Managua, 14 oct (EFE).- El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) pidió este miércoles al Gobierno del presidente Daniel Ortega solucionar juntos los problemas de Nicaragua, país que atraviesa una grave crisis sociopolítica, de derechos humanos y económica desde el estallido antigubernamental en abril de 2018. El presidente del Cosep, Michael Healy, dijo en teleconferencia de prensa que el Gobierno de Ortega se comprometió con la oposición, incluido los empresarios, en 2018 y 2019, a respetar la Constitución y unos acuerdos suscritos en una mesa de diálogo, y que su falta de cumplimiento causa efectos negativos en la economía nicaragüense. “Instamos al Gobierno de Nicaragua nuevamente a que, por favor, ya tome un alto y comencemos a solucionar los problemas de los nicaragüenses”, instó el líder empresarial. Entre los problemas citados por Healy están los más de 600.000 empleos perdidos, entre formales e informales, en los últimos dos años y medio; así como las 3.494 hectáreas de tierras “intervenidas por parapoliciales y gentes afines al Gobierno”. Según el Banco Central de Nicaragua, el producto interno bruto (PIB) nicaragüense cayó un 3,9 % en 2019 y 4 % en 2018, como producto de la crisis sociopolítica, y en 2020 el retroceso podría ser hasta de 4,5 %, por efectos de la pandemia de COVID-19, siempre conforme los datos oficiales. La patronal, que mantuvo una alianza de consenso con el Gobierno de Ortega hasta que estalló la crisis en abril de 2018, responsabilizó al Ejecutivo por la crisis económica y la crisis en general. “Eso es por falta de voluntad del Gobierno de no querer buscar un acuerdo de nación para poder solucionar los temas políticos y económicos, que se agravan más con la crisis de la pandemia”, sostuvo Healy. “Busquemos una solución para que Nicaragua pueda volver a recuperar esos empleos, pero al mismo tiempo para (garantizar) las elecciones libres y transparentes (en noviembre de 2021), que están pidiendo los nicaragüenses”, indicó. El 30 de julio de 2019, el Ejecutivo de Ortega dio por finalizada de manera unilateral una mesa de negociación con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la que se buscaba encontrar una salida la crisis. La oposición y organismos defensores de los derechos humanos, nacionales e internacionales señalan a Ortega de utilizar las fuerzas de seguridad y a “paramilitares” para violar los derechos de las personas y de no promover aún unas reformas al sistema electoral. Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.