22.OCT.20 | PostaPorteña 2157

Argentina: Vacuna o Muerte

Por AsambleasDelPueblo

 

Declaración de ASAMBLEAS DEL PUEBLO - 20/10/20

Como era previsible, el pasado viernes 9 de octubre, Alberto Fernández anunció la enésima prolongación de la cuarentena. Se fundamentó en la explosión de contagios en el interior del país y el riesgo de que, en esos distritos, no haya más camas de terapia intensiva para la atención de los pacientes. Por supuesto, la responsabilidad es de los ciudadanos desobedientes, en este caso los provincianos, que se negaron a acatar las órdenes epidemiológicas emanadas desde Olivos.

A la cabeza de las regiones más castigadas con las nuevas restricciones van, como siempre, las opositoras o aquellas que no se disciplinan sin condiciones al pensamiento único: Corrientes, Mendoza y Córdoba a la cabeza. Lamentablemente, varias de las afirmaciones en las que se sostuvo la decisión fueron desmentidas, casi de inmediato, por las autoridades sanitarias involucradas. El caso más resonante fue el de la provincia de Corrientes, demonizada en el discurso oficial pero que, en realidad, con una disponibilidad de 1000 camas de terapia intensiva y 300 respiradores, solo tiene el 5,33% de ellos ocupados. Y, ante lo que le tocó a Mendoza, la provincia ha entrado en estado de rebeldía, anunciando que no va a respetar la nueva cuarentena, profundizando la extendida rebelión sanitaria en curso.

Pero si hay una verdadera novedad en el discurso es el raquitismo que tuvo su audiencia televisiva, que sólo es expresión del creciente rechazo de la población a estas repetidas e ineficaces medidas de encierro. El lunes anterior una encuesta registro una desaprobación a la política sanitaria del 47% de la población, contra un 40 % de apoyos, pero otra consulta telefónica realizada después del discurso, el día sábado, elevo el rechazo a casi un 55 %.  La otra novedad es la desaparición del famoso comité de expertos, tanto en las imágenes como en los consejos y en los medios afines, en lo que pareciera una tácita adjudicación de responsabilidades en el desastre y un intento de ocultar la escandalosa vinculación comercial de la mayoría de estos expertos con los laboratorios que impulsan la vacunación ya. De todos modos, el reiterado discurso oficial puede resumirse en “Vacuna o Muerte”, frase que se ha transformado en el emblema de la estrategia sanitaria (por llamarla de alguna manera)

“MIENTRAS NO HAYA VACUNAS NO SE DEBE PERMITIR EL REGRESO A LA VIDA NORMAL!”  Bill Gates

Si bien la carrera por la vacuna involucra a decenas de laboratorios de todo el mundo y se encuentra en diversas fases de investigación y prueba, lo cierto es que ninguna de ellas está aprobada para su aplicación y todas ellas están sujetas a fuertes cuestionamientos porque la presión política de los gobiernos y la OMS y el afán de ganancias de los laboratorios han llevado a éstos a saltarse imprescindibles etapas de prueba y a utilizar, en algunos casos, tecnologías genéticas que nunca se experimentaron en seres humanos. Claro que, en ese afán por vacunar a diestra y siniestra, el gobierno encuentra aliados tan previsibles como sospechosos, los que siguen apelando al terror como arma de persuasión. Bill Gates acaba de proclamar que “mientras no haya vacunas no se debe permitir el regreso a la vida normal!”.

O sea, el mundo debe permanecer en prisión domiciliaria y estado de sitio hasta que el magnate y sus amigos –todos con fuertes intereses económicos en el desarrollo de la vacuna- lo decidan.

De las 15 vacunas que se encuentran más avanzadas, tres se están testeando en nuestro país. Ellas son las de Pfizer-BioNTech, a cargo del consejero presidencial Fernando Polack, está basada en una tecnología llamada de ARNm o mensajero. Esta técnica genética es “novedosa” y entraña riesgos posteriores, dado que consiste en una molécula que actúa en el citoplasma celular induciendo la creación de antivirus. Esta vacuna se testera en el Hospital Militar Central y los “voluntarios” –varios miles- son personal de las fuerzas armadas.  La vacuna china, del laboratorio   SINOPHARM, utiliza la tradicional técnica de virus atenuado y se testea en la Fundación Huésped, de otro consejero presidencial, el Dr. Khan. Finalmente, la vacuna de Johnson & Johnson + Janssen utiliza un adenovirus humano (el virus responsable del resfriado común) para expresar la proteína del SARS-CoV-2 en las células.  El vector de adenovirus utilizado por la multinacional se ha modificado para que el virus no pueda replicarse en humanos y así evitar la enfermedad. Y se trata, también, de una técnica conocida.

Pero lo sorprendente es que el gobierno de Fernández no ha suscripto convenio alguno con estas vacunas, sino que ha sellado un acuerdo –cuyos términos se desconocen- con la vacuna de AstraZeneca-Oxford, producida en nuestro país por el empresario Hugo Sygman, de estrecha relación con el presidente.

Esta vacuna está basada en una controvertida operación de manipulación genética, la introducción al organismo de un RNA mensajero para estimular a nuestras células a producir antivirus, tecnología que nunca ha sido probada en seres humanos y de la que, en consecuencia, se desconocen sus consecuencias, sobretodo neurológicas, a mediano plazo. Por eso es, precisamente, la más cuestionada a nivel internacional por la mayoría de los epidemiólogos: no es una vacuna viral, como las tradicionales, sino una creación genética que actuará no sobre el sistema inmunológico sino sobre nuestro código genético y que, en el mejor de los casos, sólo brindaría inmunidad por un plazo de seis meses, obligando a una doble vacunación anual. Cada aplicación, de dos dosis cada una, a un costo de U$S 20 a 30 cada dosis (Ginés González García dixit), costará unos U$S 100 por cada vacunado anualmente y el gobierno se habría comprometido con Sygman a la adquisición de once millones de dosis.

Pero, más sorprendente aun y mejor silenciado que lo anterior es el hecho de que en nuestro país hay tres vacunas en proceso de prueba –Fase 1-, las que de avanzar exitosamente brindarían a la Argentina algo tan valioso como la soberanía sanitaria y el ahorro de un colosal desembolso en las arcas públicas. Es que las tres están siendo llevadas adelante por prestigiosos investigadores del CONICET: el Investigador Superior Hugo Lujan, en Córdoba, asociado con inmunólogos franceses y brasileros; la Inmunóloga Juliana Cassatano en colaboración con la UNSM y el Investigador Claudio Prieto con la UN del Litoral. Sus esfuerzos están siendo llevados a cabo sin ningún tipo de ayuda especial del gobierno, salvo los recursos específicos del CONICET, Peor todavía, el pedido de fondos del proyecto del Dr. Lujan, el más avanzado, fue rechazado en dos oportunidades por no considerarlo de interés las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Será que al gobierno “nacional y popular” no le interesa desarrollar una vacuna propia o será que una vacuna propia y barata es un estorbo para grandes negociados con grandes amigos?

“EL MIEDO A UN ENEMIGO FANTASMA ES LO ÚNICO QUE LES QUEDA A LOS POLÍTICOS PARA MANTENER SU PODER” 

Zygmunt Bauman

Tradicionalmente, desde Koch para acá, las vacunas se han elaborado identificando y aislando el virus, neutralizándolo y convirtiéndolo en apenas una señal para que el sistema inmunológico cree defensas dispuestas a atacar al invasor cuando pretenda infectarlo. Aun así, estas vacunas –todas hasta ahora- deben respetar requisitos y procedimientos de prueba muy serios y exigentes antes de ser aplicados a seres humanos, que en ningún caso han llevado menos de tres años y comienzan con su aplicación en animales. El premio Nobel en Medicina (1996) Peter Doherty asegura que, cualquiera fuera la técnica, “producir una vacuna segura lleva, inevitablemente, bastante tiempo. Si todos los ensayos previos consecutivos dan bien, recién entonces la vacuna se puede aplicar. Estamos hablando de varios años”. Con esta prevención coincide una multitud de especialistas cuyas opiniones están disponibles en la red y en prestigiosas publicaciones médicas. Todos ellos y muchos más alertan sobre esta urgencia febril en llegar a una vacuna en tiempo récord y, sobretodo, en lo que hace a una vacuna de intervención genética, técnica que nunca ha sido probada en seres humanos y que, claramente, se ha salteado parte de los procesos previos de ensayo y prueba.

Apurado por sus errores y por el callejón sin salida en el que fue encerrado por la OMS y su comité de expertos, el gobierno avala una vacuna que utiliza controvertidas tecnologías. Sugestivamente, un detalle que no puede ser obviado es la estrecha relación política y económica, públicamente conocida, entre Fernández y Hugo Sygman, al punto de que este ha sido un gran financista de sus campañas electorales, tanto la última como la aventura que emprendió en 2017 junto a Florencio Randazzo y que derivo en la derrota electoral de CFK ante Esteban Bullrrich. 

Mientras los argentinos están sometidos a una feroz campaña publicitaria oficial pro vacuna que los ilusiona con el fin de la enfermedad, lo cierto es que el proyecto con el que se ha comprometido Fernández es el más controversial de todos los existentes, uno de los más caros y el que genera más desconfianza. Sobre todo, después que el manager de Astra Zeneca para América Latina, Ruud Dobber, declarara en la Ciudad de México que su compañía” no se hace responsable por los daños o problemas de salud que su aplicación pudiera provocar en la población!!”  A qué se refiere Dobber?  ¿Su compañía no garantiza la seguridad de la vacuna que está tratando de inocularnos? ¿Cuáles serían esos “daños o problemas” que su vacuna nos puede causar? ¿Nos puede enfermar? En nuestro país, si Sygman, el socio local de AstraZeneca,  no se hace cargo, quien se haría responsable de esos potenciales y desconocidos daños a la salud colectiva? Fernández, Ginés, la OMS o el Club de Amigos del Dr. Khan? No, nosotros, ¡¡los ciudadanos terminaremos siendo los responsables!!

LA LEY DE IMPUNIDAD PARA LABORATORIOS DE AMIGOS

Y  si algo faltaba para llenar de sospechas el accionar oficial, el gobierno impulsó, la semana pasada, una escandalosa ley de impunidad para los laboratorios que provean  la vacuna. La presentación la llevo adelante el diputado oficialista Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja y reconocido socio de Hugo Sygman y fue aprobada por la mayoría oficialista. Por la misma, los laboratorios y compañías que participen del proceso vacunatorio están eximidos de responsabilidad por todos los daños, enfermedades y otras consecuencias que sus vacunas puedan ocasionar. No solo eso, la ley establece que es el Estado el que se hará cargo de esos litigios y asumirá la responsabilidad jurídica y económica correspondiente. ¡¡Lo mismo que anunció en México Ruud Dobber!!

También se establece en la nueva norma  la cesión  de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero, una de las principales exigencias de los laboratorios,  cláusula que permitirá que los juicios que pudiesen entablarse por cualquier inconveniente en el proceso de compra o aplicación de la vacuna no se realicen en la Argentina, sino en el país donde está radicado el laboratorio con el que se celebró el contrato o donde ellos lo decidan.

El proyecto de ley  autoriza a que los contratos a celebrarse incluyan cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias hacia quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas: «Las indemnizaciones van a tener que ser asumidas  por nosotros, el estado argentino,  como compradores, eso es lo que exige la industria farmacéutica«, aclaró, como si hiciera falta, Yedlin (o será Yed-Link?).

Por otra parte, las operaciones comerciales vinculadas a la compra de las vacunas quedarán exentas del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el IVA. Esta escandalosa cesión de soberanía es claramente un favor al laboratorio de un amigo del régimen dado que la única vacuna que goza de un compromiso de compra por parte del gobierno es la que provee Sygman y revela   el grado de inseguridad, corrupción e incertidumbre que rodea esta extraña vacuna (“vacuna gate”?) y que la Justicia debería investigar ya mismo.

LA LIBERTAD ES CONSECUENCIA DE LA VERDAD

Para agravar y poner más sospechas sobre el acuerdo Sygman-Fernández, defendido con bombos y platillos por todo el elenco oficial, casi toda la comunidad científica se ha visto obligada a reconocer que hay casi 200 procedimientos eficaces y probados para curar el COVID, que algunos de ellos se están aplicando exitosa y legalmente en varios países, que no tienen consecuencias nocivas y cuyo costo es muy bajo o prácticamente nulo.  En buena parte del mundo se están utilizando exitosamente retrovirales, anticuerpos monoclonales e inhibidores del sistema inmunitario, interferón, lopinavir, remdesivir, regeneron, dexametasona, eparina, hidroxicloroquina, tocilizumab, trastuzumab,  la conocida vacuna contra la tuberculosis, plasma humano, zitromicina y el vulgar ibuprofeno. Ninguno de ellos impide el contagio, pero si disminuyen notablemente las posibilidades de que la enfermedad progrese y, por supuesto, bajan los índices de mortandad a niveles intrascendentes. Peor, todavía: uno de esos medicamentos, el ibuprofeno sódico inhalable, aplicable mediante un simple vaporizador, fue desarrollado por el Dr. Dante Beltramo, Investigador Jefe del CONICET y ya se encuentra en aplicación en numerosos establecimientos de salud con una eficiencia del 90 % de 500 casos tratados en Córdoba, donde la gobernación oficializo su utilización (al igual que Santa Fe y La Rioja)

  Pero, al igual que con las vacunas locales, el gobierno omite hablar, recomendar o impulsar su utilización, no sea cosa que se joda el negocio de la vacuna. Para finalizar, a casi 10 meses de su aparición y con la epidemia bajo un “sospechoso”  control total  en el país de origen, China, el virus se ha mostrado, en definitiva, más cercano a una “gripe severa”  -como la definían múltiples y respetados  científicos de prestigio internacional que fueron silenciados e ignorados por el relato establecido –  que al jinete del apocalipsis vendido desde la OMS, los laboratorios, las ONG de Gates, Soros, W. Buffet y asociados, los traficantes de excrementos mediáticos y los gobiernos subordinados a esos poderes. 

Ahora, cuando el descrédito sobre la OMS y sus interesadas recomendaciones se expande como una mancha de aceite, es posible que esas voces sean escuchadas. Voces como, por señalar un caso, la del prestigioso virólogo francés, el Premio Nobel 2008 Luc Montagnier, descubridor del virus del HIV, definiendo el Covid como una gripe fuerte, de baja letalidad y alta contagiosidad y rechazando las cuarentenas militares como solución universal mientras descreía de vacunas milagrosas (pero que eran fabulosos negocios terrenales).

Después de estos largos meses de terror, la pandemia de COVID sigue arrojando una mortandad muy por debajo de la gripe tradicional. En estos momentos, el COVID ha infectado a 33.500.000 de personas, o sea menos del 0,4 de la población mundial, lo que quiere decir que más del 99,6 % de los seres humanos no han sido contagiados después de casi un año de pandemia. Los muertos rondan el millón, lo que es apenas el 0,015 del total de la población mundial, cifra que con ser conmovedora está lejos de compararse con los muertos por tuberculosis, enfermedades cardiacas, cáncer, neumonías y hambre que sufre nuestro planeta cada año.

En nuestro país – teniendo como veraces   estadísticas oficiales que han resultado sumamente desprolijas y sospechosas- la cifra de contagiados llega hoy a 900.000, o sea un 2 % de la población y los muertos rondan los 24.000 habitantes, el 0,06 % de los argentinos, 10.000 víctimas menos que las sufridas en el país durante el año pasado por gripe común y neumonías asociadas. El gobierno que viene fracasando estrepitosamente en el control de la enfermedad y que, de paso, ha arruinado a generaciones de argentinos debería abstenerse de dar un solo paso más hacia la vacuna sin que se produzca un gran debate público entre los más reconocidos epidemiólogos del país y donde, de paso, se establezcan las responsabilidades políticas y penales por las decisiones que nos llevaron al desastre y se investiguen las razones, los intereses y los negociados implícitos en este proceso.

“LA PALABRA SOLA NO PUEDE SALVARNOS, PERO NO PODEMOS SALVARNOS SIN ELLA” Julio Cortázar

Es por exponer estos hechos que nuestra organización está siendo monitoreada, vigilada, perseguida, desacreditada, allanada e imputada judicialmente. Primero fue la cyber patrulla de la Ministra Frederic, allanando nuestro local. Ahora aparece un orweliano  “Ministerio de la Verdad” a cargo de Miriam Lewin, que determinará que es verdadero y que es falso y que se puede publicar y que no en las redes y los medios.

La censura “Nac & Pop” no difiere en lo más mínimo de las censuras de cualquier gobierno totalitario. Pero nuestra palabra se nutre de hechos, de hechos objetivos y demostrables, se trata de circunstancias documentadas, se trata de la realidad que, pese al manto de silencio, persecución y ocultamiento oficial, sale por los poros y expone la verdad detrás de la pandemia y su cuarentena y su gobierno servil.

Nuestro compromiso como socialistas libertarios es seguir denunciando lo que está sucediendo y convocar a la población a la desobediencia civil, a resistir con todos los medios a su alcance a la propagación no del virus sino de la mentira totalitaria y genocida, del terror como arma de gobierno, del aislamiento que nos divide y de la mascarilla que nos silencia  y que son las herramientas de la plutocracia  universal para crear un mundo para pocos  prescindiendo  de todos los que sobramos, los pobres, los ancianos, los débiles, los de abajo, los contestatarios, los conspiracionistas, los negacionistas, los eternos disconformes, los amantes de la libertad.

Rubén Saboulard, Analía Casafu, Ángela Morin, Simón Bernal

COMISIÓN DE COORDINACIÓN

ASAMBLEAS DEL PUEBLO POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD