argentina sobre el tema, el multimillonario acuerdo anunciado ayer por Bayer supone un “tácito reconocimiento a lo que la ciencia independiente de gran parte del mundo lleva diciendo desde hace muchos años: el potencial carcinogénico que tienen los formulados comerciales del glifosato”.

Según Damián Verzeñassi, director del del Instituto de Salud Socio Ambiental en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, y miembro fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza, el hecho de que Bayer no admita responsabilidad es tan solo parte de su “estrategia judicial”, pero, en realidad, la empresa “está reconociendo que sus productos son dañinos” y eso va a tener un impacto sobre el sistema productivo. “Lamentablemente, no en Argentina a corto plazo, pero el acuerdo puede dar mucha fuerza a las organizaciones sociales, a los movimientos de vecinos y a los abogados inmersos en demandas por el uso de este pesticida”.

Un modelo productivo no cuestionado

También el investigador Rafael Lajmanovich considera que el acuerdo anunciado ayer por Bayer podrá ser usado como argumento en la decena de causas judiciales abiertas en Argentina por el impacto de los agroquímicos en las poblaciones, en especial el glifosato. Sin embargo, no cree que vaya a cuestionarse el actual modelo de producción, en el que el glifosato juega un papel principal.

“Últimamente se está tratando de avanzar en la regulación de la distancia de las poblaciones humanas en la utilización de agroquímicos. Es algo que se ha logrado gracias a las movilizaciones de vecinos y organizaciones ambientales y científicas, ya que estamos convencidos de que el actual modelo productivo intoxica el medioambiente y a las personas. Pero debería debatirse sobre el modelo productivo, y eso no se está haciendo”, advierte el científico.

Un negocio redondo

Corría el año 1996 y Estados Unidos acababa de liberar la soja RR, resistente al glifosato. Sin llevar a cabo estudios sobre impacto ambiental, Argentina aprobó, a su vez, la liberación de este organismo modificado genéticamente, que facilita el cultivo de soja en cantidades masivas. “Argentina tuvo la desgracia de ser el segundo país del mundo en el que se liberó la soja RR”, comenta Rafael Lajmanovich.

“Pero, en realidad, el negocio no estaba en las semillas. El gran negocio, que sigue hasta la actualidad, era el herbicida”, prosigue Lajmanovich. “Probablemente fue una estrategia de las multinacionales: liberarlo acá en Argentina, sabiendo que este país tiene leyes laxas en muchos sentidos. Rápidamente, de contrabando, esta soja RR invadió países cercanos: se fue a Brasil, a Paraguay, a muchos países de la región”, señala.

Entre 1980 y 2005, la superficie de cultivo de soja en Argentina pasó de 2 a 17 millones de hectáreas, un manto gigantesco sobre el que aplicar los productos de las multinacionales, fundamentalmente el glifosato. Y, durante décadas, las políticas de los distintos Gobiernos no han hecho sino reafirmar la expansión del agronegocio: “Argentina se vio, de alguna manera, condenada a proseguir con el cultivo de estos granos. Es un círculo del cual cuesta mucho salir”, sentencia Lajmanovic.

(cp)

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