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A medida que la pandemia de la Covid-19 socava los sistemas de salud y las economías incluso en las naciones más avanzadas, las redes mutuas y los esfuerzos de autoorganización han surgido en todo el mundo como muestra de solidaridad pandémica.
Con el asesinato policial de George Floyd, EE. UU. ha visto una mayor expansión de la autoorganización: desde bonos y fondos de ayuda mutua para manifestantes hasta patrullas ciudadanas en Minneapolis y una zona autónoma libre de policía en Seattle.
A raíz del caso Floyd, el primer intento de abolir la policía y reemplazarla con justicia transformadora basada en la comunidad está en marcha en los EE. UU., pero hay comunidades que han estado experimentando con la autoorganización sin recurrir a los estados que las oprimen o desposeen, como Rojava en el noreste de Siria, Cooperación Jackson en Mississippi y Zapatistas en Chiapas.
El primer intento de abolir la policía y reemplazarla con justicia transformadora basada en la comunidad está en marcha en los EE. UU., pero hay comunidades que han estado experimentando con la autoorganización como los Zapatistas en Chiapas.
A medida que la pandemia de la Covid-19 socava los sistemas de salud y las economías incluso en las naciones más avanzadas, las redes mutuas y los esfuerzos de autoorganización han surgido en todo el mundo como muestra de solidaridad pandémica.
Con el asesinato policial de George Floyd, EE. UU. ha visto una mayor expansión de la autoorganización: desde bonos y fondos de ayuda mutua para manifestantes hasta patrullas ciudadanas en Minneapolis y una zona autónoma libre de policía en Seattle.
A raíz del caso Floyd, el primer intento de abolir la policía y reemplazarla con justicia transformadora basada en la comunidad está en marcha en los EE. UU., pero hay comunidades que han estado experimentando con la autoorganización sin recurrir a los estados que las oprimen o desposeen, como Rojava en el noreste de Siria, Cooperación Jackson en Mississippi y Zapatistas en Chiapas.
Los zapatistas, en particular, han pasado los últimos 26 años organizando sus comunidades de manera autónoma del Estado en todas las esferas de la vida, desde la policía y el sistema de justicia hasta la atención médica, la economía y la educación. A medida que somos testigos de los límites de lo que se puede cambiar radicalmente, la experiencia zapatista es más relevante que nunca.
Siendo estudiante de nuevas formas de democracia directa y autogobierno apátrida, viajé a Chiapas en diciembre pasado para asistir a un programa de un mes, llamado “Celebración de la Vida”, que culminó con la celebración del 26 aniversario del levantamiento Zapatista de 1994, cuando campesinos indígenas de Chiapas se levantaron para defender sus derechos y tierras contra el Estado y los grandes terratenientes.
Basándome en la investigación etnográfica existente, así como en mis propias entrevistas y conversaciones durante el viaje, exploro en esta pieza las características más instructivas de la organización social de los zapatistas: toma de decisiones de abajo hacia arriba, justicia autónoma, educación, sistemas de salud y economía cooperativa, con la esperanza de que podamos beneficiarnos de ellos al construir nuestro propio “otro mundo”.
En los 26 años posteriores al levantamiento inicial, los zapatistas se convirtieron en una voz destacada de los pueblos indígenas de México y construyeron un sistema autónomo de facto de autogobierno en territorios no contiguos al estado de Chiapas, habitados por los partidarios del movimiento.
Un principio clave que subyace en el proyecto zapatista, que asegura que las instituciones autónomas sirvan a la gente, es “mandar obedeciendo”, lo que significa liderar obedeciendo. Implica que los líderes políticos no toman decisiones en nombre de su comunidad como sus representantes, sino que actúan como delegados de la comunidad, implementando las decisiones tomadas en las asambleas locales, un mecanismo tradicional de toma de decisiones.
Estos existen a nivel de aldea y, en contraste con las asambleas tradicionales de México, incluyen mujeres, cuyo empoderamiento ha estado en el centro de la revolución zapatista. Las asambleas eligen delegados para un consejo municipal, el siguiente nivel en la estructura administrativa zapatista.
Luego, a nivel regional, varios municipios autónomos están representados a través de delegados en Juntas del Buen Gobierno (JBG), o Consejos de Buen Gobierno, llamados así en contraste con el gobierno mexicano “malo”. Los miembros de JBG sirven durante 3 años de forma rotativa en turnos de tan solo unas pocas semanas. Dicha rotación frecuente está destinada a prevenir la aparición de redes clientelerales.
Cualquier idea propuesta en un nivel administrativo superior pasa por el proceso de consulta con cada comunidad, después de lo cual los delegados llevan la opinión de sus comunidades a una reunión municipal. Hay un fuerte énfasis en la toma de decisiones por consenso, aunque eso a menudo significa asistir a reuniones de un día en las que todos deben ser escuchados, y la decisión no se toma hasta que se llega a un compromiso.
Los líderes se eligen de acuerdo con la tradición indígena de carga, una obligación de servir a la comunidad, y se comprometen a puestos de responsabilidad no remunerados. Las comunidades tienen derecho a revocar el mandato de aquellos funcionarios que no cumplan con su deber de servir a la gente.
La formación político-militar EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), que se había organizado clandestinamente desde 1983 y que culminó en el levantamiento de 1994 y las ocupaciones de tierras, existe paralelamente a los tres niveles de administración autónoma y da dirección política al movimiento. Si bien está organizado jerárquicamente, su cuerpo más alto está formado por civiles elegidos por asambleas comunitarias. Además, su presencia en los asuntos comunales es limitada para garantizar un verdadero autogobierno democrático de las comunidades zapatistas.
Tras adoptar una posición de rechazo a cualquier ayuda del llamado gobierno “malo”, los zapatistas asumieron la función estatal de prestación de servicios en las comunidades afiliadas al movimiento. Eso significaba construir sus propios sistemas comunitarios de justicia, educación, salud y producción.
El sistema de justicia zapatista ha ganado confianza y legitimidad incluso más allá de los partidarios del movimiento. Es gratuito, se lleva a cabo en lenguas indígenas y se comprueba que es menos corrupto o parcial en comparación con las instituciones gubernamentales de justicia. Pero lo que es más importante: adopta un enfoque restaurador en lugar de punitivo y pone énfasis en la necesidad de encontrar un compromiso que satisfaga a todas las partes.
Arraigado en la comunidad, el sistema consta de tres niveles: el primer nivel se refiere a cuestiones entre los partidarios zapatistas, como chismes, robos, borracheras o disputas domésticas. Dichos casos son resueltos por las autoridades electas o, si es necesario, por la asamblea comunal, según la práctica habitual. Al resolver conflictos, las autoridades funcionan en gran medida como mediadores, proponiendo soluciones a las partes involucradas. Si no se resuelven, los casos pasan al siguiente nivel municipal, donde son tratados por una Comisión de Honor y Justicia elegida.
La mayoría de las veces, las sentencias involucran servicio comunitario o una multa; las penas de cárcel normalmente no exceden varios días. Como Melissa Forbis explica, la cárcel comunitaria generalmente es solo una habitación cerrada con una puerta parcialmente abierta para que las personas puedan pasar a conversar y pasar comida. Dado que el o la infractora a menudo tiene que pedir prestado dinero a los miembros de su familia para pagar una sanción, estos también están involucrados y su presión ayuda a prevenir una mayor transgresión. Las cuestiones domésticas relacionadas con la mujer son abordadas por las mujeres en la Comisión.
Mariana Mora ofrece una ilustración reveladora del enfoque del movimiento hacia el castigo, documentando un caso en el que los zapatistas emitieron una sentencia de servicio comunitario de un año por un robo. A los declarados culpables se les permitió alternar el servicio con el trabajo en sus propios campos de maíz para que sus familias no tuvieran que compartir el castigo. La Comisión explicó su decisión de la siguiente manera:
“Pensamos que si simplemente los encarcelamos, los que realmente sufren son los miembros de la familia. Los culpables simplemente descansan todo el día en la cárcel y aumentan de peso, pero sus familias son las que tienen que trabajar en el maizal y descubrir cómo sobrevivir.”
El nivel más alto del sistema de justicia, el de JBG, se ocupa de casos que involucran principalmente a no zapatistas u otras organizaciones políticas locales, generalmente en disputas sobre tierras, así como a las autoridades gubernamentales locales. Los no zapatistas buscan el sistema de justicia autónomo no solo cuando tienen disputas con miembros de las comunidades zapatistas, sino también cuando experimentan un trato injusto por parte de los funcionarios del gobierno, en cuyo caso los zapatistas pueden decidir acompañar a los demandantes a la oficina pública y discutir en su nombre.
Si bien los zapatistas todavía tienen policía, es bastante diferente de cómo estamos acostumbrados a pensar en ello. Como documenta Paulina Fernández Christlieb, no son armados, ni uniformados, ni profesionales. Al igual que otras autoridades, la policía es elegida por su comunidad; no son remunerados y no sirven en esta función de forma permanente. Cada comunidad tiene su propia policía, mientras que los niveles administrativos más altos, los del municipio y la región, no la tienen. Descentralizados y desprofesionalizados, los policías sirven y están bajo el control de la comunidad que los elige.
El sistema educativo zapatista está igualmente arraigado en la comunidad. Las escuelas autónomas son administradas por los llamados “promotores de la educación”, principalmente jóvenes locales que enseñan en sus propias comunidades bajo la supervisión de un comité de educación elegido por una asamblea local.
Desde el lanzamiento del sistema educativo autónomo, los zapatistas han llevado a cabo programas de capacitación para preparar a los promotores educativos y desarrollar un plan de estudios en colaboración con grupos solidarios, ONG y voluntarios de afuera, así como en consulta con la población local. Hoy las comunidades tienen sus propios profesionales que capacitan a nuevos promotores. Al igual que otros puestos de autoridad y responsabilidad, los promotores no reciben salarios y la comunidad a menudo los ayuda a cultivar sus campos de maíz.
El plan de estudios está integrado en la vida de la comunidad y está diseñado para preparar a una nueva generación para tareas de gobernanza y autosuficiencia, que incluyen temas como autonomía, historia, agroecología y medicina veterinaria. Las clases se imparten tanto en español como en lenguas indígenas, con énfasis en la preservación de las tradiciones y conocimientos locales. La comunidad participa activamente en la determinación de la metodología y el plan de estudios, como lo ilustra el comentario de un promotor de educación de una de las comunidades, citado por Bruno Baronnet:
“Consultamos a nuestro comité de educación y nuestra asamblea sobre los verdaderos conocimientos que son importantes para nuestra gente. Son las personas las que deciden y respetamos su opinión, incluso si a veces no estoy de acuerdo, como el otro día durante la asamblea, cuando me ordenaron que ya no jugara con niños durante las horas de escuela porque algunos padres piensan que uno no puede aprender mientras se divierte. No sabía cómo decirles que no es del todo cierto, pero los convenceré la próxima vez. (Traducción de la autora, del francés).”
Los zapatistas también han desarrollado su propio sistema de salud, aunque todavía se utiliza la ayuda de especialistas no zapatistas. La mayoría de las comunidades tienen un voluntario local, un promotor de salud, que recibe capacitación en medicina tradicional y moderna en los centros de salud regionales organizados por los zapatistas. Estos voluntarios brindan servicios básicos en una casa de salud local.
El tratamiento más avanzado está disponible en clínicas ubicadas en cruces de caminos y en algunos de los centros municipales. La clínica en Oventic, por ejemplo, es una de las más sofisticadas: ofrece cirugía básica regular, clínicas dentales, ginecológicas y oftalmológicas; alberga un laboratorio, un taller de hierbas, una docena de camas para admisiones y está equipado con ambulancias. Los comités de coordinación de salud, al igual que los de educación, existen en cada nivel administrativo, lo que garantiza la participación de las comunidades en la administración del sistema de salud autónomo.
En las comunidades mixtas, donde los zapatistas coexisten con los no zapatistas, los servicios autónomos están abiertos a todos. Me dijeron, por ejemplo, que los padres no zapatistas enviaron a sus hijos a escuelas autónomas porque saben que son de mejor calidad. Lo mismo se aplica a las clínicas zapatistas, ya que la falta de médicos en las comunidades indígenas es común.
El funcionamiento del gobierno autónomo, las escuelas y clínicas, así como otros proyectos colectivos, se financia con los ingresos de las cooperativas y los colectivos de tierras. Estos están en el centro de la aspiración de los zapatistas de alcanzar la autosuficiencia económica del Estado y construir una economía basada en la distribución equitativa de los recursos.
Si bien las cooperativas y los colectivos coexisten con los terrenos familiares y el emprendimiento individual, la participación en el trabajo colectivo de forma rotatoria es obligatoria. También hay bancos populares en forma de fondos rotativos que otorgan préstamos a bajo interés a los miembros de las comunidades como base de apoyo. Estos bancos generan fondos que se invierten en nuevos proyectos colectivos. Algunos proyectos colectivos son solo para mujeres y tienen la intención de brindar una oportunidad para que las mujeres ganen confianza y participen en la vida social de sus comunidades.
Los desafíos que enfrenta el movimiento zapatista son muchos. Van desde deserciones como resultado de la campaña de cooptación del gobierno a través de subsidios y programas de mejora, hasta la dependencia del financiamiento por parte de ONG solidarias y la persistencia de tendencias patriarcales y desigualdades internas.
Sin embargo, a pesar de los desafíos, en 26 años de lucha por la autonomía, los zapatistas han construido acuerdos sociales funcionales basados en la democracia de abajo hacia arriba, la cooperación y la justicia comunitaria, que colocan el bienestar de la comunidad por encima del beneficio individual.
A través de estos acuerdos, las comunidades zapatistas han asegurado los derechos, la protección y las necesidades básicas que el Estado mexicano les ha negado o no ha podido proporcionarles. Como señaló recientemente Dora Roblero de Frayba, una organización que ha estado acompañando a los zapatistas desde el principio, los zapatistas pueden ser la única comunidad en México más preparada para resistir la pandemia, gracias a su autoorganización de servicios básicos durante años.
Dado que los Estados no protegen ni brindan servicios a tantos ciudadanos en todo el mundo, la experiencia zapatista ofrece una alternativa inspiradora centrada en la comunidad.