El coronavirus no está controlado. Los nuevos contagios anuncian una profundización de la crisis económica. La política errada del régimen respecto del virus tiene consecuencia y no es un secreto. Los argumentos de Ortega de que los muertos no son tantos y que es el precio para mantener la economía parecen indecentes. Ortega lo puede justificar mientras sean otros los que enferman y mueren, otros los que se arriesgan atendiendo en los hospitales.

En estas condiciones hemos hecho pronósticos del costo económico de la pandemia: menos producción, más desempleo, menos ingresos de las familias, menos recaudación de impuestos, menos gasto; más fragilidad de los negocios, más debilidad de los bancos, las microfinancieras, las pensiones, etcétera.

El régimen especula de una posible recuperación de la actividad económica en el corto plazo. No puede especificar qué tipo de recuperación y en base qué habrá un crecimiento en los próximos meses. Hay mucha fantasía en las suposiciones del régimen.

Seguramente la recuperación, cualquiera que sea su magnitud y cuando sea que ocurra, será muy desigual. Esto definirá un escenario distinto al que se desprende del discurso oficial del régimen. En la predicción de los escenarios económicos y sociales que hace el régimen no puede eludirse el elemento de la incertidumbre de la salida a la crisis política; conviene no olvidarlo.

Todo esto repercute en la estructura social y productiva del país, en la fragilidad creciente que se extiende entre una gran parte de la población. No es posible avizorar ahora el detalle del grado de afectación del armazón social del país a raíz de esta crisis mixta: sanitaria, económica, social y política. Pero sí adelantar que será profunda y con efectos duraderos.

Tres razones básicas podemos señalar para comprender por qué Nicaragua se puede convertir en el centro centroamericano de la pandemia y que la crisis sanitaria será de larga duración.

La primera es la desigualdad, que carga en sus ancas, la corrupción, la debilidad de los servicios sanitarios y la pobreza estructural de más de la mitad de la población. Por ejemplo, de acuerdo a los datos oficiales de la Encuesta de Medición de Nivel de Vida de 2014, solamente el 62 por ciento de las familias totales del país, sumando todos sus ingresos, no podía obtener todos los 53 productos de la canasta básica. Después de once trimestres de recesión ese porcentaje se habrá incrementado hasta alrededor del 75 por ciento. Es decir, los recursos económicos de las familias se han hundido.

El segundo problema es la violencia policial y paramilitar, que ha desestructurado la sociedad y convertido a los poderes fácticos del estado-nación en espectadores cómplices del régimen Ortega-Murillo. La violencia policial y paramilitar no es una broma macabra, la actividad paramilitar ha eliminado las diferencias entre el poder mafioso y el poder del estado. Cada asesinato cometido, cada crimen contra los campesinos, cada delito contra las poblaciones originarias de la Costa Caribe y cada atentado contra los ciudadanos de las distintas ciudades del país ha gozado de la complicidad de los cuerpos armados y ha tenido la connivencia del régimen.

La tercera causa se deriva de las anteriores: un régimen cuyo modelo epidemiológico y las verdaderas cifras de contagiados y fallecidos han sido ocultadas y poca claridad en torno a la estrategia de futuro. Desde el inicio, no creyó en las pruebas como un método necesario para combatir el coronavirus y le apostó al cuestionado método de la “inmunidad de rebaño”. Desestimó la importancia del cubrebocas de manera masiva, el rastreo de los contagios y la importancia de aislarlos. Despreció las pruebas porque temía que fuera a revelar la extensión de la pandemia y consideró que las pruebas no eran necesarias para saber dónde están los focos de infección y poder contenerlos. No hubo un proceso de reconversión hospitalaria, ni entrenamiento del personal de salud o compra de ventiladores a tiempo.

Es decir, estamos en presencia de un régimen dictatorial, errático, inepto, incapaz no sólo de contener la pandemia sino de aceptar sus fracasos, con un mínimo de humildad. La crisis sanitaria muestra tanto la crisis de la gobernabilidad, como las consecuencias negativas de trece años de control dictatorial sobre las instituciones y contra la población. El régimen no gobierna, reprime.

La pandemia continúa creciendo. La curva de casos acumulados se mantiene al alza en números absolutos. El conflicto entre trabajar y arriesgar la salud y la vida o quedarse confinado se agrava a medida que transcurre el tiempo.

Todo indica que la pandemia durará hasta finales del 2020 o hasta tener la posibilidad de hacer uso de una vacuna; mientras tanto, el régimen Ortega-Murillo sigue sin tomar medidas para proteger el ingreso de los hogares, evitar la quiebra de empresas y mitigar la curva de contagios y muertes.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) le ha solicitado al Ministerio de Salud (MINSA) indicar dónde se ubican los brotes más fuertes de coronavirus para decretar medidas más fuertes en las zonas de contagios y que la población se proteja mejor.

En un país democrático, un presidente y partido de gobierno estarían horrorizados ante cómo se han desarrollado los contagios y fallecimiento productos del coronavirus. Reconocerían que tomaron una estrategia equivocada y de que es momento, cinco meses después, de corregir el rumbo y empezarían por tomar en serio las recomendaciones de los expertos de salud.

Los mensajes oficiales y oficiosos de personeros del régimen buscan azuzar a los sectores más atrasados del orteguismo mediante una imagen de prepotencia y bravuconería con el objetivo de evitar mayor erosión de sus bases y producir muy buenos resultados en las urnas en las elecciones de 2021.

¿Cómo podemos entender la respuesta inepta de Ortega-Murillo al coronavirus? Hay un núcleo subyacente de delirio, cinismo y crueldad total. Ni a Ortega-Murillo ni a su círculo íntimo del poder les importa mucho cuántos compatriotas mueran o sufran daños perdurables a causa del coronavirus, siempre y cuando que la política les permita permanecer en el poder.

En lugar de enfrentar la crisis sanitaria siguiendo las recomendaciones de los expertos, el régimen ha pasado en los últimos cinco meses tratando de hacernos creer que vivimos en la “normalidad”. Su preocupación ha sido salir de la recesión, aniquilar la protesta social y establecer las condiciones para un nuevo pacto con los poderes fácticos para permanecer en el poder.

A estas alturas está claro que la decisión de sacrificar vidas nicaragüenses para sacar ventaja política, desarticular los movimientos sociales, ha fracasado al sufrir las consecuencias su propia base social. Las encuestas nos demuestran que la negación de la dimensión de la pandemia no le ha producido ganancias políticas, el rechazo del régimen no ha dejado de empeorar.

La falta de una política nacional coordinada para hacerle frente al avance de la pandemia fue reemplazada por la política de la “guerra biológica” impuesta a partir de las oficinas de “El Carmen”, con la consecuencia que la tragedia crecerá más y más en el país. Los funcionarios del Ministerio de Salud tienen un solo objetivo: enmascarar la realidad.

En el ambiente nacional existe la sensación como si estuviéramos atrapados en un barco en alta mar, al mando de un capitán loco que insiste en dirigirse directamente al iceberg. Y su tripulación es demasiado cobarde para contradecirlo, muchos menos para amotinarse y salvar a los pasajeros.

El régimen Ortega-Murillo, por su incapacidad de ver la realidad, viendo no ve, oyendo no oye, escuchando no entiende. Se ha quedado ciego, sordo y mudo frente al crecimiento exponencial de la pandemia que se nos avisa.