RESUMEN EJECUTIVO

El presente texto constituye la actualización del informe de la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y el territorio ubicado al sur del río Orinoco, correspondiente al período comprendido entre agosto de 2019 y agosto de 2020. El mismo ha sido elaborado por el Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS) y la organización Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, y está estructurado en cuatro capítulos principales que le dan continuidad al contenido presentado en el informe de derechos humanos de 2019: 1) situación jurídica y socio-territorial de comunidades indígenas, 2) situación jurídica e impactos ambientales, 3) salud y condiciones sanitarias, y 4) contexto socioeconómico, político e institucional.

Este informe representa una sistematización y análisis de hechos y acontecimientos ocurridos en el período mencionado, y de trabajos de investigación y de escrutinio publicados en tiempos recientes. Cabe acotar que cada capítulo del informe presenta párrafos introductorios con datos e información contenida en el informe anterior (2019), con el fin de darle continuidad al informe y contextualizarlo para que se pueda percibir la evolución de las circunstancias con mayor facilidad. En la exposición de ciertos asuntos, se aborda el desarrollo de determinadas situaciones acaecidas en años anteriores y además se tratan con mayor profundidad aspectos que no fueron incluidos en el informe anterior.

En cuanto a la situación de las comunidades indígenas, se mantiene el contexto de violación del derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe de los pueblos indígenas que habitan dentro del territorio delimitado por la poligonal de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” (AMO). A pesar de que para enero de 2018 el gobierno dio por concluido el proceso de consultas a las comunidades indígenas, para la mayoría de los expertos y varias organizaciones indígenas, tal proceso no cumplió con las pautas establecidas en la legislación nacional e internacional que norma dichas consultas, lo cual se suma a las denuncias de múltiples organizaciones indígenas que han manifestado públicamente su rechazo a la implementación del proyecto minero y que no han sido incluidas en procesos de consulta conforme a lo dictado por la ley.

Por otra parte, los derechos a la participación política de estos pueblos están siendo vulnerados, pues de acuerdo a un reglamento emitido por la máxima autoridad comicial en junio de 2020, la elección de la representación indígena a la Asamblea Nacional se hará a través un voto indirecto, en dos grados y mediante votación pública a mano alzada. Esta resolución viola derechos políticos de todos los venezolanos consagrados en la Constitución, así como pactos y convenciones internacionales de derechos civiles y democráticos universales. Asimismo, la demarcación del hábitat y tierras colectivas indígenas en general está pendiente para todos los pueblos indígenas del país, en especial aquellos ubicados al sur del Orinoco. Sólo se han entregado títulos de tierras (conucos). De acuerdo a nuestra Constitución del año 1999, estas demarcaciones debieron ser realizadas en los 2 años siguientes a su promulgación. A pesar de propuestas de autodemarcación elaboradas con mucho esfuerzo por varios pueblos y organizaciones indígenas, ninguno de los pueblos asentados tradicionalmente en los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, los cuales concentran la mayor proporción de población indígena del país, poseen títulos colectivos del territorio. Esto es particularmente relevante, pues la poligonal del AMO se superpone parcialmente a territorios indígenas autodemarcados, de al menos 6 pueblos originarios, donde están presentes 197 comunidades.

En general se ha agravado la situación de las comunidades indígenas en términos de la militarización de sus territorios, la represión y control por parte de cuerpos de seguridad del estado, la incidencia de situaciones violentas, por parte de bandas delictivas vinculadas al negocio minero, y la presencia y control del territorio cada vez más manifiesta de cuerpos armados irregulares colombianos. Muchas comunidades indígenas han tenido que irse adaptando a estas dinámicas extractivistas criminales e irregulares que se están posicionando y a los cambios en la economía totalmente afectada por las tramas e intercambios en torno al oro. Otras comunidades han terminado por desplazarse. Sin embargo, es de particular relevancia que especialmente este año han habido importantes manifestaciones de autodeterminación de grupos de comunidades de varios pueblos indígenas, donde se indica principalmente el rechazo a la minería y a los grupos delincuenciales y armados en sus territorios, a la violencia en general. A la vez manifiestan la capacidad de los pueblos indígenas para gestionar sus territorios y sus recursos de acuerdo a sus culturas y en armonía con la naturaleza.

A nivel ambiental, la actividad minera aurífera ilegal, informal e irregular, principalmente de tipo aluvial semimecanizada que implica la utilización desproporcionada de mercurio, continúa extendiéndose de forma cada vez más acelerada y descontrolada en la enorme área establecida por el Arco Minero del Orinoco y más allá de sus límites, vale decir, en innumerables áreas del territorio al sur del Orinoco de los estados Bolívar y Amazonas. Se siguen produciendo daños a los ecosistemas de la Guayana y Amazonía venezolana, afectando la base misma de la vida de forma profunda y muchas veces irreversible. Los impactos se extienden a varias sub-cuencas que hacen parte de la cuenca del río Orinoco, y el delta del mismo. La afectación y envenenamiento de los cauces y fuentes hídricas de la región, de la que dependen las poblaciones humanas, la biodiversidad y el funcionamiento ecosistémico, tiende a agravarse por la reciente imposición vía decreto -por parte del Ejecutivo- de autorizar la explotación minera en espacios fluviales de seis importantes ríos, todos afluentes del río Orinoco -excepto el Cuyuní, que tributa al Esequibo- lo cual es violatorio de la legislación nacional que protege los cuerpos de agua. La decisión de realizar y fomentar el desarrollo de minería con balsas y dragas hidráulicas en estos grandes ríos, podría conllevar a la alteración de la morfología del delta del Orinoco, la contaminación de éste y del golfo de Paria, del mar Caribe y del océano Atlántico, con implicaciones ambientales a nivel regional.

Es importante destacar que posterior a la Resolución Nº 0010, el gobierno decidió instalar las primeras balsas mineras en el espacio fluvial del río Caura designado para tal fin. La cuenca del Caura es muy emblemática debido a su enorme belleza y por ser una cuenca totalmente prístina hasta hace 15 años atrás. Esto ha traído un aumento de la conflictividad social entre autoridades del gobierno y pobladores criollos e indígenas de la zona que se oponen a la destrucción de sus fuentes de agua y medios de subsistencia, a lo que se ha sumado, en tiempos muy recientes, la presencia de la guerrilla que está tomando control del territorio. Se reproduce el mismo patrón que se ha observado desde que se promulgó el AMO: fomento de la expansión minera exacerbada, devastación eco-ambiental, conflictos socioambientales con incremento de la criminalidad, irregularidad e impunidad, problemas de control territorial e inclusive de soberanía, entre otros.

En cuanto a la situación de salud y las condiciones sanitarias, en la región al sur del Orinoco continúa la epidemia de malaria como consecuencia del auge minero, enfermedad que se expande a otras regiones del país y hacia países vecinos por la movilidad de las personas que se dedican a esa actividad. A pesar de que el país ha recibido ayuda internacional para paliar la enfermedad, el poco control de la malaria y el respaldo de la expansión minera por parte del gobierno venezolano, ponen en riesgo el control epidemiológico en la región latinoamericana. Otro problema sanitario que persiste por la minería es la contaminación de las aguas por mercurio, acarreando graves consecuencias en la salud de las poblaciones indígenas y locales que viven en las riberas de los ríos, motivo por el cual, en el último año, varias comunidades han denunciado las precarias condiciones en las que viven como consecuencia del auge de la minería y por las distintas enfermedades que han contraído, que en no pocos casos han provocado la muerte de menores y mujeres por desnutrición.

A toda esta situación se suma ahora la pandemia de COVID-19 que pone en mayor riesgo a la población al sur del Orinoco, especialmente en un país como Venezuela que se encuentra padeciendo una Emergencia Humanitaria Compleja, y donde la carencia de insumos, la deteriorada edificación de los ambulatorios y centros hospitalarios y el escaso personal sanitario, es una realidad cada vez más extendida. La criminalidad y la violencia impera en la región, con nuevos casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Se reportan nuevas masacres, algunas en lugares en los que no habían ocurrido anteriormente, y se visibiliza un crecimiento considerable de las ejecuciones extrajudiciales. Estas últimas pasaron a ser la forma de violencia más común, al representar la mayor cantidad de muertes por armas de fuego registradas desde 2019. En menos de dos años se han registrado más de 340 ejecuciones extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar. Un dato importante es que las fuerzas de seguridad del estado, principalmente el Ejército, DGCIM y FAES, están involucradas directamente en la mayoría de las modalidades violatorias de derechos humanos.

Testimonios de sobrevivientes, pobladores y familiares de víctimas son denunciados públicamente, a pesar del clima de terror, hostigamiento y zozobra que padecen a diario. Muchos de estos testigos y/o familiares prefieren mantener su identidad oculta; sin embargo, otros sí se arriesgan a romper el silencio impuesto en los municipios del sur. Sus relatos reflejan no solo cruentos actos de violencia, sino un entorno en el que predomina la impunidad en un contexto donde la institucionalidad estatal ha sido destruida y se caracteriza por su incapacidad, indolencia y desidia.

La extracción minera y la comercialización de minerales se ha propagado y ha menoscabado abruptamente actividades económicas tradicionales de Guayana, instalando nuevas formas de economías ilegales e inhumanas alrededor de las zonas mineras. La trata de personas, el secuestro y la explotación son de los negocios más comunes, en los que las poblaciones femeninas viven de forma diferenciada y acentuada la violencia en la región. Un modelo económico transversalizado por la violencia, criminalidad, ilegalidad y corrupción, que resultó tanto en la quiebra de las empresas nacionales y de la infraestructura industrial, así como en la informalidad administrativa de todas las rutas de comercialización de minerales en el país y a nivel internacional. Instituciones nacionales públicas y privadas vinculadas directamente al mercado aurífero, como el Banco Central de Venezuela o empresas mineras respectivamente, se manejan con total opacidad y sin mecanismos de contraloría. Por otro lado, se han reportado varios casos de corrupción e irregularidad con cargamentos de oro provenientes de Venezuela.

Las poblaciones del sur del país se mantienen indefensas y muy vulnerables ante la expansión minera, en particular las comunidades indígenas y rurales, debido a la presión de vivir acosadas tanto por la presencia de grupos armados irregulares como por el estado de militarización de numerosos territorios, lo que incluye hasta la suspensión de derechos civiles. Sus condiciones de vida se han visto sumamente afectadas por la degradación acelerada del entorno natural que tradicionalmente les prodigaba alimentos, acceso a agua limpia y opciones de trabajo. Adicionalmente, en la región se suma el problema de la escasez de combustible que dificulta la movilidad cotidiana de sus habitantes, el abastecimiento de insumos y alimentos procesados, e impide el traslado a los servicios sanitarios ubicados en los centros urbanos.

Ver el informe completo en  https://www.ecopoliticavenezuela.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-DDHH-AMO-2020_Final.pdf