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En Colombia, el 1 por ciento de la población se adueñó de todo. Los demás, reciben un ingreso fijo y la gran mayoría, solo el SMLV o menos o nada. El gobierno y los gremios suelen divulgar sin ninguna vergüenza las cifras del crecimiento económico del país y las utilidades billonarias de algunos sectores como el bancario y el energético. Sin embargo, nunca se atreven a difundir con igual intensidad las cifras de la distribución de la riqueza o de la disminución de la pobreza. Claramente, porque buscan ocultar la enorme inequidad que se presenta en nuestra patria.
Muchos colombianos están desempleados, además se encuentran endeudados y la gran mayoría se halla entre la espada y la pared debido a los altos precios que pagan por los diferentes productos y por los exorbitantes impuestos que tributan, algo que contrasta con los bajos salarios que perciben y con su precaria calidad de vida. De hecho, una gran cantidad de ciudadanos no tiene servicio de salud, tampoco acceso a la educación, menos aún una vivienda digna y ya ni siquiera se van a poder pensionar. Una dura realidad que se está empezando a evidenciar y que es la principal razón del Paro Nacional.
Y es que la situación es verdaderamente preocupante, el desempleo ya supera el 20 %, pero todos sabemos que es mucho más alto aunque el Dane diga lo contrario. Lo anterior, puesto que se están midiendo actividades propias del subempleo como si fueran formales y se está ignorando el impacto de la llegada masiva de ciudadanos venezolanos al mercado laboral colombiano. Además, no se está teniendo en cuenta la enorme dificultad que tienen algunos segmentos de la población para ser contratados como son las personas que superan los 40 años de edad, los profesionales que carecen de experiencia laboral y algunas comunidades excluidas tradicionalmente como son los afros, los indígenas y las colectividades LGBT.
Una de las causas que ha contribuido al declive de la economía y por la que se están quejando muchos empresarios, es porque toda la inversión extranjera directa que llegó gracias al proceso de paz que realizó el anterior gobierno, la está espantando la actual administración por su alta beligerancia. Lo anterior dado que ningún empresario arriesgará su capital en un país cuyo propio presidente, no hace más que promover la guerra. Como efecto, los capitales que llegaron en los últimos años se están yendo a otros lugares, dejando a muchos socios y proveedores nacionales en la bancarrota y a sus colaboradores sin trabajo.
Por otro lado, la deuda de una familia común es muy alta, tanto como la propia deuda externa que prácticamente representa la mitad del PIB nacional. Solo es ver la situación del colombiano promedio quien se compromete a 10, 20 o 30 años para pagar desde su casa, su vehículo y su educación; hasta su teléfono celular, el mercado mensual y los servicios públicos que consume. Además, los colombianos tenemos que tributar unos impuestos altísimos que no se reinvierten en el país pues son absorbidos por la corrupción que en cifras conservadoras, se apropia de unos 50 billones de pesos al año más los valores que son enviados a paraísos fiscales y de los cuales se desconoce su monto.
La situación de Colombia es tan precaria que la inmensa mayoría de colombianos carece de un servicio de salud y quienes lo tienen, así sea bajo el régimen contributivo, se ven obligados a interponer acciones de tutela para que las EPS les atienda oportunamente o les entregue los medicamentos. Prácticamente, el colombiano tiene que mendigar su atención médica aún cuando está pagando por lo que se supone que es un derecho ciudadano.
El acceso a la educación sigue siendo un privilegio. Son muy pocas las personas que pueden ingresar a la universidad pública. A los demás, les toca en la universidad privada que es sumamente costosa. Tanto así que deben recurrir a créditos millonarios ante el Icetex y entidades bancarias. El problema es que los egresados no tienen el empleo garantizado, pero sí una deuda impagable que termina hasta en embargos por parte del propio Estado a través de la Cisa. Indiscutiblemente, los profesionales que estudiaron con créditos tipo Acces, deberían tener prioridad laboral en las empresas, especialmente en las públicas. Además, en la actual coyuntura, se les debería condonar la totalidad de la deuda porque su situación es verdaderamente injusta.
Quienes no estudian porque no pueden ingresar ni a la universidad pública ni a la privada o ni siquiera al Sena, terminan vinculándose a instituciones como la Policía Nacional o trabajando en el sector formal o informal por un salario mínimo. Podría parecer algo normal, pero no lo es. Y no lo es porque todos los ciudadanos deberían poder ir a la universidad sin distinción alguna y tener así las mismas oportunidades de crecimiento. Lo peor es que por esta causa, muchas personas terminan en las filas de grupos ilegales y eso es algo que no se puede desconocer.
El acceso a la vivienda es otra de las dificultades que tienen los colombianos. El precio del metro cuadrado es sumamente alto en las principales ciudades del país y para tener una casa o un apartamento, hay que endeudarse de por vida. Los precios son tan especulativos que es más económico comprar una vivienda en el exterior, que dentro de nuestro propio territorio. Y quienes no pueden adquirir una vivienda, terminan pagando altísimos arriendos o viviendo en barrios subnormales.
Además, los colombianos aún no olvidan que mediante el UPAC, los bancos se quedaron con las viviendas de más de 300.000 ciudadanos a quienes a pesar de que les remataron sus predios por las deudas causadas por intereses usureros, estos continuaron con la obligación. Y que además de ese atropello, se impuso el gravamen que hoy se conoce como 4X1000, el cual fue creado supuestamente para “rescatar de la quiebra” a los mismos bancos que dejaron sin un lugar donde vivir a muchos compatriotas. Un verdadero abuso por parte del sector bancario y una total irresponsabilidad por parte del Estado colombiano al permitir tal infamia.
En cuanto a las pensiones, es claro que matemáticamente no se podrán jubilar ni los millennials, ni los centennials, ni las demás generaciones que vengan en fila. Algo absolutamente arbitrario con la población joven del país, más cuando conocemos las utilidades de los bancos y casos como el de las pensiones millonarias que han obtenido algunos personajes de forma fraudulenta. También, por lo que respecta a los regímenes especiales que privilegian a sectores minoritarios a costa de las mayorías.
Estas injusticias sociales, la inmensa desigualdad económica, los descarados casos de corrupción, las innumerables necesidades insatisfechas y el deseo de vivir mejor; llevaron a los colombianos a manifestarse por primera vez en la historia a través de un cacerolazo como sucedió el pasado 21 de noviembre de 2019. Fue una especie de Big Bang Social, un acto espontáneo de la más alta dignidad, una expresión genuina de descontento que se originó en la ciudad de Bogotá y que se replicó con gran intensidad en el resto del país. Es claro que Colombia cambió a partir de ese día y que ya nunca volverá a ser igual.
Es como si los colombianos hubieran hecho un alto en el camino para decir ¡No Más! a las políticas que los tienen sumidos en la miseria. Fue como despertar de una noche de pesadillas o como salir del letargo en el que había caído la sociedad. También fue una expresión de solidaridad y de empatía al entender que todos merecemos vivir dignamente y que todos debemos tener las mismas oportunidades y las mismas garantías. Las marchas, los conciertos y los miles de comentarios en las redes, evidencian el descontento de los ciudadanos con la situación del país y su firme decisión de construir una sociedad más justa.
Si ahondamos en lo que pretende la ciudadanía, es claro que como primera medida, anhela fortalecer la democracia. Lo anterior puesto que no es claro si nuestro actual sistema político, defiende la soberanía del pueblo y su derecho a controlar a sus gobernantes. En una democracia decente, un presidente que tenga un nivel de desfavorabilidad de más del 70 % como sucede en nuestro país, renunciaría y convocaría a nuevas elecciones. Como segunda medida, los colombianos aspiran a consolidar la paz pues es la base fundamental para avanzar hacia el desarrollo. Y como tercera medida, los ciudadanos exigen realizar un pacto social en el que se definan unas reglas de juego más justas en el ámbito económico.
Y es que los colombianos desean un estándar de vida más alto. O sea, que se les garantice como derecho constitucional el acceso a la educación, al sistema de salud y a una vivienda digna. Sin embargo, esta vez quieren ir más allá y poder adquirir con mayor facilidad toda clase de bienes y servicios como serían automóviles, celulares, computadores, electrodomésticos, ropa y calzado. También poder ir de vacaciones, a un parque de diversiones, a un buen restaurante o al cine. Algo que ya sucede en las grandes democracias donde la educación es gratuita como es el caso de Alemania, o en donde la salud también lo es como es el caso de España, o donde pasa lo mismo con el transporte como en Luxemburgo, o donde los productos son accesibles como en Estados Unidos.
En síntesis, los colombianos exigen que el crecimiento económico del país beneficie al total de la población y que de ese modo, todos alcancemos un mayor estándar de vida. Una petición que no solo es justa sino que es totalmente posible teniendo en cuenta los inmensos recursos que posee nuestra nación. Sin embargo, para lograrlo se necesita realizar dicho pacto social y definir así nuevas reglas de juego de modo que exista una distribución de la riqueza más equitativa, se garanticen los derechos ciudadanos y se establezca una lucha frontal contra la corrupción.
No obstante, el aspecto económico no es lo único que está reclamando el conjunto de la población pues esta también desea que el país tenga avances en otros ámbitos y que se modernice en distintos frentes. Por ejemplo, los colombianos están exigiendo unos mayores niveles de justicia, un amplio cuidado de los ecosistemas naturales, mayor protección del patrimonio cultural, una infraestructura más moderna, unos medios de comunicación más plurales y unas fuerzas militares que respeten los derechos humanos. Igualmente, la población está exigiendo políticas serias contra el racismo, la homofobia, la xenofobia y contra todo tipo de discriminación y exclusión.
Con semejantes injusticias sociales, con unos niveles desvergonzados de corrupción y con una serie de necesidades insatisfechas, era obvio que la ciudadanía iba a explotar de alguna manera y como mínimo, manifestarse en las calles y mediante otros tipos de expresiones civiles. Por ello, es inaceptable que se pretenda criminalizar la protesta social y que se intente reprimir aún más a la población. Debemos tener claro que protestar es un derecho constitucional que hace parte de la democracia y por tanto, quienes ejercen ese derecho no son criminales y merecen todo el respeto por parte del gobierno, de la fuerza pública, de los medios, de los gremios y del resto de la sociedad.
Si somos sensatos, la actuación de la policía en las protestas que se realizaron al final del año pasado, fue bastante deplorable, particularmente, la actuación del Esmad. El uso desmedido de la fuerza, la violación de los derechos humanos y el irrespeto al ciudadano; son acciones injustificables. Ningún miembro de las Fuerzas Militares de Colombia debe olvidar que trabaja para la ciudadanía y no para el Gobierno de turno o para un determinado partido político. Tampoco debe olvidar que es la ciudadanía la que le paga su sueldo y es a esta a la que debe respetar y rendir cuentas las veces que se requieran.
Además, el mundo aún no olvida los más de diez mil casos de Falsos Positivos que se presentaron en el país según el diario británico The Guardian, un verdadero genocidio. Si a eso le sumamos el bombardeo a los niños en el Caquetá, el asesinato sistemático de líderes sociales, las interceptaciones ilegales por parte del ejército y la brutal represión hacia quienes protestan; entenderemos que en este momento las Fuerzas Militares de Colombia no cuentan con la confianza de los colombianos ni de la comunidad internacional y que por tanto, carecen de cierta legitimidad. Claramente, deben ser reestructuradas por el bien de la patria.
El papel de los medios tampoco ha sido el mejor, no solo en lo que respecta al Paro Nacional sino en su historia reciente. Es inaceptable que el espectro radioeléctrico colombiano esté dominado por un duopolio económico privado que abusa de su posición para manipular a su antojo a la población. Por lo anterior, Colombia necesita expedir una ley de medios que garantice la democracia de modo que quienes han sido invisibilizados a lo largo de los años, tengan voz. Lo anterior puesto que en la actual distribución del mercado, los medios solo representan los intereses de ciertos grupos económicos privados y no los de un país tan diverso como el nuestro.
Por su parte, los gremios deben comprender que no son los dueños del país y que los colombianos que trabajan en sus empresas no son sus esclavos, son ciudadanos con derechos. Si somos sinceros, la difícil situación por la que atraviesa nuestra sociedad se origina en la iniquidad que han generado algunos empresarios que han pretendido apropiarse de los recursos que le pertenecen a todos los colombianos. Además, porque han impulsado reformas tributarias que les exonera del pago de impuestos y porque han influido para que el SMLV sea paupérrimo. Algo lamentable pues han empobrecido al consumidor al impedir que tenga un mayor poder adquisitivo y por ello, han impedido que se eleve el consumo y que crezca la economía.
Nuevos factores
A la larga lista de factores que originaron el paro nacional que comenzó a finales del 2019, hay que sumarle otra larga lista que ha surgido en lo corrido del 2020. Entre estos, encontramos: la violación de la soberanía colombiana por parte de militares estadounidenses, el préstamo irregular de 370 millones de dólares a la compañía Avianca, las más de 46 masacres en lo que va del año, el perfilamiento de usuarios de redes sociales, la reforma laboral impuesta a través del decreto 1174, la concentración de poder por parte del ejecutivo, la hipoteca inversa, la pésima gestión de la pandemia, la reanudación de la aspersión aérea con glifosato, la implementación del fracking, el resurgimiento del conflicto armado interno y el escalamiento de las tensiones con Venezuela.
Debemos entender que el Paro Nacional que comenzó en el 2019, no ha terminado, sólo ha sido pausado por la pandemia, pero pronto se reanudará. Asimismo, debemos comprender que si se continúan ignorando las exigencias de la ciudadanía y criminalizando la protesta social, se desencadenará un estallido social muy fuerte con resultados inciertos. También es claro que la sociedad colombiana cambió a partir del pasado 21 de noviembre y que desde entonces, se propuso recuperar la democracia, hacer valer sus derechos y alcanzar un mayor estándar de vida.