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Los pueblos indígenas enfrentamos, nuevamente, una grave amenaza que pone en peligro nuestra supervivencia. El abandono del Estado, capturado por los grupos de poder económicos, a los pueblos indígenas y la falta de acceso a efectivo a servicios públicos de calidad (agua y saneamiento, educación, salud, etc.) vienen siendo elementos que caracterizan la pandemia del nuevo coronavirus que hoy en día han terminado con la vida de miles de nosotros en la Amazonía.
Mientras en el Congreso de la República se siguen debatiendo cuestiones y programas políticos con claros mensajes personalistas y populistas, hace más de 500 años mi pueblo sufre por la exclusión histórica que hemos vivido. En ese contexto, los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci) se llevan la peor parte. Mis hermanos y hermanas indígenas en situación de contacto inicial no cuentan con un sistema de salud diferencial. Ya se han confirmado 58 casos por COVID-19 en el pueblo Nahua, que habita la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN).
Hasta la fecha no existe un Plan Nacional de Salud específico para los pueblos en situación de contacto inicial, ni tampoco se refuerza el sistema de control territorial para prevenir posibles contagios, a pesar de su alta vulnerabilidad epidemiológica. Por eso, urge que el Congreso priorice el debate y aprobación del dictamen recaído en el proyecto de Ley N° 4044/2018-CR para garantizar la intangibilidad de los territorios de los Piaci y con ello salvaguardar la vida de aproximadamente 7000 personas.
Además de ello, durante la pandemia, las defensoras y defensores indígenas hemos sido perseguidas y asesinadas a causa de las actividades ilegales en la Amazonía, así como por las grandes empresas transnacionales. A la fecha han muertos de 10 líderes indígenas en el contexto de la pandemia. En ese sentido, la ratificación del Acuerdo de Escazú significaría dar un paso adelante hacia su protección y asegurar la participación, acceso a información y a la justicia en materia ambiental, pilares que tanto necesitaron para resguardar sus vidas.
Sin embargo, hemos visto como algunos sectores económicos y políticos han presentado supuestas críticas al proceso alegando que el Acuerdo de Escazú implicaría la pérdida de la soberanía territorial (53%) de la Amazonía, y la subordinación judicial a los tribunales internacionales en caso hubiera conflictos según el artículo 7.1 del documento.
Son los pueblos indígenas quienes habitan la Amazonía y la defienden de las actividades ilegales y de la deforestación, protegiendo los bosques ante el cambio climático. Pero, Cuando se han vulnerado nuestros derechos, el Estado peruano no ha cumplido con implementar las sentencias de las cortes internacionales en materia de derechos humanos (Corte IDH), en cambio, en controversias relacionadas con arbitrajes de inversión –si son obligados por las empresas transnacionales– las hacen efectivas en contra de nuestra voz.
En definitiva, el Congreso debe escuchar a quienes verdaderamente han sufrido las dificultades en la Amazonía por años de proteger su territorio, vida y recursos naturales. El desarrollo no debe ser para unas pocas manos, sino para todos, mejorando la vida de mis hermanos y hermanas indígenas sin perder sus costumbres ni tradiciones ancestrales. Hoy más que nunca, el movimiento indígena se encuentra fortalecido. Mis paisanos y paisanas caídos son un nuevo impulso en nuestro trabajo como Aidesep para salir adelante. Nos levantaremos por cada uno de nuestros muertos y resurgiremos mucho más fuertes, en su nombre, de nuestros pueblos y de la naturaleza.
Escrito por:
Richard Rubio. Vicepresidente, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep)
Ver también: https://larepublica.pe/opinion/2020/07/23/ley-piaci-y-escazu-urgente-aprobacion-por-richard-rubio/
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El acuerdo de Incazú completo: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf