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Comunicado Público
Bakatá, Septiembre 10 de 2020. La ONIC en su calidad de Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, RECHAZA y CONDENA los actos de brutalidad policial y vulneración del derecho a la vida a manos de la Policía Nacional que llenan de vergüenza, rabia e indignación al país precisamente en el Día Nacional de los Derechos Humanos, los cuales iniciaron a la madrugada del 9 de septiembre con el asesinato del ciudadano Javier Ordoñez en el barrio Villa Luz en Bogotá, continuaron a primera hora en el operativo de desalojo adelantado en compañía del ESMAD y Ejército Nacional contra el Cabildo Nasa Dxi´j Pha´dena asentado en el territorio La Viga, corregimiento de Pance en Cali y al final de la tarde, nuevamente de forma brutal y en contravía de su función constitucional, se evidenció la respuesta que la Policía Metropolitana de Bogotá tuvo frente a la masiva muestra de indignación que se expresó en acciones contra las instalaciones de los Centros de Atención Inmediata - CAI y manifestaciones de diversa índole como parte de la protesta social en los barrios de la capital y en otras ciudades del país. La acción de la Policía Nacional segó la vida de 7 jóvenes en Bogotá y uno en Soacha.
Estos hechos no son aislados. En datos registrados a través de la Plataforma GRITA, de la ONG Temblores, se informa que entre 2017 y 2019 en Colombia se han registrado 639 casos de violencia policial y que en el 2020 por lo menos 11 personas han sido asesinadas por la Policía en hechos similares a los que arrebataron la vida de Javier Ordoñez; su muerte junto con las 8 nuevas víctimas de anoche aumentarían esta cifra, razón suficiente para reiterar la exigencia de llevar a cabo una profunda reestructuración de la doctrina que anima y alimenta esta respuesta de la fuerza pública contra la ciudadanía.
Esta sistematicidad también se manifiesta en los asesinatos de líderes y lideresas, hechos que mirados de manera conjunta, indican que es urgente y necesaria la reforma a la política de Seguridad Nacional y Seguridad Ciudadana, por las cuales los ciudadanos que reclamamos derechos ancestrales, humanos y constitucionales somos vistos como enemigos, de quienes por siglos, vienen usurpando para beneficio personal o de sus clanes familiares los bienes comunes; acumulando su riqueza con base en el despojo de los territorios indígenas y afro, del campesinado; explotando a los trabajadores y expoliando a los sectores urbanos pobres que dependen de la informalidad para sobrevivir; robando al país a través de la corrupción, manejando los negocios del narcotráfico y asesinando a quienes osan denunciar o liderar procesos justos de defensa de los derechos y para quienes anhelamos un país en paz.
El movimiento indígena ha demostrado a través del ejercicio de autonomía y gobierno de la Guardia Indígena que una fuerza es legítima cuando cuenta con la confianza de las personas a las que protege; la fuerza pública colombiana no tiene legitimidad porque además de sus procedimientos, que violan sistemáticamente los derechos humanos, han sido denunciados por omisión o participación en masacres, desplazamiento, seguimientos y persecución, desaparición forzada, narcotráfico, entre muchos otros delitos, sin que hasta el momento la justicia penal militar haya sancionado estos hechos y en los que se presenta un exacerbado nivel de impunidad. Por lo anterior, urge una reforma que atribuya en la justicia ordinaria la investigación y juzgamientos de los crímenes que nada tienen que ver con el servicio, y para el caso de los hechos relacionados con el conflicto armado, que se proteja y fortalezca la Jurisdicción Especial para la Paz.
La violencia policial, el abuso de la fuerza, la violación de los derechos humanos, la evidente corrupción en las Fuerzas Armadas, la sistematicidad en los asesinatos de líderes y lideresas, el regreso de las masacres como uso del terror contra la población, configuran una nueva edición de la violencia política que ha enlutado a miles de familias y al país en general por más de 60 años, bajo el silencio obsecuente del Gobierno Nacional que insiste en desatender, subestimar las múltiples denuncias y reclamaciones ciudadanas sobre estos hechos.
Lamentamos también el manejo policivo que desde la Alcaldía de Bogotá se ha dado a diferentes situaciones como el desalojo en el caso Emberá, las protestas estudiantiles que se llevaron a cabo el año pasado en el marco del Paro Nacional, así como la falta de celeridad en la investigación y de sanción pública a los uniformados que están implicados en los cientos de denuncias de abuso policial que se han presentado durante la cuarentena.
Atendiendo a la gravedad de la coyuntura que vive el país,
LLAMAMOS a los poderes legislativo y judicial, a los funcionarios que ejercen a conciencia su labor en los órganos de control, a los ciudadanos demócratas y a todos los colombianos y colombianos, a defender el Estado Social de Derecho y la vida como bien supremo.
EXIGIMOS que los asesinatos del ciudadano Javier Ordoñez y los ocho jóvenes se investiguen y judicialicen por la jurisdicción penal ordinaria y que se priorice la investigación de todos los delitos causados por las Fuerzas Armadas que conlleve a su depuración total, el desmonte del ESMAD y la reestructuración de toda la doctrina militar como fundamento real para construir la PAZ a la que tenemos derecho todas y todos los colombianos.
UNIMOS nuestra voz a todas las voces que hoy se manifiestan contra la violencia policial y acompañan el dolor de las familias que en los hechos de ayer han perdido a sus esposos, hijos, hijas y amigos en la luctuosa noche de Bogotá que, como en una MASACRE, cobró la vida de 7 ciudadanos, causó más de 248 heridos y cientos de detenidos ilegalmente.
ALERTAMOS a la comunidad internacional sobre la grave amenaza al orden constitucional vigente que se viene configurando en el país y los conminamos a actuar para apoyar la defensa de la vida, la paz, la democracia y la justicia.
#NOS ESTAN MATANDO
¡NO MAS ASESINATOS DE LÍDERES Y LIDERESAS INDÍGENAS SOCIALES!
¡CUENTEN CON NOSOTROS PARA LA PAZ, NUNCA PARA LA GUERRA!
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA – AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA