El 9 de septiembre, día de los derechos humanos, el crimen de un abogado a manos de dos uniformados de la Policía que lo torturaron con una pistola taser en el occidente de Bogotá, nos recuerda el proceder del ejército nacional desalojando a comuneros indígenas en el norte del Cauca, donde asesinaron con proyectil de fusil al comunicador indígena Abelardo Liz y a otro comunero.

 

Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, rechazamos el asesinato de Javier Ordoñez perpetrado por la Policía Nacional de Colombia, abogado de 43 años, hecho que evidencia, esta vez en la capital del país, que el gobierno de Iván Duque, nos devolvió al conflicto social y armado.

Es claro para nosotros que cuando estalla un conflicto, se pone en riesgo el derecho a la vida, pero también es claro que la injusticia, el abuso de poder y la falta de garantías para el cumplimiento de los derechos fundamentales, empezaron desde hace meses a rondar por nuestros territorios.

Cauca, departamento del sur occidente del país, donde el conflicto afloró hace rato, la pistola taser se convirtió en el fusil con el que asesinan a jóvenes, a líderes sociales, con el cual se desplaza por la fuerza y con el que se amenaza la vida de quienes luchamos por los derechos de nuestras comunidades.

Aquí el gobierno sigue torturándonos con su falta de garantías para la implementación de los acuerdos de paz, las descargas de olvido ante el clamor de nuestros comuneros indígenas por un cese a la violencia, han dejado como resultado en lo corrido del año 2020, según el programa de defensa de la vida y los derechos humanos del CRIC, 61 homicidios, 75 amenazas a la dirigencia y 31 a comuneros, 128 amenazas colectivas donde se establecen restricciones de horarios y de movilidad por parte de actores ilegales al servicio del narcotráfico, 23 ataques prolongados en los cascos urbanos y caseríos indígenas. En estos hostigamientos, cuando hay enfrentamientos entre la fuerza pública y los actores ilegales, se mata la esperanza y el estado termina siendo otro actor armado que desarmoniza nuestros territorios.

 

La muerte del profesional del derecho indigna al país

Mientras los bogotanos, en el CAI donde fue asesinado Javier Ordoñez y otros sectores de la capital, reclaman airados por que haya justicia, nosotros recordamos la marcha por el municipio de Corinto con el féretro del comunicador indígena Abelardo Liz, asesinado mientras cubría el desalojo de liberadores de la madre tierra en un predio del norte del Cauca. Al compañero comunicador lo llevamos hasta la estación de policía para advertirle a la fuerza pública que seguiremos luchando por nuestros derechos hasta que no se apague el sol.

Decirles a todos y a todas que desde ya nos alistamos para encarar a este gobierno, para reclamarle por la muerte de Javier Ordoñez, Abelardo Liz, por las masacres de jóvenes, asesinato de líderes sociales, por recrudecimiento de la guerra en nuestro territorios, por la criminalización de la protesta social, por la falta de garantías que le permitan a nuestras familias tener una vida digna, por su incapacidad de gobernar en favor de la paz y de los más necesitados.

La situación de DD.HH. en Colombia no puede ser peor, lo cual nos llama a unirnos para que dejen de ser letra muerta.