La Central Asháninka del Río Ene (CARE), que representa a 33 anexos y 18 comunidades asháninkas de la cuenca del río Ene, se oponen firmemente a la creación del distrito de Tambo del Ene, que se situaría en la provincia de la Convención del departamento de Cusco. Para la organización, esto vulnera a 6 comunidades asháninkas pertenecientes a la jurisdicción de Junín.

Esta propuesta es impulsada por el Proyecto de Ley N.° 2669-2017, que surgió por iniciativa del Ejecutivo en el gobierno de Ollanta Humala y que actualmente ha sido derivada a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado.

 Los asháninkas libran batalla para que se archive el proyecto de “ley de creación del distrito de Tambo del Ene en la provincia de la Convención del departamento de Cusco”.

Esta propuesta surgió en el gobierno de Ollanta Humala cuando el Ejecutivo, en junio del 2016, presentó al Congreso el Proyecto de Ley N.° 05375-2015.

Luego terminó siendo actualizado a Proyecto de Ley N.° 2669-2017 (PL 2669) y fue presentado nuevamente en abril del 2018.

Y así quedó hasta que el Parlamento lo sacó a flote y fue debatido en este mes, sin embargo, se aprobó una cuestión previa que fue planteada por el congresista Robledo Gutarra Ramos.

Tras esta aprobación el 9 de diciembre, se decidió que el PL 2669 vuelva a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado.

Es decir, en esta comisión se discutirá sobre observaciones del proyecto, como el problema limítrofe que existe entre las regiones Junín y Cusco.

Esta es la cuestión que reclaman los asháninkas en torno a la vulneración de su territorio y porque transgrede su derecho a la consulta previa.

Para ellos, la creación del distrito de Tambo del Ene afecta la territorialidad de 6 comunidades asháninkas, las que se sienten pertenecidas en la región Junín, y no en Cusco.

 

 

Rechazo al PL 2669

La Central Asháninka del Río Ene (CARE) es una organización que representa legal y legítimamente a 33 anexos y 18 comunidades asháninkas de la cuenca del río Ene.

Estas se ubican en los distritos de Río Tambo, Mazamari y Pangoa, en la provincia de Satipo, en el departamento de Junín.

Según alega la organización, el PL 2669 ocasiona un grave perjuicio a la territorialidad de los pueblos originarios que habitan en esas zonas.

Las 6 comunidades afectadas son Tsoritiari Alto, Tsirotiari Bajo, Paveni, Catungo Quempiri, Quimaropitari y Pampa Alegre, y pertenecen al distrito de Río Tambo.

En otras palabras, la territorialidad de estas comunidades “está marcada por su pertenencia a la jurisdicción de Junín”.

Así expresa un oficio direccionado a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, y a representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Defensoría, Ministerio de Cultura, entre otros.

En el documento, la organización muestra firme oposición a la creación del distrito de Tambo del Ene en la provincia de la Convención del departamento de Cusco.

 

 

 

De acuerdo con la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM, los límites territoriales de este distrito serían los siguientes: por el norte, limitaría con el distrito de Río Tambo (Junín).

Por el sur, con el centro poblado Mantaro (Cusco); por el este, con el distrito de Echarati (Cusco); y con el oeste, con los departamentos de Ayacucho y Junín (ríos Apurímac y Ene).

Tambo del Ene estaría a unos 47 km del distrito de Pichari, ubicado en la provincia cusqueña de La Convención, y comprendería una superficie de más de 8600 km2. Además, su capital sería Natividad.

Si se crea Tambo del Ene, se desprendería del distrito de Pichari, según refiere el proyecto.

La finalidad de la creación de Tambo del Ene –al formar parte del ámbito de intervención directa del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem)– es “su desarrollo integral”.

Esto “es compatible con los objetivos, las políticas y estrategias del Programa de Intervención Multisectorial del Gobierno Central” en el Vraem.

Con la creación del distrito, se busca la desaparición de la pobreza y la inclusión social como parte de una “estrategia de desarrollo en las zonas más vulnerables de nuestro país”, menciona el proyecto.

Pero para CARE, este “desarrollo” perjudica al pueblo Asháninka al destruir sus estructuras social, política, económica y cultural.

 

Foto: CARE

Tambo del Ene vulnera el “territorio del departamento de Junín cercenándolo, y por otro lado, vulnera derechos de los pueblos indígenas, como es el derecho a la consulta previa”.

“Intereses” de Cusco

CARE acusa al Gobierno Regional del Cusco de impulsar la creación del mencionado distrito en La Convención.

La Central Asháninka menciona que el Gobierno Regional de Cusco tiene intereses políticos y un “afán expansionista”.

“Cusco viene incentivando la colonización en la zona, promoviendo la invasión de colonos en territorio indígena”.

Con esta invasión, Cusco pretende tener legitimidad al imponer “ciudadanos que expresarían su voluntad de pertenecer a la jurisdicción” cusqueña.

CARE enfatiza que se ha acrecentado el narcotráfico por la migración masiva de colonos promovidos por Pichari (Cusco), ya que los foráneos se dedican al cultivo ilícito de hoja de coca.

Además de reiterar la violación de la territorialidad y la consulta previa, el PL 2669 también motiva un conflicto interdepartamental entre Junín y Cusco por las razones expuestas.

En este sentido, la Central Asháninka del Río Ene pide al Congreso el archivo del PL 2669, y al Estado le solicita “salvaguardar la territorialidad del pueblo indígena Asháninka”.

Cabe mencionar que los asháninkas también se hallan en la selva de Cusco, Ayacucho, Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali. Es el pueblo indígena más numeroso de la Amazonía peruana con aproximadamente 97 mil miembros.