El lunes 13 de julio, desde las 6 a .m. decenas de pobladores indígenas realizaron un planton en la entrada del Gobierno Regional de Loreto para expresar a viva voz el malestar e impotencia frente a la desatención a la salud de las comunidades.

La protesta pacífica fue convocada por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y sus federaciones afiliadas presentes en la ciudad de Iquitos, capital del departamento de Loreto.

¡Los pueblos indígenas están muriendo! ¡Las autoridades no nos atienden de manera efectiva! ¡Si no hay centros de salud en Iquitos, menos hay en las comunidades! ¡Los doctores no quieren ir a salvar vidas indígenas! indican algunas pancartas.

La acción se enmarca en la declaratoria de la organización nacional AIDESEP y sus nueve organizaciones regionales en la que se declaran en movilización permanente exigiendo un diálogo directo con el Presidente de la República Martín Vizcarra.

Aidesep refiere que son más de “10,000 hermanos y hermanas infectados y más de 300 fallecidos”. Sin embargo, esta cifra no refleja la real magniitud del COVID-19 entre las comunidades indígenas.

El subregistro eleva el número de víctimas, agravado por condiciones pre-existente como el “abandono histórico a nuestras comunidades”, señala AIDESEP.

Sistema de salud en abandono

Mediante una carta enviada al sector Salud AIDESEP adjunta información y mapas de ubicación de las 124 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de las categoría 2 y 3 que deberían ser abastecidas de medicinas, oxígeno y equipos de emergencia.

«Ante tanta demora y dificultad estatal para cumplir sus funciones, incluso logísticas», la organización nacional exige al Presidente de la República movilizar a las Fuerzas Armadas y Policiales para trasladar lo requerida a dichas IPRESS.

«Es inadmisible que haya norma legal, plan, fondos y no se atienda a las comunidades (…) de modo eficaz y permanente; salvo brigadas pasajeras, que cuando regresan, volvemos a la misma desesperación del abandono».

AIDESEP demanda la entrega inmediata de lo ya presupuestado y previsto, y sobre todo a los promotores o agentes comunitarios de salud «que siguen dando la lucha pero desarmados de medicinas».

Ante la ausencia de médicos o enfermeras dispuestos a trabajar en las comunidades pide que «se les supervise por telemedicina» y «al menos hagan su labor por teléfono o radiofonía».