Venezuela llega al siglo XXI con la tarea inconclusa de dejar de ser un país dependiente de los grandes centros de poder del sistema mundo, para ello era importante “sembrar el petróleo” eslogan que por más de 100 años de explotación petrolera, sirvió como fundamento a los distintos planes de gobierno que se elaboraron durante el pasado y presente siglo, resultando todos en un rotundo fracaso.

Trataremos aquí de hacer un vuelo rasante de lo que ha sido la política económica de este gobierno, y veremos cómo se va repitiendo un patrón que no es otro que generar un proceso de apertura y ciertas facilidades tanto al capital internacional como al nacional (grupos económicos emergentes) a partir de las riquezas económicas del país y lo que significa la profundización del modelo extractivista, colofón de la relación que tiene el país con el sistema mundo.

Cuando el actual gobierno llega al poder en el 2013, la crisis económica ya se había instalado. De forma concomitante, estaban bajando los precios del barril de petróleo y también estaba cayendo la producción petrolera nacional, como consecuencias de la desinversión, de la corrupción y de una visión estratégica errada de pretender, tal como se había hecho en el pasado siglo y lo viene denunciando el profesor Mendoza Pottellá, realizar y poner en marcha planes petroleros faraónicos que han estado a todas luces fuera de la realidad energética mundial y nacional.

El equipo económico de Maduro en sus inicios (muestra de no comprender lo que estaba pasando) se concentró en la política cambiaria como una estrategia en sí misma para hacer política económica, lo que continuó facilitando la fuga de capitales que, desde el gobierno de Chávez, venía ocurriendo. El país llegó a tener varios tipos de cambio oficial con un manejo discrecional sobre los mismos, lo que redundó en la continuación del desfalco a la nación y en la consolidación de grupos económicos emergentes.

Con este gobierno se inaugura, lo que se pudiera calificar como la era del neoliberalismo transgénico[i].

Un primer paso formal – institucional en este sentido es el caso de la Ley que conforma las zonas económicas especiales aprobada a fines del 2014[ii], que luego se concreta en el 2016 mediante el Decreto 2248, donde se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, resultando básicamente en una zona (12% del territorio nacional) donde se suspende la Constitución y cualquier garantía en términos de derechos (laborales, económicos, sociales, étnicos y ambientales) y se concentra el poder en el Ejecutivo para promover alianzas con la inversión privada, nacional como internacional.

Luego tenemos a la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva[iii], aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, que en la misma línea de las anteriores se busca otorgarle garantías y ciertas prerrogativas para que el capital transnacional “invierta” en el país.

La crisis, como ya sabemos, continuó su profundización, surgiendo fenómenos económicos como nunca antes había vivido la población venezolana, como es lo referente a la hiperinflación y por ende a la destrucción del bolívar como reserva de valor. En el año 2018 por primera vez, el gobierno de Maduro asume públicamente la responsabilidad en la creación de dinero inorgánico para atender el tema del déficit fiscal y, cuan adicto que pretende curarse de su adicción solo de forma declarativa, planteó que con el Programa de recuperación económica se buscaba como objetivo, entre otros que no se cumplieron, lograr un déficit fiscal cero.

Por su parte, la crisis económica y social a partir de la estrategia de la oposición Guidoista-Lopez- Trump, adquiere una escalada mayor con la implementación de las sanciones impuestas ilegalmente por el Departamento de Estado de los EEUU, proporcionándole al gobierno de Maduro la excusa perfecta para evadir responsabilidades, pero también, innegablemente dichas sanciones han contribuido a profundizar la emergencia social compleja preexistente.

Hoy tenemos una realidad incuestionable, y es que la crisis económica sigue su curso y el gobierno tiene poca capacidad financiera para encarar el peso enorme que significa un aparato productivo que se ha contraído en más de un 70% durante los últimos 7 años. La elite que gobierna, en su afán de mantenerse en el poder, necesita recursos por lo que requiere convertir a su recién aprobada Ley Antibloqueo en su carta de negociación y captación de capitales.

Para ello, busca dialogar en los mismos términos en que se puede dialogar con el capital, es decir, dándole los privilegios y beneficios que exige para “invertir” en un país que no cuenta con una institucionalidad fuerte y con un gobierno con crecientes necesidades de recursos financieros, dispuesto a venderle su alma al diablo de ser necesario, para mantenerse en el poder.

Estamos entrando con esta Ley Antibloqueo, en un nivel superior de la estrategia que se inauguró con el Arco Minero del Orinoco. Concentrar poderes en el Ejecutivo para buscar negociar las riquezas del país directamente con el gran capital internacional. Es profundizar la dependencia de Venezuela al orden internacional que caracteriza al sistema mundo en este siglo XXI.

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[i] Se define como: aplicación de políticas propias del neoliberalismo instrumentadas por gobiernos que se califican como progresistas. Alberto Acosta y Ulrich Brand en el libro: Salidas del laberinto capitalista, publicado en el 2017 por la Fundación Rosa Luxemburg.

[ii] Publicada En Gaceta oficial extraordinaria 6.151 el 18/11/2014.

[iii] Registrada en la Gaceta Oficial N° 41.310 del 2017.