Imprimir
Nueva York es criticada -entre otras razones- por el aumento del número de tiroteos en la ciudad en los últimos meses. Portland y Seattle están en la lista negra del gobierno federal por no haber frenado los incidentes conectados con las manifestaciones de protesta por la muerte del afroamericano George Floyd en manos de la policía.
A 40 días de las elecciones presidenciales y con una desventaja que parece inalcanzable para lograr su reelección, el gobierno del presidente Donald Trump declaró “ciudades anarquistas” a las progresistas Nueva York, Seattle y Portland, por haber permitido violencia y destrucción de la propiedad privada, en referencia a las multitudinarias protestas contra el racismo sistémico y la violencia policiaca
Estados Unidos suma 200 mil muertes por la pandemia del coronavirus – más que las combinadas de estadounidenses en todos los conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha-, y vive la peor crisis económica y social desde la Gran Depresión y el despertar del movimiento de protesta más grande de su historia.
Trump sigue con sus maniobras distractivas y sus manotazos de ahogado para lograr su reelección y algunos analistas –como Noam Chomsky- consideran la posibilidad de una guerra civil en el país, mientras otros especulan con una aventura bélica contra Venezuela o Irán, sus blancos predilectos.
Por ahora, el candidato demócrata Joe Biden continúa con una ventaja de ocho puntos a escala nacional en el promedio de las principales encuestas, así como en varios de los estados clave que determinarán el resultado final. Entre los latinos, Biden goza de una ventaja de 62 por ciento contra 26 de Trump.
Según el Instituto de Política de Harvard (IOP) Biden cuenta con una ventaja de 33 puntos sobre Trump entre los jóvenes de 18 a 29 años. El 60% de los encuestados apoya al exvicepresidente, mientras que el 27% a Trump. En 2016, la candidata demócrata Hillary Clinton había obtenido un 47% en la misma encuesta.
Mark Gearan, director del Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard, señaló que «Más de 15 millones de jóvenes estadounidenses han cumplido 18 años desde la última elección presidencial. La generación Z se enfrenta a una experiencia única en la vida de una pandemia mundial, inestabilidad económica y el problema racial. Los jóvenes están viendo de primera mano el impacto de su gobierno en su vida cotidiana y están listos para hacer oír su voz en esta elección».
El Departamento de Justicia advirtió que estas ciudades podrían verse privadas de fondos federales debido a una supuesta tolerancia policial frente a las manifestaciones contra el racismo, en una extensión de un decreto emitido a principios de septiembre por Trump. «No podemos desperdiciar fondos públicos cuando la seguridad de los ciudadanos está en juego», dijo el titular del Departamento de Justicia, William Barr.
Barr dijo que los gobernantes de estos tres estados se mostraron indulgentes con la violencia de las protestas y no adoptaron medidas para contrarrestarlas, como el despliegue masivo de la Guardia Nacional, y “permitieron la persistencia de la violencia y la destrucción de propiedades y se negaron a adoptar medidas razonables para contrarrestar actividades criminales».
Obviamente, el gobierno de Donald Trump utiliza su poder ejecutivo como arma electoral contra bastiones demócratas y, al mismo tiempo, procede para consolidar el control derechista de la Suprema Corte tras la muerte de la juez liberal Ruth Bader Ginsburg –que podría ser el último árbitro de una anunciada disputa electoral– antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Esta no es la primera vez que Trump se enfrenta a ciudades gobernadas por alcaldes opositores. En 2017, luego de que anunciara que suspendería los fondos federales a las ciudades que se declararan o actuaran como «refugios migratorios», los alcaldes afectados recurrieron a los tribunales y, tras años de batallas legales, ganaron la partida.
Trump, quien se presenta como el candidato de «la ley y el orden», ha insistido en que su repuesta al covid-19 fue la mejor jamás adoptada, que China tiene la culpa de la pandemia y asegura que pronto tendrá lista una vacuna y una resucitación de la economía.
Las autoridades de Nueva York respondieron que emprenderán acciones legales si el gobierno republicano cumple con sus amenazas. «Todo esto es profundamente político e inconstitucional», reaccionaron los alcaldes de las tres ciudades afectadas, en un comunicado conjunto, acusando al gobierno de Trump de «eludir sus responsabilidades y culpar a otros para ocultar sus deficiencias».
Nueva York es criticada por no haber procesado a algunos manifestantes detenidos durante las marchas de la primavera boreal, así como por el aumento del número de tiroteos en la ciudad en los últimos meses.
Portland y Seattle están en la lista negra del gobierno federal por no haber frenado los incidentes ocurridos al margen de las manifestaciones vinculadas con la muerte de George Floyd, un hombre negro asesinado por la policía de Minneapolis durante su detención.
En el caso de Seattle, la administración de Trump critica principalmente la «zona liberada» establecida en un distrito hace varias semanas, de la cual la policía se retiró y luego recuperó tras varios incidentes, entre ellos dos asesinatos, por parte de la misma policía. En cuanto a Portland, denuncia el «caos» provocado por las manifestaciones diarias, al margen de las cuales se han producido daños en locales comerciales.
La muerte de la Ginsburg ha creado un frente más en la guerra política. Trump indicó que nombrará a una mujer para sustituir a Ginsburg el sábado y dijo que desea que sea ratificada antes de los comicios.
Los demócratas –quienes exigen que el ganador de las elecciones debería ser quien nomine al próximo juez– no pueden frenar la ratificación del Senado sin ayuda de por lo menos cuatro republicanos. Si Trump y sus aliados logran imponer su candidata, tendrán mayoría de seis jueces conservadores contra tres liberales, poniendo en riesgo el futuro temas importantísimos como los derechos de las mujeres y los gays, hasta las libertades civiles, la justicia criminal, los derechos laborales y el proceso electoral.
Los alcaldes de las tres ciudades denunciaron, en declaración conjunta, los juegos políticos baratos de Trump, quien siempre busca culpar a otros de sus fracasos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró que el magnate no es rey, no puede anular fondos a la ciudad de Nueva York. Es un acto ilegal. Expertos apuestan que la medida será frenada por tribunales.
La alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, acusó al gobierno de Trump de estar cometiendo «un erróneo y abiertamente ilegal uso del poder federal. Trump, el departamento de Justicia y la obsesión de Barr con Seattle y conmigo es irracional y, lo que es aun más importante, una gran distracción», agregó,
Mirko C. Trudeau: Economista del Observatorio de Estudios Macroeconómicos (Nueva York), Analista de temas de EEUU y Europa, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)