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La representación otomí, por cada predio en posesión y disputa, expuso de manera detallada los agravios, racismo y discriminación, abusos policiales, detenciones arbitrarias, así como engaños e indolencia de las autoridades, durante 25 años de estancia en la Ciudad de México, que les llevó a la decisión de la toma indefinida, hasta en tanto sean satisfechas sus demandas de vivienda, salud, educación, condiciones para realizar su trabajo de venta artesanal. Asimismo, respecto de su pueblo de origen, señalaron que no aceptan en Santiago Mexquititlán la imposición en curso de una plaza turística. Ello enmarcado en una identidad política con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG), la cual se expresó en el rechazo a la política oficial de impulsar megaproyectos y consultas amañadas
que afectan a los pueblos indígenas y a sus territorios, a la presencia de paramilitares en Chiapas. Demandaron justicia sobre el asesinato de Samir Flores y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
También expresaron una fuerte crítica al titular del INPI por el abandono de una trayectoria política independiente, que se inició con la participación en los diálogos de San Andrés Larráinzar, un día después del fallecimiento de Floriberto Díaz, quien era el invitado a los mismos y ante su partida, la asamblea mixe lo envió a Chiapas. Desde ahí participó en la creación del Congreso Nacional Indígena, incluso el 28 de marzo de 2001 el EZLN lo invitó a la sesión de San Lázaro. Le recordaron su discurso en ese recinto en favor de los derechos de los pueblos indígenas. Se trató de una reunión donde la comunidad otomí estaba preparada mediante acuerdos previos en sus asambleas y en ese contexto presentó su propuesta de mesa diálogo: que se realice en el INPI; que el gobierno se haga acompañar de las áreas correspondientes a sus demandas; que esté presente el titular del INPI y el secretario de Gobierno de la Ciudad de México; que se elaboren minutas de acuerdos, incluidas las áreas correspondientes; que se agilice la publicación del decreto expropiatorio sobre el predio de Zacatecas 74; las partes tendrán el derecho de consultar; los acuerdos suscritos serán públicos; ninguna acción penal contra la comunidad otomí y organizaciones que la acompañan; que se cancele la plaza principal en Santiago Mexquititlán, respeto a organización y autonomía del tianguis *y, por último: sólo con la presencia de autoridades se llevará a cabo mesa de diálogo.
El titular del INPI manifestó su disposición a participar en el proceso, pidió disculpas, no está claro a nombre de quién, por la forma en que ha sido tratada la comunidad otomí. Indicó: como INPI, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, lo que no esté en mis manos les voy a pedir una disculpa, pediré a las instancias competentes que busquemos una solución
. Mencionó que enteraría al Presidente de la República, suponemos sólo respecto a la toma del INPI y demandas específicas, no aludió a los megaproyectos. Por su parte, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México manifestó disposición y se centró en el significado histórico del predio de Roma 18, pues ese lugar fue la sede de un gobierno democrático acabado por una dictadura. Sería muy justo honrar a la república española que entregarlo a quienes buscan el cobijo de esta gran Ciudad de México
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Ya de salida, la comunidad pidió les firmaran de recibida la propuesta y se quedó en una fecha tentativa de inicio del diálogo para hoy. En síntesis, la respuesta oficial aún no existe, escucharon los muy fuertes agravios con fundamentos documentales y responsabilidades precisas, la mayor parte del anterior gobierno de la Ciudad de México. La parte indígena ya abrió la puerta y sus condiciones y demandas están claras; cuenta con el respaldo del Congreso Nacional Indígena y mostró agradecimiento a la solidaridad de personas y organizaciones que la han apoyado con elementos materiales básicos para contribuir a su subsistencia. El tema no está presente en la mayoría de los medios comerciales, salvo La Jornada y algunos independientes o alternativos. En cuanto a los otros actores políticos nacionales y de la Ciudad de México, ninguna voz, ni de aquellas que ponderaron la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México y los derechos reconocidos a pueblos originarios y comunidades residentes. ¿Dialogar para resolver? Ahí queda el desafío.