Tras múltiples incendios políticos y forestales, Bolivia vuelve a las urnas. ¿Podrán sus pueblos indígenas volver a soñar con “Vivir Bien”, en democracia y en armonía con la naturaleza, como reza la Constitución?
Alex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP), no duda ante la pregunta de DW sobre lo que espera de las nuevas elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados: “básicamente nada”, responde categórico, en medio de la crisis política que atraviesa su país desde 2019; y desesperanzado también por las crisis ambiental, sanitaria y económica, que han generado los incendios descontrolados en la Amazonía y la Chiquitanía, así como la pandemia de COVID-19.
“El pasado gobierno de Evo Morales nos desestructuró totalmente como organizaciones constituidas desde nuestras comunidades”, asegura, por su parte, Marcial Fabricano. “No estamos en condiciones de construir una plataforma que nos sirva de propuesta, como hemos hecho en otros tiempos”, lamenta el líder indígena mojeño-trinitario, poblador del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), y candidato a vicepresidente en 1997. Aunque adelanta que se están reorganizando y coordinando fuerzas para el futuro en una Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
Comunidad Ciudadana y Creemos, los partidos con posibilidades en la pugna por el poder, como segunda y tercera fuerza en las encuestas, se han centrado en intentar unir esfuerzos para evitar el regreso del Movimiento al Socialismo (MAS), que lidera la intención de voto.
Así que “no se avizora alguna propuesta que dé esperanzas para sacarnos de la crisis política, económica y social en que nos encontramos como país”, dice Fabricano, que superó en mayo una infección por COVID-19. Mucho menos una que prevea “nuevas políticas de Estado para el manejo de la política ambiental y el respeto de los territorios y áreas protegidas indígenas”, insiste.
Por el contrario, sus agendas políticas pretenden “profundizar el modelo económico extractivista y, con ello, continuar violentando los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas milenarios”, asegura Villca, indígena uchupiamona. Y coincide en esto con Fabricano: ni Evo Morales, quien fuera el primer presidente indígena de Bolivia, ni el MAS, pese a sus bases indígenas y campesinas, representan sus intereses.
Evo Morales: ¿presidente de todos los indígenas?
Evo Morales “se apropió de luchas históricas y reivindicaciones ganadas con mucho esfuerzo y sacrificio por nuestros pueblos a lo largo de la historia republicana”, sentencia Villca. Y recuerda la marcha protagonizada por los pueblos indígenas de Tierras Bajas en 1990, que permitió el reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO); un avance importante en el reconocimiento al derecho territorial indígena, que aún presenta “profundos vacíos legales e injusticias hacia nuestros pueblos”.
“Nos arrebató nuestra plataforma de demandas y reivindicaciones, con la que nació el movimiento indígena amazónico” confirma Fabricano, que encabezó aquella icónica marcha de 600 kilómetros de Beni a la Paz.
Se ha presentado en todos los escenarios internacionales como el máximo representante de los derechos indígenas, pero desde el primer período de gobierno empezamos a ser destrozados; divididos con recursos y privilegios para su gente”, dice. Y se refiere a los “todavía hermanos quechuas y aymaras”, aunque no todos comparten su ideología y su proceder, acota.
De acuerdo con el último censo nacional (de 2012), más del 49% de la población boliviana se autoidentifica como indígena. Bolivia es, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país con mayor proporción de población indígena en la región. Y no por gusto se define como un Estado Plurinacional.
Evo Morales “es el líder indígena más conocido, pero no es el único” y el culto a su personalidad ha invisibilizado la diversidad de pueblos y liderazgos indígenas del país, observa la politóloga boliviana Moira Zuazo, investigadora asociada de la Universidad Libre de Berlín.
La Constitución Política del Estado reconoce 36 “naciones y pueblos indígena originario campesinos” con territorio, población y lengua propios. Dos de ellos, el aymara y el quechua, se consideran mayoritarios. Y hay otros 34 minoritarios, como el guaraní y el cayubaba, por ejemplo.