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Por: ernesto carmona (ARGENPRESS.info)*
Cuatro mapuches abandonaron el viernes la cárcel en ‘libertad restringida’ por orden de la Corte de Apelaciones de Temuco, en vísperas de una visita del Presidente Ricardo Lagos a La Araucanía.
Los magistrados Fernando Carreño, Julio César Grandón y Héctor Toro revocaron la ‘prisión preventiva’ ordenada el año pasado por el ‘Juzgado de Garantía de Temuco’ contra los indígenas José Huenchunao Mariñán, José Osvaldo Cariqueo Saravia y Juan Ciríaco Millacheo Licán, los tres acusados de ‘asociación ilícita e incendio terrorista’, más el asistente social Héctor Llaitul Carillanca, imputado de
‘asociación ilícita’, quien permanecerá igual en prisión por otra causa anterior.
Esta semana también obtuvieron libertad limitada otros siete presos que permanecieron más de un año en prisión, Patricia Troncoso Robles; Mireya del Carmen Figueroa, José Llanquileo Antileo, Juan Antonio Colihuinca Ancaluán, Luis Amable Catrimil Huenupe, Florencio Jaime Marileo Saravia y Juan Patricio Marileo Saravia.
Los once indígenas quedaron bajo arresto domiciliario, con prohibición de salir del territorio de La Araucanía y con la obligación de firmar en el tribunal una vez por semana. Sus abogados defensores Sandra Jelves, Myriam Reyes, Ricardo López y Jaime Madariaga alegaron su inocencia de los cargos de ‘asociación ilícita’ y ‘terrorismo’. Casi todos integran el grupo de 18 mapuches que aguarda en Temuco el juicio más emblemático del Estado contra la Coordinadora Arauco Malleco por cargos de ‘Asociación Ilícita Terrorista’.
El delito de ‘asociación ilícita’ fue establecido en el nuevo Código de Procesamiento Penal, en tanto la figura del ‘terrorismo’ emana de la Ley Antiterrorista 18.314 ‘promulgada’ por la dictadura de Augusto Pinochet, cuando ‘el Poder Legislativo’ radicaba en el almirante José Toribio Merino (fallecido) y un grupo de abogados asesores legisladores.
Amalgama de causas
El nuevo juicio, a iniciarse el 10 de marzo, está relacionado con otra del 19 de diciembre de 2001, por hechos acaecidos en el Fundo Poluco Pilenco, propiedad de la Forestal Mininco –del Grupo Matte- ubicada en la comunidad mapuche Chicauco. Esta causa más antigua tiene 11 imputados, 5 de ellos nuevamente acusados por ‘asociación ilícita’ en el juicio que debe comenzar en marzo.
El juicio oral Poluco Pidenco todavía no comienza de frente. Su ‘formalización’ ha venido postergándose por la renuencia de una magistrada a aceptar la definición ‘incendio terrorista’. La jueza de Collipulli, Nancy Hermann, dictaminó ‘incendio’ a secas, pero la Fiscal Regional Smirna Vidal apeló ante la corte local que decidió reponer el ‘incendio terrorista’. ‘Es impresentable que usen una ley de la dictadura’, dijo un imputado entrevistado esta semana en Temuco, quien pidió reserva de su nombre.
La defensa interpuso una nueva queja por la re-calificación ante la Corte Suprema. ‘Todavía no hay respuesta’, indicó en Temuco Cristina Painemal, de la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche. Aunque no exista una calificación definitiva del delito, los fiscales del Ministerio Público siguen trabajando con el ‘incendio terrorista’. En una acusación formal del 23 de junio de 2002 los fiscales invocaron la figura ‘incendio terrorista’ en el nuevo juicio, esgrimiéndola como un antecedente previamente comprobado de la peligrosidad de los imputados, argumentada que ya fue dispuesto así por la justicia, situación que todavía no es real, sino virtual.
Nómina de imputados
Entre los 18 indígenas que comenzarán a juzgarse en Temuco dos jornadas después de la conmemoración gubernamental del Día Internacional de la Mujer, se encuentran Mireya del Carmen Figueroa Araneda, Angélica María Ñancupil Poblete y Patricia Troncoso Robles. Los 15 varones son José Cariqueo Saravia, Mauricio Javier Contreras Quezada, Jorge Abelino Huaquín Antinao, José Benicio Huenchunao Mariñán, Oscar Orlando Higueras Quezada, Héctor Llaitul Carillanca, Francisco Llanca Ahilla, José Belisario Llanquileo Antileo, Juan Millacheo Licán, Juan Ciriaco Millacheo Licán, Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Pichún Collonao, Rafael Pichún Collonao, Pascual Pichún Paillalao y Marcelo Antonio Quintrileo Contreras.
La Coordinadora, el blanco de una política represiva judicial y policíaca instrumentada por el Estado para bajarle el perfil, surgió en 1997 como principal conductora de las reivindicaciones de tierras emprendidas por comunidades mapuches desencantadas de los resultados prácticos de la Ley Indígena 19.253, promulgada en 1993 por Patricio Aylwin Azócar (1990-1994), en el primer gobierno civil después de dictadura militar de 17 años (1973-1990).
Un detonante de la rebelión mapuche fue la intensificación del negocio forestal, estimulado por la creciente demanda internacional de la nueva celulosa blanqueada, sumada a la autorización impartida por el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) para la construcción de la Represa Ralco –de la eléctrica española Endesa– en las tierras indígenas del Alto Bío Bío.
La Coordinadora desafió la hegemonía política del Consejo de Defensa de Todas las Tierras, que actúa en el mundo mapuche desde 1992. La nueva organización conduce a las comunidades en conflicto bajo la consigna de ‘no negociar con el gobierno, expulsar a las forestales y controlar ese espacio’, explicó un imputado en el próximo juicio de Temuco que pidió reservar su identidad, en una entrevista esta semana en La Araucanía.
‘Delenda Coordinadora’
La Coordinadora desplazó el protagonismo del Consejo, que preside Aukán Wilcamán, un líder indígena más proclive a negociar con el poder que los dirigentes de la nueva organización. La Coordinadora se instaló rápidamente en la mira del Estado, que decidió destruirla mediante una represión judicial-policial combinada -nunca proclamada como política explícita– inaugurada por Frei e intensificada por la actual
administración a través de una Reforma Procesal Penal puesta en práctica en la Araucanía hace dos años, antes de extenderla a todo el país.
Chile, que carece de una política de Estado frente a la docena de etnias sobrevivientes en su territorio –con la mapuche y pehuenche como las más relevantes-rehusa ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ‘Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes’, acordado en Ginebra en 1989, por su Conferencia General. El texto de 44 artículos reconoce ‘las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y a fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven’. La mera discusión sobre una identidad cultural a llamarse ‘pueblo mapuche’ no es viable hoy en el Parlamento chileno.
La represión anti-indígena concentra el poder del Estado tras la Coordinadora, en una suerte de ‘Segunda Pacificación de La Araucanía’ , remake menos sangriento que la guerra culminada en las tierras originarias a fines del Siglo 19 (1883) con pretextos ‘civilizadores’. La guerra de nombre eufemístico extendió al sur la expansión territorial conquistada exitosamente hacia el norte tras la ‘Guerra del Pacífico’ (1879), contra Perú y Bolivia. La nueva cruzada combina los esfuerzos de Carabineros, del aparato judicial-carcelario y del nuevo Ministerio Público, la fiscalía creada con la Reforma Procesal Penal. También concita el entusiasmo de los propietarios de extensas plantaciones forestales, los resabios de la clase latifundista en extinción y la unanimidad de la prensa escrita, radio y TV.
Concepto ‘anti-terrorista’
La Reforma Procesal Penal se transformó en un eficaz instrumento represivo anti-mapuche en cuanto comenzó a
operar en la Araucanía como proyecto piloto. Desde su origen adoptó una ideología de ’seguridad ciudadana’ promovida por latifundistas y grupos de poder económico que hoy la impregna hasta la médula.
La doctrina de ’seguridad’ en la nueva modalidad de justicia fue impuesta temprano por la Fundación Paz Ciudadana,que preside Agustín Edwards Eastman, el dueño de El Mercurio. En su directorio participan notables figuras políticas de la actual administración, como su ‘vicepresidente y secretario’ Sergio Bitar Chacra, actual ministro de Educación y ex preso político de la dictadura. Paz Ciudadana intervino en el diseño de la Reforma y asesora oficialmente al ministerio del Interior en la definición de políticas anti-delincuencia.
La aplicación al conflicto indígena de la ‘Ley Antiterrorista 18.314′, heredada de la dictadura, hoy parece ‘natural’. En el montaje de la nueva causa que el Tribunal Oral de Temuco formalizará el 10 de marzo participó activamente Francisco Palma, fotógrafo de El Diario Austral, de la cadena El Mercurio, quien entregó a un futuro procesado un supuesto ‘organigrama’ de la Coordinadora elaborado por servicios de inteligencia y utilizado por los fiscales como ‘prueba’.
El 3 de diciembre de 2002, Palma le proporcionó a José Belisario Llanquileo Antileo un disquete con el organigrama, pero éste no alcanzó a verlo por falta de un computador adecuado. A la mañana siguiente, el día 4, fue detenido temprano con Angélica María Ñancupil Poblete, su pareja, más todas las personas que el organigrama describía como ‘jefes’ de la Coordinadora, sin que ninguno conociera antes el contenido del disquete. La ‘formalización’ de la acusación, el 6
de diciembre de 2003, invocó la Ley Antiterrorista a solicitud del subsecretario (viceministro) del Interior, Jorge Correa Sutil, abogado, DC, ex becario de la Fundación Fulbright.
‘Culpables previamente absueltos’
Los indígenas están despojados de sus derechos humanos y del ‘debido proceso’. En la acusación de ‘asociación ilícita’ de esta última causa a iniciarse en marzo se imputan de nuevo los mismos supuestos delitos anteriormente atribuidos a los protagonistas de la antigua causa Poluco Pidenco, aunque el Poder Judicial todavía no resuelve formalmente los cargos. Los fiscales esgrimen una extraña doctrina de culpabilidad anticipada como si la presunta culpabilidad fuera ya un hecho cierto, a fin de esgrimirla y ‘probar’ en un juicio distinto la calidad de ‘jefes de la Coordinadora’ de los imputados. Según esta ‘doctrina’, la simple condición de ‘jefes’ constituye delito per se, por tratarse de una ‘asociación ilícita terrorista’, como si Chile fuera
España y la Coordinadora, la ETA.
El Ministerio Público ‘mata dos pájaros de un tiro’, o mejor dicho dos juicios, mirando al pasado y, a la vez, al futuro. ‘De ese modo, la fiscalía asegura que José Huenchunao, Patricia Troncoso, Juan Ciriaco Millacheo, José Osvaldo Cariqueo Saravia, José Llanquileo y Mireya del Carmen Figueroa ‘planificaron y ejecutaron el ‘incendio terrorista’ de Poluco Pidenco’, dijo Painemal. ‘Dan por hecho que los van condenar’, sentenció Painemal. En el nuevo juicio aparecen también como ‘jefes’ de la Coordinadora los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, quienes ya cumplen en la cárcel de Traiguén una condena a 5 años precisamente por su condición de jefes subversivos ‘virtuales’ dada su condición de lonkos, aunque no pudo comprobárseles delitos ‘terroristas’ ‘reales’.
Culpable… hasta demostrar lo contrario
La Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos… alega que ’se contradice el principio de presunción de inocencia que enarbola la Reforma Procesal Penal’. Hay otro caso de ‘asociación ilícita’ de 2001 en que se acusa a Jorge Huaiquín Antinao de ‘hurto de madera, usurpación violenta y daños’ en el fundo El Porvenir. ‘A este señor se le hizo un juicio oral por eso y quedó absuelto de todos esos cargos’, aseguró Painemal. Sin embargo, aunque Huaiquín fue absuelto de ese delito, igual se lo imputaron como ‘prueba’ en esta causa distinta de ‘asociación ilícita’. Los montajes de la fiscalía del Ministerio Público son burdos, porque este ciudadano mapuche aparece imputado de nuevo por un ‘delito’ del que antes fue declarado inocente.
Painemal cree, irónicamente, que el error pudo producirse porque ‘al fallarse la declaración de inocencia la prensa no registró la noticia, ni le dedicó una sola línea como para decir ‘quedó absuelto’, después de haberlo presentado escandalosamente antes como ‘terrorista'’. El Ministerio Público fundamenta muchas acusaciones solamente con información de prensa, incorporando al expediente numerosos recortes de El Austral como medio probatorio. ‘Las acusaciones están mal presentadas, se alarga el juicio, pero la prensa atribuye la demora a errores de la defensa, no a las burdas maquinaciones de la Fiscalía’, dijo.
La prensa regional oculta la información cuando los mapuches resultan exculpados. ‘En el caso de los peñi (hermanos) que quedaron absueltos en esa causa anterior por ‘asociación ilícita’, después de estar un año en el proceso, 4 meses en la cárcel y sufrir medidas cautelares -en la comunidad San Ramón permanecieron sólo dos personas, todos los demás comuneros estaban presos–, al final quedaron todos absueltos y libres, pero la prensa no dijo nada, ni una sola línea’. Sus nombres, José Huaiquín Antinao, Sergio Mariqueo Coilla, Jaime Marileo Saravia (hermano del lonko José Cariqueo Saravia, implicado en otra causa), Ester Alvarez Zúñiga, Andrés Necul Marín, Guillermo Millacheo Marín, Juan Marileo Saravia y Juan Julio Millacheo Ñanco.
Presión del poder económico
La Fiscal Smirna Vidal continúa persiguiendo a los activistas cuando se hallan en prisión, porque asegura que las acciones se ordenan desde la cárcel. ‘Por eso, solicitó repartirlos en distintos presidios, en Nueva Imperial, Lautaro y Temuco, para separar incluso a los hermanos sanguíneos’, dijo Painemal.
Los indígenas visualizan que el poder de los grupos económicos que encabezan Anacleto Angelini y Eliodoro Matte puso a su servicio al Ministerio Público. La Forestal Mininco, del grupo Matte, los acusa de 600 incendios de pino y eucaliptos sólo en 2002, año en que muchos hechos violentos fueron ‘fabricados’ por su propios guardias armados, alegan los indígenas. El Ministerio Público, en cambio, hada hizo contra el asesino del adolescente mapuche Alex Lemun, el mayor de Carabineros Marcos Treuer, quien le disparó al cráneo el 7 de noviembre de 2002, cuando el menor de 17 años participaba en una manifestación. Agonizó 4 días.
El holding Forestal Bosques Arauco, S.A., de Anacleto Angelini, posee en la zona un millón y medio de hectáreas -también tiene tierras en Argentina, Uruguay y Perú- a través de Forestal Arauco S.A. (906.000 hectáreas), Bosques Arauco S.A. (171.000), Forestal Celco (246.000), Forestal Cholguán (57.000) y Forestal Valdivia (121.000), más 79.000 de Forestal Alto Paraná en Argentina. Su empresa Celulosa Arauco y Constitución construye una nueva planta en la zona (San José de la Mariquina, Valdivia) para producir 600.000 toneladas anuales de la cotizada celulosa blanqueada de pino y eucalipto, que situarán al grupo como tercer productor mundial del commodity.
Eliodoro Matte, a través del holding Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), obtiene materia prima para su celulosa a través de un consorcio encabezado por Forestal Mininco S.A. y CMPC Forestal Mininco S.A., controladores de Forestal Mininco S.A., Forestal Creces y CMPC Maderas. Angelini y Matte detentan las fortunas más grandes de Chile, a mucha distancia de sus seguidores, junto con Andrónico Luksic, quien posee negocios financieros, industriales y mineros en otras regiones del país. Angelini, Matte y Luksic son los únicos chilenos que aparecen en el ranking de super millonarios mundiales de la revista Forbes, con patrimonios individuales cercanos a 2.000 millones de dólares.
‘Llevamos las de perder’
‘Estamos frente a un juicio netamente político donde llevamos todas las de perder’, sentenció con tristeza el imputado que pidió reservar su nombre. La ceremonia del 10 de marzo ‘formalizará’ la ‘preparación del juicio’ en el Juzgado de Garantías de Temuco, a cargo de Isabel Uribe Molina. Más tarde, deberá fijarse el juicio propiamente tal.
Los mapuches procesados se quejan de que la ‘asociación ilícita’ se extiende a la vida cultural de su etnia. ‘Puede ser jugar al palín (o a la chueca, como la llaman los winkas, una suerte de hockey), asistir a un trabunque (reunión social, religiosa o política, o mezclada), un guillatún (ceremonia religiosa) o participar en un mingajo (trabajo colectivo solidario, o por comida, como una cosecha)’.
Las comunidades, siendo de suyo pobres, se ayudan unas con otra de manera natural y ancestral, pero ante estas costumbres la Fiscalía levanta cargos de ‘coordinación ilícita’, afirmaron Painemal y el imputado. ‘Hay un propósito genocida detrás de esto, no cabe otra cosa que pensar’, dijo el mapuche.
Nuestra conversación en la habitación 306 del Hotel La Frontera de Temuco bien pudo ser una ‘reunión ilícita’ si hubiera llegado a oídos de la Fiscal Regional Smirna Vidal, a quien conocí esa misma mañana en un acto oficial del Día de la Prensa y me pareció ‘agradable’, además de joven y bien parecida, dispuesta a contribuir con aportes teórico-jurídicos esclarecedores de las amenazas a la libertad de información que los periodistas chilenos vemos en el nuevo Código de Procedimiento Penal, en particular el Artículo 161A, que criminaliza faltas y delitos de opinión.
La nueva normativa penal fue aplicada por primera vez a fines de diciembre de 2003 contra los periodistas de TV Alejandro Guillier, Fernando Reyes, Raúl Poblete y Patricio Caldichoury, más el ejecutivo Jaime de Aguirre, procesados todos como ‘criminales’ por difundir una controvertida grabación de cámara oculta a un juez. Lo que no sería más que una probable falta ética o delito civil de baja intensidad, nunca un delito penal, llevó a la justicia a prontuariar y a fichar a las 5 personas como autoras de un ‘crimen’.