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El rápido crecimiento en el número de contagios por la enfermedad COVID-19 en el mundo ha hecho del 2020 un año particular que la mayoría hemos vivido desde nuestras casas -si es que éstas existen- con una combinación de miedo, zozobra por la incertidumbre ante la inminente crisis económica, y desazón por la ruptura de los lazos sociales más básicos, ya que hasta los abrazos han sido prohibidos. Para el capital ha sido un momento de ajuste a través del aprovechamiento pleno de las tecnologías de la información para enfrentar el cierre de varios mercados e incrementar los procesos de explotación mediante el teletrabajo.
TIEMPO DE PANDEMIA EN AMÉRICA LATINA: CRISIS SOCIAL Y AUTORITARISMO
Sandra Carolina Bautista1 Milton Piñeros Fuentes2 Franco Rossi3
1 Economista y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Doctorante en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México carolinabautistab@gmail.com
2 Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia mpinerosf@gmail.com
3 Docente de Escuela Pública y estudiante de Sociología, Universidad de Buenos Aires francotemporal516@gmail.com
Estadosalteradosdigital
INTRODUCCIÓN
El rápido crecimiento en el número de contagios por la enfermedad COVID-19 en el mundo ha hecho del 2020 un año particular que la mayoría hemos vivido desde nuestras casas -si es que éstas existen con una combinación de miedo, zozobra por la incertidumbre ante la inminente crisis económica, y desazón por la ruptura de los lazos sociales más básicos, ya que hasta los abrazos han sido prohibidos. Para el capital ha sido un momento de ajuste a través del aprovechamiento pleno de las tecnologías de la información para enfrentar el cierre de varios mercados e incrementar los procesos de explotación mediante el teletrabajo. Asistimos con cierta perplejidad a un trance global que ha puesto sobre la mesa el hondo calado de la crisis civilizatoria vigente. Nuevamente se cuestiona la viabilidad de un sistema que ha sometido a calidad de mercancía a todas las formas de vida planetarias. La pandemia de Coronavirus ha sido la prueba fehaciente de tal contradicción. La pandemia asociada a la COVID-19 llegó a la región el 26 de febrero de 2020, fecha en la que se reportó el primer caso en Sao Paulo, Brasil. Su impacto en la geografía latinoamericana, así como la gestión estatal de la misma, sólo pueden entenderse en el marco de complejidad que conlleva el actual régimen de acumulación de capital en Nuestra América. Así, la crisis actual se vincula directamente con 214 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi la que viene desplegándose hace más de un lustro y en la que convergen múltiples factores. Entre ellos, el lento crecimiento económico de la última década, por la dependencia estructural del ciclo de las commodities; el aumento del subempleo y empleo informal; la profundización de la crisis de derechos sociales sometidos a la lógica del mercado, particularmente los vinculados al mundo del trabajo como salud y salarios dignos. En este proceso, cabe destacar el fin del Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo (CINAL), característico de las primeras dos décadas del siglo XXI, y el escalamiento de la corrupción que la ratifica como un rasgo constitutivo del capitalismo y del Estado en la fase neoliberal. Este conjunto de elementos posibilitó un nuevo momento de lucha social que se sintió con fuerza durante el 2019 en países como Haití, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina, acrisolado por la configuración de movimientos sociales regionales como el feminismo y la causa socioambiental. El ejercicio que presentamos a continuación propone analizar y discutir algunas respuestas estatales a la crisis actual, en el caso de 14 países, durante los primeros seis meses de la pandemia. Con el propósito de indagar en qué medida las condiciones sociales y económicas tuvieron un correlato en los efectos de la pandemia, y si aparece una tendencia hacia el reforzamiento del autoritarismo como rasgo sustancial del neoliberalismo a nivel regional. Con el objetivo de construir reflexiones de tendencia general organizamos la muestra de países en cuatro grupos, de acuerdo con la relación existente entre la fecha en la que fue reconocido el primer caso de COVID-19 por parte de los gobiernos y aquella en la que emitieron las medidas económicas y sanitarias centrales. Medidas que en la mayoría de los casos estuvieron vinculadas a sendas excepcionalidades políticas como los estados de emergencia, de sitio, de calamidad pública y de excepción. Si bien los datos más recientes muestran que los primeros casos de COVID-19 son anteriores a las fechas de reconocimiento, asumimos las fechas oficiales como hecho político que demarcan el inicio de un estado de alarma general. En el mismo sentido, las fechas de declaratoria de medidas fuertes y/o restrictivas, a fin de reducir la velocidad de contagio, adquieren en este trabajo un carácter de referencia política ya que con ellas se oficializó un momento de excepcionalidad inaugurado bajo un paquete de medidas estándar. Las mismas fueron aplicadas con cierto nivel de uniformidad en todos los países, consistente en aislamiento social, cancelación de eventos masivos públicos y privados, cierre de parques y plazas públicas, de establecimientos dedicados a bienes y servicios no esenciales, clausura de las fronte- 215 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo ras, así como la restricción de los derechos constitucionales de libre locomoción. Como resultado de esta clasificación, presentada en la tabla 1, tenemos un primer grupo de países que declararon medidas de excepcionalidad con antelación al reconocimiento del primer caso de COVID-19 (Honduras, Guatemala y El Salvador); el segundo grupo lo hizo posteriormente, pero de manera temprana en un rango de dos a tres días después de ser confirmado el primer contagio (Bolivia, Paraguay y Haití); el tercer grupo es el más numeroso e incluye a los países que hicieron una declaratoria de medidas que hemos denominado tardía, pues se produjo entre 11 y 33 días después de ser detectado o detectada la paciente cero (Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y México); el cuarto grupo incluye a Brasil y Uruguay, únicos países en los que la declaración de medidas fuertes coincidió con el reconocimiento del primer caso de COVID-19, y sin embargo, han tenido resultados opuestos. Tabla 1 Clasificación de países para el análisis País Fecha* Relación con el reconocimiento del primer caso de COVID-19 Honduras 10/02/2020 1 mes antes Guatemala 05/03/2020 1 semana antes El Salvador 19/03/2020 2 semana antes Bolivia 12/03/2020 2 días después Paraguay 11/03/2020 3 días después Haití 19/03/2020 3 días después Perú 15/03/2020 11 días después Colombia 17/03/2020 11 días después Ecuador 16/03/2020 13 días después Chile 18/03/2020 15 días después Argentina 20/03/2020 16 días después México 31/03/2020 33 días después Brasil 04/02/2020 Uruguay 13/03/2020 *Corresponde a la fecha en la que cada país decretó por primera vez medidas fuertes y/o restrictivas para frenar la expansión de la COVID-19. Fuente: elaboración propia Grupo 2: declaración posterior temprana Grupo 1: declaratoria previa Grupo 3: declaratoria posterior tardía Grupo 4: dos excepciones 216 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi A partir de ese escenario común, indagamos qué posibilidades de contener efectivamente la pandemia hubo en la región, tras los avances neoliberales en materia de salud pública, protección social y empleo, de las últimas décadas. Entendiendo que los resultados de las medidas estatales variaron según los niveles de subsistencia y cuidados garantizados. A su vez, observamos con suma atención, el vínculo existente entre la reconfiguración estatal erigida en la segunda mitad del siglo pasado, desde la lógica de enemigo interno a la manera de dictaduras o procesos de guerra interna, con el carácter autoritario de ciertas respuestas estatales ante la proliferación del Coronavirus.
GRUPO 1: DECLARATORIA PREVIA Y AUTORITARISMO EXACERBADO EN CENTROAMÉRICA
El primer grupo está compuesto por El Salvador, Honduras y Guatemala, países que no sólo comparten vecindad y ciertas características socioeconómicas y políticas, sino que frente a la pandemia realizaron una declaratoria de excepcionalidad política temprana anticipándose a la aparición de casos de contagio en sus territorios y desplegando un autoritarismo de gran calado en el contexto regional. Así, el despliegue militar y policial, en países con historias recientes de conflicto armado interno como El Salvador y Guatemala en los ochenta, o de golpe de Estado en Honduras en 2006, además de una característica concentración de poder en la figura presidencial y el poder ejecutivo, resultan claves para el análisis de este primer grupo. Como se observa en la tabla 2, los tres países se caracterizan por un complejo panorama en términos de pobreza y pobreza extrema ya que superan con amplitud las medias regionales que en 2019 se encontraban en 30,8% y 11,5% respectivamente. Particularmente grave es la situación de Honduras, sólo superada en América Latina y el Caribe por Haití. En materia de desigualdad la situación más difícil se vive en Guatemala, país cuya población indígena llega al 43%, pues casi el 60% de los ingresos se concentran en el 20% más rico de la población, equiparable a lo que acontece en Brasil y Colombia, con quienes conforma el podio de las sociedades más inequitativas de la región. En tales condiciones, la llegada del Coronavirus significó un sensible condicionamiento que agravó la crisis económica, social y política previamente existente, signada por bajos crecimientos del PIB no superiores al 3%, los más bajos a nivel regional en el último quinquenio, cuyo promedio estuvo en el 4%. Según la CEPAL, El Salvador es el país que más se verá afectado por la crisis económica (Hernández, 217 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo Pobreza (2019) Pobreza (2020*) Pobreza extrema (2019) Pobreza extrema (2020*) Gini (2018) Ingreso concentrado por el 20% más rico (2018) Acceso a agua potable (2019) Camas de hospital por 1.000 personas Honduras 54.8% 59% 18.7% 22.2% 0.405 53.2% 70% 0.7 Guatemala 48.6% 51.6% 19.8% 22.7% 0.535** 57.9% 70%** 0.6 El Salvador 33.7% 40.2% 7.4% 11.9% 0.405 46.6% 91% 1.3 Tabla 2 Indicadores de pobreza países del grupo 1 Fuente: Cepal y OPS. *Proyectado. **2014. 218 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi 2020), pues se prevé una caída del 8% en el PIB en un contexto de dolarización y alta dependencia de las remesas (tabla 3), 95.4% de las cuales provienen de los Estados Unidos, el país más afectado por el Coronavirus (Cárdenas Salgado, Espinosa, José, & Serrano, 2019). De igual manera, los elevados niveles de pobreza en Guatemala y Honduras han sido compensados con alta dependencia de las remesas, aunque los pronósticos sobre la caída del PIB son un tanto menos críticos al ubicarse en -4.1% y -6.1%, respectivamente. En todo caso, 2020 será el peor año en la historia económica de los países centroamericanos. Tabla 3 Importancia de las remesas en los países del grupo 1 Fuente: OIM * Marzo y abril. **Enero a mayo. ***Enero a abril. Ahora bien, las medidas dispuestas en El Salvador, Guatemala y Honduras evidencian una anticipación al diagnóstico de casos al interior de sus fronteras, lo que fue asumido como un gran acto de prevención. Sin embargo, el alto despliegue militar, la instalación de lugares de confinamiento y detención, así como las tensiones entre poderes públicos característicos del desenvolvimiento de la pandemia en los primeros seis meses, develaron el férreo talante autoritario estatal en Centroamérica. El primer país en decretar algún tipo de medida excepcional fue Guatemala el 31 de enero con la instauración de la Alerta Sanitaria Nacional. El 5 de marzo, presidente Alejandro Giammattei, médico conservador que llegó al poder en 2019 con el apoyo del empresariaComo porcentaje del PIB (2018) Crecimiento 2020 Honduras 12% -43%* Guatemala 20% -3%** El Salvador 21.4% -9.8%*** 219 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo do, los militares, grandes medios de comunicación y, para algunos analistas, también de la mafia (Villagrán del Corral, 2019), declaró la alerta máxima sin ningún caso confirmado y proyectó la creación de centros de aislamiento de pacientes y sus allegados para la atención de los primeros casos. El 13 de marzo fue anunciado el primer caso, en tanto que el 22 fue ratificado el Estado de Calamidad y decretado un toque de queda nacional por 12 horas diarias desde las 4 p.m., el más drástico en la región. Bajo el paquete estándar aplicado en toda América Latina, las estrictas medidas contuvieron la epidemia hasta la segunda semana de mayo, momento en el que el número de casos cruzó la barrera de los 1.000 diarios. Como se observa en la gráfica 1, Guatemala fue el país con mayor número de casos y crecimiento más acelerado del contagio entre los tres que hacen parte del grupo, superados en toda Centroamérica por Panamá. El despliegue militar fue un pilar en el desarrollo del Estado de Calamidad Pública, se concentró el control de las fronteras nacionales, especialmente con El Salvador y Honduras, en labores de asistencia hospitalaria, seguridad y vigilancia en centros de salud y hospitales, así como apoyo a la Policía en zonas caracterizadas oficialmente por la presencia de pandillas y los altos niveles de delincuencia (Diario La Huella, 2020). Pese a la militarización y al toque de queda, que 220 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi dejó cerca de 40.000 detenidos-as durante seis meses (Chumil, 2020), a finales de abril el presidente reconoció que al menos el 17% de las personas no cumplían la cuarentena, refiriéndose a este grupo como “malcabrestos”, es decir, personas que se les habían salido del redil (Coronado, 2020). La consecuencia fue un endurecimiento de las medidas con la imposición de “toques de queda largos” durante todo el fin de semana desde mayo. Reluce así el claro desconocimiento de las condiciones de pobreza en la efectividad de la cuarentena y el estado de encarcelamiento generalizado vivido por la población, con el cual el presidente Giammattei puso en práctica su experticia como director del sistema penitenciario guatemalteco entre 2005 y 2007 en la gestión represiva de la pandemia. Si bien el desempleo en Guatemala fue el más bajo de América Latina en 2019, con una tasa de apenas 2.5%, la cifra debe tomarse con cautela pues obedeció más al hecho de que la población dejó de buscar trabajo y tuvo que acomodarse en actividades informales de muy baja remuneración, misma situación que explica el poco efecto que tuvo la drástica cuarentena en el mercado laboral, ya que el desempleo sólo aumentó 0.1% en el primer trimestre de 2020 (Barría, 2020). La crudeza de la represiva cuarentena y la necesidad de rebuscar la vida redundaron en el crecimiento acelerado de contagios observable en junio y julio. También figuró como factor relevante la creciente presión migratoria, pues durante los primeros seis meses de pandemia Estados Unidos deportó cerca de 11.800 personas hacia Guatemala, el 55% de las cuales fueron ingresadas por vía terrestre a través de México (Agencia EFE, 2020). Por su parte, el gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras decretó el Estado de Emergencia Sanitaria el 10 de febrero y aplicó el paquete estándar de medidas con una radical suspensión de derechos constitucionales, aunque el primer caso de COVID-19 fue reconocido sólo un mes después. Esto en un clima de profunda crisis política expresada en grandes movilizaciones que en 2019 exigieron la renuncia de Hernández, continuador del autoritarismo y la represión que vive el país desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, el cual de paso inauguró un modelo regional de desestabilización de gobiernos que plantearon críticas al neoliberalismo, replicado posteriormente en Paraguay, Brasil y Bolivia (Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos - COFADEH, 2020). Además, Hernández atraviesa una crisis de legitimidad por la inconstitucional reforma que le permitió ser electo para un segundo periodo en 2018, los fuertes vínculos con el narcotráfico que tienen a su hermano en una prisión 221 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo en los Estados Unidos y la incesante corrupción. La temprana acción frente a la COVID-19 ocurrió en medio de la epidemia de dengue que en 2019 contagió a más 107.000 personas y produjo 180 muertes, sobre todo en la población de más bajos ingresos, y bajo el argumento de preparar al sistema de salud que ya estaba saturado (Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos - COFADEH, 2020). Después de seis casos confirmados en el país, el poder legislativo ratificó el Estado de Emergencia el 16 de marzo y dispuso a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Secretaría de Salud con un doble propósito: mantener el orden y evitar la propagación del virus (Congreso Nacional de Honduras, 2020). El carácter de las medidas dejó en claro que entre los dos objetivos el primero tuvo siempre la prioridad, pues la represión estatal no impidió el avance de la epidemia. Honduras ocupó el segundo lugar en número de contagios entre los tres países del grupo (gráfica 1), pero tuvo la mayor mortalidad por millón de habitantes (gráfica 2) y el pico más alto en la tasa de fatalidad por caso, cercana al 10% en la segunda semana de abril. Lo anterior se explica dadas las precariedades del sistema de salud que sólo contaba con 0.7 camas hospitalarias por 1.000 personas antes del primer caso de COVID-19 y apenas un 70% de acceso a redes de agua, no toda de buena calidad (tabla 2), hechos agravados por la evidente corrupción en la gestión de los recursos para atender la pandemia (Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos - COFADEH, 2020). Luego de la contención autoritaria de la pandemia y tras la presión del gran capital, el 8 de junio inició la reapertura inteligente con toque de queda, cuyo efecto fue el crecimiento exponencial de casos, pues a final de mes se superó la barrera de los 1.000 casos diarios sin lograr revertir la tendencia hasta septiembre A la par y pese a no contar con estadísticas oficiales de empleo a la fecha, las estimaciones de la Secretaría del Trabajo establecieron que la tasa de desocupación será de al menos el 13% (Dinero HN, 2020), lo que ha sido ratificado en la calle por las cientos de manifestaciones mensuales en contra del hambre (Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos - COFADEH, 2020). 222 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi La represión creció a la par con la pandemia, el desempleo y el hambre. Desde sus puntos de control la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA, creada en 2014 para combatir al crimen organizado, realizó al menos 90.000 detenciones y decomisó 13.000 vehículos (Secretaría de Defensa Nacional de Honduras , 2020) en medio de constantes denuncias por abuso de autoridad, torturas y malos tratos, así como la constante represión de cientos de protestas y la persecución a periodistas y opositores. A contracara de tal despliegue de fuerza que hizo de la cuarentena un estado de guerra, el Ejército desarrolló la entrega de alimentos y kits medicinales para el tratamiento de síntomas asociados al COVID-19 para un total de 237.615 familias atendidas durante la tercera fase de la operación “Honduras Solidaria” (Secretaría de Defensa Nacional de Honduras, 2020) en diferentes zonas del país, lo que adosó el ejercicio represivo con tintes de fraternidad. Por otra parte, la declaratoria de Estado de Emergencia en El Salvador fue emitida por el mediático presidente Nayib Bukele el 11 de marzo, cuando aún no se registraba ningún contagio. Las tensiones del ejecutivo con el legislativo y el judicial, el despliegue militar y policial a propósito del régimen de excepción política que implicó la emergencia y la creación de centros de contención como lugar de cuarentena forzosa para personas retornadas del extranjero y aquellas detenidas en medio de los toques de queda, son elementos que 223 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo configuraron el autoritarismo del poder político y militar durante la pandemia. Tan sólo un mes antes de la emergencia, el 11 de febrero, Bukele ordenó a los militares tomar la Asamblea Legislativa y amenazó con su disolución en caso de no aprobar los préstamos para su plan de seguridad, un intento de golpe que atizó las diferencias con el ejecutivo con el posterior tratamiento de la pandemia. Si bien El Salvador tuvo el menor número de casos, la tendencia general sigue el patrón visto en Honduras y Guatemala (gráfica 1). Lo particular del caso está en la pugna entre poderes que hizo de la renovación de la cuarentena un asunto de control policíaco y de disputa política en un contexto preelectoral, pues en febrero de 2021 se deben celebrar los comicios para renovar la Asamblea Legislativa y los consejos municipales en todo el país. El 14 de marzo fue promulgado el estado de excepción con el que fueron suspendidas varias libertades constitucionales e inició la cuarentena domiciliaria, obligatoria y absoluta que se extendió hasta finales de agosto, y por la que las y los salvadoreños tuvieron que permanecer en sus casas bajo la custodia de 40.000 efectivos, so pena de detenciones y multas. La medida fue impuesta con la promesa de entregar 300 dólares al 75% de la población y bajo una performática del miedo en la que Bukele advirtió/amenazó con más de tres millones de casos en mayo sin la medida de confinamiento obligatorio. Por su parte, el gobierno de San Salvador ordenó cavar 118 tumbas en el cementerio de la ciudad cuando apenas se confirmaba el caso número tres (DW, 2020). Las violaciones de derechos humanos no se hicieron esperar. Como saldo parcial de los patrullajes, la instalación de cordones sanitarios alrededor de municipios y la vigilancia de 186 pasos fronterizos por parte de la Policía y las Fuerzas Militares, hasta mayo cerca de 10.000 ciudadanos-as habían pasado por los centros de contención. La acción militar también recayó en las y los periodistas, quienes denunciaron obstrucciones y la destrucción de material usado en su labor informativa (DW, 2020). Un caso grave de masiva violación de derechos humanos ocurrió a mediados de abril en el Puerto de la Libertad, localidad costera que fue castigada por Bukele con un cerco sanitario desproporcionado de un fin de semana tras la difusión de un vídeo en redes sociales que mostraba un incumplimiento masivo de la cuarentena. La Corte Suprema de Justicia ordenó frenar las detenciones y confinamientos forzosos; Bukele no acató la orden judicial y procedió a desestimarla públicamente vía Twitter, alegando la superioridad cons- 224 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi titucional del derecho a la vida y la salud del pueblo salvadoreño (DW, 2020). La Corte Interamericana de Derechos Humanos, diferentes organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos, así como figuras políticas extranjeras rechazaron las declaraciones y denunciaron que dichos centros pasaron de ser una medida efectiva para garantizar la cuarentena a convertirse en focos de contagio en los que no se aseguraban condiciones sanitarias mínimas (Alemán & Sherman, 2020). La renovación de la cuarentena se convirtió en el punto central del tire y afloje de Bukele con el poder legislativo y judicial, pues en dos ocasiones la Asamblea Legislativa se negó a refrendar la continuación de la cuarentena propuesta por el presidente, quien se lanzó a proclamarla por su cuenta para que posteriormente la Corte Suprema de Justicia decidiera suspender la medida por usurpación de funciones del ejecutivo (DW, 2020). Como respuesta, el presidente más mediático de la región y el de mayor aprobación con un 72.7%, amenazó con una verdadera reforma del Estado a través de un cambio constitucional después de la pandemia, lo que no sólo reafirma el carácter autoritario de Bukele, sino que anuncia la posible apertura de un nuevo momento en la configuración de lo estatal en el caso salvadoreño (Marroquín & Tejada, 2020).
GRUPO 2. DECLARATORIA POSTERIOR TEMPRANA Y REAPERTURA RÁPIDA EN PAÍSES CON POBREZA EXTREMA
El segundo grupo está compuesto por Haití, Paraguay y Bolivia, países en los que la declaratoria de medidas fuertes frente a la pandemia se dio 2 o 3 días después de reportar el primer caso, en un complejo contexto de pobreza y desigualdad extremas con profundos legados autoritarios de las dictaduras en Paraguay y Haití, y renovados aires despóticos en Bolivia después del golpe de estado al gobierno de Evo Morales en 2019. Para contener la pandemia en los tres países se decretó el estado de emergencia nacional, generando condiciones de excepcionalidad política y administrativa a gobiernos fuertemente cuestionados con anterioridad. Jovenel Moïse, presidente haitiano desde febrero de 2017, enfrentó las más persistentes y duras movilizaciones populares en 2019, motivadas por sendos procesos de corrupción, la exigencia de su renuncia y de un cambio radical en el sistema. En Bolivia, el gobierno de facto de Jeanine Áñez prometió “transición y pacificación”, pero en su lugar se impuso una agenda racista, aporofóbica y confesional en medio de una brutal represión policial que dejó casi dos decenas 225 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo de muertos, quiso dotar de inmunidad penal a las Fuerzas Armadas en su accionar en contra de la movilización popular, desató una amplia persecución judicial contra funcionarios-as del gobierno anterior y modificó la política exterior para alinearse de lleno con los intereses de los Estados Unidos. En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez, empresario hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner a quien ha reivindicado abiertamente, ha tenido una agenda en oposición a las luchas de las mujeres, desconocedora del movimiento campesino, centrada en políticas económicas ortodoxas que le hacen el juego a los intereses despojadores del capital internacional, entre ellos el brasilero, y comprometida con una lucha contrainsurgente escudada en la existencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) cruzada por el ingreso de tropas norteamericanas y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Por razones diferentes los tres países tuvieron momentos de reconocimiento en el cumplimiento de la cuarentena y en el comportamiento de la pandemia, coincidiendo también con reaperturas rápidas en el contexto regional que redundaron en desbordados crecimientos en el número de contagios, ratificando que las medidas represivas y policiales son inocuas para detener la pandemia en contextos de alta desigualdad socioeconómica, pero resultan altamente lesivas en términos democráticos, fortaleciendo dos rasgos fundamentales del neoliberalismo: precariedad de la vida y autoritarismo. Estos países presentan algunos de los peores niveles de pobreza monetaria, con el caso paradigmático de Haití, la nación más golpeada por este fenómeno en el hemisferio occidental (tabla 3). Si bien Bolivia y Paraguay presentan mejores indicadores en este rubro que los países centroamericanos y se caracterizan por una menor desigualdad en la región si se comparan con Brasil o Colombia, cuentan con peores condiciones respecto al acceso a agua potable. Aunque en promedio el 95% de la población de América Latina cuenta con este servicio, Bolivia, Paraguay y Haití presentan valores críticos de conexión a redes por debajo del 85%, lo que genera serias restricciones al momento de poner en práctica el lavado de manos, uno de los principales mecanismos preventivos frente a la COVID-19. Lo anterior pese a los esfuerzos realizados por el Estado boliviano entre 2006 y 2019 para cerrar la histórica brecha en derechos sociales básicos y a estar junto con Paraguay en el top de países con mayor disponibilidad de agua en el continente. 226 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi Tabla 4 Indicadores de pobreza países del grupo 2 Fuente: Cepal y OPS *Datos de 2013 **Antes de la pandemia La pandemia arribó en este contexto de crisis política y pobreza adosado por la composición demográfica de los países: un 95% de población afro en Haití y 41% de indígenas en Bolivia. Bolivia es el que reporta un mayor número de casos en los primeros seis meses de la pandemia (gráfica 3), sexto lugar dentro de la muestra analizada con un total de 115.968 concentrados fundamentalmente en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Después de tres meses de cuarentena militarizada que redujo la movilidad en un 90% según las estadísticas de Google, la caída más drástica en Suramérica, el punto de quiebre en la escalada apareció en mayo con la puesta en marcha de la cuarentena nacional dinámica y condicionada, la cual flexibilizó las rígidas medidas iniciales en un contexto de creciente desempleo previo a la llegada de la pandemia, como se observa en la gráfica 4. Estas condiciones de orden estructural, cuya resolución fue truncada por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, ha limitado la efectividad de las ayudas directas entregadas a las y los trabajadores, cercanas al 47% de los recursos entregados por el Estado en el contexto de creciente desempleo. Pobreza (2019) Pobreza extrema (2019) Gini (2018) Ingreso concentrado por el 20% más rico Acceso a agua potable (2019) Disponibilidad Hídrica (m3/ hab/año) Camas de hospital por 1.000 personas** Bolivia 32.3% 14.3% 0.438 48.3% 84.70% 46.856 1.1 Haití* 68% 24% 0.66 — 64% 1.360 0.7 Paraguay 6.2% 19.4% 0.474 52.5% 85% 55.990 1.3 227 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo El despliegue de más de 47.000 efectivos militares se concentró en el cierre de fronteras y la garantía del confinamiento total, especialmente en los departamentos de más alto contagio (Europa Press, 2020). Sin embargo, la presencia militar en zonas afectas al ex presidente Evo Morales (Miranda, 2020), los procesos de erradicación de cultivos de coca declarados ilegales y en el desencadenamiento de protestas y movilizaciones por el aplazamiento reiterado de elecciones 228 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi presidenciales (Efecto Cocuyo, 2020), evidenció que el despliegue de las fuerzas militares, no tuvo necesariamente una única relación con la contención de la COVID-19. En Paraguay el primer caso llegó por la frontera con Brasil y se reportó el 7 de marzo. Las primeras medidas fuertes fueron tomadas tres días después con una cuarentena parcial que incluyó el paquete estándar con el fin de evitar la propagación comunitaria. El 15 de marzo se impuso la restricción nocturna nacional de 8 horas a la circulación de personas y vehículos, acompañada de multas hasta de 6.000 dólares por incumplimiento, pese a que la constitución paraguaya prohíbe el toque de queda. En los medios el ministro del interior Euclides Acevedo afirmó que “esta medida drástica es para los inadaptados, no para el ciudadano común”, en tanto que la Fuerza Pública actuaría “con mayor cautela y firmeza” (Agencia EFE, 2020) Como resultado de la irregular política de toques de queda en abril más de 1.500 personas habían sido detenidas y para agosto las autoridades reconocían la saturación del sistema penitenciario por asuntos relacionados con la violación de la cuarentena (Prensa Latina, 2020). Durante los primeros cuatro meses se observó un momento de crecimiento contenido en el número de contagios con un total de 2.191, expuesto en prensa internacional como un éxito a nivel regional, el cual fue asegurado con medidas represivas propias del gobierno afecto al exdictador Stroessner. Con 370 casos totales el 3 de mayo, Paraguay inició la fase 1 de la cuarentena inteligente para reactivar la economía y la vida social, utilizando como uno de los argumentos fuertes la existencia de una suerte de “bono generacional”, supuesta ventaja que significa contar con un 43% población menor de 24 años al enfrentar a la COVID-19. No obstante, el criterio fundamental en este proceso fue la dinamización del capital y no la preservación de la vida en condiciones dignas para la población. Como se observa en la gráfica 5, la progresiva apertura tuvo como consecuencia el incremento exponencial en los contagios diarios en julio y agosto, justo después de la fase 4, pues en tan solo sesenta días se reportaron más de 15.000. También resulta evidente el parco efecto de las medidas en la creación de empleo, con apenas una reducción de 0.3% desde el inicio de cuarentena inteligente, lo que significó una mayor exposición al virus en peores condiciones de vida. Hasta junio, Paraguay entregó 2.798 millones de dólares en ayudas para enfrentar la pandemia, lo que significó el 7.5% del PIB de 2019; sin embargo, la distribución de tal monto inclinó la balanza a favor de las grandes empresas que recibieron 57.1%, en contraste con el 1.07% que de manera 229 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo directa fue entregada a las y los trabajadores del país (García Sojo & Calderón Castillo, 2020). El segundo toque de queda nocturno comenzó el 23 de agosto, no condujo al cierre total de establecimientos comerciales y fue acotado a los departamentos de Amambay y Capital Central que concentraron el 85% de los casos. El argumento de las autoridades sanitarias y del ejecutivo para restringir la movilidad nocturna fue que el mayor nivel de contagios ocurría en las actividades sociales nocturnas y no en las laborales, lo que no sólo desconoció el efecto negativo del 2% más de desempleo a lo largo del semestre en el incumplimiento de la cuarentena, sino que configuró un entramado de control social sobre los cuerpos que ha pululado por América Latina en tiempos de Coronavirus (ADN Paraguayo, 2020). Tal es la ineficacia de las medidas represivas que, a inicios de septiembre, el foco ya se había presentado con el colapso de las unidades de cuidados intensivos en el país que fue ejemplo de gestión de la pandemia a nivel regional en los primeros cuatro meses. En general, el despliegue militar en Paraguay se dedicó al patrullaje conjunto entre militares y policías, el cuidado de albergues temporales para las cuarentenas, así como en el control y vigilancia de fronteras, especialmente en las ciudades Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. La concentración en la frontera con Brasil desató 230 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi fuertes tensiones entre militares, autoridades locales y residentes, así como importantes movilizaciones, pues el cierre fronterizo y la cuarentena detuvieron abruptamente la actividad comercial. También se presentaron procedimientos irregulares en allanamientos realizados durante las protestas de finales de julio que conllevaron a la reiterada violación de Derechos Humanos y maltratos por parte de efectivos en los albergues temporales, en los que se reportaron casos de ciudadanos que permanecieron recluidos por más de dos meses (Sáenz & Rodriguez, 2020). Empatando con el repunte de casos de contagio y el reforzamiento de medidas de control y vigilancia, Paraguay vivió un momento de intensificación de la lucha contrainsurgente. Así, se desarrolló una operación militar contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que tuvo como resultado la muerte de dos menores de edad argentinas, en principio presentadas como combatientes, y la incautación de elementos personales de los insurgentes presentes en el campamento allanado. La irregularidad en esta operación, el encubrimiento inicial y la actitud laxa por parte de las autoridades civiles frente a esta situación, fueron características de la respuesta Estatal (BBC News Mundo, 2020). Como consecuencia de este operativo, el EPP retuvo en los primeros días de septiembre al expresidente Oscar Denis y a su asistente Adelio Mendoza en cercanías a la ciudad de Asunción. El Gobierno paraguayo desplegó 350 efectivos de la Policía y 434 de las Fuerzas Armadas, además de disponer de diferentes medios de transporte para realizar una intensiva búsqueda del expresidente en el norte del país (Fest, 2020). Así mismo, se recibió una comisión del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA, para asesorar la investigación, como respuesta de una solicitud expresa del presidente Mario Abdó al gobierno colombiano (El Tiempo, 2020). Como en otros casos a nivel regional, el despliegue de dispositivos contrainsurgentes se enfiló también hacia la izquierda y el movimiento popular. Diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos fueron acusadas de tener nexos con el EPP con materiales editados y fuera de contexto, creando odio y miedo en la población con un libreto que sigue al pie de la letra el canon de guerra interna en Colombia. Entre las organizaciones afectadas destaca el Frente Guasú, que llevó a Fernando Lugo a la presidencia en 2008 para ser destituido por la vía golpista en 2012. Por otro lado, en Haití el virus ingresó y explica su comportamiento con el retorno de más de 30.000 trabajadores-as migrantes que 231 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo perdieron su trabajo en República Dominicana, país con la situación de contagio más crítica de las Antillas. El crecimiento más acelerado se presentó después del caso 100, particularmente durante mayo y junio, los peores meses de la pandemia en los que la tasa de fatalidad por caso contagiado fue cercana al 12%, equiparable a la de México, el país con el peor comportamiento de este indicador en la región. Tal estado de cosas se dio en asocio con la situación dominicana, las condiciones estructurales de pobreza, el negacionismo ante la existencia de la pandemia y la desconfianza cultural y política en el sistema sanitario por parte de la población, por lo que las y los pacientes llegaban a los centros asistenciales en estado grave. El crecimiento en contagios llevó a pensar en una situación catastrófica dadas las extremadas condiciones de pobreza; sin embargo, durante los primeros seis meses no ocurrió un incremento explosivo y desde la primera semana de julio se reportaron menos de cien casos nuevos diarios (gráfica 3). Allí parecen conjugarse diversos factores. A manera de hipótesis encontramos asuntos más o menos evidentes como el subregistro, dado el bajo nivel de testeo, la escasez de pruebas y el escepticismo de la población, ante lo cual diferentes organizaciones médicas han desarrollado esfuerzos para fortalecer diversos procesos de salud comunitaria. Como en Paraguay, otro factor se ha jugado con la idea del bono generacional, dado que el 54% de la población es menor de 24 años. No obstante, existen otros elementos menos evidentes que también podrían explicar el crecimiento no explosivo en el nivel de contagios como la medicina ancestral y tradicional que da protagonismo a los saberes botánicos, así como las acciones de la brigada médica cubana con presencia en Haití desde hace 22 años, otro de los países que logró un crecimiento contenido en el número de casos, apenas 3973 y un total de 94 muertes en los primeros seis meses. En todo caso, el comportamiento del conteo oficial en el número de casos contrario a un crecimiento exponencial en el caso de Haití no implica que las consecuencias posteriores no adquieran la dimensión catastrófica por la aguda crisis económica mundial. En el caso particular de este país antillano junto a la crisis por Coronavirus, la reducción de las remesas y de las exportaciones hacia los Estados Unidos en medio de una sequía, las previsiones de la CEPAL proponen una caída del PIB del 5%, lo que no es otra cosa que el espacio propicio para agravar el problema de hambre crónico, la epidemia fundamental. Respecto a la situación político-militar haitiana en medio de la pandemia, es clave tener en cuenta como antecedente inmediato la creciente movilización social del año 2019 (El País, 2019) con coleta- 232 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi zos hasta febrero de 2020 con el levantamiento de un grupo de policías en contra del Ejército exigiendo mejoras salariales y el derecho a sindicalizarse (Infobae, 2020). Este suceso configuró un escenario difícil para un despliegue coordinado de la fuerza pública, con un Ejército reestructurado por Moïse en 2017 después de ser disuelto en 1995, por lo que buena parte de las tareas de control y represión poblacional recayó en los 15.000 efectivos de la Policía Nacional. Como en otros países, el despliegue policial y militar se concentró en el resguardo del toque de queda, el control de fronteras y el cumplimiento de las medidas sanitarias en lugares públicos. Los controles realizados por la Policía en el contexto de la pandemia lograron contener de momento los ánimos convulsos y la movilización social, generando una oportunidad de control y disciplinamiento social para el gobierno. Incluso, se ha llegado a mencionar la creación de grupos paramilitares en medio de la pandemia como es el caso del G9, perpetrador de varias masacres contra la población civil en los barrios populares de Puerto Príncipe y del país (Asmann, 2020). No obstante, las condiciones estructurales y coyunturales de la crisis se mantienen, evidenciando que la movilización tiene sus causas vigentes y es cuestión de tiempo (y de cuidados) que su reactivación sea una realidad (López E., 2020).
GRUPO 3: DECLARATORIA POSTERIOR TARDÍA EN EL ENTRAMADO DE MOVILIZACIÓN POPULAR CRECIENTE
El presente grupo está conformado por Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, países que decretaron el estado de excepcionalidad entre 11 y 33 días después de la aparición del primer caso en sus territorios. La dinámica de movilización social y de crecientes luchas subalternas, son elementos compartidos entre estos países. Dichos procesos iniciados tiempo antes de la pandemia, en algunos casos, han desencadenado en crisis de legitimidad. Si bien las formas y temporalidades de los procesos de lucha social fueron disímiles, y en algunos casos, como Argentina y México, gobiernan coaliciones que se han declarado críticas al neoliberalismo, encontramos algunas claves comparativas en las respuestas políticas que dieron los Estados a la difícil realidad que viven los pueblos. En Argentina, la situación presentó una complejidad paradójica. Si bien, en octubre del 2019 el triunfo de la coalición encabezada por Alberto Fernández – Cristina Kirchner impidió que continúe la gestión neoliberal de Mauricio Macri, promotor del desacatamiento de las medidas de aislamiento, con la pandemia, la crítica situación so- 233 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo cio económica se ha profundizado. El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado el 20 de marzo, 17 días después de haberse detectado el primer caso, logró un éxito relativo respecto a los contagios, durante los primeros meses. Esto permitió al gobierno nacional, constituir un comité de especialistas y funcionarios, que planificó medidas económicas, sanitarias y de cuidado en el corto plazo. A través de múltiples disposiciones se acondicionó el sistema de salud pública, y se realizaron acuerdos parciales con los sanatorios privados, en vistas a un crecimiento de los contagios. Es decir, se ganó tiempo en pos de preparar el debilitado sistema sanitario. En simultáneo, se tomaron medidas para atender a los trabajadores en situación de informalidad entre los 18 y 65 años. Se dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 (130 dólares) que en septiembre llegó al tercer pago. Este programa de asistencia que intenta mitigar la crítica situación de millones de argentinos trajo consigo un debate público sobre la necesidad y pertinencia de una Salario o Renta Universal. El gobierno estimaba que esta ayuda estatal sería requerida por no más de 4 millones de personas. A los pocos días se desató el desconcierto. Fueron 11,2 millones los solicitantes, es decir, más de la mitad de la población económicamente activa del país. Finalmente, el subsidio lo recibieron 8, 9 millones de familias. En una reciente encuesta realizada por la CELAG, el 64,7% de la población consultada aseguró estar de acuerdo con la implementación de una Renta Mínima Universal (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG, 2020). Con una tasa de empleo en el primer trimestre de 42,2% y una tasa de desocupación del 10,4% (Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC, 2020), el gobierno afrontó la renegociación de una exuberante deuda externa, tomada por la administración anterior, e intentó contener a través de la transferencia de recursos, vía organizaciones, iglesias y organismos públicos, uno de los peores escenarios socio económicos de la historia argentina. A la par, otorgó importantes ayudas a grandes empresas, montos equivalentes a los concedidos a los sectores de trabajadores. Con un discurso promotor del cuidado y de “lucha conjunta contra el virus”, el gobierno logró transitar los primeros meses con amplios niveles de aprobación. Situación que fue modificándose tras el desgaste de las medidas preventivas, provocado, entre otras cosas, por la imposibilidad de una amplia porción de la población de trabajar desde sus casas. Dicho agotamiento fue aprovechado y acrecentado, a través de la configuración de sentidos negacionistas, en “defensa de las libertades individuales”, por dirigentes 234 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi políticos de derecha y corporaciones mediáticas (Infobae, 2020). Lo cual acarreó un hartazgo social difícil de moderar. Ante eso, se impartió un uso diferencial de las fuerzas de seguridad. Mientras en los barrios donde reside la población más adinerada consintieron los encuentros en espacios públicos, en los barrios más pobres, tales como Villa Azul, provincia de Buenos Aires, se aplicó una militarización perimetral, y continuó la persecución a los más humildes (El Día, 2020). Situación que no es exclusiva del país. En niveles bastante mayores, en los barrios más vulnerables de Chile, el gobierno de Sebastián Piñera utilizando argumentos contra el avance del Coronavirus intentó apaciguar la conflictividad de los sectores populares. El caso de la comuna El Bosque, al sur de Santiago de Chile es ejemplo (Diario UChile, 2020). Tras la protesta de vecinos por falta de alimentos e insumos, decenas de carabineros se hicieron presentes con gases lacrimógenos y carros hidrantes para acallar los reclamos. Lo cierto es que estos despliegues de fuerzas represivas, lejos de contener la curva de contagios podrían estar abriendo una nueva fase de hostigamiento y de control sobre las barriadas populares. La rebelión del pueblo chileno iniciada en octubre con la evasión masiva del pasaje del Metro, por parte de estudiantes secundarios y universitarios, ante el alza del valor del pasaje, provocó una escalada impugnatoria a las medidas neoliberales del gobierno de Piñera y sus antecesores. Ante el crecimiento progresivo de las protestas, incluidos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas armadas, el gobierno declaró el toque de queda. De este modo, el presidente reinstaló la figura de enemigo interno. “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, señalaba Piñera el 20 de octubre de 2019. Luego de reiteradas acciones de protesta, incluida la denominada Marcha más grande de la historia que colmó las calles de Santiago (Alonso Bravo, 2019), el gobierno accedió a iniciar un proceso constituyente, y a la par, anunció un proyecto de Infraestructura Crítica. Este recurso legal le daría a las fuerzas represivas las facultades del estado de excepción constitucional, en condiciones de normalidad. En dicho escenario de disputas y tensiones llegó la COVID-19 al país sur andino. El 3 de marzo se detectó el primer caso, y el 18 del mismo mes, a través del decreto n°104, se declaró el Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe. A partir de las circunstancias generadas por la pandemia, el gobierno intentó relegitimar el uso de las fuerzas policiales. Las mismas que dejaron un saldo superior a 2000 235 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo heridos de bala y decenas de muertos durante el 2019, fueron puestas al frente de la prevención de la COVID-19. Hacia comienzos de junio eran más de 155.000 personas las personas detenidas por “delito a la salud pública” (Ministerio del Interior, 2020). En un país donde la tasa de desempleo en el primer trimestre del corriente año alcanzó 8,2%, la pobreza anual 2019 fue de 9,8% y se proyecta que llegará a 15,5% en el 2020, la curva de contagios fue mayor que la de países con peores condiciones socioeconómicas, como Argentina. Aún en este caso se ratifica la relación en la que desempleo y número de contagios se refuerzan de manera negativa, por lo menos hasta mediados de junio. Aunque el proceso de desconfinamiento inició en julio y los contagios diarios fueron menores para oscilar entre los mil y los dos mil hasta finales de agosto, el desempleo continuó creciendo de manera persistente. Por su parte, tras el anuncio del primer caso de contagio de la COVID-19 en una ciudadana proveniente de Milán, Colombia declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica el 17 de marzo. Esta medida estuvo antecedida de dos resoluciones dictadas por el Ministerio de Salud y Protección Social entre el día 10 y el 12 del mismo mes (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020), adoptando medidas para la prevención de contagios comunitarios, como el aislamiento preventivo y la cuarentena, además del control de contagios presentados en ciudadanos provenientes del exterior. De 236 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi igual forma, en estas resoluciones se declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo, disponiendo del acompañamiento de la autoridad policial (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). Una de las primeras medidas fue el cierre de fronteras, especialmente con Venezuela pese a no contar con casos provenientes de este país, por lo que más que una medida sanitaria fue otra jugada política internacional del presidente colombiano Iván Duque. Posteriormente, fueron cerradas las fronteras con Ecuador, Brasil y Perú ante el aumento de casos y el avance del contagio masivo en territorios como el Amazonas, departamento con importante presencia de población indígena que en mayo registró la tasa de infección más alta por número de habitantes del país (DW, 2020). Solamente para el resguardo fronterizo en el primer trimestre de la pandemia se dispuso un total de 29.000 efectivos militares, cifra que aumentó según la evolución de la enfermedad en los países vecinos y los departamentos de frontera, como ocurrió con Ecuador en abril. Con la resolución del Ministerio de Salud y Protección Social del 10 de marzo inició la cuarentena y aislamiento social, la cual se renovó consecutivamente hasta el primero de septiembre y golpeó sobre todo a los sectores más empobrecidos y precarizados por el incremento del desempleo y las dificultades para ejercer labores propias de la economía informal. Según la CEPAL, en el 2019 Colombia reportó un índice de pobreza de 29%, proyectado a crecer 14 puntos porcentuales en el presente año. De igual forma, la pobreza extrema tendió a agudizarse y podría pasar del 10.3% registrado en 2019 al 14.3% el presente año. Así, en abril, varias familias de los barrios del sur de Bogotá y algunas comunas del municipio de Soacha colgaron trapos rojos en las ventanas de sus hogares para manifestar que estaban pasando hambre, solicitar ayuda gubernamental y solidaridad de sus vecinos y vecinas. Este fenómeno se replicó en varios lugares del país con la misma situación, con las y los trabajadores informales como el grupo más afectado por la cuarentena, dado que en Colombia la proporción de ocupados en tal condición fue de 46.3% para el trimestre mayo-julio del presente año. En tales condiciones, la relación de refuerzo negativo contagio-desempleo fue una de las más claras entre los países estudiados y probablemente tendrá impactos muy negativos en este país, ya que la pandemia agravó la desocupación estructural de más de dos dígitos existente hace tres décadas y a la vez, la necesidad de conseguir sustento reforzó la dispersión de la enfermedad, lo que junto a absurdas medidas gubernamentales de promoción del comercio 237 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo como el “día sin IVA”, colocaron a este país andino en la lista de los cuatro más afectados por COVID-19 en Latinoamérica. En medio de esta situación se presentaron protestas y bloqueos que tuvieron como respuesta la entrega de ayudas humanitarias, así como el despliegue policial y militar en un ejercicio de disciplinamiento social. Hasta julio se registró un total de 421.964 mercados entregados en Bogotá (López C., 2020), mientras que a nivel nacional 1.109.820 familias recibieron diferentes tipos de ayudas (Dinero, 2020), las cuales no sólo fueron insuficientes, pues las protestas asociadas al hambre continuaron, sino que estuvieron enmarcadas por sendos escándalos de desviación de recursos. Para garantizar la aplicación de la cuarentena y para ejercer control de la protesta fueron dispuestos más de 30.000 miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en la vigilancia de fronteras y el desarrollo de planes de seguridad en centros urbanos (Comando General Fuerzas Militares de Colombia, 2020). Así mismo se han dispuesto 28.000 policías para vigilancia y protección de hospitales, entidades bancarias y terminales de transporte y más de 29.000 efectivos para la vigilancia de supermercados y plazas de mercado (Saumeth, 2020). En mayo se habían impuesto más de 323.000 comparendos por incumplimiento de los toques de queda y las medidas de bioseguridad, así como por aglomeraciones (AS, 2020). 238 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi Con la delegación de la garantía de medidas de aislamiento en el órgano policial, aumentaron las violaciones de derechos humanos en un país en el que la guerra se hace interminable, entre otras, porque las fuerzas de seguridad estatales y civiles no están diseñadas para la paz (Cano, 2020). El primer gran hecho de represión se vivió en las cárceles, lugares en los que el Movimiento Nacional Carcelario convocó una jornada de protestas ante el 48% de hacinamiento que viven los centros penitenciarios, el posible aumento de los contagios y la falta de elementos para la prevención del contagio de Coronavirus. La violenta intervención del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Policía y el Ejército terminó con el saldo de 23 muertos y 83 heridos (Delgado H., 2020). Mientras en plena cuarentena el asesinato de líderes y lideresas sociales se incrementó en un 42% respecto a 2019 y al menos 246 personas fueron asesinadas en 61 masacres que involucran a grupos paramilitares y narcotraficantes, el asesinato de Javier Ordoñez en Bogotá, víctima de violencia policial en los primeros días de septiembre, desató la ira, canalizó la frustración por el incierto panorama que está dejando la gestión de la pandemia y reavivó las movilizaciones de noviembre de 2019, suspendidas por la llegada del Coronavirus (Cano, 2020). La respuesta del gobierno nacional fue la tradicional acusación de infiltración subversiva en las marchas y mítines, mientras que la Policía fue aún más represiva y en dos días de intensa protesta dejó 13 personas muertas y 248 heridas, de las cuales 66 fueron impactadas por armas de fuego4 . En este caso, como en el de Perú, se evidencia que el tratamiento de la pandemia se hizo desde el carácter contrainsurgente del Estado, pues a quienes protestan se les dio tratamiento de enemigo interno con cruda represión, mientras se busca blindar a las fuerzas policiales, mediática y jurídicamente, para ejecutar violaciones de derechos humanos con total impunidad. En Perú el primer caso de COVID 19 se anunció el 6 de marzo. Un joven que regresó de Europa fue el primer contagio registrado. Nueve días después, el 15 de marzo, el gobierno decretó el Estado de Emergencia Nacional en todo el territorio. A las semanas, el 28 de marzo, se promulgó la Ley de Protección Policial, por la cual se derogó el principio de proporcionalidad, y eximió de responsabilidad 4 Para profundizar sobre los sucesos ocurridos durante la jornada de protesta es posible consultar el recuento “La noche del 9S”, hecho por el medio informativo Cuestión Pública (2020). 239 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo penal a los oficiales que haciendo uso de su fuerza provocan lesiones o muertes (Noticias ONU, 2020). Dicha medida fue profundamente cuestionada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, ya que solventa la impunidad policial y militar. En medio de la excepcionalidad generada por la pandemia, el gobierno avanzó con una medida que legaliza los abusos de las fuerzas de seguridad. Mientras la razón de letalidad en Argentina es de 1,9, en Chile 2,7 y en Colombia 3,31, en Perú, la proporción de personas que mueren por COVID 19 entre los afectados es de 11,1. Lo cual demuestra la virulencia y gravedad de la enfermedad en el país. La flexibilización de la cuarentena y el deteriorado sistema de salud, producto de las políticas neoliberales de las últimas décadas, aparecen como las causas más evidentes. La falta de camas de internación y de balones de oxígeno medicinal, son expresión de esta situación (Millán Valencia, 2020). A esto debe sumarse, la delicada situación social. La pobreza alcanzó el 16,5 en 2019, y se proyecta que con el impacto del COVID 19 llegará a 25,8 en 2020 (CEPAL). En tanto, la tasa de desempleo en el segundo trimestre del presente año fue de 8,8. En este contexto, donde los sectores populares por falta de políticas públicas de protección y cuidado se vieron sumamente vulnerados, la transferencia de fondos por parte del Estado a grandes empresas fue ocho veces superior a la que recibieron los sectores de trabajadores (García Sojo & Calderón Castillo, 2020). En Ecuador el primer caso se presentó el 14 de febrero en Guayaquil. Casi un mes después, el miércoles 11 de marzo, habiendo 20 casos registrados, el presidente, Lenin Moreno, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema de Salud por COVID-19. Si bien, la declaratoria implicó medidas restrictivas en la movilidad y el transporte, y cierres fronterizos parciales, fue el 16 de marzo que se decretó el Estado de Excepción. Se declaró la cuarentena obligatoria y el toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Había más de 200 casos confirmados, y la certeza de que existía transmisión comunitaria. Con el paso de las semanas la cantidad de contagios se multiplicó y el sistema de salud rápidamente quedó desbordado. A comienzos de abril, Ecuador se convirtió en el país con mayor contagio per cápita en Suramérica, y el primero en número de muertes por millón de habitantes (4,31). Cadáveres en las calles, familias desahuciadas, una población sin insumos ni protección signaron un panorama devastador (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG, 2020). El sistema sanitario no estaba preparado. En los últimos años los recortes presupuestarios al sistema de salud público 240 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi fueron en aumento. Con la asunción de Lenin Moreno en mayo de 2017, la inversión pasó de 306 millones de dólares a 201 millones en 2018, y a 110 millones en 2019. Esta disminución del presupuesto de Salud cercana a un 70% fue agudizada por la constante subejecución (Ortega & Ramírez Gallegos, 2020). Las medidas de ajuste implicaron un menor gasto en infraestructura, en insumos, y despidos de personal médico. De esta manera, el modelo neoliberal patrocinado por el FMI, acatado por Lenin Moreno, impugnó los avances en materia sanitaria y social del gobierno anterior, y propició un desmantelamiento que puso en riesgo la vida de la población. La imposibilidad de quedarse en casa, garantizando el confinamiento, fue la realidad de gran parte de la población. En diciembre del 2019 del total de los trabajadores, el 46,7% estaba en condición de informalidad (Zumba, 2020). La pobreza ese mismo año alcanzó el 25,7% y se proyecta que será el 32,7% en el 2020. Ante esto, las medidas de protección social implementadas por el gobierno fueron mínimas. El bono de protección social de 60 dólares alcanzó a una porción restringida del sector informal. La gran parte de las y los trabajadores subocupados y desocupados tuvo que acudir al espacio público para obtener el sustento familiar. Es así que los vendedores ambulantes fueron atacados por la policía, al momento de llevar sus labores a cabo. Por su parte, el Ministerio de Trabajo acudió al pedido de las empresas en materia de suspensión, reducción de jornada laboral y precarización. Aprovechando la incertidumbre social, los riesgos que conlleva una protesta masiva para las organizaciones sindicales y sociales, el gobierno avanzó con una reforma laboral. En consecuencia, el conjunto de las y los trabajadores se ha visto perjudicado por la disputa con el capital durante la pandemia en términos de contratación, aportes y condiciones laborales. Lo cierto es que esta situación no es nueva. El gobierno de Lenin Moreno al asumir la presidencia implementó una agenda de austeridad fiscal, afectando los derechos laborales y sociales (Ortíz Crespo, 2020). Aprobó la Ley de Fomento Productivo, beneficiando a los grandes empresarios, y acordó un préstamo con el FMI. En contrapartida profundizó el ajuste, las privatizaciones y la flexibilización laboral. En ese contexto, a comienzos de octubre del 2019, el paro de transportistas, ante el aumento de los precios de combustible por la eliminación de subsidios, se convirtió en la punta de lanza de un gran levantamiento indígena y popular. El rechazo a las medidas del gobierno se masificó. Quito se transformó en el escenario principal de los enfrentamientos y protestas, espacio signado por la osadía popular 241 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo y la represión estatal. Las diferencias entre los sectores vinculados al Correísmo y el movimiento indígena referenciado con la CONAIE estuvieron presentes, sin embargo, el rechazo al Lenin Moreno y al FMI fue uno. Finalmente, el masivo paro de once días y las movilizaciones multitudinarias lograron que el presidente derogue el Decreto 883, se eliminó el alza de los combustibles, pero no impidió que el gobierno continúe con el ajuste digitado por el FMI. Sí, dio lugar a una reconfiguración del movimiento plurinacional, limitando la orientación saqueadora del gobierno, y deteriorando sus bases de apoyo. El desgaste del gobierno, desde aquel momento a la fecha, fue en aumento. La desaprobación al gobierno nacional en Julio 2020 superó el 80%, siendo una de las más altas de la región, seguida por Chile. 71,7%. Sin duda, la pésima gestión de la pandemia acrecentó dicho malestar. Con la propagación de la COVID-19 quedó de manifiesto las profundas desigualdades que vive el pueblo ecuatoriano. Según una encuesta de CELAG, el 70,6% de la población redujo parte de sus ingresos y el 6,7% directamente ha dejado de percibir ingresos (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG, 2020). En los últimos meses, profesionales y trabajadores de la salud se han manifestado, exigiendo las medidas de protección adecuadas. También hubo protestas educativas por recortes presupuestario, y cacerolazos en barrios y ciudades, al tiempo que el gobierno pagó 326 millones de dólares de deuda externa. Del mismo modo que en Chile, los policías y militares que en el 2019 reprimieron las protestas, durante la pandemia ocuparon las calles y carreteras, en nombre del cuidado. En el curso de los meses, ante las protestas pacíficas por el abandono a la población en término de salud, alimentos, educación y trabajo, por parte del Estado, la respuesta fue la represión (Nodal, 2020). En simultáneo, diversos sectores sociales organizaron trueques y espacios de ayuda mutua. El movimiento campesino indígena concentró sus energías en el cuidado de las comunidades, a través de la producción de alimentos y la protección territorial de los contagios. Mientras, el escenario electoral 2021 fue ganando terreno público. El movimiento plurinacional indígena, protagonista de las luchas del 2019, no configuró una plataforma representativa, y en sintonía con el gobierno de Estados Unidos, crecieron los intentos prescriptivos hacia Rafael Correa por parte de la derecha. Con el transcurso de los meses, ante el desgaste de la figura de Lenin Moreno, se fueron modelando nuevas representaciones con el fin de renovar el proyecto neoliberal. Por su parte, México se convirtió en uno de los cuatro países con 242 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi más casos reportados de COVID-19 en América Latina, con 600.000 contagios confirmados y más de 64.000 víctimas fatales al terminar agosto, lo que lo ubica con la mayor tasa de fatalidad por caso entre los países del grupo 3 (gráfica 8). El primer caso fue reconocido el 27 de febrero, aunque las medidas más fuertes apenas fueron implementadas el 30 de marzo con el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, en medio de fuertes cuestionamientos por la actitud personal del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien alentó a la gente a salir a restaurantes y se negó a cancelar las masivas concentraciones que caracterizan sus visitas a las diferentes regiones del país hasta poco días antes del inicio de una cuarentena no forzosa. La pandemia arribó en el contexto de un gobierno que se reconoce a sí mismo como “antineoliberal”, carácter compartido con Argentina, el cual, como en Brasil, no declaró a nivel nacional medidas coercitivas tipo multas o toque de queda para reducir la movilidad y más bien apeló al buen juicio de las y los ciudadanos para que se quedaran en casa. El gobierno de López Obrador generó muchas esperanzas en 2018 cuando por primera vez en un siglo llegaba al poder un político de izquierda con una colectividad política diferente al Partido Revolucionario Institucional, PRI, y al Partido de Acción Nacional, PAN, únicos dos que han ocupado la silla presidencial desde los años treinta del siglo pasado. Bajo tales circunstancias, se esperaba que la pandemia hubiese sido menos lesiva y que su gestión hubiese encarado directamente la 243 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo destitución de la lógica neoliberal como eje rector de lo estatal. Sin embargo, tales expectativas estuvieron lejos de cumplirse, pues la persistencia de la pobreza y la pobreza extrema, que en 2019 afectó al 49,1% y 11% respectivamente, determinaron un marco nada halagador para enfrentar la COVID-19. De fondo se encuentran problemas como la recesión económica previa que dejó un saldo de -0,1% en el crecimiento del PIB durante 2019, la continua precarización de las condiciones laborales con el 56,1% de informalidad, y un salario mínimo real que en la actualidad representa el 38% del que existió en 1980 (Díaz Carreño, 2020), pese al incremento del 20% decretado a principios de 2020. Estos hechos contribuyeron a que México se convirtiera en el país con menor cumplimiento de las medidas de distanciamiento social en la región a finales de abril (Traeder, 2020), cuando el país alcanzó los 1.000 contagios diarios y comenzó el crecimiento acelerado. El grave problema de salud pública que significan la obesidad, padecida por el 73% de la población mexicana, y la diabetes, primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda en los hombres, ha hecho que el porcentaje de víctimas por COVI-19 de menores de 60 años haya sido más alto que en la mayoría de los países. Hasta septiembre el 48% de las muertes se ubicaron en ese rango de edad, cuando la media de Europa fue 5% y países como Argentina registraron un 25% de víctimas fatales. En materia de ayudas económicas, México fue, hasta julio de 2020, el país que mayor porcentaje entregó directamente a las y los trabajadores con un 90%, no obstante, fue uno de los que dispuso menor cantidad de recursos para atender este frente de la pandemia, con recursos que alcanzaron el 2,8% del PIB (García Sojo & Calderón Castillo, 2020). Esto se enmarca en el importante paquete de asistencia económica dirigido a sectores de bajos ingresos que siempre ha caracterizado a la política social mexicana y el cual ha sido reforzado por el gobierno actual; la cual, no obstante, ha sido utilizada con fines de lealtad electoral y como gran espacio de corrupción en cabeza de dirigentes del PRI, el PAN y de la que no escapa el Movimiento Regeneración Nacional, MORENA, el partido del presidente Obrador, pese a que él mismo se ha comprometido de manera personal en la lucha contra la corrupción y existen nuevos instrumentos legales para contrarrestarla. Esta situación evidencia una de las tantas tensiones que atraviesan al partido de gobierno y sus aliados. Bajo la bandera anticorrupción y el criterio de “austeridad republicana”, el gobierno nacional aplicó durante sus primeros 18 me- 244 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi ses sendos recortes presupuestales que dejaron magros recursos en carteras como salud o educación, y provocó la continua movilización del personal médico y de enfermería ante la falta de insumos para enfrentar la crisis por la COVID-19. En junio de 2020 fueron anunciados nuevos recortes del 75% en los gastos corrientes para el próximo año, lo que afectará tanto al Instituto Mexicano de Seguros Sociales como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las dos instituciones públicas más importantes del sector salud y de seguridad social (Raziel, 2020). En contraste, el gran capital ha salido beneficiado en medio de la pandemia, particularmente el magnate Carlos Slim, con el que López Obrador ha tenido relación desde la época en la que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entre abril y junio la riqueza de Slim se incrementó en US$1.650 millones, gracias a la rentabilidad en la bolsa de valores y en telecomunicaciones que reportó ganancias de más del 70% durante la pandemia. Otra fuente de ingresos fue el Estado, pues los contratos pagados con recursos públicos y obtenidos por varias de las empresas de este conglomerado pasaron de US$97 millones en 2019 a poco más de US$852 millones en 2020, un incremento de 778% (De la Rosa, 2020). Lo anterior se conjugó con la continuación de megaproyectos como el Tren Maya, lesivo para la biodiversidad y los intereses de pueblos indígenas, o el creciente protagonismo económico de las Fuerzas Armadas antes y durante la pandemia, pues están al frente de la construcción del Nuevo Aeropuerto, recibieron recursos de la Secretaría de Hacienda para el manejo de hospitales COVID-19 y tendrán un crecimiento de 18% en su presupuesto para 2021 (Arturo, 2020). También resulta preocupante el acuerdo presidencial emitido en mayo de 2020 según el cual el Ejército y la Marina, subordinados al poder civil y por cinco años mientras se configura la Guardia Nacional, podrían asumir funciones de policía como participar en operativos para restablecer el orden, vigilar aeropuertos, zonas fronterizas, carreteras federales o parques nacionales, así como realizar detenciones o asegurar bienes asociados con delitos (Ángel & Pradilla, 2020). Además de la militarización de la vida, el cuestionamiento central está en la inexistencia de controles claros desde lo civil en el contexto de dos fuerzas reconocidas históricamente por sendas violaciones de derechos humanos, como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. Se trata de hechos que ponen en duda la ruptura real con el neoliberalismo y el autoritarismo, tal y como lo proclama el presidente López Obrador. 245 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo
GRUPO 4: DOS EXCEPCIONES
En este escenario virulento, hallamos dos países adyacentes, que conforman una continuidad territorial colindante al Océano Atlántico, y que, sin embargo, han vivido realidades opuestas. Brasil, el país con el mayor número de habitantes y superficie continental de América Latina, tuvo el mayor número de contagios y muertes por Coronavirus. Mientras, Uruguay, país que comparte la frontera norte con Brasil, ha sido el que menos número de casos confirmados tuvo (Ríos, 2020). Esta situación peculiar nos conduce a analizar las políticas llevadas a cabo por los gobiernos, como así, las condiciones socio económicas de la población, con el fin de presentar un panorama preliminar para un futuro análisis detallado. El primer país que anunció medidas de excepcionalidad ante el avance del COVID-19 fue Brasil, anticipando por varias semanas la aparición de un primer contagio en su territorio. Lo hizo según las orientaciones de la OMS y teniendo en cuenta la sospecha de dieciséis casos al 4 de febrero, fecha de la declaratoria de Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional. El 26 de febrero se anunció el primer caso y tras su confirmación, se desplegaron medidas de vigilancia epidemiológica. Con la declaración de estado de transmisión comunitaria el 20 de marzo en todo el territorio, el Estado brasileño desplegó el Centro de Operaciones Conjuntas para coordinar y planificar el trabajo de las Fuerzas Armadas. De esta forma, en abril inició la “Operación COVID-19” con la participación de 34.000 militares para labores de asistencia médica y logística (Valadares Caiafa, 2020). Este despliegue militar se realizó en un contexto político caracterizado por el negacionismo presidencial y el incentivo al uso de medicamentos no probados para el tratamiento de los síntomas, incluso en el momento en que él mismo, su familia y sus funcionarios padecieron la enfermedad. Así contribuyó a la lenta adopción de las medidas necesarias, convirtiéndose en el segundo país más afectado a nivel mundial después de Estados Unidos. Dos meses después de anunciar el primer caso, Brasil cruzó la barrera de los 10.000 contagios diarios y en la tercera semana de julio llegó a reportar hasta 70.000 personas enfermas por día. El rápido crecimiento de la enfermedad también estuvo determinado por el errático desarrollo de la cuarentena en un contexto de desigualdad extrema y crisis política interna. Según cifras oficiales el desempleo en el segundo trimestre superó el 13%. Y la pobreza que en 2019 alcanzó el 19,2%, en el presente año se estima que llegará al 26,9% de la población, es decir a 57 millones de personas (Bárcena, 2020). 246 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi Mientras que Bolsonaro desestimó la enfermedad y desarrolló una campaña abierta contra las recomendaciones de la OMS con la convocatoria a varias movilizaciones a su favor y un amplio trabajo en redes sociales, los gobernadores de los 27 estados del país tomaron medidas, desafiaron al presidente y decretaron la de cuarentena obligatoria en las capitales el 25 de marzo. Las medidas restrictivas fueron de corta duración pues el 22 de abril ocho gobernadores, incluido Distrito Federal, declararon aperturas, mientras los estados más afectados, entre ellos Sao Paulo y Río de Janeiro, decidieron mantener el confinamiento hasta el 31 de mayo. Los planes de reapertura se reafirmaron en julio, el peor momento de la pandemia y a partir de esa fecha el número de contagios diarios se ha estancado alrededor de los 15.000 casos. En este contexto, varios funcionarios, entre ellos dos ministros de salud y cargos militares, renunciaron al gobierno. Abriéndose así una crisis de legitimidad, difícil de estimar su alcance. Por su parte, el primer caso detectado en Uruguay fue el 13 de marzo tras el regreso de una ciudadana de un viaje de España e Italia. Ese mismo día hubo tres confirmados más en Montevideo y Salto. La situación parecía ser similar a la que comenzaban a transitar otros países del continente, pero no. El control epidemiológico desarrollado por el país oriental lo ha convertido en una excepcionalidad, en el marco de la catástrofe regional. El mismo día que se detectó el primer contagio el gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional Sanitaria. Lacalle Pou, quien asumió la presidencia el 1° de marzo como candidato del Partido Nacional, reunió un equipo asesor de especialistas y científicos. De inmediato implementaron medidas: restricción de vuelos, interrupción de clases, cierre de fronteras, y prohibición de eventos públicos. Sin embargo, nunca se decretó el confinamiento obligatorio. Con una tasa de letalidad menor al 3%, Uruguay se convirtió en un caso insólito. No sólo estuvo entre los países con menor razón de letalidad del continente, sino que logró hacerlo sin decretar el aislamiento obligatorio (Datos Macro, 2020). Uno de los elementos que permiten explicar esta situación es la amplia infraestructura sanitaria existente. La cartera de salud ronda el 10% del PIB, siendo el segundo país que más invierte de la región, después de Cuba (Noticias Presidencia Uruguay, 2019). Cuenta con un consistente sistema de vigilancia epidemiológica, y un sistema nacional de cuidados referente en la región. A su vez, tiene uno de los sistemas de protección social más integrales de América Latina. Este acumulado histórico de derechos civiles y sociales, correspondiente a la cristalización de las luchas po- 247 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo pulares en las funciones estatales, resultó favorable. La articulación de dichas políticas permanentes, como son las asignaciones familiares, los seguros de enfermedad y desempleo garantizaron un escenario beneficioso. Lo cual no significa que la realidad de los sectores populares sea óptima, de hecho, la desocupación del primer trimestre del 2020 alcanzó 9,4%, 0,6 puntos más que el mismo trimestre del 2019 (8,8%). Pero sí da cuenta de que ciertos derechos básicos tienden a ser garantizados por el Estado. También la baja densidad poblacional colaboró en el control de brotes. La distribución demográfica de los tres millones y medio de habitantes uruguayos, la ausencia de grandes focos de hacinamiento fue muy importante (Anarte, 2020). No así definitoria. Resulta pertinente considerar el éxito relativo a partir de la conjugación de múltiples variables virtuosas. En ese sentido, es clave destacar que en simultáneo a la declaración del Estado de Emergencia Nacional y la emisión de partidas presupuestarias extraordinarias, cuestiones que también se implementaron en otros países estudiados, se impulsaron campañas de sensibilización y cuidados que tuvieron una rápida apropiación social (Che & Pelin Berkmen, 2020). Por consiguiente, notamos que los buenos resultados que obtuvo Uruguay ante la pandemia corresponden a una multicausalidad que excede lo coyuntural. Se entrecruzan antecedentes sociales, paradigmas y políticas de larga duración, con medidas preventivas precisas. Singularidad que permitió reducir el contagio y la tasa de mortalidad por COVID-19, a la vez que moderó los niveles de deterioro socio económico.
CONCLUSIONES
Las respuestas de los Estados a la crítica situación de América Latina durante los primeros seis meses de la pandemia por COVID-19, si bien tuvieron matices, se desarrollaron en un espectro marcado por el creciente autoritarismo y la imposibilidad de resolver la profundización de una crisis humanitaria previamente existente, asociada a la desigualdad, la pobreza, la precarización laboral y a sistemas de salud deteriorados que han quedado como saldo en más de cuatro décadas de neoliberalismo a nivel continental. En todos los países estudiados los sectores con mayores niveles de pobreza, desocupación e informalidad tuvieron menos chances de respetar el confinamiento promovido por los gobiernos, lo que generó una dinámica de refuerzo negativo mutuo entre desempleo y pandemia que crecieron conjuntamente amenazando con elevar la pobreza y la desigualdad. Los altos niveles de desempleo y subocupación, 248 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi producto de la sobre explotación de fuerza de trabajo en la región, hicieron imposible el confinamiento masivo pese a medidas económicas como ayudas alimentarias, adelantos de subsidios directos y, en algunos casos, transferencias monetarias directas a trabajadores-as informales y desocupados-as. Las necesidades básicas insatisfechas de la población pusieron en tensión el confinamiento obligatorio y millones de trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del continente, al no recibir una respuesta efectiva por parte de los Estados, se vieron obligados-as a exponerse al virus y al hostigamiento policial, para conseguir sustento económico. No hubo políticas públicas integrales dirigidas a solventar esta situación, pero sí políticas de control y disciplinamiento, cuyo despliegue no tuvo la eficacia anunciada en la contención de la enfermedad. Todos los gobiernos de los casos estudiados habilitaron atribuciones y herramientas a las fuerzas armadas y policiales más allá de lo permitido por los regímenes de democracia liberal, no sólo para dar respuesta a la pandemia sino para contener la movilización en ascenso del último quinquenio, así como relegitimarse y afrontar sus propios trances políticos. El resultado final fue un despliegue masivo del pie de fuerza, el incremento permanente en las violaciones de derechos humanos y la militarización del continente, tanto a nivel interno por las tareas de control y represión para el cumplimiento de la cuarentena, como en las fronteras. Particularmente graves resultaron los confinamientos en centros especializados, pero sin garantías sanitarias ni de respeto de la libertad, las detenciones masivas y la brutalidad policial con la que fueron reprimidas las movilizaciones también crecientes durante la pandemia, muchas de ellas motivadas por el hambre. Dichas disposiciones, cuestionadas por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, podrían convertirse a posteriori en un aspecto orgánico de la vida “democrática” de los Estados latinoamericanos, garantizando la impunidad de las fuerzas represivas. La pandemia por Coronavirus convirtió a América Latina en un territorio enlistado para la guerra y bajo toque de queda. En el recorrido realizado evidenciamos que excepto Uruguay -único país que logró mantener la pandemia a raya-, todos los demás apelaron al toque de queda con duraciones y alcances territoriales diferentes (tabla 5). De los catorce países abordados, cinco vivieron toques de queda dictados desde lo local; en caso como Brasil, uno de los que menos restricciones tuvo, fueron afectadas hasta diecinueve de las veintiséis capitales estaduales. 249 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo Tabla 5 Toque de queda e indicadores de pandemia por COVID-19 en América Latina Fuente: elaboración propia con datos de la Universidad de Oxford *Datos a 31 de agosto de 2020 Ahora bien, de los ocho países con toques de queda nacionales, seis se mantuvieron de manera permanente desde el inicio de la exAmbito del toque de queda País Caso por millón de habitantes* Muertes por millón de habitantes* No tuvo Uruguay 456.2 10.9 Local El Salvador 3,966.7 91.7 Argentina 8,877.5 120.1 México 4,621.3 433.6 Colombia 11,947.8 284.8 Brasil 18,170.5 501.1 Nacional Haití 719.9 17.2 Paraguay 2,410.8 15.1 Guatemala 4,125.6 130.7 Honduras 6,075.4 156.3 Ecuador 6,441.5 341.8 Bolivia 9,934.7 332.7 Perú 19,627.8 784.2 Chile 21,446.4 540.9 250 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi cepcionalidad política y hasta el final de los primeros seis meses de la pandemia. La gráfica 9 muestra tales los casos según el número de días y la pobreza registrada en 2019. Se observa que el porcentaje de población en situación de pobreza no tiene incidencia en la prolongación del toque de queda, aunque resulta evidente que Haití y Honduras, los países más pobres del continente, tuvieron también los toques de queda más prolongados. En cambio, la gráfica sugiere que la extensión de la restricción total de movimiento por toque de queda se vincula más a la existencia previa de movilizaciones, pues seis de estos países fueron escenarios de sendas protestas ante crisis de políticas internas en 2019. Adicionalmente, en todos los casos, menos en Bolivia y Paraguay, el toque de queda se mantuvo pese al avance en procesos de reapertura y desconfinamiento paulatino que ocurrieron a partir de mayo. Se establece así un modelo general de afrontamiento de la pandemia para este grupo de países: cuarentena militarizada con toque de queda y altos niveles de represión que logró contener el contagio en un periodo inicial, para luego registrar un crecimiento sostenido tras una apertura obligada por las necesidades del capital, el creciente desempleo y la precarización en las condiciones de vida de la población. A la par, se evidencia la poca efectividad de las medidas represivas para contener la pandemia, pues en todos los casos el número de contagios creció aún con toques de queda nocturnos vigentes, cuya 251 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo funcionalidad fue más política que sanitaria. Si bien otros países en el mundo han hecho uso del toque de queda para afrontar la pandemia, lo preocupante en el caso latinoamericano es su vínculo inextricable con la historia reciente de dictaduras y guerras internas, todas marcadas por la lógica del enemigo interno y de la lucha contrainsurgente. Como evidenciamos a lo largo del artículo, tales rasgos salieron a flote en las medidas de control policivo y militar, exacerbadas además por el contexto del nuevo ciclo de luchas populares. A contracara de la represión, la gestión de la pandemia entregó sendas garantías al capital ante la crisis económica en avance, cuyo impacto, según la CEPAL, será superior a las de la Gran Depresión. Tal fenómeno debe ser comprendido en un escenario global de acumulación por desposesión cada vez más agresivo dado que el capital ha encontrado un límite preciso en las medidas de confinamiento decretadas. Ahora bien, la regeneración económica exigirá una masa laboral más flexibilizada y precarizada, es decir, una fuerza de trabajo barata y maleable, en pos de ser empleada sin necesidad de garantizar los derechos básicos conquistados por los pueblos durante décadas. El riesgo de las nuevas atribuciones asignadas a las fuerzas represivas condice con los intereses de las clases dominantes. Es posible que los paradigmas represivos y persecutorios hacia las *clases subalternas, que comienzan a afirmarse en pandemia, sean un nuevo requisito del capital para desplegarse en el continente. Sin embargo, también se enfrenta a un continente de pueblos que no han dejado nunca de luchar contra el neoliberalismo, por los derechos de las personas y la naturaleza, por una vida digna.
BIBLIOGRAFÍA
ADN Paraguayo. (29 de Junio de 2020). Villamayor: Toque de queda no; restricción de actividades sociales, puede ser. Obtenido de ADN Paraguayo: https://www.adndigital.com.py/villamayor-toque-de-queda-no-restriccion-de-actividades-sociales-puede-ser/ Agencia EFE. (9 de Septiembre de 2020). Guatemala ha recibido 5.162 migrantes deportados de EE.UU. durante la pandemia. Obtenido de Agencia EFE: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/guatemala-ha-recibido-5-162-migrantes-deportados-de-ee-uu-durante-la-pandemia/20000013-4339121 Agencia EFE. (16 de Marzo de 2020). Paraguay restringe movimientos en “lo más parecido” a un toque de queda. Obtenido de Yahoo Noticias: https://es-us.noticias.yahoo.com/paraguay-restringe-movi- 252 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi mientos-parecido-toque-180335396.html Alemán, M., & Sherman, C. (18 de Mayo de 2020). Centros de contención de El Salvador son focos de contagio. Obtenido de The San Diego Union-Tribune: https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-05-18/centros-de-contencion-de-el-salvador-son-focos-de-contagio Alonso Bravo, D. (26 de Octubre de 2019). La marcha más grande en la historia de Chile. Obtenido de Página 12: https://www.pagina12. com.ar/227481-la-marcha-mas-grande-en-la-historia-de-chile Anarte, E. (19 de Agosto de 2020). La receta del éxito de Uruguay contra la pandemia de COVID-19. Obtenido de DW: https://www.dw. com/es/la-receta-del-%C3%A9xito-de-uruguay-contra-la-pandemiade-covid-19/a-54627219 Ángel, A., & Pradilla, A. (12 de Mayo de 2020). AMLO legaliza intervención militar en 12 tareas policiales; ONG acusan falta de plazos y controles. Obtenido de Animal Político: https://www.animalpolitico. com/2020/05/amlo-legaliza-intervencion-militar-tareas-policiales/ Arturo, Á. (9 de Septiembre de 2020). El próximo año militares tendrán más recursos; cae presupuesto para víctimas y policía civil. Obtenido de Animal Político: https://www.animalpolitico.com/2020/09/ presupuesto-guardia-nacional-militares-victimas-policia/ AS. (11 de Mayo de 2020). Cuarentena Colombia: ¿Cuántos comparendos se han puesto en el país? Obtenido de AS : https://colombia. as.com/colombia/2020/05/12/actualidad/1589244478_847965.html Asmann, P. (23 de Julio de 2020). Alianza de pandillas G9 en Haití, ¿una bomba de tiempo? Obtenido de InSight Crime: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/pandillas-g9-haiti-bomba-tiempo/ Bárcena, A. (15 de Julio de 2020). Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. Obtenido de Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/ files/final_200714_version_revisada_ab-ppt_informe_covid_5_15_julio.pdf Barría, C. (4 de Febrero de 2020). El país con el desempleo más bajo de América Latina (y por qué es una paradoja). Obtenido de BBC News Mundo: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51318832 BBC News Mundo. (4 de Septiembre de 2020). Paraguay: el controvertido operativo de Paraguay contra la guerrilla que dejó dos niñas muertas. Obtenido de BBC News Mundo: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54034964 Cano, L. (21 de Abril de 2020). Los abusos policiales en tiempos 253 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo de cuarentena. Obtenido de Fundación Paz y Reconciliación: https:// pares.com.co/2020/04/21/los-abusos-policiales-en-tiempos-de-cuarentena/ Cárdenas Salgado, G. J., Espinosa, L. A., José, L. N., & Serrano, C. (7 de Octubre de 2019). Infografía Migración y Remesas en Centroamérica. Obtenido de BBVA Research: https://www.bbvaresearch.com/ publicaciones/infografia-migracion-y-remesas-en-centroamerica/#:~:- text=En%202018%20Centroam%C3%A9rica%20recibi%C3%B3%20 m%C3%A1s,%25%3B%20y%20Belice%2C%205.0%25 Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG. (18 de Septiembre de 2020). Encuestas CELAG: América Latina en tiempos de Pandemia. Obtenido de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG: https://www.celag.org/encuestas-celag-america-latina-en-tiempos-de-pandemia/ Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG. (11 de Abril de 2020). Geografía política del coronavirus en América Latina. Obtenido de Centro Estratégico Latinoamerino de Geopolítica - CELAG: https://www.celag.org/geografia-politica-de-coronavirus-en-america-latina/ Che, N., & Pelin Berkmen, S. (3 de Agosto de 2020). El secreto del éxito de Uruguay contra el COVID-19. Obtenido de Diálogo a Fondo: https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13865 Chumil, K. (11 de Septiembre de 2020). En casi seis meses más de 40 mil fueron capturados por infringir el toque de queda. Obtenido de Prensa Libre: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/ en-casi-seis-meses-mas-de-40-mil-fueron-capturados-por-infringir-eltoque-de-queda/ Comando General Fuerzas Militares de Colombia. (13 de Abril de 2020). Mindefensa realiza balance de acciones de la Fuerza Pública durante emergencia por Covid-19. Obtenido de Comando General Fuerzas Militares de Colombia: https://www.cgfm.mil.co/es/blog/ mindefensa-realiza-balance-de-acciones-de-la-fuerza-publica-durante-emergencia-por-covid-19 Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos - COFADEH. (1 de Abril de 2020). Informe 2 - Del Mitch al golpe y de la pandemia al autoritarismo contra los Derechos Humanos. Obtenido de Rel UITA: http://rel-uita.org/pdfs/20200521_INFORME_HONDURAS_Covid19. pdf Congreso Nacional de Honduras. (4 de Abril de 2020). Decreto N° 32-2020. Obtenido de Tribunal Superior de Cuentas: https://www.tsc. gob.hn/covid19/index.php/descarga-decretos-pcm-s 254 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi Coronado, E. (27 de Abril de 2020). Presidente reveló que 17 de cada cien personas no cumple en su totalidad la cuarentena. Obtenido de Prensa Libre: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/giammattei-revelo-que-17-de-cada-cien-personas-en-cuarentena-no-cumple-en-su-totalidad/ Datos Macro. (20 de Agosto de 2020). Uruguay - COVID-19 - Crisis del coronavirus. Obtenido de Datos Macro: https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus/uruguay De la Rosa, T. (27 de Agosto de 2020). Carlos Slim, el empresario del presidente. Obtenido de Eje Central: https://www.ejecentral.com. mx/la-portada-carlos-slim-el-empresario-del-presidente/ Delgado H., G. (7 de Abril de 2020). Crisis carcelaria en el COVID-19: una bomba de tiempo. Obtenido de Agencia de Información Laboral - AIL: https://ail.ens.org.co/informe-especial/crisis-carcelariaen-el-covid-19-una-bomba-de-tiempo/ Diario La Huella. (17 de Enero de 2020). Guatemala replica estrategia del Plan Control Territorial. Obtenido de Diario La Huella: https:// diariolahuella.com/guatemala-replica-estrategia-del-plan-control-territorial/ Diario UChile. (18 de Mayo de 2020). Con represión incluida: vecinos de El Bosque protestan por la falta de alimentos en cuarentena. Obtenido de Diario UChile: https://radio.uchile.cl/2020/05/18/con-represion-incluida-vecinos-de-el-bosque-protestan-por-la-falta-de-alimentos-en-cuarentena/ Díaz Carreño, M. Á. (Abril de 2020). Inflación y salarios reales en México, 2015-2020. Obtenido de Economía Actual - Centro de Investigación en Ciencias Económicas UAEMEX: http://economia.uaemex. mx/Publicaciones/e1302/Inflacion_y_salarios_reales_en_Mexico.pdf Dinero. (25 de Mayo de 2020). UNGRD completó un millón de ayudas entregadas durante la emergencia. Obtenido de Dinero: https:// www.dinero.com/pais/articulo/cual-es-el-balance-de-las-ayudas-humanitarias-en-colombia-durante-coronavirus/286718 Dinero HN. (19 de Septiembre de 2020). Desempleo abierto se duplicará este año de 5.7 a 13% con más de 565.000 afectados: Trabajo. Obtenido de Dinero HN: http://dinero.hn/desempleo-abierto-se-duplicara-este-ano-de-57-a-13-con-mas-de-565-000-afectados-trabajo/ DW. (14 de Mayo de 2020). Colombia: crisis sanitaria en el Amazonas. Obtenido de DW: https://www.dw.com/es/colombia-crisis-sanitaria-en-el-amazonas/av-53430730 DW. (21 de Marzo de 2020). Con tres casos confirmados, El Salvador cava 118 tumbas para eventuales muertos por COVID-19. Obtenido de 255 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo DW: https://www.dw.com/es/con-tres-casos-confirmados-el-salvadorcava-118-tumbas-para-eventuales-muertos-por-covid-19/a-52867353 DW. (19 de Mayo de 2020). Corte Suprema de El Salvador suspende estado de emergencia prorrogado por Bukele. Obtenido de DW: https:// www.dw.com/es/corte-suprema-de-el-salvador-suspende-estado-emergencia-prorrogado-por-bukele/a-53490506 DW. (16 de Abril de 2020). El Salvador: Bukele enfrentado, ahora, con la Corte Suprema de Justicia. Obtenido de DW: https://www. dw.com/es/el-salvador-bukele-enfrentado-ahora-con-la-corte-suprema-de-justicia/a-53156005 DW. (3 de Abril de 2020). El Salvador: denuncian restricciones a la prensa durante emergencia por coronavirus. Obtenido de DW: https:// www.dw.com/es/el-salvador-denuncian-restricciones-a-la-prensa-durante-emergencia-por-coronavirus/a-53001593 Efecto Cocuyo. (10 de Agosto de 2020). Bolivia despliega militares para escoltar personal de salud ante protestas. Obtenido de Efecto Cocuyo: https://efectococuyo.com/coronavirus/bolivia-despliega-militares-para-escoltar-personal-de-salud-ante-protestas/ El Día. (26 de Mayo de 2020). Villa Azul, el asentamiento cercado por 300 policías, un caso que se podría extender. Obtenido de El Día: https://www.eldia.com/nota/2020-5-26-2-37-33-villa-azul-el-asentamiento-cercado-por-300-policias-un-caso-que-se-podria-extender-informacion-general El País. (15 de Febrero de 2019). Haití suma más de una semana de protestas contra el Gobierno de Moise. Obtenido de El País: https:// elpais.com/internacional/2019/02/14/america/1550170003_145275. html El Tiempo. (14 de Septiembre de 2020). Policía del país asesora a Paraguay por secuestro de exvicepresidente. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/secuestro-colombia-asesora-en-secuestro-de-exvicepresidente-oscar-denis-537691 Europa Press. (27 de Mayo de 2020). Bolivia supera los 7.000 casos de coronavirus tras registrar una cifra récord en un solo día. Obtenido de Europa Press: https://www.europapress.es/internacional/ noticia-bolivia-supera-7000-casos-coronavirus-registrar-cifra-record-solo-dia-20200527133002.html Fest, S. (17 de Septiembre de 2020). El enigmático secuestro de un ex vicepresidente exhibe uno de los costados oscuros de Paraguay. Obtenido de El Mundo: https://www.elmundo.es/internacional/2020/09/16/ 5f621b7921efa0ae018b47ec.html García Sojo, G., & Calderón Castillo, J. (1 de Julio de 2020). Ayu- 256 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi das estatales y Covid-19 en América Latina. Obtenido de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG: https://www.celag. org/ayudas-estatales-y-covid-19-en-america-latina/ Hernández, A. (17 de Julio de 2020). Cuatro de diez salvadoreños estará en situación de pobreza. Obtenido de El Economista: https:// www.eleconomista.net/actualidad/Cuatro-de-cada-10-salvadorenos-estara-en-situacion-de-pobreza-20200717-0002.html Infobae. (31 de Agosto de 2020). Mauricio Macri se reunió con Emmanuel Macron y analizaron el impacto del coronavirus sobre las libertades individuales. Obtenido de Infobae: https://www.infobae.com/ politica/2020/08/31/mauricio-macri-se-reunio-con-emmanuel-macron-y-analizaron-el-impacto-del-coronavirus-sobre-las-libertades-individuales/ Infobae. (24 de Febrero de 2020). Policías y militares de Haití se enfrentan a los tiros y convierten la capital en una zona de guerra: al menos dos soldados muertos. Obtenido de Infobae: https://www.infobae. com/america/america-latina/2020/02/24/policias-y-militares-de-haitise-enfrentan-a-los-tiros-y-convierten-la-capital-en-una-zona-de-guerra-al-menos-dos-soldados-muertos/ Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. (Septiembre de 2020). Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH). Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_ trabajo_eph_2trim20929E519161.pdf López, C. (23 de Julio de 2020). Alcaldesa Claudia López anuncia detalles sobre la Renta Básica para Bogotá. Obtenido de Twitter : https:// twitter.com/ClaudiaLopez/status/1286342001026375683?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286342001026375683%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo. com%2Fbogota%2Fbogota-como-va-la-entrega-de-ayudas-en-la-cuarentena-po López, E. (17 de Agosto de 2020). Gobierno de Haití instrumentaliza la pandemia para reprimir a la población. Obtenido de Avispa Midia: https://avispa.org/gobierno-de-haiti-instrumentaliza-la-pandemia-para-reprimir-a-la-poblacion/ Marroquín, L. A., & Tejada, R. (28 de Mayo de 2020). Bukele amenaza con “reformar el Estado de verdad” luego de la pandemia. Obtenido de El Salvador.com: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/nayib-bukele-amenaza-reformar-estado-el-salvador-luego-pandemia/718493/2020/ Millán Valencia, A. (12 de Junio de 2020). Coronavirus en Perú 257 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo - La escasez de oxígeno por el covid-19 que puso en alerta al gobierno. Obtenido de BBC News Mundo: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53025355 Ministerio del interior. (9 de Junio de 2020). Carabineros ha detenido a 155 mil personas en periodo de Pandemia y más de 15 mil sólo en una semana. Obtenido de Ministerio del Interior de Chile: https:// www.interior.gob.cl/noticias/2020/06/09/carabineros-ha-detenido-a155-mil-personas-en-periodo-de-pandemia-y-mas-de-15-mil-solo-enla-ultima-semana/ Ministerio de Salud y Protección Social. (10 de Marzo de 2020). Resolución N° 0000380 de 2020. Obtenido de Ministerio de Salud y Protección Social: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20380%20de%202020.pdf Ministerio de Salud y Protección Social. (12 de Marzo de 2020). Resolución N° 0000385 de 2020. Obtenido de Ministerio de Salud y Protección Social: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf Miranda, B. (20 de Junio de 2020). Crisis en Bolivia: la “guerra declarada” que se vive en Chapare, el bastión de Evo Morales al que el gobierno acusa de “terrorismo” (y cómo lo defiende el expresidente). Obtenido de BBC News Mundo: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53112041 Nodal. (15 de Mayo de 2020). Ecuador: represión y detenidos en protestas por los recortes y la emergencia sanitaria. Obtenido de Nodal : https://www.nodal.am/2020/05/ecuador-represion-y-detenidos-en-protestas-por-los-recortes-y-la-emergencia-sanitaria/ Noticias ONU. (1 de Abril de 2020). El Congreso de Perú debería revisar la nueva ley de protección policial porque abre espacios de impunidad. Obtenido de Noticias ONU: https://news.un.org/es/ story/2020/04/1472172 Noticias Presidencia Uruguay. (12 de Julio de 2019). Inversión en salud representó 9.5% del producto interno bruto en 2018. Obtenido de Noticias Presidencia Uruguay: https://www.presidencia.gub.uy/ comunicacion/comunicacionnoticias/salud-gasto-pib-rendicion-cuentas-2018 Ortega, M. L., & Ramírez Gallegos, J. (7 de Abril de 2020). Desentrañando el desborde del coronavirus en Ecuador. Obtenido de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG: https://www. celag.org/desentranando-el-desborde-del-coronavirus-en-ecuador/ Ortíz Crespo, S. (2 de Julio de 2020). Covid-19 Ecuador: Shock neoliberal y cuarentena perpetua. Apuntes de la coyuntura correspon- 258 Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi dientes al primer semestre de 2020. Obtenido de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO: https://www.clacso.org/covid-19-ecuador-shock-neoliberal-y-cuarentena-perpetua/ Prensa Latina. (2 de Agosto de 2020). Reos en cuarentena por Covid-19 saturan sistema carcelario paraguayo. Obtenido de Prensa Latina: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=386535&SEO=reos-en-cuarentena-por-covid-19-saturan-sistema-carcelario-paraguayo Raziel, Z. (1 de Junio de 2020). Recorte del 75% compromete pagos de servicios básicos del gobierno y arriesga inversiones en salud y ciencia. Obtenido de Animal Político: https://www.animalpolitico. com/2020/06/recorte-75-gasto-corriente-pago-servicios-gobierno/ Ríos, A. M. (11 de Septiembre de 2020). América Latina y el Caribe: número de casos de COVID-19 por país 2020. Obtenido de Statista: https://es.statista.com/estadisticas/1105121/numero-casos-covid-19-america-latina-caribe-pais/ Sáenz, J., & Rodriguez, A. (3 de Julio de 2020). Albergues en Paraguay: la trinchera contra el COVID-19. Obtenido de AP News: https:// apnews.com/article/122c7cb9a893978aa508eb2bc38b20fd Saumeth, E. (4 de Julio de 2020). Colombia reporta 5.700 miembros de sus Fuerzas Armadas contagiados con Covid-19. Obtenido de Infodefensa: https://www.infodefensa.com/latam/2020/07/04/noticia-colombia-reporta-miembros-fuerzas-armadas-contagiados-covid19.html Secretaría de Defensa Nacional de Honduras . (22 de Julio de 2020). Refuerzan controles para evitar contagio y propagación del Covid-19. Obtenido de Secretaría de Defensa Nacional de Honduras: https://sedena.gob.hn/2020/07/22/refuerzan-controles-para-evitar-contagio-y-propagacion-del-covid-19/ Secretaría de Defensa Nacional de Honduras. (30 de Julio de 2020). Tercera fase de Operación Honduras Solidaria presenta un avance del 28% en el Distrito Central. Obtenido de Secretaría de Defensa Nacional de Honduras: https://sedena.gob.hn/2020/07/30/tercera-fase-de-operacion-honduras-solidaria-presenta-un-avance-del-32-en-el-distrito-central/ Traeder, V. (28 de Abril de 2020). De Argentina a México: ¿dónde se respeta más la cuarentena por coronavirus? Obtenido de DW: https:// www.dw.com/es/de-argentina-a-m%C3%A9xico-d%C3%B3nde-se-respeta-m%C3%A1s-la-cuarentena-por-coronavirus/a-53274566 Valadares Caiafa, R. (11 de Julio de 2020). Operación Covid-19: la FAB da el equivalente a ocho vueltas al mundo con sus KC-390, C-105 259 Tiempo de pandemia en América Latina: crisis social y autoritarismo y C-130. Obtenido de Infodefensa: https://www.infodefensa.com/latam/2020/07/11/noticia-meses-operacion-covid19-brasil.html Villagrán del Corral, G. (16 de Agosto de 2019). Giammattei confirma que nada cambió en Guatemala. Obtenido de Rebelión: https:// rebelion.org/giammattei-confirma-que-nada-cambio-en-guatemala/