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Myanmar es el hogar de 54 millones de personas, incluyendo a más de 135 grupos étnicos y pueblos indígenas. Por lo tanto, el país es considerado uno de los más diversos dentro del sureste asiático. También conocido como Birmania, agrupa a las diversas poblaciones dentro de ocho nacionalidades étnicas: los bamar, los chin, los kachin, los kayin, los kayah, los mon, los rakhine y los shan.
Tras haber superado un proceso de asimilación forzada durante el gobierno militar, en la actualidad los indígenas de Birmania resisten el despojo de sus tierras. Tanto las leyes para el desarrollo económico como los compromisos internacionales contraídos en materia de cambio climático son utilizados para usurpar los territorios de las comunidades. En este momento, los indígenas myanmarenses esperan que sus derechos sean reconocidos en la próxima Ley Nacional de Tierras.
Myanmar es el hogar de 54 millones de personas, incluyendo a más de 135 grupos étnicos y pueblos indígenas. Por lo tanto, el país es considerado uno de los más diversos dentro del sureste asiático. También conocido como Birmania, agrupa a las diversas poblaciones dentro de ocho nacionalidades étnicas: los bamar, los chin, los kachin, los kayin, los kayah, los mon, los rakhine y los shan.
Los bamar, también conocidos como birmanos, representan a la mayoría de la población y dominan la política y la economía del país. Dado que muchos pueblos indígenas no se identifican con ninguna de las ocho etnias reconocidas oficialmente, esta clasificación es percibida como una imposición gubernamental y es rechazada por la comunidad indígena.
En 2007, Myanmar votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sin embargo, a la fecha sigue sin desarrollar un plan de acción nacional para cumplir con los lineamientos de la declaración y continúa sin incorporarla dentro de su sistema legal. Asimismo, Myanmar no ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El apoyo de los pueblos indígenas, pactado en el histórico Acuerdo de Panglong, fue un elemento crucial para que Myanmar obtuviera su independencia de Gran Bretaña en 1948. El acuerdo, firmado en 1947 por los líderes del movimiento independentista birmano y los representantes de los pueblos indígenas shan, kachin y chin, esbozó la estructura federada de la nueva nación, así como las garantías legales extendidas a los diversos pueblos que habrían de habitarla. Sin embargo, poco después de la independencia se hizo claro que los políticos que representaban a la mayoría étnica no estaban dispuestos a respetar las previsiones del acuerdo ni las promesas hechas a los pueblos indígenas. El resultado fue que el país cayó en una guerra civil que, con distintos grados de intensidad, continúa hasta la fecha.
“El golpe de Estado de 1962 marcó el comienzo de un régimen militar y fue acompañado de un proceso de “birmanización”, es decir, la asimilación forzada de los pueblos indígenas.”
El golpe de Estado de 1962 marcó el comienzo de un régimen militar que duraría medio siglo y fue acompañado de un proceso de “birmanización”, es decir, la asimilación forzada de los pueblos indígenas por medio de la llamada “Política de una religión, una cultura, un lenguaje, y una identidad”. Esta falta de respeto a la diversidad cultural resultó en la unión de más grupos étnicos a la lucha armada por la autodeterminación de los pueblos.
En un momento, hubo alrededor de dos docenas de grupos étnicos armados combatiendo contra las fuerzas gubernamentales de Myanmar. Como respuesta, el ejército instaló un verdadero régimen de terror en las áreas fronterizas del país, desplegando una estrategia contrainsurgente conocida como “los Cuatro Cortes”. La población civil que residía en las áreas afectadas por el conflicto fue sometida a desplazamientos masivos, regímenes de trabajo forzado y violencia militar, incluyendo la violencia sexual y la tortura. No fue hasta los primeros años del nuevo milenio que el gobierno militar comenzó a involucrarse en negociaciones de paz con algunos de los grupos armados.
Después de una larga y sostenida presión de la comunidad internacional, se instaló, en 2010, un gobierno cuasi-civil bajo una Constitución redactada por los militares en 2008. Las elecciones parlamentarias trajeron al terreno legislativo a una serie de partidos políticos representativos de las minorías étnicas y, por primera vez en décadas, los pueblos indígenas obtuvieron su representación política a nivel nacional. Sin embargo, la llegada de un nuevo gobierno no significó la plena retirada del ejército.
La nueva Constitución reservó un cuarto de los curules en los parlamentos nacional y regionales al personal militar, lo cual también le confiere la potestad de elegir a uno de los dos vicepresidentes. Asimismo, la Constitución establece que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Fronterizos, tres áreas claves del Gobierno, serán designados por el Comandante en Jefe del Ejército. En dicha estructura, la presidenta de Myanmar, Win Myint, y el consejero de Estado, Auung San Sus Kyi, tienen un control muy limitado sobre las fuerzas de seguridad myanmarenses.
Las tensiones entre el ala civil y militar del gobierno son muy visibles, mientras que las Fuerzas Armadas sabotean constantemente las políticas de pacificación del gobierno en las regiones indígenas. La militarización es un fenómeno que continúa hasta la fecha y las confrontaciones violentas con los grupos étnicos armados siguen ocurriendo con regularidad en algunas partes del país. A pesar de los avances en términos de libertades políticas, los militares siguen controlando las llaves de la estabilidad y la paz en el país.
La transición hacia el gobierno cuasi-civil fue muy bien recibida por la comunidad internacional y, como resultado, se retiraron las sanciones económicas que habían sido impuestas sobre el país durante décadas. Myanmar abrió sus puertas al comercio internacional y la inversión extranjera empezó a llover, al mismo tiempo que los inversionistas ignoraban las persistentes prácticas de corrupción que regían las relaciones comerciales en el país.
Desde el golpe militar de 1962, las Fuerzas Armadas de Myanmar se convirtieron en un actor económico clave en la vida del país, involucradas incluso en la administración directa de plantaciones y minas. Si bien las reformas económicas de las últimas décadas han permitido la apertura de algunos espacios para la iniciativa privada, el ejército mantiene su posición dominante dentro de la economía por medio de prácticas formales e informales.
Las Fuerzas Armadas como corporación y sus altos mandos de manera individual tienen intereses en varias empresas agroindustriales y agroforestales a gran escala, así como dentro de varias firmas del sector bancario y de la minería. Buena parte de las personas más ricas de Myanmar tienen un pasado militar o están vinculadas al ejército de alguna manera. Los intereses del Ejército en los sectores económico y político continúa siendo uno de los mayores obstáculos para las reformas en Myanmar.
“Los intereses del Ejército en los sectores económico y político continúa siendo uno de los mayores obstáculos para las reformas en Myanmar.”
Constitucionalmente, la tierra y los recursos naturales de Myanmar pertenecen al Estado. Ni el sistema consuetudinario de tenencia ni los sistemas consuetudinarios de ordenación de la tierra son legalmente reconocidos o respetados por el marco legal del país. De este modo, el Parlamento controlado por el partido pro-militar Solidaridad y Desarrollo de la Unión aprobó, en 2012, de manera apresurada una serie de nuevas leyes dirigidas a facilitar las inversiones extranjeras: la Ley de Gestión de Tierras Vírgenes, Desocupadas y en Barbecho, las Leyes de Tierras de Cultivo, la Ley de Inversión y la Ley Forestal.
Dado que estas leyes tampoco reconocieron a los sistemas indígenas de gestión agraria ni la tenencia colectiva de la tierra, la normativa terminó convirtiendo a las tierras indígenas en tierras sin propietarios, generando así una herramienta legal para su concentración en manos privadas. Si bien durante la época de los gobiernos militares, las autoridades no necesitaban de ninguna justificación para despojar a comunidades enteras de sus tierras, con la introducción de estas leyes, dicha práctica fue legalizada poniendo presión sobre 45 millones de acres de tierra que calificarían como virgen, desocupada o en barbecho, de las cuales el 82% se encuentra en los estados de minorías étnicas.
En consecuencia, 41 campesinos indígenas karenni en el Estado de Kayah fueron demandados, en diciembre del 2019, por invasión a la propiedad privada, tras haber intentado recuperar sus tierras que les habían sido confiscadas por el ejército en 1990. En junio del 2020, una historia similar ocurrió en una comunidad indígena pa’o en el Estado de Shan meridional: el ejército destruyó 770 hectáreas cultivadas por los pobladores, confiscó equipos agrícolas y demandó a 30 campesinos por invasión a la propiedad privada, a pesar de que la comunidad había trabajado esas tierras durante las tres últimas décadas. Las historias de este tipo son algo muy común en las regiones habitadas por los pueblos indígenas de Myanmar.
“La normativa terminó convirtiendo a las tierras indígenas en tierras sin propietarios, generando así una herramienta legal para su concentración en manos privadas.”
Tras la llegada al poder de la Liga Nacional para la Democracia, la Ley de Gestión de Tierras Vírgenes, Desocupadas y en Barbecho fue modificada. Sin embargo, esta enmienda no mejoró la situación de los indígenas. No sólo se quedó corta en el reconocimiento de los sistemas indígenas de propiedad sobre la tierra, sino que también mantuvo inalteradas las provisiones utilizadas para criminalizar a los pueblos indígenas.
En concordancia con las nuevas leyes, en 2018 un grupo de campesinos indígenas de la región de Thanintharyi aplicó para registrar a su nombre las tierras que habían utilizado durante décadas. En vez de aprobar su solicitud, las autoridades los acusaron de invasión a la propiedad privada. Los intentos por impugnar el caso fracasaron y la Justicia terminó fallando en contra de la comunidad.
Las leyes diseñadas para promover el desarrollo económico y atraer inversiones extranjeras no han sido la única causa del despojo de tierras. Las iniciativas de conservación ambiental y de combate al cambio climático también han contribuido a la violación de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas. Los compromisos internacionales para mitigar el cambio climático y los mecanismos internacionales para la defensa del medio ambiente han sido malversados por el gobierno de Myanmar para justificar la usurpación de tierras.
En línea con el Acuerdo de París, Myanmar se comprometió a designar el 40 % de su área geográfica como “bosques protegidos”. Del porcentaje comprometido, el 10% se encuentra en Áreas Protegidas, mientras que el resto ha sido quitado forzosamente a las comunidades indígenas. Tal es el caso de los Santuarios de Vida Silvestre en Htamanthi y en el Valle de Hukaung, que fueron creados con el apoyo de la Wildlife Conservation Society (WCS) sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas. De este modo, más de 50.000 familias de los pueblos naga, kachin, lisu y shan-rojo han sido convertidas en ocupantes ilegales de su propia tierra.
En la actualidad, las agencias estatales y los inversionistas privados continúan realizando megaproyectos de infraestructura, actividad agroforestal a gran escala o iniciativas de conservación ambiental dentro de las tierras de los pueblos indígenas. En algunas áreas del país, las comunidades se están uniendo y están realizando protestas con éxito. Por ejemplo, después de tres años de lucha, en 2010 el poblado Shwe Taung Ngwe Taung habitado por el pueblo karen en la región de Bago, consiguió detener la expansión de las plantaciones de árboles de teca sobre sus tierras.
Desafortunadamente, no todas las historias son de éxito. Muchos inversionistas están desplegando la táctica de “divide y vencerás” para debilitar a las comunidades en su lucha contra los invasores. Al ofrecer empleos temporales precarizados a un pequeño grupo de la comunidad, los inversionistas crean divisiones para luego sostener que los opositores a sus proyectos representan una minoría. En 2018, la compañía minera de Wunn Pyae demandó a miembros de una comunidad en el Estado de Shan meridional por realizar una protesta en contra del proyecto minero que pretendía llevar a cabo en sus tierras comunitarias. La compañía utilizó a parte de la comunidad para emprender acciones legales a través de demandas por invasión de propiedad privada y obstrucción al proyecto.
Cuando los activistas defensores de los derechos indígenas sobre la tierra intentan protestar en contra de las invasiones por medio de los canales oficiales, se enfrentan a un mecanismo de restitución de tierras corrupto e hiper-burocratizado que involucra a diversas agencias gubernamentales. Esta discriminación continúa manifestándose a través del uso exclusivo del lenguaje birmano en los procedimientos oficiales, así como en la falta de recursos económicos para pagar las tarifas y sobornos necesarios para el avance de los procesos legales. Esto convierte a los pueblos indígenas especialmente vulnerables a la hora de lidiar con las agencias gubernamentales, cuyo supuesto papel es proteger los derechos de los ciudadanos.
Los pueblos indígenas de Myanmar mantienen sus esfuerzos por fortalecer el sistema de gobernanza tradicional indígena. Para esto, han recurrido al mapeo y documentación de su uso tradicional de la tierra en una apuesta por obtener un mecanismo de protección interino mediante la fundamentación jurídica de sus derechos sobre el territorio. En este contexto, será de crucial importancia que el pueblo de Myanmar reconozca los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales dentro de la próxima Ley Nacional de Tierras, que actualmente se encuentra en proceso de elaboración.
La transición y las reformas políticas durante las últimas décadas en Myanmar han sido llevadas a cabo sin abordar la discriminación hacia los pueblos indígenas, la omnipresencia continua del ejército y la corrupción generalizada. Los impactos de la falta de acceso a la Justicia y el déficit de confianza sobre las instituciones representan desafíos adicionales en la consecución de un verdadero cambio democrático. El diseño de las políticas y las leyes para un nuevo Myanmar democrático deben contar con las garantías de transparencia y de participación ciudadana activa para prevenir la victimización de cualquier pueblo durante las reformas que el país necesita.
Ke Jung es activista y defensor de los derechos de los pueblos indígenas, perteneciente a la comunidad indígena naga de Myanmar. Es fundador y director de la Asociación de Pueblos Indígenas, una ONG dedicada a promover el reconocimiento de los grupos étnicos en Myanmar.
Con una formación académica en antropología y ciencia política, Nikita Bulanin es activista y defensor de los derechos de los pueblos indígenas, y miembro del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).