El pasado 22 de agosto fueron atacadas e incendiadas dos bodegas y tiendas de café de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Cuxuljá, Chiapas. Esta última provocación fue el corolario de un sistemático acoso contra los zapatistas que se incrementó en los últimos meses y que incluye ataques armados por parte de la Orcao, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo que devino hace varios años en grupo paramilitar.

No se trata de un hecho aislado. Tampoco de un mero “conflicto agrario” entre indígenas, como se ha querido presentar. En realidad, es parte de una embestida contra el EZLN que tiene varios frentes. El de la Orcao junto con los Chinchulines y la reaparición de Paz y Justicia es apenas uno, importante porque es el resurgimiento del paramilitarismo que busca abrirse paso en el propio territorio zapatista.

Chiapas es el estado más militarizado del país, como dimos cuenta en esta información sobre la militarización de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Península de Yucatán. En la entidad estaban desplegados, hasta el año pasado, y de acuerdo con información del propio gobierno federal, 11 mil 968 efectivos militares: cantidad muy por arriba de los estados donde los cárteles del narcotráfico dominan regiones y protagonizan matanzas, como Durango (con un despliegue de 4 mil 53 elementos), Sonora (6 mil 516) o Chihuahua (7 mil 279).

Además, la Guardia Nacional pretende construir cuarteles dentro de los propios municipios autónomos zapatistas o zonas con bases de apoyo, dentro del perímetro de los municipios oficiales de San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Huehuetán, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, Pichucalco y Bochil.

Pero a los flancos armados que se ciernen sobre el EZLN se agregan los políticos, económicos y mediáticos. Los zapatistas constituyen, desde la izquierda, una de las oposiciones frontales a la “cuarta transformación”. Como hemos dicho en este espacio, se trata de las oposiciones reales porque son de carácter antisistémico y anticapitalista.

Los zapatistas han sido desterrados de los medios de comunicación y, desde la emisión de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, sometidos a una campaña de denostación precisamente porque representan un proyecto diametralmente opuesto al de los partidos de todo el espectro político electoral.

Panistas, priístas, morenistas y adláteres ven al EZLN como el mayor escollo para los megraproyectos en que ellos sí están de acuerdo: el Tren Maya, el Corredor Transístmico, el Proyecto Integral Morelos, la Refinería en Dos Bocas y el de un nuevo Aeropuerto Internacional (unos dicen que en Texcoco, otros que en Santa Lucía).

No es que el EZLN sea la única organización que se opone al proyecto morenista desde a izquierda, pero es parte sustancial del Congreso Nacional Indígena (CNI), con presencia en toda la República que actúa bajo la estructura del Conejo Indígena de Gobierno (CIG). La fuerza social que puede aglutinar es mucho mayor que las que ha ensayado la oposición de derecha.

Lo que no han logrado los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto frente al EZLN, la “4T” cree que sí lo puede hacer: replegarlo, reducirlo y fragmentarlo. Por ello, en el guion, el paramilitarismo es fundamental.

Los grupos paramilitares (Orcao, Chinchulines y Paz y Justicia) fueron priístas mientras el PRI detentó el poder en el estado. Luego fueron “ecologistas”, cuando el gobierno estuvo a cargo del PVEM. Hoy se asumen “morenistas” porque Morena gobierna el estado y el país. Siempre con el poder, siempre con protección. ¿Les alcanzará la impunidad comprada en el proceso electoral pasado para seguir atacando a las bases zapatistas? ¿Veremos a Morena pintar su raya con estas organizaciones o les permitirá que sigan actuando en su nombre?

¿Qué buscan los perpetradores y los autores intelectuales de estos ataques? ¿Quieren que el EZLN responda a las agresiones armadas de la Orcao, Chinchulines, Paz y Justicia y compañía? ¿Cegados por la soberbia piensan que pueden reducir al zapatismo en Chiapas y en México? La prudencia y la inteligencia están del lado de los zapatistas. El zapatismo no sólo está en Chiapas. Vive en las comunidades indígenas y campesinas de las 32 entidades de la República.

Fragmentos

Comunidades nahuas, me’phaa, na’savi, afromexicanas y mestizas de las regiones de Costa Chica y Montaña de Guerrero iniciarán la próxima semana una caravana rumbo a la Ciudad de México. Coordinadas en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), romperán el cerco narcoparamiliitar que padecen y del que hemos dado cuenta en Contralínea. Llegarán hasta el Zócalo para solicitar audiencia con el presidente y demandar: medidas cautelares para promotores del Cipog-EZ ante el asedio del cártel de los Ardillos; alto a la guerra paramilitar desatada contra las comunidades del EZLN, el CNI-CIG y el Cipog-EZ; construcción de escuelas, casas de cultura y caminos para las comunidades marginadas de Guerrero, y apoyo a cooperativas de trabajo… Luego del anuncio gubernamental de la construcción de un “Parque Ecológico” en el lago de Texcoco, los pueblos de la ribera llamaron a retomar el proyecto #ManosALaCuenca, que fue construido hace 2 años “junto con expertos y científicos, a ras de tierra y desde los pueblos”. Consideran que la propuesta del gobierno federal “se queda corta” ante la destrucción que causaron las obras de lo que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). El pasado miércoles, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra exigieron la restitución de las tierras de los ejidatarios que quedaron detrás de la barda perimetral, especialmente el Lago de Xalapango, y detener los proyectos complementarios del NAICM que todavía operan y dividen las tierras de los pueblos, como la Autopista Peñón-Texcoco… Se encuentra desaparecido, desde el 23 de agosto, Octavio Ruiz Sántiz, estudiante de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek. Se le vio la última vez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En la búsqueda del normalista, las autoridades del gobierno estatal y de la Fiscalía General del estado deben aplicar de manera inmediata el protocolo homologado para personas desaparecidas, conforme a la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, demanda el abogado Víctor Rogelio Caballero Sierra, del Colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos.