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Por Eduardo Gudynas*
3 de agosto, 2020.-
El estudio muestra que los avances de los extractivismos discurren por una paulatina y sostenida erosión y limitación en la salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas.
Se suman los reportes que advierten que la pandemia por la COVID-19 está golpeando a los pueblos indígenas en América Latina. No solo por sus efectos sanitarios, sino por la crisis política y económica que está ocasionando. Los repetidos anuncios de varios gobiernos de volver a promover los extractivismos como solución al colapso económico, generará todavía más impactos sobre las comunidades indígenas. Ese riesgo es mucho más grave de lo que se asume, ya que los actuales extractivismos solo pueden llevarse adelante quebrando las salvaguardas de los derechos y ejerciendo la violencia.
Durante mucho tiempo, buena parte de los debates se enfocaban en entender que ese tipo de problemas eran consecuencias ocasionales. Por ejemplo, en distintos países se alertaba que las perforaciones petroleras se violaban los derechos a la salud por la contaminación, o bien se denunciaban las golpizas de la policía en las marchas ciudadanas que protestaban ante un enclave minero. Las empresas y políticos respondían que esos eran “accidentes”, “fallas” o acciones inconsultas llevadas adelante por empleados desbocados a quienes rápidamente culpaban.
Al contrario de esas posiciones, debe quedar en claro que la adicción extractivista avanza gracias a continuados incumplimientos de las salvaguardas de los derechos y a crecientes usos de la violencia. No son ni accidentes, ni fallas, ni incumplimientos. Son elementos propios de los extractivismos de tercera y cuarta generación que se viven en América Latina.
Un reciente estudio para Bolivia, que por varias razones es el primero de su tipo en América Latina, muestra esa situación. A diferencia de muchos otros abordajes, se consideraron al mismo tiempo las vinculaciones entre extractivismos, derechos y violencia. Partiendo del gran abanico de derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado (aprobada bajo el primer gobierno de Evo Morales), se seleccionaron 20 de ellos por estar enfocados en cuestiones directamente vinculadas con la calidad de vida y el ambiente, y por esa razón son de relevancia ante los extractivismos. Son los derechos que por ejemplo aseguran el agua o la salud, la autonomía y autogobierno indígena para gestionar los recursos naturales en sus territorios, un ambiente sano y protegido, o las libertades y garantías esenciales para que las personas puedan proteger todo eso.
Al examinar lo que ocurrió en Bolivia entre 2006 y 2019, se encontró que todos esos veinte derechos son violados en los extractivismos en hidrocarburos, 18 en aquellos que son mineros, y 11 en los agropecuarios. Alrededor de las infraestructuras de apoyo que necesitan esos extractivismos se han incumplido al menos 16 derechos.
Reordenando los derechos fijados por el texto constitucional, incorporando aquellos que derivan de los convenios internacionales firmados por el país y los derechos de la Naturaleza (tomando como ejemplo a Ecuador), se llega a un nuevo total: 32. La revisión de los casos arroja similares resultados: todos esos derechos son violados en los extractivismos mineros, 30 en emprendimientos en hidrocarburos, y 28 para los agropecuarios.
Del mismo modo, en todos esos sectores aparece algún tipo de violencia. Desde aquella que afecta a las comunidades locales como el hostigamiento a grupos y personas que denunciaban la situación, desde el uso de las fuerzas policiales para ingresar a territorios indígenas a la recordada represión de una marcha indígena que defendía su territorio (el área protegida conocida como TIPNIS).
Estamos ante una dramática constatación: no existe ningún tipo de extractivismo donde no se haya violado algún derecho y no se ejerciera algún tipo de violencia.
En Bolivia existen múltiples derechos constitucionales específicos para los pueblos indígenas, tales como los que aseguran el autogobierno en sus territorios, asegurar que vivan en un ambiente sano, reconociendo la gestión autónoma y exclusiva de los recursos naturales renovable, el manejo y gestión del agua e incluso el respeto para aquellos pueblos no contactados, en aislamiento voluntario o en peligro de desaparecer.
El estudio muestra que todos ellos han sido incumplidos en al menos un caso de extractivismo petrolero, y casi todos en las explotaciones mineras.
Estos hallazgos se basan en una revisión de un amplio número de situaciones, y a partir de los testimonios de los propios afectados. En efecto, se consideraron 20 casos, la mayor parte de ellos provistos por los grupos participantes en la Alianza por los Derechos Humanos y el Ambiente que nuclea unas 50 organizaciones (desde la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia a grupos locales en todo el país).
Cuando esos casos se complementan con un examen de lo que ocurre en los demás países de América Latina, se confirma la asociación entre los incumplimientos de los derechos y la violencia. Ningún país está a salvo de ella, y en algunos es todavía más grave, como ocurre por ejemplo en Brasil y Colombia.
Esa evaluación, junto a muchos otros datos complementarios, acaba de publicarse en el libro Derechos y violencias en los extractivismos, que compartí con Oscar Campanini y Marco Gandarillas, a cargo de la editorial La Libre de Cochabamba.
Extrahecciones: un nuevo término
En el estudio se aplicó un nuevo concepto: extrahecciones. El término se deriva del latín extraher, y significa arrancar con violencia. Teniendo eso presente, las extrahecciones son los extractivismos que ocurren incumpliendo los derechos de las personas y de la Naturaleza y que se llevan adelante con violencia. Apelar al nuevo término no es una manía académica, sino que fue necesario precisamente para obligar a abordar esa íntima relación de la violencia, la ruptura de los derechos y los extractivismos. Son tres aspectos íntimamente vinculados entre sí, que no pueden separarse, y todos ellos enmarcados en “arrancar” los recursos naturales.
El término se deriva del latín extraher, y significa arrancar con violencia.
Existen situaciones apabullantes, como la contaminación por la minería en el Lago Poopo, el segundo lago más grande de Bolivia, ya que allí se violan todos los derechos a la salud y calidad de vida. Otros incumplimientos son insidiosos, y avanzan poco a poco, como vienen siendo los recortes en las medidas de protección de áreas naturales, como los parques nacionales, para permitir o tolerar el ingreso de los extractivismos, y que afectan sobre todo a comunidades indígenas.
En Bolivia, la ampliación de la frontera de extracción de hidrocarburos afecta a más de un tercio de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO); esa amenazada es todavía más grave en la Amazonia (13 de las 15 TCO tituladas tienen ahora bloques petroleros superpuestos).
También se encontró que la violación de los derechos discurre en dos planos directamente asociados. Por un lado, están los incumplimientos que se generan en los enclaves extractivismos, y por el otro, se violan los derechos de las personas que denuncian esas situaciones o defienden la salud y el ambiente. Son los casos de la represión a las protestas locales o los hostigamientos a líderes ciudadanos, intentos de clausurar sus organizaciones, e incluso amenazas de destierro como sucedió en Bolivia.
El estudio muestra la intensidad de esa problemática; por ejemplo, en la marcha indígena en defensa del parque nacional y territorio indígena conocido como TIPNIS, en 2011, tuvieron lugar al menos 13 actos de amedrentamiento contra las ONG y representantes indígenas. Además, frecuentemente son las mujeres las más afectadas pero eso es repetidamente invisibilizado. Por todo esto el incumplimiento es doble, tanto por los impactos de los extractivismos como por afectar a los defensores ambientales.
La violencia siempre está presente y en ello se cristalizan las extrahecciones. Existe una violencia física, como ocurre cuando se le da una golpiza a un campesino que defiende su territorio, pero también las hay sociales, religiosas o psicológicas, tal como la define la Organización Mundial de la Salud al incluir las afectaciones en la salud, bienestar psicológico o desarrollo personal. Siguiendo esa definición, aceptada por todos los gobiernos, la violencia no sólo ocurre cuando se concreta en una acción, sino que también se configura en la intencionalidad y el amedrentamiento.
El concepto de extrahecciones muestra una mutua alimentación entre sus componentes, ya que a medida que se incumplen derechos se agudiza el uso de la violencia, y esto a su vez desencadena nuevas violaciones de otros derechos. Comienza, por ejemplo, negando el acceso a la información o la participación, lo que es tolerado por muchos y denunciado por pocos. Esa impunidad permite pasar a violaciones más agudas, y así sucesivamente. Siguen, pongamos por caso, el hostigamiento de las organizaciones ciudadanas, y luego la criminalización de personas o grupos. Y así se llega a extremos como la represión de movilizaciones ciudadanas, como se ha vuelto tan común en América Latina, para desde allí seguir al asesinato de los líderes que denuncian los extractivismos, un drama que acosa sobre todo a Colombia y Brasil.
Según los reportes más recientes, en 2019 Colombia ocupó el primer lugar mundial en el número de asesinatos de defensores de la tierra (64), seguida por Filipinas (43) y Brasil (24) (los datos son de Global Witness). En 2019 se registró un aumento del número de asesinatos en todo el mundo en comparación con el año anterior; la principal causa es la resistencia a los extractivismos, especialmente mineros, y ello golpea sobre todo a comunidades campesinas e indígenas.
El nuevo libro es el primer estudio detallado que se hace sobre las extrahecciones en América Latina. Las situaciones revisadas en detalle para Bolivia y la información complementaria para los demás países muestra cómo se ha aceptado y naturalizado que la apropiación de los recursos naturales se haga con violencia e incumpliendo derechos. No son casos aislados ni siquiera consecuencias indeseables o accidentales. Son una condición previa, necesaria y repetida. Se recortan y debilitan las salvaguardas de derechos para imponer extractivismos de tercera y cuarta generación que, por sus impactos, no serían aceptables ni tolerables. Cuando se contamina o destruye la Naturaleza, se lo oculta; si la población se resiste, se aplica la violencia para acallarla.
Esas son las extrahecciones, las que, en suma, son mucho más que los impactos locales, ya que allí se expresan el debilitamiento de la justicia y una democracia incompleta sumergidas en la violencia. Bajo la actual pandemia, como los gobiernos una vez más buscan en los extractivismos la medicina para la crisis económica, las extrahecciones se multiplicarán en toda América Latina. Por esas razones deben ser identificadas y enfrentadas cuando antes.
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* Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Una primera versión fue publicada en el periódico Página Siete (Bolivia) y otra más ampliada en el portal Rebelión. El estudio completo se publicó en La Libre.