En su discurso de posesión David Choquehuanca habló de reconciliación, días más tarde, la ministra de la Presidencia emitió también un mensaje de paz. En ese lapso, los operadores judiciales del gobierno estaban liberando a los demonios. Paradójicamente, mientras se llamaba al cese de hostilidades otros dinamitaban Adepcoca y la Fejuve de la sede de gobierno. Como no se hace la paz con soldados, ni se avanza en la pacificación poniendo grupos mercenarios en las calles, conviene observar con detalle qué sentido tiene esta contradicción.

Es patente la disputa en los grupos que conforman el nuevo gobierno y la importancia que tiene en esa pugna la violencia sociopolítica. La selección de altas autoridades permite ver quién tiene más fuerza en la lucha de poder entre reconciliadores y revanchistas. De momento, los/as revanchistas están retomando, a través de los nombramientos en ministerios, viceministerios y otros, las riendas del poder. De ser el caso, los demonios anuncian retorno de la política de miedo, la persecución y el chicote a la oposición.  

¿Quiénes son estos demonios? Los más notables actores de la violencia política del régimen. Sobre cada uno/a de ellos/as pesan graves denuncias, en algunos casos fueron capturados en flagrancia, atentando contra la vida de personas o destruyendo bienes públicos y privados. Ahora todos/as gozan de libertad irrestricta porque les levantaron los cargos o declararon inocentes, por lo cual han recibido un inapreciable estímulo para retomar su agenda de violencia.  Pongamos algunos ejemplos.

Los principales actores de la violencia en La Paz en las jornadas de octubre/noviembre de 2019 fueron grupos organizados por altos dirigentes vecinales de El Alto y La Paz. En su prontuario destaca la quema de los buses PumaKatari y varios domicilios. Uno de los autores materiales de la quema de la casa de Waldo Albarracín fue recientemente liberado y exonerado del proceso judicial. El único caso abierto por estos hechos deja libre e impide al responsable. El mensaje es muy potente.

El máximo dirigente del sicariato en la ciudad de La Paz ha sido acusado de estar detrás de los recientes hechos en esa Fejuve (del martes 10/11) en la que un grupo de personas trata de salvar su vida lanzándose de las ventanas de la parte trasera del edificio que está siendo apedreado, dinamitado y quemado con gente en su interior. Un déjà vu de la quema de la alcaldía de El Alto de febrero de 2016. Al día siguiente, el acusado se ha vuelto acusador, arremetiendo contra su contrincante con un proceso judicial. Una muestra elocuente de su poder.   

Otro bloque de demonios tiene arraigo en los gobiernos locales. Fueron los estrategas del bloqueo en plena pandemia. Se trata, en muchos casos, de mujeres con un largo recorrido de corrupción municipal. Varias de ellas han conquistado importantes plazas en la nueva Asamblea Legislativa. En el último año organizaron grupos de sicarios en Vinto, Montero, K’ara K’ara y otras zonas en las que murieron manifestantes anti MAS. Algunas de ellas han sido víctimas de violencia, lo que les ha rentado una imagen nacional e internacional que les ha servido para ser doblemente impunes.

En la alta jerarquía de los demonios está el grupo palaciego que rodea a Evo Morales y son, en gran medida, los exrefugiados en la embajada de México y los exautoexiliados en Argentina. Los/as cabecillas de una década de políticas de miedo, que actualmente se apegan al exmandatario para que retenga el liderazgo del partido y (sin decirlo en voz alta todavía) del gobierno, sin la necesidad de ser Presidente. Esperan el momento de volver a ser los mandamases.

Su presencia tóxica se siente en el aire. Traen consigo sus viejos métodos, como la judicialización de la política. Arman tramas como la de la libreta del Jefazo para dar caza a sus oponentes. Ello muestra que no aprendieron nada sobre la tómbola de la venganza. Reinician otro episodio de “te persigo para que luego me persigas”.

En el nuevo ciclo es importante destacar el rol encubridor y cómplice que vuelven a jugar la Defensoría del Pueblo y las organizaciones internacionales de derechos humanos. Basta ver sus comunicados sin sustento (como el del supuesto atentado a la casa de campaña del MAS) o su mutis frente a los últimos actos de violencia y persecución o las declaraciones de la Defensora Nadia Cruz ante la golpiza que le dieron a Rafael Quispe y sus seguidores en plaza Murillo. A ellos les debemos, como diría una canción de Sabina, una paz que puede ser peor que la guerra; o el retorno del infierno en el que reinan los demonios.

Marco Gandarillas es sociólogo.