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Que no nos vengan con que es el tiempo de la esperanza. Es ahora el tiempo de la ira y de la rabia. La esperanza invita a esperar. La ira conduce a indignarse, a organizarse y a separar los oprimidos de los opresores cualesquiera sean sus colores, sus promesas o sus vestimentas. La ira exige razonar y organizarse en justicia, libertad y autonomía. Este es el tiempo de la indignación y de la ira. Después de la ira viene la esperanza. En el mundo de hoy razonar con lucidez y obrar con justicia conduce a la indignación y el fervor, allí donde se nutren los espíritus de la revuelta. Pues el presente estado del mundo es intolerable y si la historia algo nos dice es que, a su debido tiempo, no será más tolerado. Que así sea, será en su tiempo nuestra esperanza (Adolfo Gilly).
Al cumplirse un año de la revuelta popular que estalló el 18 de octubre de 2019 en Chile, nos proponemos relevar algunos aspectos en relación con tres discusiones de importancia. La primera discusión se refiere a la naturaleza social de la rebelión, que busca responder a la pregunta sobre la existencia o no de nuevos sujetos históricos. La segunda discusión apunta al reconocimiento de los escenarios y formas de articulación y acumulación de fuerzas privilegiados por el movimiento popular. La tercera discusión alude a los horizontes y perspectivas estratégico-programáticas de la rebelión en curso.
1. Naturaleza social de la rebelión popular: ¿nuevos sujetos históricos?
Es difícil hablar de novedad en términos históricos. La chispa que encendió la revuelta fue el llamado de las y los estudiantes secundarios a evadir el pago del metro. El movimiento estudiantil, y particularmente, las y los secundarios han sido un actor relevante de la protesta sociopolítica en muchas coyunturas del siglo XX. Y están detrás de los grandes momentos de conflicto del presente siglo: 2001 (“mochilazo”), 2006 (“revolución pingüina”), 2011 (junto a los estudiantes universitarios) y 2019 (con el “salto de los torniquetes”). En una sociedad tan adulto-céntrica es fundamental destacar el arrojo, la sensibilidad y la madurez política de las y los estudiantes secundarios.
Ciertamente, desde el 18 de octubre la protesta se amplió convocando a numerosos actores colectivos. Se sumaron los movimientos sociales que han venido disputando la historicidad: las organizaciones “ecologistas” y en defensa del territorio, el movimiento No+ AFP, el pueblo-nación mapuche, los feminismos, que han remecido Chile en el último tiempo. La protesta, como un reguero de pólvora, se trasladó de Santiago a las principales ciudades de región, convocando cada vez a más organizaciones y sobre todo a muchas personas que no habían protestado antes, que no estaban organizadas. Por lo tanto, si bien es cierto que en términos de los actores sociales resulta difícil establecer una novedad, uno de los rasgos relevantes de la rebelión popular es su capacidad para convocar a amplios sectores sociales, más allá de los activistas o militantes tradicionales. En ello radica su potencia política, su capacidad de interpretar un momento de hartazgo, un grito, un ya basta.
Otro de los sujetos que toma cuerpo en la protesta es el sujeto popular. Se ha destacado frecuentemente la participación de las y los jóvenes pobladores, que no solo protestan en sus territorios periféricos y marginales, sino que avanzan hacia el centro de la ciudad, desde Puente Alto, Lo Espejo o La Granja; y, es más, se atreven a llegar a lo Barnechea, provocando la cólera y el pavor de los residentes, que sulfurados les gritaron “váyanse a su población de mierda”. También en Valparaíso y Antofagasta los “marginales” bajaron de los cerros al plan. Pero este movimiento tampoco es nuevo en nuestra historia. Muchas veces antes los sectores populares han salido de los lugares donde viven desplazados e invisibles a los ojos del resto de la ciudad, fuera de la mirada de las políticas públicas, del foco de la prensa, del interés de la academia y de la conciencia de la llamada “gente de bien”.
Más que de novedad, podríamos hablar entonces del retorno de “actores secundarios” o de “la rebelión del coro”[i], es decir, de la emergencia o centralidad de sujetos que hasta hace algunas décadas habían ocupado un lugar segundario, marginal, accesorio, siendo comparsa de los actores de la política en grande (los partidos políticos y las organizaciones sindicales). De repente, estos actores se toman el escenario y empiezan a desempeñar papeles centrales desde el punto de vista de la protesta y de la capacidad de impugnar el orden establecido desde sus múltiples subalternidades cotidianas. Esto provoca asombro, pero también incomoda, porque plantea un desafío teórico y práctico para una izquierda demasiado cómoda con la certeza de que el proletariado clásico es el auténtico sujeto revolucionario, que cosifica a los actores políticos, que entrega credenciales de autenticidad antes de la lucha y de una vez y para siempre. En ese sentido, el protagonismo de la “primera línea” demuestra la inversión y, por ende, la legitimación que se produce en relación con esos actores que tradicionalmente han sido acusados de lumpen o antisociales.
Se observa algo que, sin ser completamente nuevo, es muy significativo por su alcance, y da cuenta de la profunda crisis de la institucionalidad y de las formas tradicionales de la política: las convocatorias se sucedieron sin convocantes centrales, sin partidos en la dirección, sin las centrales sindicales encabezando los llamados. No hubo una sola organización que tuviera la capacidad de conducir la movilización. Y esta movilización es inédita, esto sí, en su capacidad de autoconvocarse de manera sostenida, ininterrumpida. La unidad popular se forjó en la lucha y ni siquiera la llamada Unidad Social pudo encauzarla, controlarla, dirigirla. Aunque la pandemia igualmente frenó ese proceso, no logró revertirlo.[ii]
La transversalidad del movimiento impide que podamos hablar de una protesta solo de jóvenes, pero sin duda, las generaciones que han crecido en la postdictadura han jugado el rol más importante en la actual rebelión: la consigna “no tengo miedo, tengo rabia” da cuenta, por un lado, de la ruptura con una subjetividad política forjada en la dictadura, marcada por el terror de Estado, generaciones que se demuestran, en cierta medida, inmunes a los usos políticos del miedo, que no significa que no tengan miedo, sino que la indignación y la convicción son más fuertes; y, por otro lado, la consigna da cuenta de la emergencia de la rabia, expresada principalmente contra un modelo, que no es ya solo el de la dictadura, sino sobre todo el de la posdictadura, el de la concertación (o la nueva mayoría) abrazando el modelo de libre mercado, el de la alegría ya viene, el de aquellos para quienes la política es una cosa de expertos.
La rebelión popular es una reacción contra el Mercado y el Estado a la vez, y contra una clase política que se quedó desnuda, que no fue capaz de encubrir por más tiempo su connivencia con los intereses del Capital. En términos gramscianos podríamos decir que la clase gobernante ya no fue más dirigente, fue solo dominante, se cayó la capa de legitimidad que recubría su proyecto de sociedad. Ciertamente, el bloque en el poder arrastra una crisis de legitimidad desde hace varios lustros, pero desde octubre del año pasado la impugnación adquirió un nivel de transversalidad, masividad, persistencia y radicalidad que hacía pensar en un estado de rebelión, en una situación insurreccional. Ese estado fue morigerado por el acuerdo del 15 de noviembre, que abordaremos más adelante.
En síntesis: 1º) los “actores secundarios” hoy adquieren un protagonismo extraordinario y quienes hasta antes del conflicto eran apuntados como “violentistas” han conseguido un reconocimiento en las luchas del presente; 2º) ninguno de los actores en lucha, por sí mismo, consigue encabezar o conducir la protesta, pues el actual conflicto tiene como trasfondo, junto con la superexplotación del trabajo y la precariedad de la vida, la crisis de la democracia representativa y una desconfianza hacia los liderazgos tradicionales.
2. Escenarios y formas de articulación y acumulación de fuerzas
La rabia alimentó muchas formas de lucha, se hizo estruendo, revuelta, desobediencia civil, barricada, fuego, marcha, caceroleo, grafiti, performance, arte popular callejero, “el que baila pasa”, cicletada, funa, olla común, murga, canción de protesta por “el derecho de vivir en paz”, con justicia y dignidad. Y los quiltros y las quiltras insurrectas pintarrajearon muros, derribaron estatuas, y ante la violencia policial y el terrorismo de Estado, se constituyeron en resistencia, en autodefensa popular, en primeras líneas, en capuchas, escuderos, tirapiedras, honderos, rociadores, matalacris, picapiedras, “laseristas”, rescatistas, brigadistas de salud, fotógrafos y reporteros independientes, radios de la dignidad. Lo que hizo posible la ocupación de la Plaza de la Dignidad fue, junto con la masividad de las convocatorias, la organización y coordinación de distintos trabajos para resistir la represión y hacer retroceder a la yuta; una suerte de división del trabajo de la protesta forjada a partir de aprendizajes históricos y de enseñanzas nuevas, nacidas al calor de la revuelta[iii]. La Plaza de la Dignidad, las plazas, han sido uno de los principales escenarios de la lucha actual.
Además queremos destacar dos instancias de articulación que, sin ser nuevas como formas en sí mismas, sí constituyen una novedad en el contexto actual por su proliferación y permanencia: los cabildos y las asambleas territoriales.
Se organizaron miles de cabildos abiertos en los distintos territorios. Los participantes, con distintos niveles de conciencia y práctica política, iniciaron un proceso de conversación ininterrumpido durante varios meses, plantearon los problemas, formularon propuestas. La sociedad se politizó aún más al calor de la rebelión, en esos espacios de deliberación colectiva, autogestionados. La política dejó de ser asunto exclusivamente de expertos y notables y se convirtió en tema de conversación cotidiano, en bien común, en espacio compartido. Ahí se ha ido elaborando el “pliego del pueblo”: salud, educación, pensiones, vivienda, trabajo y remuneraciones dignas, derechos humanos, justicia, equidad de género, etc. Emergió con fuerza la exigencia de una Asamblea Constituyente.
En segundo lugar, las asambleas territoriales y populares. Estas ya habían emergido con fuerza (recordemos Punta Arenas, Calama, Quintero-Puchuncaví, entre otras) pero ahora se masificaron y es quizás el aspecto organizativo más importante. La asamblea es la forma organizativa legitimada por el abajo social: los movimientos sociales con más empuje en los últimos años se organizan en forma asamblearia, porque a pesar de los límites y las inercias de las tradiciones políticas, esta forma tiende a la horizontalidad, a la circulación de la palabra, a la rendición de cuentas, a un ejercicio de la política que se aleja de la concentración del poder, de los personalismos. Asamblea es una palabra cargada de sentido: remite a una práctica política que cristaliza la soberanía popular.
Las asambleas tienen la capacidad de afrontar los problemas más acuciantes, de ahí su valía práctica; generalmente se organizan en comisiones y trabajan sobre necesidades reales de la comunidad, de forma autónoma, con apoyo mutuo (“solo el pueblo ayuda al pueblo”). Las asambleas implican la territorialización del movimiento, porque éste toma forma en el territorio; el territorio permite condensar, materializar, arraigar el movimiento. Las asambleas son formas de autoorganización colectiva para resistir; y resistir no es solo oponerse, sino también crear. Con anclaje local-regional se ensayan relaciones comunitarias, por fuera del mercado y del Estado. El arraigo comunitario constituye un obstáculo fundamental a la lógica de la valorización del valor: el análisis histórico de Marx sobre la llamada acumulación originaria y sobre el carácter recurrente de esa acumulación, nos muestran cómo el Capital requiere renovar incesantemente los embates a las formas comunitarias, descomunalizar la sociedad, destruir las solidaridades.
Así, han proliferado ollas comunes, comprando juntos, redes comunitarias de producción, etc. Formas organizativas que no son nuevas: en los ochenta también se configuró un entramado asociativo popular para hacer frente al hambre y a los problemas más urgentes en las poblaciones. Estas organizaciones que tendieron a verse como algo transitorio en el contexto de dictadura, adquieren ahora un carácter más prefigurativo, como ejercicio presente, en pequeño, del tipo de sociedad que queremos construir. Por eso es imprescindible elaborar una retórica que ponga en valor esos espacios en su capacidad para forjar otro tipo de relaciones sociales, para hacer pedagogía, para impulsar un cambio cultural y político, procesual, relacional, molecular, que antecede y subyace a los grandes cambios. Una retórica que sea capaz de reconocer su propio potencial político.
Entonces, territorialización, recomposición de relaciones comunitarias, deliberación, apoyo mutuo, apañe, son dimensiones de estas formas organizativas, de este estado asambleario permanente, que, además, como novedad relevante en un país tan centralizado como Chile, tienen una presencia a lo largo y ancho del país.[iv]
3. Horizontes y perspectivas estratégico-programáticas de la rebelión
Es preciso advertir que la rebelión popular es una impugnación al llamado “consenso neoliberal”, que constituye otro de los acuerdos de las elites de izquierda y de derecha. Pero el neoliberalismo es un modo de ser del sistema capitalista, de un sistema que hace del egoísmo y del derecho a la propiedad privada y al lucro sus banderas. “No era depresión, era capitalismo”, se escribió en los muros y, es más, en los otrora accesos a bancos y tiendas, hoy tapiados con gruesas planchas metálicas, se grafiteó: “Me gustas cuando te blindas porque estás como ausente”. La revuelta popular consolidó demandas ya ampliamente respaldadas, pero también amplió los horizontes de transformación en clave anticapitalista, antineoliberal, feminista y descolonial: el movimiento feminista, por ejemplo, ha contribuido enormemente a denunciar el carácter estructural, simbiótico del capital con el patriarcado, de la génesis de dominación que construye todas nuestras relaciones; la performance de Las Tesis proyectó la denuncia profunda de los feminismos, permitiendo un grito colectivo, un gesto restaurador, develando la profunda misoginia de la sociedad chilena y la naturaleza patriarcal del Estado: “El Estado opresor es un macho violador”. Por otra parte, el pueblo-nación mapuche interpela las lógicas coloniales que, tras el dominio español, dieron forma a la república moderna y que se han perpetuado hasta el presente. Y postulan y emprenden la recuperación del territorio y la autodeterminación. Desde ahí se posicionan contenidos que abren un horizonte más prometedor.
Se instala también el tema del cambio constitucional. Y aquí quisiéramos referirnos al “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva constitución” y al plebiscito[v]. El “Acuerdo” fue un acto de salvataje a Piñera, a la institucionalidad vigente, a la clase política en su conjunto. Permitió que, hasta cierto punto, el Estado retomara el control sobre la sociedad. La mayoría de los partidos políticos le dieron un respirador artificial a Piñera, en un momento en el que lo que se exigía en las calles era su dimisión y la del Gobierno en su conjunto. Sin mediar acción destituyente, la clase política tomó la avanzada y asumió la premisa del cambio de la Constitución de Pinochet o, mejor, de Pinochet-Lagos, siendo ahora la Concertación 2.0 una de la más entusiastas en la opción del Apruebo. El Acuerdo se firmó sin exigir una comisión de verdad y justicia que condenara a los responsables de las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por carabineros y las fuerzas armadas, y avaló la impunidad del Gobierno asesino[vi]. Y, mientras tanto, la clase política siguió aprobando leyes aún más represivas, para criminalizar la protesta, y el Gobierno siguió invirtiendo en tecnologías de control social, y siguió y sigue reprimiendo brutalmente.
El mal llamado «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución» fue un mal acuerdo, hecho entre gallos y medianoche, de espaldas a la ciudadanía, sin participación otra vez de aquellas y aquellos que estaban protestando, que remite a otros acuerdos de nuestra historia reciente, fraguados entre las élites, y que refleja una concepción de la política que entiende la toma de las decisiones centrada en el representante, precisamente cuando los representantes están deslegitimados, cuando lo que el pueblo exige es más participación, porque lo que está en crisis, lo que está siendo impugnado es la democracia representativa.
El plebiscito puede leerse como una concesión arrancada a las élites por la lucha popular, y en cierta manera es así. Pero el Acuerdo es, especialmente, una operación de los sectores conservadores del país y de la clase política para desactivar la protesta social y encauzarla por la vía institucional. Así, proponen un itinerario y un procedimiento de reforma constitucional[vii] que confiere amplios poderes de diseño, de control y de supervisión a los poderes constituidos, a la actual Cámara de Diputados y a los partidos políticos. El Acuerdo nace con amarres claros[viii], que hacen inviable que la Constitución que emane de cualquiera de las convenciones consiga interpretar el anhelo de los sectores populares movilizados.
El Acuerdo tuvo la capacidad de re-enmarcar la protesta, nos obligó a discutir en los términos que le acomodan al poder constituido (plebiscito, elecciones, quórum, listas, representantes, mesa técnica, servicio electoral, partidos políticos). Es la gramática del poder como dominación. Y ese no es un triunfo menor de la élite. La coyuntura es endiablada para las organizaciones y movimientos que se proponen un horizonte emancipador. Pese a que muchas organizaciones sociales y sindicales rechazaron inicialmente el “acuerdo partidista”[ix], con el correr de los días, en la práctica, aceptaron dicho Acuerdo. Y aquí estamos ahora, a unos días del plebiscito. Y con gran “realismo político” hay quienes intentan hacer de la trampa una oportunidad; nos llaman a tener un pie en las instituciones y otro en la calle, a desbordar ese proceso. El problema evidente es que se cambie la Constitución, sin que cambien las relaciones de poder que permiten transformar el modelo económico y social. De otra manera, «cambiar todo para que nada cambie».
Frente a los cantos de sirena, consideramos que en el horizonte de la rebelión popular la posibilidad de profundizar la democratización de todos los espacios y relaciones sociales que construimos pasa por evadir las formas de la política liberal-representativa, perseverar en las formas de organización autogestionada de las que se ha dotado el movimiento hasta ahora y revivir de las cenizas de los incendios y barricadas, el fuego de la desobediencia y del antagonismo social. Volver a las calles y las plazas; retomar nuestra presencia soberana en ellas; impedir que la nueva normalidad, que se parece demasiado a la vieja, se instale; interrumpir el tiempo plano y vacío de la dominación; obstaculizar la circulación de mercancías, ampliar las asambleas territoriales, construir poder popular y comunal e impulsar desde ahí un proceso radicalmente constituyente, con miras a derrocar el dominio del Capital y del Estado. Porque, tal y como sostuviera Marx, la “esclavitud de la sociedad civil constituye el fundamento sobre el cual reposa el Estado moderno”; o, más claramente aún, “la existencia del Estado y la existencia de la esclavitud son inseparables”.[x] De eso se trata, de imaginar y de crear una forma de organización social que se ubique en las antípodas del Estado moderno, colonizado por la lógica del capital, que desaparezcan las primeras magistraturas, los parlamentos excluyentes, la democracia representativa, los políticos profesionales, los militares y las policías (instituciones creadas para resguardar la propiedad privada de los de arriba), los tribunales y los jueces (que usan la ley para negarnos justicia, para condenar a los pobres y absolver a los ricos). En definitiva, abolir el Capital y el Estado.
El presente texto fue presentado en el VIII Seminario “Los Marxismos en el Siglo XXI. El marxismo y los grandes desafíos del presente”, en el eje 2 correspondiente al análisis de las Fortalezas, debilidades y desafíos de la actual rebelión popular chilena. https://www.youtube.com/watch?v=MziiKW4aQDM
Los autores son miembros del colectivo La Ira (Valparaíso) y profesores Universitarios.
[i] Expresión que usara el politólogo argentino José Nun hace cuatro décadas. Ver revista Nexos, 1 de octubre, 1981. Disponible en https://www.nexos.com.mx/?p=3924
[ii] Aunque no profundizaremos en los efectos de la pandemia, sí queremos señalar que ésta ha permitido perpetuar la militarización de la sociedad, el control social que ya se había recrudecido con los estados de sitio y de excepción declarados en octubre. Mientras el pueblo lucha contra el hambre, los pacos aprovecharon estos meses para comprar tecnología represiva de última generación.
[iii] https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/03/la-brigada-dignidad/
[iv] Dejamos fuera de este análisis otras formas organizativas más subterráneas que han permitido coordinar el accionar de los sectores populares insurrectos en las diferentes jornadas de protesta realizadas a lo largo y ancho del país, formas que están lejos de ser espontáneas, como las referidas a las acciones de recuperación en supermercados y centros comerciales, quema de casetas de peaje, ataques a comisarias, barricadas, etc., que no se circunscriben necesariamente a las asambleas territoriales y cabildos.
[v] El 25 de noviembre, después de la marcha más grande de la historia de Chile y del llamado a paro nacional del 12 de noviembre, Piñera, en cadena nacional, convocó a un “acuerdo por la paz”, la justicia y una Nueva Constitución (responsabilizando de la violencia a los manifestantes y confirmando el estado de guerra). Y recordemos cómo presentó esto último. “Un acuerdo por una nueva Constitución, dentro del marco de la institucionalidad, con una clara participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos participen, no solo en la elaboración sino que en la última palabra en su aprobación, de la construcción del nuevo pacto social”. Y tres días más tarde, el 15 de noviembre, los dirigentes de los principales partidos políticos anunciaron el “Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución” (la justicia no quedó en el título). Y claramente, el Acuerdo se firmó sin exigir una comisión de verdad y justicia que condenara a los responsables de las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por carabineros y fuerzas armadas, avalando la impunidad del gobierno asesino.
[vi] Según in informe del INDH, en los primeros cuatro meses de la revuelta hubo 3.765 personas heridas, 445 traumas oculares y 951 querellas por torturas. Unas 35.292 personas fueron llevadas a audiencias de Control de Detención entre el 18 de octubre y el 29 de noviembre, fueron formalizadas 23.449 y los tribunales dictaron 2.537 prisiones preventivas. Según cifras del Ministerio Público, la Fiscalía había presentado acciones judiciales contra 3.274 personas en 1.914 querellas. De ellas, un 55% se basan en la ley de Seguridad Interior del Estado(https://www.ciperchile.cl/2020/07/15/balance-penal-del-estallido-fiscalia-investiga-a-466-agentes-del-estado-y-gobierno-acusa-a-3-274-personas-de-cometer-actos-violentos/). Según esta misma fuente 497 personas permanecen privadas de libertad: de ellas 281 están en prisión preventiva y 216 se encuentra bajo arresto domiciliario.
[vii] Ley 21.200 de 24 de diciembre de 2019.
[viii] La elección de los convencionistas con arreglo al sistema electoral vigente mantiene la convención -cualquiera sea la opción que resulte ganadora en el plebiscito, ya se trate de la convención constitucional o de la convención mixta- en poder de los partidos políticos (las trabas para las candidaturas independientes hacen inviable o residual la participación de representantes de los movimientos sociales por fuera de las listas partidarias) y la exigencia de los 2/3 -que es una aberración antidemocrática- para aprobar el articulado de la Nueva Constitución le confiere poder de veto a la derecha abiertamente pinochetista.
[ix] “No podemos aceptar la forma en que se gestó, replicando las mañas de la vieja política que queremos derribar y que hemos debido combatir, incluso, con las muertes de nuestros compañeros y compañeras. No aceptamos las lógicas de la cocina política que una vez más da la espalda al movimiento social y a los millones de manifestantes de nuestro país. No aceptamos los quórums de dos tercios para poder llegar a acuerdos sobre nuestra nueva Constitución y no aceptamos un sistema representativo que va a volver a entronizar a los mismos representantes de los partidos políticos que pactaron el acuerdo” (Declaración Mesa de Unidad Social, 16 de noviembre, 2019). https://diarioelcentro.cl/mesa-de-unidad-social-rechaza-acuerdo-para-nueva-constitucion/
[x] K. Marx (1844). Escritos de Juventud. México: FCE, 1982; p. 513.