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Gulumapu- Angol - Información enviada por Red Mapu, colaboración a Mapuexpress
Fuente : www.derechosindigenas.cl
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ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS EN RELACION CON EL CONFLICTO
Nuevas formas de criminalización de la demanda Mapuche.
Editorial del mes de Febrero 2004.
A pesar del silenciamiento de la prensa, en las últimas semanas no ha cesado la ofensiva judicial en contra de los mapuche. En efecto las distintas instancias del estado chileno (el ejecutivo, tribunales de justicia y sus organos relacionados) han seguido enfrentado la demanda político-social mapuche de su criminalización.
Por otra parte se aprecia que, en casos en que se investigan delitos contra mapuche la justicia no es igualmente efectiva y ágil. Esto ha ocurrido por ejemplo con el caso “Alex Lemun” donde luego de más de un año de tramitación, la justicia militar aun no se decide a procesar al autor de los disparos -Mayor de Carabineros Marcos Treuer- que provocaron la muerte del joven mapuche. Mientras tanto en C.D.P. de Los Angeles, permanecen privados de libertad -por casi 19 meses-, y sometidos a proceso 16 mapuche acusados de las muertes dos comuneros de Kawñikú, juicio en el que se verifica una serie de dificultades y falencias para contar una defensa adecuada y en lo relativo al acceso a la justicia. Ello ha redundado en la lentitud del juicio, y en que hasta ahora, no se les haya concedido la libertad provisional, derecho fundamental de todo preso. Incluso mas, uno de los detenidos, lo estaría por mero alcance de nombre, según se ha intentado acreditar durante el transcurso del proceso.
Caso longko Norin y Pichun.
Una muestra paradigmática de la criminalizacion del movimiento indígena lo constituye, sin lugar a dudas, el juicio de los longkos Mapuche Pascual Pichun y Aniceto Norin, quienes luego de un largo proceso judicial, que puso a prueba los principios de la reforma judicial, fueron condenados a 5 años y un dia de presidio por el delito de amenazas terroristas.
La detención de Pichun y Norin, los días 14 y 16 de enero respectivamente, se efectuó tras un aparatoso y descomunal despliegue policial, con centenares de efectivos, vehículos motorizados y presencia de grupos especiales de la policía. Y se produjo en sus respectivos hogares, sin resistencia alguna por parte de los detenidos, pese a que se especuló que se encontraban prófugos de la justicia.
El abogado Hugo Gutiérrez, que representaba a Aniceto Norin, calificó el fallo como una muestra más de la poca credibilidad de la justicia en Chile y anunció que el paso siguiente será recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. El jurista, señaló también que el fallo pone nuevamente en tela de juicio la credibilidad de la Corte Suprema, que al igual como en Perú, cuando comenzó a desestabilizarse por falta de confiabilidad el sistema judicial impuesto por Fujimori, avaló el sistema de “testigos secretos” que presentó la Fiscalía.
En tanto, la fiscal del Ministerio Público de la Novena Región, Esmirna Vidal, expresó su satisfacción por la resolución de la Corte Suprema: “…Nos parece importante destacar que el máximo tribunal del país haya confirmado la tesis del Ministerio Público, en el sentido de que estamos en presencia de delitos terroristas y la participación de quienes fueron acusados como autores en su oportunidad…”.
El abogado Juan Agustín Figueroa, miembro del Tribunal Constitucional, integrante de la coalición de gobierno -en su condición de militante radical- se manifestó plenamente conforme con el dictamen judicial, señalando que con él, se preserva el estado de derecho en Chile.
Condena de Víctor Ancalaf.
En el mismo sentido, el ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción Diego Simperteghy, a comienzos del mes de febrero condenó a Víctor Ancalaf a la pena de 10 años de presidio por delitos terroristas. Cabe señalar que el dirigente enfrenta otras condenas por delitos de secuestro y robo de madera. El abogado de Ancalaf, Rodrigo Calderón, criticó en este caso: “…que durante un año jamás tuvo acceso al sumario para poder realizar una defensa adecuada. Por lo demás, agregó, resulta absurdo que una sola persona integre una red terrorista que planificó y ejecutó tres atentados incendiarios..” .
Cabe señalar que el ejecutivo, por medio del gobernador de la Provincia de Bío Bío, Esteban Krausse, pidió a la Corte de Apelaciones de Concepción, se aumente dicha condena a 20 años de prision. En la ocasión, la principal autoridad de la provincia del Bio-Bio aseguró “…con sus actos terroristas de quemar camiones de Endesa que trabajaban en la construcción de la Central Ralco, Ancalaf puso en riesgo la vida de muchas personas…”, prejuzgando la responsabilidad de Ancalaf sobre los hechos imputados.
Poluco Pidenco.
El caso Poluco Pidenco es seguramente uno de los casos sobre el que existe mayor desinformación, de todos los señalados hasta ahora. Poco conocido por la opinión pública, las noticias relacionadas a dicho proceso y publicadas por la prensa, generalmente no han dado un tratamiento riguroso al caso. Ello ha incidido en el debilitamiento del principio de presunta inocencia de los imputados (tal como los casos de las reiteradas agresiones de los testigos protegidos).
Actualmente este caso se encuentra paralizado, sin que aún se haya realizado la audiencia preparatoria de juicio oral, producto de una serie de cuestiones jurídicas, que dicen básicamente relación con discrepancias entre la formalización de la investigación y la acusación de la fiscalia, situación no permitida por el nuevo sistema procesal penal. Esta situación redunda en que todos los encausados deban seguir privados de libertad, completando a la fecha más de 13 meses, sin que aun se haya acreditado la participación en este hecho delictual.
La prensa local ha contribuido a generar una imagen distorsionada sobre la participación de los imputados y su defensa, al referirse en noticia publicada por el Diario Austral, el 24 de diciembre 2003, cuyo titular en portada anunciaba “Gravísimo escándalo denuncia Carabineros”.
Caso Asociación Ilícita Terrorista.
Con fecha 20 de diciembre pasado, el Ministerio Público presentó acusación en esta causa, luego de más de un año de investigación formal. En virtud de esta presentación, a la cual se adhirieron posteriormente el ministerio del interior, la forestal Mininco S.A. y la municipalidad de Temuco, la fiscalia formula acusación en contra de 18 personas que formarían parte, en distintos roles, de una asociación ilícita de carácter terrorista. En efecto, la Coordinadora Arauko Malleko (C.A.M.) sí se trata de una organización mapuche, que constituye una parte importante del movimiento de los últimos 5 años aproximadamente. En este sentido, en la acusación, la fiscalia señala que “…los acusados..formaron, bajo el amparo de la autodenominada Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco, una asociación ilícita, para lo cual se organizaron, estructuraron y distribuyeron funciones entre sus miembros, planificando e incluso ejecutando directamente una serie de ilícitos en esta región, …ilícitos que además difundían por distintos medios.. produciendo con ello el temor justificado en la población de esos sectores, de ser víctimas de delitos de la misma naturaleza…”.
Mientras el Ministerio Público solicita 15 años de prisión para quienes supone los líderes y “provocadores” de esta organización, propone 5 para quienes habrían participado en ilícitos vinculados a ella (v. gr. Pascual Pichún y sus hijos Pascual y Rafael, Aniceto Norín, Mireya Figueroa, José Cariqueo). El gobierno en cambio, ha pedido 15 años, solicitando nuevamente una pena superior a la propuesta por la fiscalia. Estos últimos (Pichun y Norin) serán juzgados 2 veces por un mismo hecho, puesto que los antecedentes en virtud de los cuales serán juzgados, son los mismos por los cuales ya fueron juzgados o lo serán.
El problema no es menos grave respecto de aquellos que no son juzgados por algún hecho delictual vinculado, pues en estos casos se dirá que el único delito lo constituye el pertenecer a la Coordinadora Arauco Malleco. En este caso, de acuerdo al propio tenor de la acusación, estaríamos frente a lo que la doctrina de los derechos humanos denomina Presos de Conciencia. Esto es personas que se organizaron “con la expresa finalidad de lograr el control territorial de sectores de la Región, declarando unilateralmente como tierras en conflicto, determinados predios existentes en esa zona”. Esta finalidad es la que, define -de acuerdo al Ministerio Público- a la organización mapuche, no la comisión de delitos comunes, y ésta no es sólo una finalidad aceptada por el ordenamiento legal, sino que estimulada. La ley indígena (Nº 19.253), establece el deber del estado de velar por la protección y la ampliación de las tierras, dispone el establecimiento del fondo de tierras para la adquisición de tierras, etc.
Por otro lado, y desde el punto de vista del juicio, una de las pruebas fundamentales -sino la esencial- para sustentar la acusación del ministerio publico esta constituida por un organigrama, encontrado luego de un allanamiento al domicilio de uno de los dirigentes de la organización, en el que se daría cuenta de la estructura jerarquizada y piramidal de la Coordinadora Arauko Malleko. Por lo pronto, la legitimidad de este medio probatorio para los efectos de la sustentación de la acusación de asociación ilicita terrorista, se encuentra cuestionada desde que se ha denunciado un supuesto montaje del cual serian parte organismos de estado y privados destinados descabezar la CAM y asi desarticular a una de las facciones que se estima mas radicales del movimiento mapuche.
Este discurso judicial, que se repite en todos los procesos judiciales, por parte del Ministerio Público, el gobierno y los jueces, no hace más que judicializar el conflicto y estigmatizar el movimiento mapuche, como uno radical, peligroso y violento.
La responsabilidad del gobierno.
Estas consecuencias no son una responsabilidad exclusiva de los órganos judiciales y sus auxiliares (jueces y Ministerio Público), como se intenta hacer creer. El principal impulsor de esta estrategia es el gobierno y sus funcionarios.
El gobierno y autoridades regionales quienes por una parte pretenden no influir sobre el curso de la justicia, evocando para ello el principio de la separación de los poderes. No obstante lo cual, se han hecho parte de las querellas presentadas por “terrorismo” y en ciertos casos no han evitado a pronunciar juicios apresurados asignando la autoría de ciertos hechos vandálicos a comunidades mapuches.
Es así que, a un poco mas de una semana después haber participado a la entrega del Informe Verdad Histórica y Nuevo Trato, el Presidente de la República Ricardo Lagos ha condenado el incendio que ha afectado el fundo perteneciente al ex-ministro de Economía del gobierno militar Fernando Léniz, acusando a las comunidades mapuche de haber sido los culpables de este lamentable suceso. Tal opinión fue emitida por la Primera Autoridad del país ante 500 empresarios de la madera (Cf. el Mercurio con fecha 12/11/2003), reforzando los varios prejuicios existiendo en Chile sobre las reivindicaciones desarrolladas por organizaciones y comunidades Mapuche y que no son favorables a la instalación de un clima propicio a la instauración de una nuevo trato de los pueblos originarios. En este sentido se revela preocupante que sector empresarial tal como la CORMA, cuyo rol es fundamental en la resolución de varios conflictos territoriales con comunidades mapuche, emiten opiniones llamando a una reacción enérgica de parte del gobierno, calificando todo tipo de “incendio” en contra de predio forestal como “terrorista” a razón que estos pondrían en peligro el desarrollo económico de la región y del país (Cf. Comunicado de la Corma - Noviembre 2003).
Un argumento similar ha sido utilizado últimamente por el agricultor Jorge Luschinger, cuya propiedad es reivindicada por comunidades indígenas vecinas y quien ha sido afectado por atentados sin que hasta el día de hoy se haya comprobado la participación de mapuche.
El que personalidades del Gobierno, empresarios y agricultores emiten, vía la prensa regional y nacional, opiniones en materia de justicia basadas sobre sospechas, debilita el principio de la presunción de inocencia instaurado por el derecho chileno. Esto se demuestra también en la adhesión del gobierno en todas estas acciones, al que se agrega sorprendentemente la municipalidad de Temuco en el caso de asociación ilícita.
Si uno de los motivos que se esgrimieron para justificar la reforma fue obtener la imparcialidad de la persecución penal, entonces es valido preguntarse ¿por qué motivo el ejecutivo se hace parte en estos casos?, si al órgano a quien corresponde el ejercicio de la acción penal es al Ministerio Público.
Las instituciones no funcionan de esta manera, sino dentro de la competencia que la ley les ha delegado. Esta es la base del Estado Derecho, que los mismos perseguidores del movimiento mapuche dicen defender. La actitud del gobierno llega a la exageración (injustificada) en el acusación por asociación ilícita, donde piden penas incluso mayores que las que la propia fiscalía.
Contrasta esta preocupación del gobierno, con el nulo pronunciamiento en relación con el trabajo de la Comisión Verdad y Nuevo Trato.
En el año 2001 el Presidente de la Republica encargó a una comisión de personas destacadas por su trayectoria y confiabilidad, donde se incluían varias personas mapuche, la elaboración de un informe que diera cuenta de la situación de los indígenas y propusiera líneas de acción al estado chileno para afianzar un nuevo trato de éste con los indígenas. Luego de casi 2 años de trabajo, de consulta con representantes indígenas, se arribó a un informe, que sin ser representativo de todas las visiones, ni agotar un tema muy complejo, significa un avance para la discusión. El presidente al recibir el informe se comprometió para presentar la posición del gobierno, así como de una propuesta para implementar las recomendaciones incluidas en el informe, dentro de los siguientes 15 días. Han transcurrido 3 meses, y no ha existido ningún pronunciamiento por parte del gobierno, ni existe señal alguna que indique que vaya ocurrir en el futuro próximo.
Esto lleva justificadamente a preguntarse si existe alguna intención del gobierno de hacerse cargo de las demandas indígenas por sus derechos. Es mas cabe preguntarse si existe propósito verdadero del estado chileno destinado generar las condiciones para establecer un nuevo trato con los pueblos originarios basado en el reconocimiento al multiculturalismo y de la diversidad étnica.
Informe del Relator Especial.
En estos días se ha hecho publico el informe del Relator especial de las Naciones Unidas para pueblos indígenas; en él junto con efectuar una descripción de la situación que afecta a los pueblos originarios de nuestro país realiza una serie de recomendaciones tanto para el estado chileno, la sociedad civil y los medios de comunicación.
En este sentido el relator de naciones unidas da cuenta de los principales problemas a que se ven enfrentados los pueblos indígenas, la marginación del desarrollo económico nacional, altos niveles de pobreza, analfabetismo, criminalización y estigmatización de las demandas sociales y políticas, exclusión en el ejercicio y goce de derechos económicos, sociales y culturales establecidos en la normativa internacional y nacional; circunstancia que se encuentra indudablemente vinculada con uno de los factores mas críticos de la realidad indígena en el ámbito local: la debilidad de la legislación especial (ley N° 19.253), la falta de coordinación de la ley indígena con normativa relacionada como es por ejemplo la ley eléctrica y el código de aguas, la aun incumplida promesa de reconocimiento constitucional y la prolongada tramitación del convenio internacional 169 de la OIT. Todas situaciones que dan cuenta de la marginación de los indígenas en el desarrollo del país; como asimismo de la resistencia del estado y sociedad chilena a asumir la diversidad cultural existente.
Reflexión Final.
Por último, cabe señalar que la Coalición de gobierno ( Concertación de Partidos por la Democracia ) completa más de una década en el poder, sin cumplir uno de sus compromisos con el movimiento indígena: avanzar en las transformaciones legales y constitucionales que aseguren la vigencia de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y reconozcan la conformación multicultural del estado chileno. Una reforma en este sentido, tal vez permitiría avanzar en las reivindicaciones de los mapuches, pero pareciera haber sido dejada de lado hasta nuevas aviso, por otras prioridades, principalmente dirigidas a fomentar el desarrollo económico y profundizar las políticas neoliberales del gobierno.
Pareciera que el estado de Chile puesto en la disyuntiva entre el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y el desarrollo de una política que profundiza el modelo económico, basado en la inversión de capital extranjero en el contexto del proceso de globalización, ha optado por privilegiar esto ultimo en perjuicio de cautelar lo primero. Ello sin duda no contribuye a superar el problema y solo profundiza el conflicto no permitiendo avizorar un futuro cercano que favorezca el diálogo.
Con todo, el conflicto no es un problema en si mismo, ya que contribuyen a generar cambios sociales y bien canalizados pueden contribuir a la democratización de un país; no obstante, entre nosotros todo se encamina por un camino contrario al reencuentro y a la construcción mancomunada de un país diverso, democrático y respetuoso de los derechos humanos.
Enero, 2004
Programa de Derechos Indígenas
Instituto de Estudios Indígenas
Universidad de la Frontera