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La certeza científica de que la pandemia es el fruto más reciente de la histórica destrucción que los humanos hemos cometido sobre los ecosistemas del planeta, contrasta con la irreflexiva postura que mantienen múltiples agentes globales de poder político y económico para profundizar la depredación y acelerar la debacle. Tal es el caso de la minera canadiense Los Andes Copper, que a través de su filial Vizcachitas Holding pretende destruir, mediante megaminería de tajo a cielo abierto, uno de los últimos espacios de la cordillera de los Andes que aún se preservan intocados en Chile central, lo cual significaría un golpe de muerte para el Valle de Putaendo y su comuna de vocación campesina formada por más de 17 mil habitantes.
Todo comenzó en 2007, cuando Los Andes Copper compró la parte mayoritaria del Proyecto Vizcachitas, que fue desarrollado desde la década de 1970 para explorar un yacimiento de cobre a gran escala. En 2010, Los Andes Copper adquirió la totalidad del proyecto, acelerando desde entonces sus estrategias para intentar imponer su negocio de muerte. Este corporativo ha ignorado el hecho de que el Valle de Putaendo y su entorno andino se encuentran en una de las 35 áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad mundial. Tampoco le ha importado que la región de Valparaíso, al igual que muchas otras del planeta, atraviesa por una aguda escasez hídrica, originada, entre otros factores, por el cambio climático, la sobrexplotación de acuíferos y la pérdida de cubierta vegetal. De no revertir el deterioro ambiental de dicha región, a la cual pertenece Putaendo, estará garantizada su irreversible desertificación.
Los primeros signos graves de lo anterior aparecieron: en 2004 el río Putaendo y sus afluentes se agotaron; en 2019, la comuna de Putaendo fue oficialmente declarada por un año como zona de catástrofe por escasez hídrica debido a una prolongada sequía, y en marzo de 2020 la declaratoria se extendió para toda la provincia de San Felipe de Aconcagua. A ello se suma que en el oriente de las regiones de Valparaíso y Metropolitana se han sentido desde hace décadas los efectos de otro megaproyecto minero de la firma estatal chilena Corporación del Cobre, que ha explotado desde 1970 el yacimiento Río Blanco, ubicado a sólo 80 kilómetros de Santiago, capital del país, dejando un gigantesco tajo a cielo abierto a más de 3 mil 700 metros de altura en los Andes centrales, así como alteraciones adversas de los sistemas hídricos, incluido el río Blanco y sus afluentes.
Lo que Los Andes Copper pretende desarrollar durante los próximos 45 años es un gigantesco tajo a cielo abierto de 5 kilómetros de diámetro en su parte más ancha, generando dos vertederos de residuos tóxicos de casi 3 kilómetros de diámetro cada uno. Ello se traduciría en un consumo estratosférico de millones de metros cúbicos de agua para los procesos de beneficio de mineral mediante la técnica de flotación, para lo cual los canadienses desviarían y envenenarían las aguas del río Rocín, hábitat de anfibios y aves declarados en peligro por la administración ambiental chilena y uno de los tributarios del río Putaendo que le podrían devolver la vida. Este complejo de megaminería tóxica quedaría ubicado a 2 mil metros de altitud y a sólo 30 kilómetros de la ciudad de Putaendo, destruyendo el valle del Rocín y su biodiversidad, que incluye plantas endémicas y especies animales bajo estatuto de protección para su conservación.
La amenaza que para la vida de Putaendo y su región representa Los Andes Copper ha dado sus primeros pasos. Entre 2007 y 2017 la minera canadiense habilitó 38 caminos y 82 plataformas de prospección minera que afectaron a 7 mil hectáreas de hábitats de especies protegidas y destruyeron fuentes de agua; lo hizo sin haber ingresado su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de Chile, ilegalidad que fue calificada de infracción grave
por la Superintendencia del Medio Ambiente de Valparaíso. Tras haberse sometido
al proceso sancionatorio, Los Andes Copper presentó en 2019 una declaración de impacto ambiental para 350 nuevos barrenos de prospección, obteniendo la autorización del gobierno chileno el pasado abril en plena pandemia de Covid-19.
Sabedora de que la población local se ha organizado para defender sin violencia y con la razón de su lado el patrimonio ambiental de las futuras generaciones, la minera canadiense ha profundizado, con base en ingeniería de conflictos, sus acciones para cooptar voluntades políticas y dividir con dinero y presuntos programas sociales a la población de Putaendo y San Felipe, siempre bajo la máscara de la responsabilidad social corporativa
. Sin embargo, la defensa de Putaendo y su región es la defensa del planeta entero. Los chilenos, sobre todo los jóvenes, lo saben con plenitud de conciencia, lo que nos hace albergar la sólida esperanza de que no permitirán otro vergonzoso ecocidio por obra del depredador capital global.
*Investigador de El Colegio de San Luis