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América Latina es la región con mayor desigualdad en la concentración de tierras en el mundo: 1% de los propietarios rurales concentra 51% de las tierras agrícolas. Mientras la región en su conjunto representa un índice GINI ya alto de 0.79, América del Sur se mantiene con la concentración más alta de todo el continente, con un índice de 0.85 [1]. El avance de la frontera agrícola inducido principalmente por la demanda global de soja y carne es el factor central para profundizar la pobreza y la desigualdad en el acceso a la tierra en los países sudamericanos, sobre todo en las regiones identificadas como zonas prioritarias de expansión e inversión de la agroindustria [2].

Según una evaluación de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (FAO) a principios de siglo (2000), había unas 2 mil 800 millones de hectáreas de tierras cultivables para expandir la frontera agrícola en el mundo, el 80% de las cuales estaría en África subsahariana y América Latina, especialmente en siete países principales: Angola, Congo, Sudán y Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia [3]. Una revisión del estudio de 2012 ha reducido la extensión de las llamadas “zonas de expansión cultivables” a mil 400 millones de hectáreas, al excluir las tierras marginales (de baja calidad para la agricultura), las áreas de protección forestal y para usos no agrícolas, pero ha incluido cinco áreas potenciales más: Mozambique, Tanzania y Zambia en África; Indonesia en Asia y áreas de Venezuela en América del Sur [4]. En el contexto de las múltiples crisis post-2008, la presión sobre el control de las tierras y recursos de interés, como el agua y la biodiversidad, en estas “zonas con reservas de tierras” aumentó considerablemente, ya sea para uso productivo o como activos financieros. Las llamadas soluciones climáticas basadas en la naturaleza, que se centran en los bosques y los ecosistemas como las principales reservas de carbono, intensifican aún más la competencia por las reservas de tierras y la especulación inmobiliaria en todo el mundo.

En este informe, evaluamos la situación de las tierras en las cinco zonas prioritarias de expansión e inversión de la agroindustria identificadas para América del Sur: la Orinoquía o los Llanos Orientales en Colombia; el Matopiba en el Cerrado brasileño; y las regiones a lo largo de la ruta del flujo de salida de producción de la hidrovía Paraná-Paraguay, los departamentos de Santa Cruz de la Sierra y Beni en los bosques secos chiquitanos en Bolivia, el Chaco Seco Paraguayo y el Chaco Argentino. En las cinco zonas de expansión, se puede identificar:

Alta concentración de las mejores tierras cultivables en inmuebles de gran extensión, en general con más de 2 mil hectáreas. Incluso en Bolivia, que impone límites de hasta 5000 hectáreas por titular, en la zona de expansión de Santa Cruz y Beni hubo legalización y titulación de áreas con hasta 6000 ha. En la región de la Orinoquía en Colombia, el promedio alcanza los 10 mil hectáreas por propiedad, mientras el 36% del área argentina está controlada por propiedades entre 10 y 20 mil hectáreas y el 40% de las tierras en Paraguay están controladas por 600 inmuebles con más de 10 mil hectáreas. En el Cerrado brasileño, por primera vez, aparecen propiedades mayores de 1 millón de hectáreas con soja cosechada en Mato Grosso y Bahía.
Ocupación mayoritaria de estas tierras por monocultivos de soja o pastos para la ganadería (pecuaria) para exportación de mercancías agrícolas (commodities) y aumento significativo de la deforestación de la vegetación nativa resultante de la conversión acelerada del uso de la tierra por el avance de la frontera agrícola. De las 16 millones 500 mil hectáreas convertidas por la agricultura en Brasil en los últimos 10 años, 12 millones de hectáreas fueron con soja. Se destaca el récord de deforestación en Bolivia, con 5 millones de hectáreas solo en 2019, mientras que el 80% del Chaco argentino se convirtió en tierra para pastos y producción agrícola.
Aumento del control de las tierras (por adquisición o contrato) y de la infraestructura logística para exportación por parte de grupos económicos extranjeros, principalmente las “tradings” (comercializadoras) del sector, con destaque para el control de terminales portuarias estratégicas por parte de Cargill y COFCO en todas estas zonas de expansión y la intensa inversión en la adquisición de las tierras del Matopiba ( acrónimo para los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí, e Bahía) por parte de fondos de pensiones e inversión. La extranjerización del control sobre las tierras es especialmente relevante en Paraguay, donde se estima que 35% de las tierras estén bajo control extranjero directo o indirecto, y en la zona de expansión de Santa Cruz de la Sierra, con 60% de las tierras más productivas bajo el control de corporaciones internacionales del sector.
Procesos en curso de digitalización de la gobernanza de la tierra —para resolver derechos de propiedad mediante catastros con la georreferenciación de áreas— descuidan los territorios colectivos en todos los países analizados con el fin de sentar las bases para abrir tierras para el mercado de tierras.
Titulación individual masiva de la propiedad privada y suspensión de los procesos de titulación colectiva y de reforma agraria, incluso en Bolivia, el país más avanzado en la garantía de derechos territoriales colectivos en América Latina. En la región de Santa Cruz, 1 millón 800 mil hectáreas de las mejores tierras fueron excluidas de la reforma agraria por el catastro de tierras y posteriormente tituladas en favor de empresas agropecuarias (de cultivo y ganadería).
Leyes y políticas específicas para atraer inversiones del mercado de capitales en tierras, infraestructura logística y en cadenas de valor del agronegocio, tienen como lastre patrimonios rurales creados específicamente para garantizar deudas, como la tierra (o fracciones de ella), la cosecha futura o los “servicios ambientales”. Se resaltan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDREs) en Colombia, beneficiarias privilegiadas de tierras y políticas de crédito, y la transformación de los títulos del agronegocio en Brasil en activos mobiliarios, los cuales pueden ser emitidos en moneda extranjera, y gestionados por el mercado financiero con exención de impuestos en sus transacciones.

En todos los países analizados, los catastros con georreferenciación se convierten en un requisito tanto para el proceso de regularización de la tierra como para el acceso a otras políticas públicas y de crédito en el sistema financiero por el inmueble rural. Hay una inversión masiva del Banco Mundial para digitalizar la gobernanza de la tierra y de los recursos naturales sobre ella, como los 45 millones 500 mil dólares específicos para inscribir loa inmuebles rurales particulares del Cerrado brasileño en el Catastro Ambiental Rural (CAR), o los 100 millones de dólares para el catastro multipropósito en Colombia.

[Para un análisis extenso de los cinco países cubiertos por este informe, haga clic aquí]

Aunque la mejora en la tecnología de ubicación y medición de los límites de propiedades —denominada digitalización de la gobernanza de la tierra— puede contribuir al proceso de saneamiento/identificación de las tierras públicas, devueltas (“baldías” o “vacantes”), colectivas/comunitarias y privadas, con el fin de recuperar propiedades en una situación ilegal, la cumplimentación del catastro por cada posesionario/propietario sin verificación por parte del Estado termina validando el proceso histórico de grilaje/acaparamiento de tierras. Se puede ver en las cinco principales zonas de expansión en América del Sur, objeto de este informe, una titulación individual masiva a favor de quienes tienen acceso primero a la precisión digital (GPS), sobre tierras públicas, devueltas y sobre tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos y comunidades tradicionales, en un verdadero land grabbing digital.

Incluso en Argentina y Paraguay, que requieren la integración de estos catastros con las informaciones de los registros inmobiliarios antes de conferir derechos de propiedad sobre la tierra, el enfoque en el título y la precisión de la medición GPS viene reemplazando el criterio de verificación del cumplimiento de la función social y ambiental y de la naturaleza de la ocupación (sea fruto del acaparamiento de tierras o no). Por lo tanto, se puede observar que, en general, los catastros son utilizados como nuevo fundamento para la seguridad jurídica de la propiedad, dando validez a títulos podridos, basados en invasiones de tierras públicas y territorios de pueblos y comunidades tradicionales, como en el caso del registro SIRT, con las tierras mal habidas en Paraguay, y el CAT-SAN, que dio prioridad al registro notariado de las mejores tierras cultivables en conflicto en Santa Cruz de la Sierra para empresas agropecuarias. Actualmente, Brasil, por Decreto, permite la regularización agraria sobre terrenos públicos de hasta 1500 hectáreas a partir del CAR e informaciones proporcionadas por el solicitante mismo.

Hayuna clara prioridad en la georreferenciación sobre las zonas de expansión del agronegocio y casi exclusivamente sobre inmuebles rurales particulares, encubriendo, total o parcialmente, los territorios colectivos y los asentamientos de reforma agraria en su gestión colectiva de tierras. Aunque exista una inscripción como territorios colectivos, las instituciones públicas y bancarias vienen exigiendo el catastro como inmueble rural particular, lo que genera la superposición de varios catastros individuales sobre territorios colectivos, o incluso borrar estos territorios del mapa. Esta presión por el catastro como bien inmueble particular se debe a que las tierras públicas, los territorios colectivos/comunitarios y los asentamientos de reforma agraria (por un tiempo determinado) son inalienables y no pueden ser dados en garantía de deuda, lo que representa límites al mercado de tierras inmobiliarias y al mercado mobiliario de los activos financieros basados en patrimonios rurales sobre la propiedad privada.

Con este rediseño digital del uso y ocupación de la tierra con foco en inmuebles individuales particulares, y la posterior regularización de tierras pautada en la emisión de títulos individuales para consolidar derechos de propiedad, se pavimenta la inserción de millones de hectáreas en el mercado de tierras y en las cadenas globales de valor, incluso como si fueran sustentables, y en el mercado de capitales, y pasa a ser posible su venta y ejecución por deuda.

Es en estos territorios virtuales regularizados por los catastros donde los principales agentes que organizan la cadena de valor de los agronegocios empiezan a vender la idea de cadenas globales sustentables, cuya producción estaría libre de deforestación [5].Con el perdón legal de los delitos de invasión de tierras públicas y deforestación (como ocurre en Bolivia y Brasil), a partir de la inscripción en los registros, se reedita el origen, ahora “legal y verde”, de los productos de la cadena de valor —principalmente la soja y la carne—, validados como “sustentables” por la nueva infraestructura tecnológica del sistema de verificación y reporte de los sistemas de trazabilidad de estas cadenas largas típicas de las commodities (mediante tecnología Blockchain) [6].Por otro lado, lo que no está en el mapa ya no está en el mundo, las mismas imágenes satelitales que garantizan el cumplimiento de las normas de tierras y ambientales de las propiedades privadas, se convierten en sistemas de vigilancia y criminalización de pueblos y comunidades “borrados” en sus propios territorios, cuyas formas de vida se convierten en crímenes contra la propiedad.

Además de la reedición “verde” del mercado inmobiliario y de la cadena de mercancías agrícolas de exportación (commodities), se autoriza la emisión de nuevos títulos financieros sobre patrimonios rurales, tales como la propiedad sobre la tierra y sobre servicios ambientales (green bonds), que tiene como objetivo conferir lastre a la liquidez del mercado mobiliario de capitales, así como apalancar financiamientos para la producción e infraestructura de la cadena de valor del agronegocio. Inmuebles con registro de propiedad y georreferenciación en el CAR y/o el SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária/ Sistema de Gestión Agraria) en Brasil, por ejemplo, representan el nuevo lastre para la emisión de títulos financieros sobre la tierra y recursos naturales, como la Cuota de Reserva Ambiental (CRA) sobre 1 hectárea de vegetación nativa o los títulos del agronegocio que tengan la tierra, la cosecha futura o los servicios ambientales como garantía de deuda por préstamos de inversionistas, principalmente extranjeros.

Así, la digitalización de la gobernanza de la tierra y de los recursos naturales a través del vínculo entre el catastro georreferenciado y el registro de bienes inmuebles se convierte en el nuevo lastre, así como medio para la rápida ejecución de transacciones de valores – incluso “sostenibles” – de los negocios a partir de las tierras, en esta fase digital de la economía financiarizada. Está en curso una concentración sin precedentes de la tierra, los recursos naturales y el sistema agroalimentario, ya no por los agronegocios, sino por pocos actores del mercado de capitales, lo que profundiza aún más la producción de escasez intrínseca al sistema corporativo de producción agroalimentaria.

No se trata sólo de un rediseño digital de la superficie, sino de una reedición por imágenes “con precisión tecnológica” de la historia de los paisajes, de los territorios, la agrobiodiversidad y sus pueblos. Por regla general, los territorios de pueblos “borrados”, identificados como “vacíos” demográficos o propiedades privadas, se encuentran precisamente en estas zonas prioritarias para la expansión e inversión del agronegocio, escenarios contemporáneos no sólo de disputa por la tierra, sino también por el derecho a la existencia de otros modos de vida, otros tipos de desarrollo y posibilidades de futuro fuera de las formas de la propiedad privada y del mercado financiero.

Brasil-Matopiba

A principios del siglo, la FAO identificó el Cerrado como la más importante zona de expansión agrícola mundial en este siglo (FAO/2000) [7]. En la década siguiente, el Matopiba pasa a ser definido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como “la frontera agrícola más reciente en Brasil” (USDA/2012) [8]. Actualmente, el Cerrado representa un 45% del área agropecuaria nacional, produciendo el 52% de la soja del país, con gran parte de sus tierras e infraestructura logística organizada por conglomerados agroindustriales extranjeros, como el ABCD del agro, así como el chino Cofco Agri, hasta actores exógenos al sector, tales como algunos fondos de inversión extranjeros, como la Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA) y Harvard Endowment (GRAIN, 2020), Brookfield Asset Management, Cresud Mitsui, Mitsubishi, Valiance Capital, Private Equity Patria Investimentos/Blackstone, y otros (Chain Reaction Research, 2018) [9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]

Una verdadera financiarización de la tierra, de los recursos naturales y del sistema agroalimentario está en marcha en el país, sobre todo a través de la estructuración de un sistema de crédito financiado por el mercado de capitales y ya no encaminado por el Estado, que exige una creciente liberación de la tierra como propiedad privada, principal garantía de los financiamientos, y una reducción de la burocracia en los procesos de regularización de tierras, con el fin de agilizar los procesos de titulación [18]. La digitalización de la tierra es fundamental para ello.

Es evidente el “borrado” de los territorios colectivos y el rediseño digital de la tierra como propiedad privada mediante el Catastro Ambiental Rural (CAR): a marzo de 2019, sólo 6% del territorio catastrable, o 34 millones 500 mil hectáreas, fueron declarados como tierras de pueblos indígenas, territorios quilombolas y territorios de pueblos y comunidades tradicionales en el Sistema de Información del CAR (SICAR), aunque los datos oficiales indican que existen 117 millones de hectáreas, o el 13.7% del territorio nacional, solo en territorios indígenas (Funai/2020) [19,20] Si bien las bases de datos oficiales del gobierno indican que un 43% del territorio del país son áreas privadas, 91% del territorio nacional fue declarado como inmueble rural particular en el catastro de tierras del Sistema Nacional de Catastro Rural (SNCR), un aumento de 1/3 de 2016 a 2018, desde la aprobación de la denominada “Ley del grilaje” (“Ley de acaparamiento”) [21, 22].

Colombia-Orinoquía

En 2016, Colombia creó las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), para permitir la asignación de tierras baldías/públicas de cualquier tamaño por contrato/concesión por tiempo indefinido a favor de la agroindustria, rompiendo con la preferencia por la asignación de las tierras públicas a los más vulnerables del campo, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto. Además de la concesión subsidiada de tierras, las actividades instaladas en las ZIDRES se convierten en las principales destinatarias de beneficios de incentivo y financiación con líneas de crédito privilegiadas [23].

De los cerca de 7 millones 200 mil hectáreas (6,2% del territorio) autorizadas para el establecimiento de las ZIDRES, 5 millones 500 mil ha están situadas en los Llanos Orientales o la Orinoquía (76,3%), de las cuales 4 millones 800 mil en los departamentos de Vichada (66%) y 2 millones 300 mil en Meta (32%), principales departamentos de la ecorregión, acabando por legalizar un verdadero mercado de tierras públicas —los baldíos de la Nación— en la región [24]. La acumulación irregular de baldíos es especialmente intensa en la Orinoquía, principalmente en la región de Altillanura, considerada la última frontera agrícola en Colombia, y con la mayor concentración de tierra del país, con inmuebles en promedio por encima de las 10 mil hectáreas [25].

La inscripción de estas extensas áreas de baldíos como inmuebles particulares en el catastro multipropósito —sistema electrónico de información y georreferenciación de tierras en Colombia— sienta las bases para la consolidación de la propiedad privada sobre tierras públicas y su inserción en el mercado de tierras. Aunque el catastro no requiere documentación de registro de la propiedad y, por lo tanto, no puede justificar la emisión de título que confiera derecho de propiedad sobre la tierra, el Banco Mundial apuesta por la integración de sistemas de catastro y registro de tierras, con financiación de U$ 100 millones, a través del BIRD, con el objetivo de digitalizar el 100% del territorio del país, con la emisión de 67 mil títulos que cubrirán 1 millón 500 mil hectáreas hasta 2025 [26].

Argentina-Chaco

Argentina también viene integrando informaciones territoriales basadas en la tecnología de precisión geoespacial pero, a diferencia de Brasil y Colombia, el Catastro espacial ya nace vinculado al sistema de registro de inmuebles para la emisión de títulos de derecho de propiedad. Si bien exige la conformidad entre las informaciones del catastro y la documentación del registro del inmueble, no existe una regla general para verificar el origen del título, la naturaleza de la tenencia y el cumplimiento de la función social de la tierra antes de la validación de los títulos. Cada provincia define su procedimiento para la regularización de tierras y la emisión delcertificado catastral, documento que constituye, modifica o transmite derechos reales sobre un bien inmueble en el país [27]. El Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (ProntAR) permite incluso la regularización de la propiedad privada sobre tierras públicas a favor de cooperativas y consorcios agropecuarios que tengan posesión mansa y pacífica, continua e ininterrumpida.

Por un lado, quienes no tengan acceso a la tecnología de georreferenciación no tendrán derecho a la emisión del certificado catastral y del título, y por otro, la integración de la información geoespacial sin un análisis documental adecuado del registro y la naturaleza de la posesión, puede terminar validando la histórica toma ilegal de tierras públicas, incluso a favor de extranjeros, ante la desregulación de los límites de acceso a la tierra por parte de extranjeros emprendida desde 2016 por el entonces gobierno de Macri [28]. Hasta 2017 se titularon 40 mil 216.5 ha, beneficiando a mil cuarenta productores, por regla general vinculados a la producción pecuaria (ganadería), sin aclarar si son pequeños, medianos o grandes, personas naturales o legales (jurídicas), nacionales o extranjeras [29].

La titulación de propiedad es fundamental para el proceso de financiarización del sistema de crédito rural en Argentina, apalancado principalmente a partir de la década del 2000 por la constitución de fideicomisos por fondos de inversión, que pasan a detener la tierra como garantía, así como debido a la emisión de títulos sobre la producción, como los avales (warrants), emitidos incluso en dólares y solo a actores extranjeros [30, 31]. Entre 2004 y 2008, la constitución de propiedades fiduciarias temporales en el sector rural aumentó en un 271%, y según el Censo de 2018, 208 fideicomisos poseían 235 mil hectáreas en el país [32, 33] La translatinización de megaempresas argentinas como Los Grobo fue impulsada por la constitución de fideicomisos. A su vez, los warrants con garantías financieras representaron el 87% de las emisiones de certificados en 2018, representando aproximadamente 806 millones de dólares.

Paraguay-Chaco

Incentivos estatales constantes vienen financiando un precio atractivo para las tierras en el Chaco Paraguayo, ya sea a través de políticas de crédito o facilitando la regularización subsidiada de las invasiones ilegales de tierras públicas. De las 7 millones 800 mil hectáreas de tierras públicas/fiscales o compradas con presupuesto público, entre 1954 y 2003, otorgadas ilegalmente en el país, las llamadas tierras “mal habidas”, el 80% se encuentran en la región del Chaco. En promedio, se asignaron 4 mil 600 hectáreas por persona, principalmente a políticos, élites locales y militares [34,35]

En 2014 se implementó el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), con el apoyo de la ONU/PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), para identificar la situación geográfica y registral de las tierras fiscales concedidas por el estado y actualizar la situación de las mil once colonias campesinas de la región oriental por el Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra), con el fin de iniciar los trámites de reversión de tierras “mal habidas”, según el art. 47 del Estatuto Agrario. Si bien el Indert debería verificar el origen del título, el tipo de ocupación y la función socioambiental y si cumple los criterios de beneficiarios de la reforma agraria para validar el registro en el catastro georreferenciado, el Instituto pasó a considerar los títulos ya pagados, aunque irregulares, como legítimos, con la mera inscripción en el SIRT [36]

De esta forma, el catastro viene sirviendo para encubrir y legitimar títulos podridos y posesiones ilegales en las colonias, en un verdadero acaparamiento digital de las “tierras mal habidas” [37]. Ahora tituladas y reconocidas, las tierras habidas “legalmente” por el maquillaje digital abren el mercado de tierras y pasan a conferir lastre a los patrimonios rurales en garantía de deuda a favor de las inversiones de actores financieros extranjeros, que históricamente dominan la cadena de valor del agronegocio en Paraguay [38].Es a partir del mercado de capitales con lastre en patrimonios rurales que los agronegocios, financiarizados, pretenden transformar el Chaco en una zona de expansión e inversión, a través de la instalación de nodo [hub] de transporte internacional, para triplicar a cerca de U $5 mil millones el valor anual de las mercancías agrícolas de exportación (commodities) transportadas por la carretera Transchaco (Ruta número 9), la principal carretera de salida de la producción de la región hacia las terminales portuarias de la Hidrovía Paraguay-Paraná [39].

Bolivia-Chiquitania (Santa Cruz y Beni)

Aunque las cifras brutas apuntan a una mayor extensión de tierras destinadas a los pueblos indígenas y/o titulaciones colectivas y comunitarias, un 70% de las mejores tierras cultivables del país fueron reservadas y tituladas a favor de empresas agropecuarias en la región de la Chiquitania para los agronegocios, especialmente internacionales [40,41]

En el proceso de saneamiento de las tierras en el país, zonas prioritarias fueron identificadas durante la preparación del Proyecto Nacional de Administración de Tierras financiado por el Banco Mundial (1992-1995), asociado a otro proyecto del Banco, el “Proyecto de Tierras Bajas del Este”, para garantizar la seguridad jurídica de la propiedad sobre las tierras con mejor potencial agrícola del país en la construcción de un espacio económico para la producción comercial de soja para exportación [42. 43]. Estas áreas prioritarias estaban compuestas por áreas en conflicto en cuanto a la posesión y propiedad, las cuales deberían realizar el Saneamiento Integrado al Catastro (CAT-SAN), modalidad que combina la inscripción del inmueble en registros públicos con la inscripción en un catastro legal con informaciones georreferenciadas de la propiedad, pasando a dar prioridad sobre los derechos de propiedad en caso de superposición de títulos sobre la misma área [44].De las 2 millones 500 mil hectáreas identificadas como áreas prioritarias, 1 millón 800 mil hectáreas estaban en Santa Cruz de la Sierra, según la empresa INYPSA contratada por el Banco Mundial [45].

Como resultado de la ejecución de este programa, hubo un aumento en las titulaciones a las propiedades medianas y empresas agropecuarias (de cultivo y ganadería), especialmente las extranjeras. Se estima que empresas transnacionales como la ADM, Cargill, Bunge y actores financieros como el grupo de inversión venezolano Gravetal controlan directa o indirectamente (agricultura de contrato) alrededor del 60% de las tierras más productivas de Santa Cruz de la Sierra [46,47,48].

La titulación individual de la propiedad fue esencial para la inserción de las tierras cultivables en el mercado de tierras, ya que las TCO (Tierras Comunitarias de Origen) y la propiedad comunitaria son áreas fuera del comercio, que no pueden ser vendidas ni dadas en garantía, así como para permitir el acceso a las tierras por empresas extranjeras. Dado que la venta o cesión de tierras públicas a extranjeros está prohibida en Bolivia, el programa de digitalización y titulación privada individual de las tierras fiscales (ya sean pequeñas, medianas o grandes) fue el primer paso para hacer posible la entrega, ya sea a través de la venta o contrato, de las tierras al capital extranjero, y, por lo tanto, para constituir el área especial de inversión agroindustrial en la Chiquitania.

RESISTENCIAS DE LOS TERRITORIOS:

1. Reforma agraria integral y popular, y territorios colectivos contra la mercantilización y la financiarización de la tierra, los recursos naturales y el sistema agroalimentario. Los territorios colectivos comunitarios, los asentamientos de reforma agraria (por un tiempo determinado, por regla general superior a 10 años) y las tierras públicas son tierras fuera del mercado de bienes inmobiliarios, como mercancía, y mobiliario como activo en el mercado financiero. Como no se los puede vender, arrendar (salvo excepciones) u ofrecer como garantía para ejecución por deudas por instituciones financieras, son territorios de resistencia al proceso de mercantilización y financiarización de la tierra, los recursos y el sistema alimentario.

2. El acceso a la tierra no es regularización agraria. Existe una previsión constitucional y legal de asignación prioritaria de tierras públicas para los territorios colectivos de pueblos indígenas y comunidades tradicionales y para los beneficiarios de asentamientos de reforma agraria en todos los países donde se insertan estas zonas de expansión agroindustrial. Antes de cualquier programa de regularización de tierras pautado en la emisión de títulos de propiedad individual, es obligación de los Estados y organismos multilaterales de financiamiento, como el Banco Mundial, ejecutar la identificación y asignación de las tierras públicas y las tierras particulares recuperadas por irregularidad para los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades tradicionales y el público beneficiario de la reforma agraria.

3. La digitalización de la gobernanza de la tierra no puede generar derechos de propiedad. Catastros georreferenciados no pueden ser criterio legal para fundamentar la legalidad de títulos registrados en oficina de registros públicos o tenencia de tierras, bajo pena de que el proceso de digitalización de la tierra se constituya como un verdadero rediseño de la superficie con enfoque en la propiedad privada, en un masivo acaparamiento de tierras digital.

4. Antes que catastros y títulos, debemos construir sistemas vinculantes de verificación y monitoreo constante del cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra. La verificación y monitoreo del cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra, el origen de la tenencia (no violenta) y la validez de los títulos registrados con la recopilación del histórico de la cadena de dominio es lo que da condiciones para la protección de la propiedad pública o privada, individual o colectiva, en cualquier Estado de derecho, ya sea liberal o social.

5. Los catastros digitales de tierras no pueden ser requisitos para el acceso a las políticas públicas y de crédito rural, bajo pena de excluir de la tierra a las personas que no tienen acceso, no pueden pagar por la georreferenciación o registrarse como territorio colectivo. La inversión masiva del Banco Mundial para la inscripción de tierras en estos catastros como bienes inmuebles particulares —sean pequeños, medianos o grandes— contribuye al borrado e inserción de territorios colectivos en el mercado de tierras.

6. La propiedad privada sobre la tierra no significa la propiedad de los recursos naturales, llamados “servicios ambientales”. Los bosques, la vegetación nativa, el agua, la biodiversidad y sus funciones ambientales no integran el patrimonio rural del propietario, ya que en todas las constituciones democráticas occidentales las cualidades ambientales componen el núcleo de los derechos humanos vinculados a la dignidad humana. Esto significa que son bienes no patrimoniales, ni públicos ni privados, protegidos por el régimen jurídico de bienes comunes que no pueden ser apropiados (ni por entidades estatales) y vendidos en el mercado como otras mercancías. Esas cualidades ambientales no pertenecen a nadie, están dirigidas a todas las personas de las generaciones presentes y futuras, y especialmente a los pueblos y comunidades tradicionales que los mantienen preservados y han sobrevivido de y con ellos durante miles de años. La apropiación de estos recursos por parte del titular de la tierra o del título financiero significa la exclusión de todos los demás, incluidas las generaciones futuras, del acceso equitativo a los medios de producción de la vida, poniendo en peligro las condiciones mismas de reproducción de la vida en el planeta.

7. La financiarización genera más escasez. Prohibición de la emisión de activos financieros o valores mobiliarios sobre la propiedad de la tierra (o fracciones de ella) y sobre bienes comunes que no componen patrimonios rurales, tales como servicios ambientales (vegetación nativa, agua, biodiversidad). La transformación de la tierra como valor a como acciones tiene como objetivo dar liquidez al mercado financiero, colocando la tierra (o fracciones de ella) y sus recursos, como la cosecha y los llamados “servicios ambientales”, en manos de pocos agentes financieros, que pasan a controlar y especular sobre los precios de las tierras, los mercados de carbono y biodiversidad y con las mercancías agrícolas, poniendo en peligro todo el sistema alimentario.

Por otro lado, la apuesta de apalancar financiamiento para la gestión ambiental por medio del mercado financiero a través de la emisión de activos ambientales (green bonds) termina induciendo a una escasez aún mayor de bienes ambientales que se quieren proteger. Dentro de la lógica de la oferta y la demanda y las especulaciones típicas de los activos financieros, cuanto más escasa sea una mercancía, más alto será su valor de mercado. En una economía extractiva que produce escasez de bosques y vegetación nativa, por medio de altas tasas de deforestación, y escasez de aire limpio y regulación climática, con la creciente emisión de gases con efecto de invernadero, los activos verdes que representan estos recursos naturales escasos serán cada vez más valorados en las dinámicas del mercado financiero. Cuanto mayor sea el lucro de la economía marrón de la agroindustria y del petróleo, mayor será el lucro de la economía verde financiarizada, por lo tanto, pragmáticamente ineficaz para la gestión del medio ambiente. La apropiación y la financiarización de la tierra y de los recursos naturales son mecanismos inductores de una mayor escasez.

La gestión colectiva de los territorios biodiversos por los pueblos y comunidades tradicionales y campesinas del mundo hace cerca de 12 mil años es lo que viene garantizando la preservación ambiental y el suministro de diversidad alimentaria y nutricional para toda la humanidad. Por lo tanto, las alternativas reales están en mantener lo esencial, fuera de las formas de la propiedad y de los mercados.

– Para descargar el informe completo (PDF), haga clic en el siguiente enlace: Zonas de expansión e inversión de la agroindustria. Este informe contiene:

Agradecimientos: Junior Aleixo, investigador de doctorado en el Programa de Posgrado de Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad (CPDA/GEMAP/UFFRJ), quien colaboró en la recopilación de datos y la revisión del informe; Eduardo Barcelos, profesor del Instituto Federal Baiano (IFBAIANO), responsable de la construcción de cartografía/mapas contenidos en el informe.

Referencias:

[ 1] El índice GINI mide el grado de desigualdad en la distribución del acceso a la tierra entre propietarios/posesionarios en una región y periodo de tiempo determinados. El cero indica la máxima igualdad de acceso a la tierra y el 1, la máxima desigualdad. Así, el índice mide la desigualdad relativa entre los propietarios de la tierra y no su concentración, excluyendo “sin tierras”, por ejemplo. Apenas recientemente los censos de los países comenzaron a incluir categorías de tenencia y propiedad colectiva de la tierra, como los territorios indígenas y las comunidades afrodescendientes y tradicionales, lo que también viene enmascarando los datos del censo.

[ 2] OXFAM, Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina, 2016, p. 25. Disponible en: https://www.cpalsocial.org/documentos/ 320.pdf.

[ 3] Esta cifra no considera usos no agrícolas de estas tierras, como minería, infraestructura, asentamientos humanos y áreas de protección ambiental. In FAO y Fischer et al.Perspectivas por sectores principales. 2000 in Agricultura Mundial: hacia los años 2015/2030. Disponible en: http://www.fao.org/3/y3557s/y3557s08.htm.

[ 4] Sin embargo, la proyección de la FAO es el crecimiento de alrededor de 70 millones de hectáreas en el mundo hasta 2050, con un aumento de 132 millones de hectáreas en los países en desarrollo, especialmente América Latina y África Subsahariana, y una disminución de 63 millones de hectáreas en los países desarrollados. En Nikos Alexandratos y Jelle Bruinsma, World Agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision.Roma: FAO, 2012, p. 10-12. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-ap106e.pdf.

[ 5] Cargill, ADM y otras comercializadoras están presentando en sus informes de 2020 que casi 100% de la soya comprada en Brasil y en Matopiba vienen de inmuebles con cero deforestación. Dos principales problemas: 1. identificar sustentabilidad con ausencia de deforestación solamente 2. adoptar los parámetros de deforestación “legal” del Código de bosques que legalizó la deforestación ilegal hasta 2008, con la adhesión al CAR (auto declaratorio) —lo que significa 29 millones de hectáreas en todo el Brasil y permisos de más 88 millones de hectáreas de deforestación legal. Por lo tanto, el cumplimiento del Código de Bosques significa la implementación del perdón por años del uso ilegal de la propiedad. Ver informe de Cargill 2020 que utiliza el CAR como sinónimo de inmueble legalizado: https://static1.squarespace.com/static/5b48c2572487fdd7f1f29d1c/t/5cb0af23e2c483e4f71058ba/1555083 y https://www.cargill.com/doc/1432166466608/soy-progress-mid-year-report-2020-en.pdf 045257/DP_Monitoring_Web.pdf y el informe de ADM https://assets.adm.com/Sustainability/2019-Reports/2019-Soy-Progress-Report.pdf. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

[ 6] Se ha construido como una cadena de bloques que registra la información de todas las transacciones en un libro de caja de forma permanente (indescifrable), capaz de ser rastreada por los usuarios, lo que proporcionaría una infraestructura digital fiable y segura para garantizar el cumplimiento paso a paso de las cadenas de valor mundiales. Microsoft e IBM lo están desarrollando.

[ 7] Landers, 2001, p. 39 en Diana Aguiar, As veias abertas para a expansão do capital: tensões territoriais no projeto de transformação do Tapajós em corredor logístico. UFRJ. 2019, p. 84.

[ 8] Departamento de Agricultura de EUA, Servicio Agrícola Extranjero, Brazil’s Latest Agriculture Frontier in Western Bahia and Matopiba. 26 jul. 2012. Disponible en: https://ipad.fas.usda.gov/highlights/2012/07/Brazil_MATOPIBA/.

[ 9] En 1975, el Cerrado representaba 9% o 540 mil hectáreas de la soja plantada en el país, 20% del área cosechada con maíz, 22% del área de algodón y 25% de caña de azúcar. En 2015, saltó a 52% o 17 millones 400 mil hectáreas con producción de soja, 49% de la producción de maíz, con 7 millones de hectáreas, 98% de la producción de algodón y 9% del área con caña de azúcar, con 5 millones de hectáreas. In. EMBRAPA, INPE e IPEA. Dinâmica Agrícola no Cerrado. Análises e projeções 2020 p. 42 e 44-45. Disponibleen: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/212381/1/LV-DINAMICA-AGRICOLA-CERRADO-2020.pdf.

[ 10] ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus.

[ 11] Cofco Agri es uno de los brazos de la empresa estatal china Cofco International, productora y comercializadora en las cadenas globales de suministro de granos, semillas oleaginosas, café y azúcar. El conglomerado compró el 100% del capital de Noble Agri y controla las plantas, silos y almacenes de Nidera en las inversiones de América del Sur. Disponible en: https://www.cofcointernational.com/.

[ 12] “Grilagem de terras de Harvard no Brasil é desastre para comunidades e alerta para especuladores”, 2020. Disponible en: https://grain.org/e/6458.

[ 13] Brookfield Asset Management es un fondo de inversión canadiense presente en Brasil hace cerca de 120 años y tiene en el país su primera plaza de inversiones.

[ 14] Mitsui es uno de los conglomerados más importantes de Japón. Opera en la cadena agroalimentaria y en los servicios financieros. En Brasil, invierte en tierras en una joint venture con la SLC Land Co. en dos fincas de São Desidério (Bahía) y Porto dos Gaúchos (Mato Grosso). También controla la Agrícola Xingu, que posee tierras en São Desidério (Bahía).

[ 15] Mitsubishi Corporation está representada en el país por su subsidiaria Agrex do Brasil. Actúan como productores, proveedores de insumos agrícolas y propietarios de tierras en Maranhão, Tocantins y Piauí, que representan 28 mil hectáreas. Disponible en: http://www.agrex.com.br/nossos-negocios/producao-agricola.

[ 16] La Pátria Investimentos tiene tierras en los estados de Bahía, Tocantins y Mato Grosso, además de gestionar, a través de la Hidrovias do Brasil, el puerto de Miritituba en Itaituba (Paraná), y tener concesión para la expansión de la BR 163, que conecta la Sinop (Mato Grosso) con el Puerto, que también cuenta con inversiones del Temasek, fondo de inversiones canadiense, y el International Finance Corporation, brazo de inversiones del Banco Mundial.

[ 17] Según el informe del CCR, estos fondos financieros controlaban 868 mil 488 hectáreas de tierras en la región del Matopiba. Aunque se sabe que estas cifras están subestimadas.

[ 18] Según informaciones del Ministerio de Economía, solo en 2019 se invirtieron aproximadamente 160 mil millones de reales en LCA, 40 mil millones de reales en CRA y 9 mil millones de reales en CDCA. In.Junior Aleixo, “A Lei do Agro e a busca por uma nova safra de proprietários”. Disponible en: https://jornalggn.com.br/desenvolvimento/a-lei-do-agro-e-a-busca-por-uma-nova-safra-de-proprietarios-por-junior-aleixo/.

[ 19] “Regularização ambiental e fundiária tensionam pela massiva privatização das terras públicas e territórios coletivos no Brasil”, 2019. Disponible en: https://grain.org/e/6219.

[ 20] Datos de la Fundação Nacional do Índio (Funai, Brasil). Disponible en: http://funai.gov.br/index.php/indiosno-brasil/terras-indigenas. Consultado el 29 de abril de 2020.

[ 21]Sparoveck et al. “Who owns Brazilian lands? Land use police 87”, 2010. Atlas da Agropecuária Brasileira (Imaflora/Geolab/Esalq). Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837719304077o en www.imaflora.org/atlasagropecuario.

[ 22] Paulo Alentejano. “O mistério do crescimento exponencial das terras cadastradas no Incra e a MP 910: prenúncio de um crime em andamento”, 2020. Disponible en: https://outraspalavras.net/outrasmidias/alerta-grilagem-de-terras-dispara-no-pais/. Consultado el 21 de septiembre de 2020.

[ 23] Las ZIDRES no pueden, o no podrían, establecerse en áreas prioritarias como: los Resguardos Indígenas titulados o que están en proceso de titulación, territorios colectivos de comunidades negras, Zonas de Reservas Campesinas y ecosistemas estratégicos, parques naturales y humedales. Sin embargo, la UPRA consideró los resguardos delimitados y aprobados por la ANT, excluyendo las otras áreas reclamadas. Áreas de referência para identificar ZIDRES, Metodologia para estimação indicativa [Áreas de referencia para identificación de ZIDRES, Metodología para estimación indicativa, UPRA, 2018. P. 38-39. Disponible en: http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/handle/11438/8641.

[ 24] Las ZIDRES también alcanzan el 5.5% del área del departamento de Casanare (404,4 hectáreas); el 3,7% del área del departamento de Arauca (268,5 hectáreas). Ibid. p. 85-87

[ 25] Atillanura es una subregión de la Orinoquía compuesta por los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Maripiripán en el departamento de Meta y La primavera, Cumaribo, Puerto Carreño y Santa Rosalía en Vichada. En esta subregión las Unidades Agrícolas Familiares (UAFs), que son las unidades mínimas del inmueble rural, pueden llegar a 1300 hectáreas.

[ 26] Proyecto nº 165294. Disponible en: https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P162594.Ver también: https://www.larepublica.co/economia/el-recaudo-municipal-subira-27-billones-con-el-nuevo-catastro-multiproposito-2902917. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

[ 27] El catastro se convierte en la base legal para la emisión y legitimación de títulos de propiedad en el país, de acuerdo con la Ley 26.209/2007.

[ 28] El Decreto núm. 820/16 modificó la Ley 26.737/2011, flexibilizando los criterios al excluir del límite de acceso a la tierra por parte de extranjeros las tierras en usufructo, superficie, uso, vivienda y anticresis. Los inmuebles rurales ubicados en áreas consideradas como “Zona Industrial” o que desarrollan proyectos de generación de energía renovable tampoco están sujetos a los límites de adquisición por parte de extranjeros, abriendo la economía de “transición verde” al mercado internacional. Además, sólo se consideran extranjeras las empresas con más del 51% del capital controlado por empresas extranjeras. Antes este límite era del 25%.

[ 29] Informe de gestión 2016-2017. Dirección Nacional de Tierras y Unidades Agropecuarias: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/tierras/informe_de_gestion/180803_informe_de_gestion.pdf.

[ 30] Propiedad fiduciaria es una propiedad temporal a nombre del acreedor fiduciario (generalmente bancos y, más recientemente, fondos de inversión) a cambio de financiación, por regla general, inmobiliario (bastante utilizado en la construcción civil). La Ley 24.441/94 pasó a permitir la constitución de personas legales (jurídicas) temporales por fondos de inversión que pasan a detener patrimonios rurales en garantía de préstamos, como una forma de apalancar inversiones en el agronegocio. In S Frederico; C. Gras, “Globalização financeira e land grabbing: constituição e translatinização das megaempresas argentinas”. In. J.A Bernardes et al. (orgs.), 1ª edição. Globalização do agronegócio e land grabbing: a atuação das megaempresas argentinas no Brasil. Rio de Janeiro: Lamparina, 2017. p. 11-32.

[ 31] Emitido por cualquier productor rural titular de producción rural, inclusive en dólares. Son más comunes en la época de la cosecha de la soja entre mayo y junio, regulados por la Ley 9643. Disponible en: https://www.warrantsnet.com/port-warrants-1.html. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

[ 32] D. Fernández, “Concentración económica en la región pampeana: el caso de los fideicomisos financieros”, Mundo Agrario, v. 11, n. 21, 2010.

[ 33] Censo Nacional Agropecuario 2018, se refiere al período de referencia entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018, p. 91. Disponible en: https://cna2018.indec.gob.ar/informe-de-resultados.html.

[ 34] Entre las irregularidades, la adjudicación a personas que no cumplan con los requisitos de beneficiarios de la reforma agraria, o la titulación de más de un lote por beneficiario, existiendo colonias agrarias enteras de soja con titulación irregular.

[ 35] La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay (CVJ) señaló que durante el régimen del dictador Alfredo Stroessner se destinaron ilegalmente tierras de la reforma agraria, principalmente por y para políticos y militares. Entre los beneficiarios, el grupo Carlos Casado S/A fue el más emblemático, acumulando un total de 6 millones de hectáreas en la región. In Comisión de Verdad y Justicia Paraguay (2008). “Informe Final: Tierras Mal Habidas”. Volumen IV. Disponible en: http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/paraguay/Informe_Comision_Verdad_y_Justicia_Paraguay_Conclusiones_y_Recomendaciones.htm.El informe de la CVJ sería entregado al Presidente Lugo, depuesto en agosto de 2008; la Procuraduría General de la República y el Ministerio deberían iniciar los trámites para la recuperación de las tierras “mal habidas”. Sin embargo, hasta hoy, no se ha cancelado ningún título ilegal y no se recuperó ninguna propiedad, ni tampoco se juzgó a los responsables políticos e institucionales.

[ 36] Inés Franceschelli. “Bajo el manto de la modernidad, se oculta mejor el histórico despojo”. BASE-IS. Disponible en: http://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2016/04/Bajo-el-manto-de-la-modernidad-.pdf. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

[ 37] Se encuentra en discusión en el país el Proyecto de Ley de registro único de tierras con el fin de crear el Sistema Nacional de Catastro y Registros Públicos (Sinacare), presentado por el sector rural sin ningún debate con la sociedad y que, como en Brasil, tiene como objetivo facilitar la regularización de las tierras públicas como propiedad privada. BASE-IS, agosto de 2020. Disponible en: https://www.baseis.org.py/ley-de-registro-unico-de-tierras-las-trampas-del-mercado/. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

[ 38] Paraguay Agricultural Corporation (PAYCO), por ejemplo, es el resultado de inversiones del Banco Alemán de Inversiones (DEG) con RíoForte, el brazo financiero del grupo portugués Espiritu Santo, y ahora tiene la propiedad directa de 136 mil hectáreas de tierras en todo el país, así como alrededor de 11 mil hectáreas a través de contratos de arrendamiento. Disponible en: http://payco.com.py/#/es/presencia_en_paraguay.

[ 39] La carretera fue financiada por el Comité Central de los Menonitas de Estados Unidos.: https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2019/07/22/paraguai-quer-transformar-regiao-do-chaco-em-hub-de-transporte.htm. Las cooperativas menonitas poseen alrededor de 2 millones de hectáreas en el Chaco y junto con los uruguayos y brasileños dominan el sector lácteo y cárnico. Asociación de Colonias Menonitas del Paraguay (Acomepa). Disponible en: http://acomepa.com/. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

[ 40] Según datos del INRA para el área titulada en el país: el 28% son de Territorios Indígenas (TCO – Tierras Comunitarias de Origen); el 27% de propiedad comunitaria de campesinos y comunidades interculturales; el 14% corresponde a media propiedad y empresa agrícola y el 31% a tierras públicas fiscales. Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA/2018).

[ 41] El 66% de las tierras cultivables del país se encuentran en la Chiquitania y 70% en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. In Censo Agropecuario 2013 Bolivia. La Paz, Bolivia: Instituto Nacional de Estadística, 2015.Disponíble en: http://censosbolivia.ine.gob.bo/censofichacna/ . Ver también: “Denuncian ‘descarada’ privatización de las tierras fiscales en favor del agro cruceño”, 2020.: http://www.ftierra.org/index.php/tema/tierra-territorio/934-denuncian-descarada-privatizacion-de-tierras-fiscales-en-favor-del-agro-cruceno. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

[ 42] La cooperación técnica y financiera del Banco Mundial para la preparación del Proyecto Nacional de Administración de Tierras (PNAT), entre 1992 y 1995, fue responsable de la creación y operación del INRA y la ejecución del CAT-SAN para consolidar cerca de 3 millones de hectáreas con créditos sucesivos de U $24,7 millones y 7,5 millones. En Colque; Tinta y Sanjinés. Segunda Reforma Agraria: una historia que incomoda. Fundación Tierra. 2016, pág. 141-150. Disponible en: http://www.ftierra.org/index.php/publicacion/libro/151-segunda-reforma-agraria-una-historia-que-incomoda.

[ 43] Financiamiento de U$ 50 millones de dólares del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para expandir la producción de soja en Santa Cruz de la Sierra, que incluyó la construcción de infraestructura productiva y de transporte, así como mecanismos de crédito rural y planes de ordenamiento territorial. En Enrique C.Balliván “Empresas transnacionales en el agronegocio soyero”. Fundación Tierra. 2017, p. 18-19. Disponible en: http://www.ftierra.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=169&cf_id=52

[ 44] Esta modalidad sería requerida para áreas con: i) irregularidades técnicas y/o jurídicas en los trámites agrarios; ii) conflictos por derechos de propiedad; iii) indicio de incumplimiento de la Función Económico-Social de la tierra; iv) bajo posesión de tierras sin título; y, v) ejecución de proyectos de interés público. En Colque et al. op. cit. 2016, pág. 149-150. El CAT-SAN contó con cerca de 70 millones de dólares de la cooperación internacional y créditos externos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Nórdico de Desarrollo, USAID, entre otros. El financiamiento sirvió, en cualquier caso, a las empresas extranjeras que fueron unas de las principales ejecutoras del programa de saneamiento, con tecnología de georreferenciación y medición de parcelas por fotos de satélite.

[ 45] Empresa española especializada en gestión de planificación y servicios de geoinformación y georreferenciación, realizó digitalización para la adjudicación de 2 millones de hectáreas a través del CAT-SAN en Santa Cruz y La Paz. En Colque et al. op. cit. 2016, p.147.

[ 46] Enrique C. Balliván, 2017, op.cit., p. 25 -28.

[ 47] En la agricultura de contrato, tanto la tierra como la mano de obra pasan a subordinarse a la cadena global de mercancías agrícolas mediante la realización de contratos de producción con grandes traders (comerciantes) en el sector. Además, el contrato también vincula à la adquisición de determinados insumos, generalmente importados, con aplicación de propiedad intelectual, como fertilizantes, agrotóxicos y semillas convencionales y transgénicas. Agrotóxicos y semillas en general significan la parte más relevante de los costos operativos, y pueden alcanzar el 60% de los costos en Bolivia.

[ 48] Comunicaciones Aliadas, “Bolivia: Acelerado proceso de extranjerización de tierras,” 14 de agosto de 2018. Disponible en: https://www.farmlandgrab.org/28372.Consultado el 11 de septiembre de 2020.

Publicado originalmente en GRAIN

Cercas digitales: cercamiento financiero de las tierras agrícolas en América del Sur