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Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones defensoras del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) una disculpa pública por las agresiones directas que emitió en su conferencia de prensa el pasado 28 de agosto, cuando las acusó de recibir fondos extranjeros «para oponerse a la construcción del Tren Maya» y las llamó «benefactores y opositores».
«Ante el libre ejercicio del derecho al acceso a la justicia, el gobierno federal ha iniciado una campaña de deslegitimación del trabajo de las organizaciones civiles, a través de agresiones a organizaciones defensoras e indígenas, y, de manera reciente, a través de una campaña mediática que pretende hacer ver la cooperación internacional como ilegal», denunciaron en un comunicado el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, las organizaciones Diálogo y Movimiento e Indignación, así como la Fundación para el Debido Proceso Legal.
Las organizaciones lamentaron que el gobierno federal criminalice el trabajo de defensores indígenas y de las organizaciones de la sociedad civil y recordaron que quienes se han opuesto a los megaproyectos han sido objeto de múltiples agresiones e intimidaciones, las cuales incluso han llevado a su encarcelamiento y hasta su ejecución.
«Atacar la labor de las organizaciones de derechos humanos no solo implica una grave violación al universal derecho a defender los derechos humanos, sino también tiene como objetivo invisibilizar que son las y los integrantes de las propias comunidades quienes se oponen a un proyecto que impactará de manera irreparable su territorio y forma de vida», añadieron.
Las organizaciones atacadas por AMLO aseguraron que continuarán con su labor de defensa del territorio y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas frente a la imposición de megaproyectos como el Tren Maya. «Seguiremos alzando la voz cada vez que se cometen violaciones de derechos humanos, cada vez que una personas defensora sea agredida, cada vez que un ecosistema sea degradado. Nuestro trabajo nos acredita», indicaron.
Por otra parte, agradecieron las muestras de solidaridad y respaldo a su labor que han recibido tras las declaraciones de AMLO, entre las que se ecuentra el pronunciamiento de organizaciones indígenas de Oaxaca, como la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y Consorcio Oaxaca, y activistas.
En el pronunciamiento, las organizaciones y colectivos de Oaxaca recordaron que muchas de las actividades en favor de los derechos de los pueblos y las personas vulnerables son voluntarias o con el apoyo de la solidaridad internacional, que en muchos países está regulada a través de lo que se conoce como cooperación internacional.
Frente a las declaraciones de AMLO, señalaron que «la posición del actual gobierno federal es una expresión propia a un régimen autoritario, el cual busca imponer sus proyectos en alianza con empresas con una larga trayectoria de corrupción, despojos y violación a los derechos de los pueblos originarios en México y otros países, proyectos que son solo la continuación de los proyectos neoliberales».
Por ello, repudiaron «la escalada de descalificación y provocación montada por el gobierno federal contra las organizaciones y comunidades que defienden de diversas maneras los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos mayas de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, sus comunidades y sus habitantes».
A continuación el comunicado completo de las organizaciones atacadas de la Península de Yucatán:
En respuesta a las acusaciones realizadas por el presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, y por Jesús Ramírez Cuervas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, en contra de las personas defensoras indígenas y de las organizaciones sociales que suscribimos el presente comunicado, deseamos, en primer término, agradecer las múltiples muestras de solidaridad y apoyo que hemos recibido por parte de personas y organizaciones a nivel nacional e internacional.
Asimismo, deseamos responder lo siguiente:
El disenso es legítimo y deseable en una democracia, en un marco institucional y de respeto mutuo. Cualquier mexicano y mexicana que considere que un acto de autoridad viola sus derechos humanos, está en su derecho de ejercer una legítima defensa legal, ya sea de forma individual o colectiva. Estos y otros derechos no sólo están consagrados en la Constitución federal sino que, además, son compromisos internacionales asumidos libre y soberanamente por México y frente a los cuales, esta administración tiene la obligación legal de cumplirlos y respetarlos.
Los megaproyectos han explotado y destruido los territorios de los pueblos indígenas, reduciendo su autonomía, sus ecosistemas y el goce y disfrute de sus derechos humanos. Las personas y colectivos defensoras indígenas que se han opuesto a los megaproyectos han sido objeto de múltiples agresiones e intimidaciones que en algunos casos han llevado a su encarcelamiento y hasta su ejecución, como se ha documentado ampliamente[1].
El Tren Maya es un megaproyecto[2] que representa graves riesgos e impactos ambientales, sociales económicos y patrimoniales, como ha sido advertido por comunidades, académicos, organizaciones e incluso por instancias del mismo gobierno federal. Asimismo, no fue decidido por el pueblo maya, ni por otro pueblo indígena mexicano, sino que se realizó una consulta sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos[3]; el mismo nombre busca apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya, con el propósito de hacerlo más amigable. Frente a estas violaciones de derechos humanos, han sido varias comunidades indígenas quienes, en ejercicio de su derecho a defender su territorio, han decidido impugnar, con el acompañamiento de las organizaciones civiles, este proyecto.
Ante el libre ejercicio del derecho al acceso a la justicia, el gobierno federal ha iniciado una campaña de deslegitimación del trabajo de las organizaciones civiles, a través de agresiones a organizaciones defensoras e indígenas, y, de manera reciente, a través de una campaña mediática que pretende hacer ver la cooperación internacional como ilegal. La Fiscalía General de la República y otras instituciones han recibido el pasado 17 de agosto una denuncia en contra de organizaciones que se han manifestado críticamente ante el proyecto Tren Maya[4].
Atacar la labor de las organizaciones de derechos humanos no solo implica una grave violación al universal derecho a defender los derechos humanos, sino también tiene como objetivo invisibilizar que son las y los integrantes de las propias comunidades quienes se oponen a un proyecto que impactará de manera irreparable su territorio y forma de vida. Reiteramos que los amparos interpuestos en contra del proyecto Tren Maya por parte de personas indígenas de varias comunidades de la Península constituyen un camino dentro del marco institucional, para oponerse a un proyecto que viola los derechos humanos al territorio, un medio ambiente sano, al agua, al consentimiento libre, previo e informado, a la salud, a su vivienda, a su hábitat y a la vida.
Personas de diversos sectores sociales, particularmente personas defensoras indígenas y rurales, así como organizaciones de la sociedad civil, hemos enfrentado ataques, persecuciones, criminalizaciones, ejecuciones, agresiones, así como intentos de deslegitimación y estigmatización. El CEMDA ha documentado más de 500 agresiones desde enero de 2012 hasta diciembre de 2019[5]. En este contexto, lamentamos que la administración gubernamental actual criminalice el trabajo de las personas defensoras indígenas y de las organizaciones de la sociedad civil[6]. Queremos enfatizar que nuestro trabajo en décadas ha sido en favor de los derechos humanos, el bienestar de las personas y comunidades, y de todos los seres vivos con los cuales coexistimos en este planeta, muchas de estas acciones relegadas o abandonadas por el Estado.
La cooperación internacional para el desarrollo es legal, así como los donativos de particulares, empresas y fundaciones nacionales e internacionales. Es un derecho humano la solidaridad entre los pueblos y estos trascienden a sus gobiernos. En este sentido, el propio gobierno mexicano hace uso de la cooperación internacional y otorga recursos para la defensa de derechos humanos. Los recursos económicos con los que trabajamos siempre han sido transparentes y tienen como propósito fortalecer las capacidades para la exigibilidad y defensa de los derechos humanos de las personas y colectivos. Cumplimos en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales, y somos frecuentemente auditados sobre el destino de estos recursos, ejercemos nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones conforme al derecho mexicano.
Seguiremos alzando la voz cada vez que se cometen violaciones de derechos humanos, cada vez que una personas defensora sea agredida, cada vez que un ecosistema sea degradado. Nuestro trabajo nos acredita: actualmente, trabajamos con comunidades campesinas e indígenas en temas como la regularización de la tenencia de la tierra, en la regulación de su vida interna, en la excarcelación de presos y presas indígenas, en capacitación de intérpretes traductores indígenas, en la capacitación en derechos humanos en general por la contaminación del agua por glifosato, la explotación minera y afectaciones de proyectos de energía, el fortalecimiento de capacidades locales para el control de los bienes comunes y del territorio, entre muchos otros.
Exigimos del Presidente de la República una disculpa pública por las agresiones directas dirigidas a las Organizaciones de la Sociedad Civil que hemos trabajado en defensa de los derechos humanos de todos y todas, emitidas por él en su conferencia de prensa. De su gobierno y autoridades de todos los niveles de gobierno, exigimos el respeto a las garantías a los derechos humanos de las personas defensoras, especialmente de quienes defienden su autonomía y libre determinación, su territorio, su medio ambiente y sus bienes naturales. En particular, solicitamos a la Fiscalía General de la República el estricto apego al Estado de Derecho y a los derechos humanos en las investigaciones que se hayan eventualmente comenzado en contra de las personas defensoras, sin que sean utilizadas como mecanismos de criminalización e intimidación.
Ver video de la conferencia de prensa
Atentamente,
Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil A.C.
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
Diálogo y Movimiento A.C.
Indignación A.C.
Fundación para el Debido Proceso Legal A.C.
[1] Global Witness solo en 2018 ha documentado el asesinato de 18 personas defensoras ambientales en Mexico. Informe consultable en https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/
[2] El proyecto de desarrollo llamado “Tren Maya” plantea la construcción de infraestructura vial y ferroviaria como motor del desarrollo inmobiliario, comercial y turístico de la Península de Yucatán. El proyecto comprende, entre otros, 1,460 kilómetros de ferrocarril de velocidad media (su velocidad máxima será de 160 km/h para pasajeros y 120 km/h para carga), varias estaciones de ferrocarril, infraestructura vial, acueductos, gasoductos y nuevos centros de población y polos de desarrollo.
[3] Comunicado de Prensa de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “El proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia: ONU-DH”, 19 de diciembre de 2019.
[4] Información visibible en https://www.facebook.com/comitecalakmulprodefensa/posts/128686482266068
[5] Informe visible en https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/informe-personas-defensoras-2019.pdf
[6] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “los funcionarios públicos deben de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos” (CIDH, 2019).
Ricardo Ruiz
Tel. 5559644162
ricardo_ruiz@cemda.org.mx
A continuación el comunicado completo de la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio:
AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
AL PUEBLO DE MEXICO
Las organizaciones indígenas, campesinas y urbanas, de la sociedad civil que abajo firmamos, manifestamos nuestro enérgico repudio a la escalada de descalificación y provocación montada por el gobierno federal contra las organizaciones y comunidades que defienden de diversas maneras los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos mayas de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, sus comunidades y sus habitantes.
Para el Presidente de la República solo hay liberales y conservadores, en nuestro aporte a su comprensión de la realidad queremos decirle que nosotros no encuadramos en ninguna de esas categorías, los pueblos indígenas somos comunales y en consecuencia no comulgamos con las propuestas de desarrollo capitalista que se fundamentan en la propiedad privada.
Funcionarios de la ONU afirman que “La estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos y de su actividad contribuye a la percepción de que los defensores y las defensoras son blancos legítimos para abusos por parte de actores estatales y no estatales”, calificarlos como: “radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores” fue una de las causas que provocó el asesinato de Samir Flores, no lo olvidamos.
La defensa de los territorios indígenas que hoy se expresa a lo largo y ancho del territorio nacional a contra corriente de las políticas públicas es una apuesta por la vida de los pueblos, las personas y la biodiversidad circundante, sabemos que eso que el capital llama desarrollo se ha convertido en miseria para los habitantes de los lugares donde se establece y enriquecimiento de unos cuantos depredadores, el ejemplo de Cancún está a la vista.
La posición del actual gobierno federal es una expresión propia a un régimen autoritario, el cual busca imponer sus proyectos en alianza con empresas con una larga trayectoria de corrupción, despojos y violación a los derechos de los pueblos originarios en México y otros países, proyectos que son solo la continuación de los proyectos neoliberales.
A la ciudadanía en general queremos comunicarles respetuosamente que muchas de las actividades que realizan las organizaciones en todo el mundo, las hacen ante la falta de reconocimiento e implementación de derechos y en consecuencia ante la ausencia de políticas públicas que los garanticen. En el caso de México y de la Península de Yucatán en particular existe una violación sistemática a los derechos de los pueblos indígenas, como se ha señalado en múltiples ocasiones.
Muchas de las organizaciones y personas que trabajan en favor de los derechos de los pueblos y las personas vulnerables lo hacen a través de actividades voluntarias, o con el apoyo de la solidaridad internacional, que en muchos países está regulada a través de lo que se conoce como cooperación internacional.
En nuestro país existe una Ley de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil que regula el funcionamiento de éstas y que entre otras cosas les otorga el derecho de recibir financiamiento internacional. La exhibición pública por parte del presidente y su vocero de los recursos que les fueron otorgados por diversas fundaciones internacionales es un acto grotesco que lo único que pretende es denostarlas, cuando es evidente que las actividades que ellas realizan son legales, aunque causen incomodidad al presidente.
La existencia pública de organizaciones civiles y sociales ha sido un avance en la democratización de nuestro país, recordemos que, en los años más obscuros, si eras crítico del PRI, podías ser sujeto de desaparición, tortura o asesinato extrajudicial por los organismos de seguridad del Estado encargados del control político de la disidencia, incluido el ejército.
Este gobierno, como de diversas formas lo intentaron antes gobiernos priístas y panistas, se ha fijado como uno de sus objetivos la aniquilación de las organizaciones y movimientos que sean piedra para su zapato; olvida que muchos de sus funcionarios fueron formados en las filas de la sociedad civil, a la cuál ataca y difama por defender la vida y no estar de acuerdo con sus proyectos de muerte, este es el rostro autoritario de la Cuarta Transformación.
ORGANIZACIONES:
Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT)
Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca
Asesoría Integral y Litigio Estratégico a Pueblos Originarios A.C. (ASER-LITIGIO)
Binigulazaa/AIPIN
Centro Calpulli A.C.
Centro Comunitario de Aprendizajes Autónomos
Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C.
Centro de Derechos Humanos- Tepeyac
Centro de derechos Indígenas Flor y Canto A.C.
Centro de Estudios-Magisterio por la Autonomía y Educación Emancipadora y Comunal (CE-MAEEC)
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano
CDH – Espacios para la defensa, el florecimiento y apoyo comunitario
Codigo DH A. C.
Colectivo IngeniumMex (Xalapa, Ver.)
Colectivo Mujer Nueva
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios
Colectivo por la Autonomía (COA)
Colectivo Xa’aybej por la Defensa del Territorio
Comité Damián Gallardo Martínez
Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI)
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas
Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar
Consorcio Oaxaca
Corriente del Pueblo Sol Rojo
DECA Equipo Pueblo
Enlace Comunicación y Capacitación A.C.
Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca
Espiral por la Vida, A.C.
Exótica Textiles Cooperativa
Frente de Ejidos y Colonias del Istmo en resistencia
Fuerza Social Choapense, A.C.
Grupo Solidario La Venta
Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)
Ka Kuxtal Much Meyaj A.C
Luna del Sur
Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) Oaxaca
Movimiento México Despierta, A.C.
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO)
Pobladores Oaxaca
Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta
Radio Huave 94.1 FM San Francisco del Mar
Resistencia Civil del Istmo. Oaxaca y Veracruz
Resistencia Civil contra altas tarifas de Agua Dulce Veracruz
Sección XXII del SNTE
Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER)
Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA)
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas – Oaxaca
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)
Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez Oaxaca, S.C. (UNOSJO)
UniTierrA Oaxaca
Yureni A.C.
Yunhis Espacio Alternativo, Oaxaca
PERSONAS:
Alexandre Beaupre
Alvaro Salgado, CENAMI
Antonio Vargas, Radio Universidad de Oaxaca – Programa Regiones Indias
Ana Esther Ceceña, Observatorio Latinoamericano de Geopolitica, UNAM, Mexico
Carlos Chablé Mendoza
Edith Morales, Artista
Emmanuel González Ortega, UAM Xochimilco
Felipe Dahl-Bredine
Fermín Ledesma Domínguez, UAM Xochimilco
Fernanda Paz, CRIM, UNAM
Georgina Rosado Rosado
Greogorio M. Vasquez Canche, Promotor Maya
Isaac Torres LIMEDH Oaxaca
José Rodríguez, CECOSATI
Juan Carlos Julián Morales, Biólogo Social
Mercedes García Lara
Ramón Vera Herrera, Editor de Ojarasca
Rosa Odavia Ángeles C.
Silvia Ribeiro, Grupo ETC
Verónica Briseño, Aula Verde A.C.