El orden público es una invención del poder. Por eso, la mayoría de la población no sabe exactamente a qué se refiere. La fuerza pública es una construcción del poder para garantizar el orden público. En teoría, responde a las necesidades de seguridad del Estado. El Estado, se supone, vela por el interés general. Por eso la gente no entiende que el Estado utilice la fuerza pública en contra de un derecho colectivo

Eso, precisamente, es lo que ha ocurrido con la incursión policial en la comunidad de San Pedro de Yumate, en el Azuay. Según el discurso oficial, la policía ingresó en esa zona para capturar a un peligroso delincuente. Es decir, para proteger a la comunidad de una amenaza a su seguridad. No obstante, terminó provocando un enfrentamiento que dejo a varios comuneros heridos de bala. Es decir, atentó contra la seguridad de la población.

Es esta ambigüedad la que genera suspicacias de todo tipo. ¿Cuál es la razón y el objetivo para que la policía ejecute un gran operativo en una zona atravesada por conflictos mineros? ¿Es la captura de uno de “los más buscados” un justificativo válido o es un simple pretexto? ¿Qué orden público pretende restaurar el gobierno a nombre del Estado?

No es una novedad que la democracia de los grupos de poder termina donde empiezan sus negociados. Cuando la decisión mayoritaria del pueblo presiona por cambiar un sistema que favorece a unos pocos en desmedro de la mayoría, las élites echan mano de la fuerza pública para proteger sus intereses. El monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado termina siendo un monopolio de esos grupos de poder. Entonces, el orden público se confunde con el orden privado.

¿Es posible que el operativo policial en San Pedro de Yumate haya sido un acto administrativo para ejecutar una orden judicial? Tal vez. Pero también puede ser una decisión política que se camufla detrás de la captura de un supuesto delincuente. Es más, si nos atenemos a la situación política del cantón Cuenca a apropósito de la próxima consulta popular, hay más indicios de que se trataría de lo segundo.

En efecto, el 7 de febrero próximo –de darse las elecciones– puede marcar un punto de inflexión fundamental respecto de las lógicas económicas y productivas del país. Si los cuencanos rechazan la explotación minera en zonas de recarga hídrica estarían dando un claro mensaje a la sociedad: la prioridad de la vida sobre el lucro. Y es altamente probable que gane la opción en contra de la minería.

Por eso, la ofensiva de las empresas mineras y de algunas autoridades para revertir esta tendencia se ha desatado. En tales circunstancias, es imposible sostener que la incursión policial en San Pedro de Yumate es una mera casualidad administrativa. Ahí se están jugando grandes intereses privados, y el gobierno está delimitando la cancha: el Estado priorizará la explotación minera por encima del orden comunitario.

Estamos entonces asistiendo a la vieja connivencia entre intereses privados e instrumentos de control social del Estado. En otras palabras, entre empresas mineras y autoridades políticas. La única particularidad es que hoy el gobierno utiliza el by-pass de la lucha contra la delincuencia para evitar que sus coincidencias con los empresarios mineros sean por demás evidentes.

 

Diciembre 23, 2020