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El problema consiste en que tanto los demócratas en general como los de las izquierdas, al diseñar toda su estrategia política alrededor de lo electoral, se ven obligados a confiar y fortalecer la supuesta institucionalidad democrática, y quedan entonces subordinados a la fuerza de la tradición del capital y de la institucionalidad colonial que sólo ha cambiado de nombre (¡ni siquiera de forma!). ¡Ahí pierden!
Uribe “preso”, los demócratas colombianos y la asamblea constituyente
Fernando Dorado
Arañando el cielo y arando la tierra
https://aranandoelcieloyarandolatierra.blogspot.com/
Popayán, 7 de agosto de 2020
Inicio este artículo con un comentario fuerte y polémico. Aclaro, no es un recurso para llamar la atención. Corresponde a un sentimiento que vengo acumulando desde el mismo 4 de agosto del presente año cuando la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió orden de captura con detención domiciliaria contra el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez con cargos por fraude procesal y manipulación de testigos.
Es un hecho extraordinario en un país acostumbrado a la impunidad de los “de arriba” que debe ser valorado en toda su dimensión, sin exageraciones y falsas expectativas.
Me digo a mi mismo: Hay gente ingenua que cree que la justicia colombiana va a condenar “de casualidad” a Uribe al estilo como los gringos apresaron a Al Capone o como la oligarquía peruana detuvo a Alberto Fujimori, que son casos totalmente diferentes que muchos analistas utilizan como referentes. Anhelan que Uribe sea juzgado “de chiripa”, por “los laditos”, algo así como en un “juego de suerte”. ¡Qué ingenuidad! Juzgar de verdad a Uribe implica derrotar –de plano– a los EE.UU. y a toda la casta dominante colombiana.
La orden de detención domiciliaria
La orden mencionada hace parte de un proceso jurídico originado por el mismo Uribe cuando denunció al congresista Iván Cepeda Castro de sobornar y manipular a testigos del caso de paramilitarismo que compromete a su hermano Santiago y a la hacienda “Guacharacas” de propiedad de la familia Uribe Vélez. Es una decisión preventiva (cautelar) dirigida a evitar la interferencia del poder político y estatal del ex-mandatario (Duque es su pupilo) en la siguiente fase de investigación y juicio que ha iniciado ese organismo judicial con base en una amplia recopilación de pruebas documentales y testimoniales.
Ese fallo es una acción similar a la que se emitió contra Andrés Felipe Arias (alias “uribito”) por razones similares con el argumento de que el acusado podría huir o influir en su favor en el proceso. Entonces, hubo rechazo y frustración entre los sectores democráticos del país, mientras ahora, se ha desencadenado un total apoyo basado en la llamada separación de los poderes y en la aspiración de que la “independencia de la justicia” se haga realidad.
Ni Colombia ni la justicia son independientes
Es importante, por otro lado, recordar que la historia de la justicia en Colombia ha sido bastante negativa, por parcializada y subordinada al poder y al capital (como en todo el mundo). En muy pocas ocasiones los órganos judiciales han sido independientes; prueba de ello es que los autores intelectuales de los crímenes de lesa humanidad cometidos a la sombra del Estado desde mediados del siglo XX, nunca han sido enjuiciados ni condenados. Los llamados “perpetradores de alto nivel” jamás han sido siquiera “tocados”.
Éste caso –el de Álvaro Uribe Vélez– pareciera ser el primero de ese tipo, y ello explica las reacciones, totalmente sobredimensionadas, desde mi punto de vista, tanto por quienes adversan la decisión como por los que la apoyan.
En este sentido es necesario insistir en que Colombia nunca ha sido un país autónomo e independiente. Siempre un Imperio, sea el español o el inglés y desde principios del siglo XX, el norteamericano, han determinado el actuar de las llamadas “instituciones nacionales” y nada se ha hecho sin su aprobación. Aun así, se ha creado el mito de la “democracia más estable de América Latina”.
Además, en la actual coyuntura también es importante traer a la memoria que Álvaro Uribe Vélez tuvo el apoyo total del gobierno de los EE.UU., de sus agencias de inteligencia y de numerosas empresas transnacionales para ensangrentar a Colombia durante más de 3 décadas (que fue continuidad de lo que se inició con el asesinato de Gaitán en 1948), con la participación de la mayoría de la clase dominante de este país. Él fue la cabeza de esa campaña criminal pero no actuó solo; fue una verdadera alianza mafiosa transnacional la que se ensañó contra el pueblo colombiano y lo llevó a una situación de absoluta indefensión y parálisis, aprovechando los graves errores políticos cometidos por la insurgencia colombiana.
Por todo lo anterior, es claro que el principal “capo” mafioso y paramilitar de Colombia (Uribe) tiene muchas formas y herramientas para chantajear a todos sus cómplices y va a librarse de cualquier condena en su contra. Y por ello, la batalla para lograr que sea procesado y penado por sus crímenes implica mucho más que apoyar a unas precarias instituciones “democráticas” y requiere desarrollar con consistencia un movimiento social y político que comprenda y aborde la complejidad del asunto.
El derrotismo de los sectores democráticos y la situación actual
A los demócratas colombianos, especialmente a los de las izquierdas, les quedó el complejo de culpa de haber perdido con Uribe una confrontación que –en últimas– no decidía nada importante para el país como era la oficialización de la entrega y desmovilización de las Farc sin modificar ni el modelo de desarrollo dependiente y neoliberal y menos la estructura capitalista y colonial del Estado colombiano.
Esas fuerzas políticas no han evaluado a fondo las causas que llevaron a la derrota del “SI” en el referendo de la “paz” de octubre de 2016. Por ello, a pesar de que amplios sectores populares han mostrado en los últimos años un creciente distanciamiento de las políticas impuestas por el gran capital, dichos sectores políticos no logran entender la dinámica del momento.
Es indudable que tanto en el terreno de lo político “real” (conciencia) como de lo “formal” (electoral), las manifestaciones de rechazo a los partidos tradicionales y del establecimiento neoliberal (incluyendo al uribismo) ha venido expresándose de muchas maneras.
En las elecciones presidenciales de 2018 el uribismo tuvo que hacer grandes malabares para hacerse con la presidencia “en cuerpo ajeno” y solo fue la división de las fuerzas democráticas lo que permitió que Duque fuera elegido. Y en las elecciones regionales y locales de octubre de 2019 esa tendencia se fortaleció.
Además, el llamado “paro nacional” que se realizó entre el 25 de noviembre y el 20 de diciembre de ese mismo año demostró esa inconformidad, fue una masiva protesta que contó con el apoyo y la participación de amplios sectores sociales, especialmente de importantes niveles de las clases medias de las grandes ciudades, entre las cuales se destacó la movilización creativa y versátil de los trabajadores que identifico como “profesionales precariados”.
El problema consiste en que tanto los demócratas en general como los de las izquierdas, al diseñar toda su estrategia política alrededor de lo electoral, se ven obligados a confiar y fortalecer la supuesta institucionalidad democrática, y quedan entonces subordinados a la fuerza de la tradición del capital y de la institucionalidad colonial que sólo ha cambiado de nombre (¡ni siquiera de forma!). ¡Ahí pierden!
La propuesta uribista de una Asamblea Constituyente y cómo “cogerles la caña”
En Colombia se dice “coger la caña” a lo que en otras partes del mundo se denomina “tomar por verdad lo que el otro dice”. “Coger por la palabra al contrario y colgarlo con ella”, decía un teórico y político famoso cuando proponía hacer un ejercicio táctico como el que propongo se debería realizar en esta coyuntura colombiana.
Pues bien, algunos sectores uribistas desesperados por lo que está ocurriendo con la detención de Uribe y con lo que avanza con la Jurisdicción Especial de Paz, han lanzado la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente con la tarea exclusiva de “reformar la justicia”, a lo que le agregan su propuesta de “unificar y crear una sola Corte, y de paso, acabar con la JEP”.
Pienso que las fuerzas democráticas deben superar su derrotismo y creer en su propia fuerza. Sin abandonar la presión sobre la Corte Suprema de Justicia y la estrategia jurídica que ha encabezado el senador Iván Cepeda Castro, pienso que debe evaluarse la posibilidad de aceptar el reto de la convocatoria de Asamblea Constituyente planteado por el Centro Democrático (uribismo) pero proponerla con un sentido amplio para abordar todos los temas importantes y trascendentales para el país, el pueblo y los trabajadores.
Se trataría de abrir el panorama político y constitucional para debatir los graves problemas que tiene la nación en el terreno del modelo productivo dependiente y extractivista, el poder omnipotente de la banca y el sistema financiero, el monopolio de la tierra y la terrible depredación de nuestros recursos naturales, y demás problemas estructurales acumulados a lo largo de 3 décadas de neoliberalismo y toda una historia de economía y poder colonial-capitalista.
En forma resumida planteo lo que podrían ser logros para nuestro pueblo y país si se impulsara una propuesta de este tipo:
Finalmente, es muy importante concluir que debemos rechazar con todas nuestras fuerzas la idealización de las llamadas instituciones democráticas, olvidando la historia y los intereses imperiales y oligárquicos que siempre no sola han subordinado a esos organismos judiciales sino que han violado las normas, leyes, Constituciones, y han recurrido a la violencia y al crimen para impedir que el pueblo defina su destino.
Y es necesario reiterar una verdad que es fundamental en el momento actual: Todo lo que debilite la confianza, voluntad y fuerza organizada del pueblo es ganancia para sus enemigos. ¿Confianza en la justicia?