La persecución instalada por la colonización española en el siglo XVI contra los guías espirituales mayas persiste en la actualidad. Mientras las iglesias cristianas demonizan las creencias indígenas, el Estado se beneficia de la conflictividad social y comunitaria para continuar con sus planes de despojo. En este marco, la hoguera que terminó con la vida del sabio maya es una expresión de las relaciones de poder desiguales y opresivas que atraviesan a Guatemala.

Debates Indígenas, 4 de agosto, 2020.- Las impactantes y violentas imágenes que captaron a varias personas con sus celulares durante el linchamiento del Aj Ilonel maya q’eqchi’ Domingo Choc Che, algunas partícipes directas y otras indirectas, convirtieron el delito en un grotesco espectáculo. Al principio, titulares nefastos como “Lo mataron por brujo” fueron reproducidos por los principales medios de comunicación del país y las redes sociales sin miramiento, reflexión o investigación. Más tarde, cuando se hizo público el aporte de Choc Che, la mayoría de los medios eliminaron sus notas. Este comportamiento evidencia la falta de investigación y la generalizada estigmatización de las prácticas espirituales mayas.

El linchamiento público del ajq’ij o sacerdote maya Domingo Choc Che, que además era un integrante activo de la Asociación de Consejos de Guías Espirituales Releb’aal Saq’e’, fue parte de un espectáculo comunitario que respondió a diversas causas. Por eso, debe ser analizado como parte de un proceso histórico violento que a nivel nacional busca mantener el orden dentro del caos provocado por el sistema económico y político, a través del uso de una retorcida versión de justicia popular y la ejecución pública que mantiene en constante conflictividad social a las propias comunidades. El asesinato evidencia la violación al artículo 36 de la Constitución de la República que garantiza la libertad de religión y establece que “toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado” garantizando “el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos”. Como está visto, en la vida cotidiana la constitución no se cumple.

 

Racismo y abandono estatal

Dentro de las investigaciones preliminares realizadas por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, se argumenta que la enfermedad y el fallecimiento (por causas que no informa el proceso de investigación) de un miembro de la comunidad tres días antes terminó siendo adjudicado a Don Domingo, un hombre reservado que sabía escuchar, que poseía amplios conocimientos de su entorno y estaba consciente de la destrucción imparable de los ecosistemas que proveen plantas medicinales a las comunidades. Allí radicaba su compromiso de cuidar, documentar y enseñar a las nuevas generaciones la protección de los bosques.

Sin evidencia, basados en rumores y replicando estereotipos, los hijos, hijas y familiares del fallecido acusaron a Choc Che de ser el responsable directo de haberle sembrado “un daño” a su padre, a través de la brujería. En ese marco, tomaron la decisión de rociarlo con gasolina y quemarlo vivo, mientras miembros de la comunidad reían o gritaban sin que nadie interviniera para detener o reflexionar sobre este hecho inhumano y deleznable.

De inmediato, el crimen revela la carencia del Estado en la aldea Chimay, ubicada en el Departamento de Petén, en donde viven aproximadamente 400 familias q’eqchi’ y el 71,38 por ciento de la población se encuentra en la pobreza. Ante este crimen surgen las siguientes preguntas: ¿dónde estaban las autoridades responsables de frenar los actos de tortura que comenzaron una noche antes cuando el señor Choc Che fue capturado y secuestrado? O quizá hay que retroceder un poco antes, ¿qué pasó con las autoridades de salud que debieron explicarles a los familiares los motivos de la muerte del vecino llevado al hospital de Poptún?

Fundado sobre bases racistas, el Estado guatemalteco se caracteriza por llegar a las comunidades para defender los intereses oligárquicos o de las empresas trasnacionales.

Asimismo, los sistemas de salud, educación y seguridad han contribuido a reforzar la noción de que la cosmología y epistemología indígena no existen o se reducen a supersticiones. Y esto a pesar de que durante más de una década, Choc Che formó parte de un equipo transdisciplinario de 16 científicos que investigaba la medicina ancestral maya y las plantas curativas junto a equipos de las universidades de Zurich, College London y la del Valle de Guatemala. Sin embargo, los aportes y conocimientos que Choc Che puso al servicio de su comunidad y de la ciencia universal no fueron suficientes: en pleno siglo XXI terminó calcinado en la hoguera por la persecución practicada desde la invasión española en 1524 contra los guías espirituales mayas y sus saberes.

La influencia de las iglesias pentecostales

En sus múltiples vertientes, el cristianismo sigue criminalizando la espiritualidad maya del mismo modo que lo hizo durante la colonia. Esta conveniente alianza entre Estado e Iglesia llevó a que los libros sagrados fueran quemados durante la invasión y que las y los ajq’ijab’ fueran masacrados durante el genocidio de 1980. Esta violencia se reproduce hoy en las iglesias cristianas que continúan demonizando las creencias indígenas.

De hecho, en la comunidad de Chimay existen siete iglesias protestantes, cinco de ellas neopentecostales, corriente que se ha caracterizado por su violencia ideológica y verbal hacia las personas que practican otras espiritualidades, y utilizan acusaciones que reducen la espiritualidad maya a prácticas de brujería. Por eso, en Guatemala y en toda América existen mega iglesias pentecostales construidas sobre montículos mayas o comunidades donde se criminalizan los conocimientos indígenas. La violencia contra los guías y sabios no es nueva, y se practica en todas las comunidades rurales y urbanas con total impunidad sin que el Estado actúe.

Hoy, como legado colonial supremacista se sostiene la creencia de que los indígenas son indómitos, ignorantes e irracionales. Esta narrativa de civilización y barbarie justificó campañas de control y asimilación durante el siglo XIX en América. Por prejuicios que se reproducen popularmente como “los mayas son violentos y hacían sacrificios humanos” o “los indígenas linchan gente e incluso a los suyos” se aporta a la práctica histórica de equiparar a los pueblos indígenas con “salvajes” que necesitan ser dominados, civilizados o exterminados.

El martirio al que fue sometido Domingo Choc Che materializa la permanente tortura que los descendientes de los mayas y xincas han enfrentado tras la instauración del colonialismo español en el siglo XVI.

Las actuales relaciones desiguales de poder se han nutrido del colonialismo económico, espiritual y cultural practicadas en diferente tiempos y que se reproducen en el presente de manera implacable. Especialmente con la instauración brutal de empresas trasnacionales que han llegado, desde 1997, para sembrar la división en las poblaciones indígenas urbanas o rurales.

Las divisiones generadas provocan una permanente violencia que es difícil de desactivar cuando los instigadores se convierten en actores que influyen en el Estado a nivel nacional e internacional para poder explotar los recursos de la región. Por eso, la conflictividad social y comunitaria que se extiende a lo largo de todo el país no es atendida: porque el Estado se beneficia del conflicto porque mientras los integrantes de las comunidades se enfocan en disputas menores, avanzan los planes legales o ilegales de despojo.

El cuerpo en llamas del señor Domingo, corriendo, gritando y buscando auxilio, recuerda que es un crimen que no debe volver a ocurrir.

Esto implica obligar al país a enfrentar la discusión de categorías que se asumen como tabús, como la de “brujería”, lo cual conlleva acciones estatales y comunitarias para que se desmitifique y se aborde qué es la brujería, si existe esta práctica en el país y, si existe, cómo diferenciarla de las prácticas espirituales de los pueblos mayas. Pero también hay que cuestionar y pedir castigos contra quienes desde un púlpito, ya sea una iglesia o un medio de comunicación, insisten en que los hombres o mujeres mayas practican brujería a través de sus ceremonias o invocaciones.

Señalar que las y los ajq’ijab’, y los mayas que practican su espiritualidad son “brujos” ha sido una peligrosa y malintencionada acusación que emana de boca de pastores protestantes, sacerdotes católicos, dirigentes mormones y testigos de Jehová. Estas acusaciones se ejercen porque el Estado permite que cualquier persona en las calles, mercados o espacios públicos se coloque un micrófono y despotrique con la biblia en mano contra quienes no piensan o no asumen su radicalismo.

De este modo, reproducen y abonan al racismo espiritual en contra de las poblaciones mayas, especialmente de quienes usan el calendario Tzolk’in como base de su acompañamiento y cumplimiento del deber que han asumido frente a sus comunidades.

Lo mismo ocurre con las iglesias “cristianas” que transmiten sus sermones a través de enormes bocinas que llegan más allá del espacio que la ley les permite. Sin respetar la diversidad, los niños y jóvenes, que viven en condiciones de pobreza económica o pobreza formativa, se ven obligados a escuchar dos o tres veces por semana las acusaciones públicas en contra de los practicantes de la espiritualidad maya.

 

Efectos de Estado colonial

¿Cómo no va a tener Guatemala generaciones de personas ladinas, mestizas e incluso mayas, xincas, garífunas y afrodescendientes que asimilen, crean e internalicen que la espiritualidad maya es en el fondo la práctica de una peligrosa brujería que puede matar a cualquier persona a través de “sembrarles enfermedades” o “pedirles males”? Sí eso han escuchado una y otra vez, durante su vida a través de autoparlantes. ¿Dónde está el Estado que debe controlar y hacer cumplir el artículo 36 de la Constitución para que ninguna iglesia, sin importar su denominación, viole o atente contra las otras prácticas espirituales? Sencillamente, el Estado laico no existe porque las máximas autoridades son las primeras en violar ese principio constitucional, al usar la presidencia como su púlpito privado.

Allí están los ejemplos del general José Efraín Ríos Montt, quien durante su presidencia de facto de marzo de 1982 a agosto de 1983, cada domingo obligaba a que todos los medios de comunicación se unieran en cadena nacional para emitir mensajes protestantes y moralistas. Otro caso es el de Jorge Serrano Elías, presidente entre 1991 y 1993, que usó su poder para impulsar a las iglesias protestantes en el país. Y un ejemplo más reciente es el del ex presidente Jimmy Morales, quien desmanteló la lucha contra la corrupción, dejó al país en la pobreza e impulsó permanentemente jornadas de oración dentro del Palacio Nacional y en la Plaza de la Constitución, junto a sus desayunos cristianos con el gabinete de gobierno.

Un delito ignominioso como un linchamiento público basado en el racismo y rumores no debe quedar impune ni puede reducirse a un simple crimen entre comunitarios o familias.

Finalmente, el martirio al que fue sometido don Domingo Choc Che debe de ser la semilla que permita en Guatemala abonar la discusión de temas que se consideran parte de la vida privada de las personas, pero que cotidianamente están atravesados por intereses políticos, económicos, raciales, religiosos, ideológicos o culturales. En este marco, un delito ignominioso como un linchamiento público basado en el racismo y rumores no debe quedar impune ni puede reducirse a un simple crimen entre comunitarios o familias. Al contrario, deben llevarnos a pensar en la refundación de la vida de un país que a lo largo de su historia ha sido mayoritariamente indígena.

Guatemala ha vivido toda su historia republicana sumida en políticas coloniales a pesar de que la colonia dejó de existir jurídicamente en el siglo XIX. Sin embargo, hasta la actualidad, los pueblos indígenas enfrentan y pagan con su vida la dureza que implica la pervivencia de prácticas basadas en relaciones de poder desiguales, raciales y opresivas, que son fomentadas por el fundamentalismo religioso, que surge ante la ausencia de un Estado laico.

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*Irma Velásquez es antropóloga social y periodista. Actualmente es profesora invitada Tinker en el Centro de Estudios de América Latina de la Universidad de Stanford.

*María Aguilar es historiadora maya-k’iche’ y candidata doctoral en el Departamento de Historia de la Universidad de Tulane. Se especializa en fuerzas de seguridad y violencia de Estado.