Existe una dinámica en Nicaragua que perpetúa la pobreza y la injusticia en el pais: la dictadura, las fuerzas de seguridad –Ejército y Policía– y la oligarquía nicaragüense. No se puede hablar de derrocar la dictadura, sin antes reconocer la relación codependiente entre este trinomio. Daniel Ortega y Rosario Murillo, los dictadores de Nicaragua, tienen como socios y aliados, a un grupo de secuaces que han permitido la instalación de su poder en todos los sectores del país.

En el 2014, a través de la modificación de 40 artículos de la Constitución Política (la novena modificación), se dio luz verde al dictador para la reelección indefinida; se eliminó la mediación de los ministerios de Defensa y Gobernación con los cuerpos armados, estableciendo una relación directa del Presidente con el Ejército y la Policía (Art. 95 y 97), como jefe supremo de ambas instituciones (cuando Aminta Granera era Jefa de Policía y Julio César Avilés Jefe del Ejército) y se institucionalizó el modelo de negociación público-privado centrado en  temas económicos (Art.98)

Esta modificación se venía gestando desde años anteriores, mientras prominentes empresarios expresaban satisfacción y aprecio por el modelo de negociación centrado en los temas económicos.

En septiembre del 2013, después del fraude electoral en las elecciones municipales de 2008 y la reelección inconstitucional de Ortega en 2011, Carlos Pellas expresó: “Que si yo creo que hay democracia? Bueno, hay unas elecciones y las elecciones determinan quien es el ganador…Los procesos siguen manteniéndose, por lo tanto, yo considero que sí, estamos viviendo en un país abierto”. Sobre el modelo de negociación económica con Ortega, agregó: “en Nicaragua se busca trabajar bajo consenso y no bajo un proceso autoritario…aquí hay un proceso donde se negocia la mayor parte del establecimiento de las leyes y se llega a un consenso”

En otro encuentro sostenido a inicios del 2014 entre la cúpula del sector privado y miembros de la dictadura, Ramiro Ortiz, expresó: …“es verdaderamente un milagro para este país este diálogo permanente que nosotros estamos teniendo… Agradecemos por nuestra parte al gobierno el que nos permita hacer este intercambio, pero también felicito al gobierno por el reconocimiento de la convivencia entre el gobierno y el sector privado”.

Un reconocimiento y descubrimiento de un modelo que según Ortega “seríamos el primer país que estaría institucionalizando este modelo y dándole no la fuerza de la voluntad política de quien esté gobernando, sino que por Ley se establezca en la Constitución de la República que este mecanismo si funciona, independientemente de quien esté en el Gobierno”. Ortega, un dictador que se cree experto profesional o empresario.

Ambos han continuado reeligiéndose hasta la fecha y han modificado las leyes y reglamentos de sus ámbitos, para perpetuarse en el poder. El señor Aguerri ha afirmado recientemente ante medios de comunicación que “la dinámica de las elecciones en el sector privado es distinta al de la arena política”, remarcando “la importancia de la unidad de los empresarios [para] evitar la provocación de una división”.  Algunos argumentarían, para mantener la sostenibilidad del modelo del diálogo con el Gobierno, aun cuando se cuestionara la institucionalidad democrática. Yo simplemente pienso que para el señor Aguerri los principios democráticos varían dependiendo para quién se aplican y para cuáles intereses se promueven. Eso equivale a creer que robar es malo, dependiendo de quien roba.

Richard Feinberg, del Brookings Institution, explica que, “el aterrizaje suave es un acuerdo negociado para resolver sin más baño de sangre, la crisis de Nicaragua”. Esta teoría del “aterrizaje suave” es la que han promovido los banqueros y la crema y nata del sector privado, conformada por los 14 consejeros del COSEP: Miguel Zavala, Carlos Pellas, Cesar A. Lacayo, Miguel Gómez, Jose A. Baltodano, Ramiro Ortiz, Juan B. Sacasa, Jaime Rosales, Alberto Chamorro, Jaime Montealegre, Roberto Zamora, Ernesto Fernández, Jose I. González y René Morales Carazo. Hay otros empresarios que no actúan como consejeros, pero que también han jugado un rol importante en las negociaciones por debajo de la mesa.

La realidad es que este modelo de operación, este “aterrizaje suave”, no ha servido más que para darle tiempo al dictador para negociar su dizque salida, asegurar su impunidad ante los crímenes de lesa humanidad, y a buscar la preservación de sus riquezas mal adquiridas.

La crisis iniciada en abril del 2018  pareció romper el arreglo preexistente entre el trinomio Dictadura-Ejército/Policía-Cúpula Empresarial. En mi opinión, para ellos, lo ocurrido fue solamente un temblor que en un país de alta sismicidad, se está acostumbrado. Se produjo un malestar, que los negociadores de ambos lados divisaron rápidamente y se sentaron a buscar cómo mantener la convivencia tratando de re-hilvanar el tejido del modelo Ortega y asegurar su funcionamiento.

¿Qué se puede hacer? Desgraciadamente se puede hacer poco y la honestidad y la decencia es una de las pocas que se pueden asumir. Esto incluye que las grandes empresas, incluyendo la Zona Franca, paguen los impuestos correspondientes y que éstos se reinviertan en la economía local. El Ejército, como se planteó en un artículo anterior, debe de abolirse con el fin de dirigir estos fondos en áreas sociales, tales como educación y salud. En el caso de la Policía, se necesita refundarla, reconstituyendo sus principios básicos.

Mientras la cúpula empresarial no rinda cuentas acerca de su relación de convivencia con la dictadura; mientras exista el casi inherente comportamiento nicaragüense que permite ser ciego con ojos abiertos; mientras no existan reformas políticas, judiciales y legislativas, que sostengan el crecimiento económico y fomenten la verdadera gobernabilidad del país; mientras sigan existiendo grupos privilegiados que se apoderan del poder para acumular mayor riqueza evadiendo su responsabilidad fiscal; o mientras como bien decía el Obispo Silvio Baéz, se siga “midiendo en billetes el futuro del país”, no tendremos ningún porvenir y los muertos de abril y las esperanzas de refundar un mejor país habrán sido en vano.

El trinomio del mal – dictadura-ejército/policía-oligarquía– se seguirá alimentando de la pobreza y miseria de los nicaragüenses, dejando más exiliados, más familias separadas, más trauma del que ya todos estamos cansados.