En medio de la preocupación por la amenaza de cumplimiento del desalojo de la toma de Guernica surgió la posibilidad de entrevistar juntos a dos compañerxs de larguísima y reconocida trayectoria militante en las organizaciones sociales y populares autónomas. Ambos fueron parte activa de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y hoy forman parte de experiencias de autoinstitución popular que, en medio de la pandemia, combinan cuidados colectivos y lucha social. La propuesta fue que cada uno respondiera por su cuenta y con sus compañerxs más cercanos tres preguntas comunes: Neka, ofreciendo un punto de vista territorial feminista como militante de Las comarqueñas y Mariano como parte del Instituto Generosa Frattasi, perteneciente al movimiento gremial de los trabajadores preciaros.
La primera pregunta que les quiero formular es la siguiente: cómo ven, cada uno desde su inserción actual, la evolución de la conflictividad social. En particular les pregunto en cómo se crea organización popular en la pandemia.
Neka Jara: – Es un momento para pensar de manera diferente la conflictividad social. Todos los reclamos –como el derecho al techo, al trabajo, a la vivienda- cobran un nuevo sentido con la pandemia. Porque surgen nuevas preguntas: ¿Vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a trabajar? Son preguntas sustanciales. Las luchas por estos derechos cobran otro sentido que se vincula directamente a la pregunta sobre la existencia.
Con respecto a las organizaciones populares, si tomamos la experiencia de la toma de Guernica a grandes rasgos podemos visualizar tres modos bien marcados: las organizaciones que siguen insistiendo con una construcción de oposición al poder establecido muy tradicional; otras que siguen sosteniendo y abriendo espacios de lucha a partir de derechos vulnerados como la falta de trabajo, tierra, techo y comidas, peleándole al estado y administrando lo logrado para fortalecer espacios de construcción popular. Y otras que expresamos, desde la asamblea feminista, prácticas que intentan ir más allá del reclamo de tierra para vivir, con propuestas para desarmar situaciones de violencia y de opresión tramando formas comunitarias de vivir, como se expresa en las asambleas, en los diversos talleres y en el encuentro plurinacional de muyeres y disidencias llevado a cabo sábado 10 de octubre en la toma. Si bien la perspectiva feminista es hoy una novedad en la toma, no podríamos dejar de reconocer que al interior del mismo feminismo conviven tensiones relacionadas con diferentes miradas políticas. Muchos colectivos feministas terminan reproduciendo prácticas verticalistas y hegemónicas haciendo prevalecer el interés de la organización por encima de la construcción de tejido común. Nos preguntamos cómo desarmar relaciones capitalistas y patriarcales basadas en prácticas de control y de violencia, proponiéndonos la creación de espacios comunitarios con relaciones horizontales y reciprocas y formas de defensas de esos espacios.
Mariano Pacheco: -Creo que la pandemia del COVID 19 puso al mundo en una situación por demás compleja, y a los Estados nacionales –más allá de las limitaciones de maniobras que puedan tener en el marco del Nuevo Orden Mundial Neoliberal (fase actual del capitalismo)- ante el desafío de posicionar una política de salud determinada, de la mano del abordaje económico y social frente a la crisis. Esta situación debe ser analizada al calor del proceso corto de los últimos cuatro años; del mediano, que se abre diciembre de 2001, y del largo de la posdictadura. Es decir que hace falta dar cuenta del proceso más general, teniendo en cuenta las limitaciones que en Latinoamérica mostraron tanto las gestiones progresistas del Estado como las luchas sociales desde abajo que no se plantearon una estrategia de poder. A todo esto hay que sumar el frente que venció electoralmente al partido neoliberal, es excesivamente heterogéneo. El Frente de Todos está compuesto tanto por las organizaciones populares con mayor capacidad de movilización y presencia territorial nacional, como por las corrientes progresistas que gobernaron la Argentina durante tres mandatos consecutivos (y dejaron al país en las condiciones en la que lo dejaron en 2015), y también por sectores peronistas que tranquilamente en otra coyuntura podrían haber integrado el bloque de fuerzas neoliberales. Fuerzas que no han sido derrotadas sino que permanecen agazapadas o mas bien al acecho, con presencia parlamentaria, control de medios hegemónicos de comunicación y con cierta capacidad de movilización. El gobierno actual es más un gobierno de transición que un gobierno popular. Formo parte del conjunto de militancias que hemos decidido apoyarlo, a pesar de todo, pero no confundimos deseo con realidad.
En este marco, nos interesa sobre todo prestar atención a la estrategia general esbozada por el bloque de fuerzas sociales más dinámico de los últimos años: la Economía Popular, que incluye en su interior lógicas emprendedoristas (típicamente neoliberales), pero también, la conformación de un sujeto político (lo que llamo “El Precariado en Acción”) capaz de hacer ese pasaje de movimientos sociales (más económico-reivindicativos) a Movimientos Populares (organización social+estrategia y programa político), que permitieron esbozar un alto grado de recomposición de fuerzas, y asumir una dinámica de transversalidad a partir de la cual se incorporaron e hicieron carne otros planteos presentes en la agenda política nacional (sobre todo de los feminismos, a través de la conformación de un feminismo popular, pero también, de un cierto ecologismo popular y un sindicalismo territorial que interpela al sector de trabajadorxs asalariados). Ese bloque de fuerzas sociales, decía, tuvo una estrategia general muy clara: conformar el sindicato del precariado (la UTEP), priorizando en los hechos esa unidad tan declamada pero poco practicada por otros sectores, y acompañar –en el plano táctico– la fórmula Fernández-Fernández, sin perder autonomía en el planteo político, entendiendo que un triunfo de Juntos por el Cambio situaba a los Movimientos populares ante un escenario de franco retroceso político, y a los sectores populares ante un tremendo futuro de indigencia económica y social.
En el contexto de la pandemia se lanza el Ingreso Federal de Emergencia (IFE), que pone ante los ojos de la “clase política” –por el elevado número de inscriptos– aquello que los Movimientos Populares ya venían anunciando desde hacía tiempo: que hoy la clase que vive del trabajo está partida en dos, y que casi la mitad de sus integrantes no permanecen bajo relación salarial sino que se “inventan” un trabajo en los marcos de la economía popular (sin derechos). El IFE permitió además acelerar el proceso de lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), contemplado en la Ley de Emergencia Social conquistada durante el macrismo (y subrayo “conquistada” porque aún existen cuestionamientos al modo de acción de los Movimientos populares, con argumentos francamente canallas por parte de ciertos progresismos que se dedicaron en muchos casos a bastardear esas luchas desde el sillón de sus casas, en las que permanecieron mirando la televisión, entremezclando momentos de depresión con momentos de euforia ultraizquierdista por redes sociales). El RENATEP será la base sobre la cual pensar, con datos reales en mano, una salida popular para la pospandemia, que no sea un simple retorno a la injusta normalidad.
Luego de cuatro años de gobierno de Macri, la derecha más reaccionaria se propone debilitar al gobierno actual: ¿cómo juega la consideración de esta coyuntura política en las luchas del presente?
NJ: -Pensar que la derecha es Macri es muy restringido. Hay una derecha recalcitrante muy activa dentro del mismo gobierno, una especie de cacicazgos compuestos por gobernadores, intendentes, sindicalistas, etc. El problema está en si el gobierno asume un rol impuesto por la derecha o si hace honor a los postulados pre-electorales. Pensando en la toma de Guernica, además de los problemas que se generan en torno a la pandemia como la falta de oportunidades laborales, imposibilidad de acceso a la salud, a la alimentación y a la generación de recursos para sostener alquileres, etc., el trasfondo de un reclamo centrado en el acceso a la tierra para vivir se sustenta en los deseos despertados por un gobierno “popular” y la solución real estaría en que las familias puedan lograr un hábitat digno. Las luchas sociales emergen en este contexto de producción de estatalidad -promesas en torno a la vivienda, la asistencia, el trabajo, etc. – y de una crisis profundizada por la pandemia.
La solución del reclamo de la tierra en Guernica depende de una decisión política que podría colocar al gobierno en un lugar esperado por muchos sectores sociales. Hay cuestiones en Argentina que son deudas históricas y que escuchamos gritar a lo largo de los años por distintas organizaciones y distintas luchas como la falta de trabajo, la ausencia de respuestas dignas con relación a la salud, la alimentación, la educación y la imposibilidad de acceso a la tierra para vivir. La respuesta a estas demandas es la represión, el desalojo violento o, en el caso de la vivienda, el ofrecimiento de soluciones precarias que incrementan el hacinamiento, y producen relaciones violentas. La manera de habitar un lugar es impuesta desde arriba y desde afuera y nunca está la pregunta de cómo las personas quieren vivir. Así tenemos el modelo de las viviendas sociales que devuelven una imagen estigmatizada. Muchos cuerpos despojados es fácil prever a donde irán a parar: refugios, viviendas y barrios precarios, cárceles, psiquiátricos.
Si la tierra está en manos de pocos para especulaciones inmobiliarias y negociados mafiosos, para otros sectores el único camino para acceder a la tierra para vivir es la toma y la lucha por lograrlo.
MP: -En primer lugar, diría que no estamos ante un proceso ascendente de la lucha de masas, sino estamos atravesando una cuarentena, que mayormente se respeta, sobre todo en los sectores populares. La circulación es más bien restringida al barrio, se utiliza el transporte público por trabajo más que por recreación y se circula en la vía pública por el mismo motivo. Las expresiones anticuarentena son minoritarias, aunque profundamente amplificadas por los medios hegemónicos de comunicación. Sí hubo en estos meses movilizaciones puntuales, la más ejemplar, las ocupaciones de tierras para construir viviendas, pero cabe destacar que hoy la principal lucha de los Movimientos populares pasa por registros más imperceptibles, ligados a las tareas de organización territorial, a las prácticas comunitarias. Esas tareas la llevan adelante organizaciones que, mayormente, han asumido la estrategia de acompañar a este gobierno. Es que, además del escenario político están esos microfascismos que circulan socialmente, que ganan terreno incluso entre los sectores populares, y que contribuyen a que sectores supuestamente progresistas tengan corrimientos cada vez más hacia la derecha (corrimiento que explica la línea de seguridad de la gestión Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con un ministro como Sergio Berni).
Creo que, ante ese escenario, están muy bien las posiciones que vienen sosteniendo algunos agrupamientos, como el Movimiento Evita, Somos-Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, las organizaciones que componen el Frente Patria Grande (Vamos, el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente Popular Darío Santillán, entre otros), o sectores del sindicalismo como el “Degenarismo” en la CTA, que con matices entre sí, integran este gobierno a través de militancias en algunas funciones estatales, lo apoyan políticamente asumiendo que es el único que puede en estos momentos sostener la situación sin perjudicar aún más a los sectores populares, pero a diferencia de lo que sucedió durante los años de “orden y progresismo” kirchnerista (como dice el periodista Martín Rodríguez), no tienen “obediencia debida”. Me gusta esa consigna que sostiene que, ante una lucha de los de abajo, incluso frente a un Estado que se integra en algunas de sus funciones de gobierno, la posición debe ser estar “junto a las y los últimos de la fila”.
Foto: Emiliana Miguelez
Se escuchan voces que dentro, pero sobre todo fuera del gobierno hablan de enfrentar al conflicto social “aplicando la ley” como sinónimo de defender, de la manera que fuera, la propiedad. ¿Cómo se ve esto desde la lucha por la tierra?
NJ: -¡Qué tema el de la propiedad privada! La pregunta sería ¿qué se defiende cuando se habla de “respetar la propiedad privada”?
Recuerdo algunas tomas inmensas de tierra en Quilmes y me vienen muchas imágenes mirando Guernica hoy. Lo primero que percibo es el gesto de delimitar los lotes para cada familia. La vista aérea de los cuatros barrios de Guernica es muy impactante en este sentido, porque muestra –en los tantos alambrados improvisados- la reproducción en escala tan masiva del sueño de tener un pedacito de tierra para vivir. Ante los cincos supuestos dueños aparecen miles que dicen tener el derecho a acceder a un pedazo de tierra.
Creo que la discusión política fundamental tendría que centrarse en los usos de la tierra: ¿es lo mismo la necesidad de acceder a un pedazo de tierra para construir una casa para vivir, para hacer una huerta, criar algunos animales, etc. que apropiarse de 300 o miles de hectáreas para hacer barrios privados o mega proyectos financieros? ¿Es lo mismo reivindicar y luchar para el derecho al hábitat digno que usurpar grandes cantidades de tierras para incrementar el valor del suelo y especular en ámbito financiero, desplazando comunidades y pueblos enteros o arrojando miles de personas a vivir en situación de calle?
Es hora de abrir y profundizar una discusión general sobre la tierra, sus usos y sus usurpaciones.
La asamblea feminista en la toma de Guernica viene aportando mucho en este sentido, construyendo la que podríamos definir una crítica práctica de la propiedad: tejiendo y profundizando vínculos comunitarios ahí adonde superficialmente se ven solo cercos. Una crítica práctica de la propiedad es tejer en el cotidiano nuevas formas de existir, desarmando estructuras de violencias para acuerparnos en comunidades. Creando soluciones colectivas ante situaciones de aislamientos, de soledades, de carencias y de miedos.
Repudiamos las soluciones que llegaron de la mano del Estado individualizando los problemas, criminalizando y estigmatizando. Aun así prevalecen hoy, en la toma de Guernica, distintos espacios autogestionados de creación como respuestas a problemas urgentes: una posta de salud comunitaria, comedores populares donde se comparte el alimento, comisiones para intervenir y acompañar situaciones de violencia, diversas asambleas en torno a distintos temas que hacen a la vida cotidiana en la toma, festivales y trabajo comunitario para ayudar compañeras solas con sus niñeces. El desafío en marcha es tierra para vivir, feminismo para habitar.
MP: -Aunque no me encuentro participando ahora de ninguna experiencia de lucha por la tierra y la vivienda, conozco muy bien esas experiencias, y desde me interesa destacar ante todo la importancia de estas luchas que ponen en el centro la resolución del lugar donde se va a vivir. Son es en sí mismas una escuela política, de organización popular. Se trata de luchas que como decía Evita ponen de manifiesto necesidades, es decir, derechos. Y no menos importante, hay que saber que estos procesos implican una fuerte intemperie: suponen desamparo y miedo ante una posible represión. Mas allá del romaticismo que surge de las redes sociales, se trata de procesos muy duros. Si bien ocupar una tierra está fuera de la ley, ¿es posible censurar las tomas de predios cuando la necesidad no tiene otra forma de ser resuelta? ¡No! El problema es de las propias leyes, que expresan el triunfo de una clase (de hecho, en momentos de avance popular, como en la Argentina de 1949, o en los más recientes procesos de Bolivia y Venezuela, cuando las luchas populares avanzaron, las Constituciones fueron modificadas). Es importante tener en cuenta ese dato, y las operaciones que la derecha (que está afuera y adentro del gobierno) realiza contra la gestión actual del Frente de Todos. Porque el riesgo es caer en un ultraizquierdismo discursivo que descuida procesos y relaciones de fuerzas. No tiene sentido pedirle a un funcionario del Estado que salga y declare estar a favor de las ocupaciones de tierras, porque al otro día se desatan una serie de tomas que ponen en jaque su propia gestión. Pero sí tiene sentido pedirle que no judicialice los reclamos, que priorice de las leyes sus costados garantistas y que asuma políticas de inclusión social y no de represión. Ve una diferencia entre una perspectiva progresista, que cree en un Estado que le garantice soluciones, y un punto de vista popular, que entiende que lo principal del proceso es la construcción de un sujeto de cambio es la organización popular. Por eso: no alcanza con no reprimir y asegurar un presupuesto para viviendas. Hace falta involucrar a los sujetos populares en la elaboración de políticas públicas que además de darle una vivienda a cada familia, permita que la organización popular crezca, se fortalezca. De allí que el “Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción”, presentado en mayo de este año (aun antes de la ocupación de Guernica), entre otros, por la UTEP, la CTA Autónoma y sectores de la CGT, contenga entre sus puntos el de “Acceso a la vivienda digna y la planificación territorial”, que contempla una Ley de alquileres donde se ajusten los precios de acuerdo a un índice estatal, se urbanicen los barrios populares existentes (unos 4.500 en todo el país) y se generen por lo menos 200.000 nuevos lotes con servicios para las jóvenes familias trabajadoras.
11 de Octubre de 2020