Luego de una noche de protestas y violencia que dejó 61 detenidos en todo el país, la Cámara de Diputados chilena ha dado este miércoles un golpe histórico a sistema de pensiones, un modelo basado en la capitalización individual y pionero en el mundo que fue implantado hace cuatro décadas, en el régimen de Augusto Pinochet. Por 95 votos a favor, 36 votos en contra y 22 abstenciones –con apoyo de parlamentarios del oficialismo de derecha–, se aprobó una reforma constitucional que permitiría a los afiliados a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) retirar hasta el 10% de sus ahorros de la jubilación para enfrentar la crisis económica. La iniciativa, que ahora iniciará su tramitación en el Senado, representa una derrota para el Gobierno de Sebastián Piñera, que se había involucrado directamente en las tratativas para convencer a los diputados de su coalición.

Fueron cerca de cuatro horas de una tensa discusión en el hemiciclo del Congreso, en Valparaíso, a unos 100 kilómetros de Santiago de Chile, la capital. La diputada socialista Maya Fernández Allende –nieta del expresidente Salvador Allende– indicó en su intervención: “El apoyo ciudadano a este proyecto está directamente relacionado al fracaso del sistema de las AFP, que no se preocupan de las pensiones, porque son inversionistas financieros”. Para el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, “la iniciativa debilita las pensiones del mañana”. Sobre los 20 mil millones de dólares que implicaría la medida, el economista se preguntó: “¿Qué justifica que se plantee el retiro, que será mayor en aquellos que más tienen, libre de impuestos? ¿Dónde quedaron las reivindicaciones de progresividad y las discusiones sobre nuestro sistema tributario que teníamos a la vista y que compartimos como Gobierno?”.

Lo que no fue aprobado, sin embargo, fue un segundo artículo que proponía la creación de un fondo solidario para la reposición del los ahorros retirados, que no alcanzó el quórum de 93 votos. Fue respaldado por 83 diputados, 43 estuvieron en contra y hubo 21 abstenciones.

Una noche de disturbios

Ni el toque de queda que rige en todo Chile ni la cuarentena total vigente en Santiago desde el 15 de mayo por la pandemia impidieron las manifestaciones que arrancaron a las nueve de la noche del martes con un cacerolazo convocado por las redes sociales en demanda por la aprobación de la ley, que apoyan ocho de cada 10 ciudadanos.

De acuerdo a Carabineros, luego se produjeron 28 barricadas, 13 saqueos –a supermercados, gasolineras u otro tipo de comercios–, y ataques a comisarías de seis municipios de la capital. Un autobús fue quemado en Recoleta, en la zona norte de Santiago de Chile, mientras que desconocidos provocaron un incendio en la zona de Estación Central, en el centro de la ciudad, que destruyó 16 vehículos y donde llegaron 12 compañías de bomberos para controlar las llamas. De los 61 detenidos, 54 fueron apresados en la capital y el resto, en otras regiones. Fue una de las noches de mayor violencia desde marzo, cuando se detuvieron de golpe las manifestaciones sociales por la crisis sanitaria de la covid-19.

“Lo de anoche es delincuencia, pero no es únicamente delincuencia: es un intento de amedrentar y alterar nuestro proceso democrático”, señaló temprano el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que llamó a todos los sectores políticos a condenar lo ocurrido. “Justificarlo, darle alguna razón o darle algún sentido, es simplemente hacerse cómplice de esta violencia”, dijo.

El debate en torno a esta reforma se convirtió en un hecho político decisivo porque, en parte, está cruzado por la crisis interna de la coalición oficialista, desafectada de su Gobierno. El pasado miércoles, cuando la Cámara de Diputados se pronunció sobre la idea de legislar esta iniciativa, 13 parlamentarios de derechas votaron a favor de la medida y en contra de las directrices del Ejecutivo. Pero existe un segundo elemento: para parte de la oposición, se trata de un paso crucial para comenzar a enterrar el actual modelo de pensiones. El problema de las jubilaciones –una de las banderas de las revueltas que arrancaron en octubre de 2019– es una de las principales preocupaciones de los chilenos, porque son bajísimas respecto del nivel de vida que tienen los ciudadanos en su etapa activa, en un país con una deficiente distribución del ingreso.

El propio presidente Piñera se involucró directamente en los últimos días en las tratativas políticas para ordenar a su coalición. El martes, a horas de la votación en la Cámara de Diputados, el mandatario dio a conocer un nuevo plan de ayudas económicas enfocado a la clase media, por segunda semana consecutiva, para convencer a los parlamentarios oficialistas y evitar una nueva derrota en el Parlamento. La apuesta, sin embargo, no logró convencer a los suyos en una votación que generó una alta expectación ciudadana. Luego de la media sanción en Diputados, en algunos barrios del país se escucharon cacerolazos y aplausos desde ciudades como Santiago, todavía confinada por una pandemia que ha dejado 7.186 fallecidos confirmados.

La discusión sobre el retiro de las pensiones no se explica solo como un enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. Destacados expertos de centroizquierda, como el expresidente del Banco Central José de Gregorio y el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés –del Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) y del segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), respectivamente– se han mostrado preocupados porque la iniciativa excede los 12.000 millones de dólares del plan acordado transversalmente a mediados de junio para enfrentar la pandemia. Para los economistas, existen mecanismos alternativos más eficientes, equitativos y menos costosos en términos fiscales para asistir a la clase media durante la crisis.