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En números anteriores escribíamos, y Usted estimado lector(a), se enteraba de nuestra posición respecto al reto que implica no sucumbir ante los intereses de los partidos políticos y la voluntad de los grupos económicos dominantes. Seguimos considerando que no es un reto fácil de sortear, pero tampoco es un desafío que nos coloque “entre la espada y la pared”. Mantener la crítica frente al proceso de alienación social y la administración represiva del conflicto social, en general, nos ha llevado a insistir en el método de investigación para la vida concreta.

Para quienes nos dedicamos al trabajo intelectual, tomar la ideología como objeto de estudio muestra que, si bien ésta no se encuentra fuera de la producción y difusión del conocimiento, es importante identificar cuándo dicha ideología se trastrueca en fetichismo, imponiendo la mística de su lógica. Cuando ha llegado a suceder, esta producción de conocimiento se convierte en un conjunto de prácticas capaces de fundar nuevos credos que clausuran toda crítica y autocrítica. Al respecto, Carl Sagan (1934-1996) pensó que esa era una situación común en la religión y en la política, pero que no podría ser una práctica normalizadora para la producción de conocimiento.

Así, hemos visto recientemente que colegas dedicados al trabajo intelectual han sucumbido ante los intereses del gobernante en turno y a la voluntad de los grupos económicos cercanos a López Obrador. No son pocos, y tampoco son necesariamente jóvenes e ingenuos, quienes ahora levantan alegatos falaces y fomentan un discurso de odio en contra de aquellos que el dedo flamígero del presidente mexicano señala como “minoría radical”, aunque en realidad, han sido obligados a aceptar que dicha “minoría” cuenta con argumentos razonados muy fuertes que develan, por ejemplo, la doble moral presidencial en tanto que en plena contingencia sanitaria muestra más interés en “blindar” el presupuesto para los megaproyectos incrementando su monto inicial en 622 mil 556 millones de pesos más, y por otro lado desoja a trabajadores e instituciones de derechos y recursos económicos para su mínimo funcionamiento.

Entre los temas y asuntos políticos a los que de manera obtusa le han dedicado una justificación ideológica sin precedente en la “vida nacional”, encontramos el muro humano desplegado en nuestra frontera con Guatemala, el proyecto de reordenamiento territorial del Tren que no es Maya, el canal seco y corredor industrial para el Istmo de Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos, la inviable refinería de Dos Bocas y el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, entre otros.

Este tipo de despliegue del “mensaje presidencial” en medios informativos, deja en evidencia lo que en su momento John B. Thompson (2005) definió como la «Ley de la visibilidad compulsiva», que describe la insistencia o compulsión que absorbe a los gobernantes y funcionarios públicos por presentarse frente a los votantes como un redentor que opera a través de los mass media.

En este ir y venir de argumentos meramente ideológicos, desde los cuales se pretende hacer ver y hacer creer que el desarrollismo tardío y el despojo capitalista son “medios justos” para alcanzar el bienestar social, se fragua el avance económico, político y administrativo del aparato castrense en México. Así, cada vez son más los espacios cedidos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a la Marina Armada (SEMAR) y a la Guardia Nacional (GN).

A finales de 2018, nos enteramos que el presupuesto designado a la SEDENA contemplaba su participación directa en la construcción, inversión y administración del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles; en la construcción de los “Bancos para el bienestar”, que se ubicarán en los municipios con mayor número de población registrada en los programas sociales; y, a su vez, en el despliegue de más de 70 mil efectivos en todo el país, pero ubicados mayormente en el sureste mexicano.

Asimismo, por instrucciones del gobierno estadounidense, a partir de junio de 2019, este despliegue de la GN contempló intensificar la securitización de nuestra frontera con Guatemala; luego se informó que la SEDENA construirá 2,550 km en dos tramos del Tren que no es Maya y “ciudades militares” en distintos estados, a lo que se suma la intención de ceder a la SEMAR la administración de los puertos marítimos.

Lo más reciente ha sido la determinación de intervenir en la contingencia sanitaria ocasionada por la Covid-19, operando el Plan de auxilio a la población civil en casos de desastre, mejor conocido como Plan DN-III-E, creado en 1965 bajo la administración de Gustavo Díaz Ordaz. Para esta ocasión, dicho plan ha contemplado el uso mediático de la ficción jurídica denominada “emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor”, tras de la cual se intenta ocultar el despliegue del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana.

Por si esto fuese poco, para intervenir en la contingencia sanitaria, a estas instituciones castrenses se les ha concedido un aumento de 4 mil 500 millones de pesos en su ya abultado presupuesto, así como el reforzamiento de su presencia en el ámbito civil, con el despliegue de 81 mil elementos de la GN, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ceremonia Oficial de Inauguración de la Guardia Nacional, el 30 de junio de 2019. Fuente: www.gob.mx

Esto último es de llamar la atención porque, como nuestro estimado lector(a) sabe, el pasado 16 de marzo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), obligó a la GN para que transparentara el monto de los recursos ejercidos como parte de su presupuesto correspondiente al 2019, a lo cual la GN se había negado, declarando la inexistencia de tal información, al argumentar que no se le habían asignado recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año (Boletín: INAI/036/20).

Sin embargo, nuestra memoria no falla y sabemos que la GN entró en funciones el 30 de junio de 2019, lo cual ha supuesto un gasto extraordinario aproximado a los 20 mil millones de pesos en infraestructura para su operación y funcionamiento, así como un presupuesto calculado mínimamente de 2 mil 500 millones de pesos para sueldos y salarios de sus mandos, coordinadores y regimientos, destacamentados mayormente en las regiones de mayor resistencia a los proyectos desarrollistas del sureste mexicano, como bien lo ha documentado Zósimo Camacho en la revista Contralínea. Reveladora ubicación.

En este contexto, el aviso de que entrará en operación el Plan DN-III-E fue publicitado luego de una reunión extraordinaria que sostuvo Marcelo Ebrard, secretario de relaciones exteriores, con Mike Pompeo, secretario de Estado en el gobierno de Trump, para evitar el cierre total de nuestra frontera norte. El acuerdo alcanzado implica intensificar el despliegue del aparato castrense, con el propósito particular de contener el avance del contagio por el virus SARS-CoV2 a través de la población centroamericana susceptible de migrar a EEUU, y, en general, el de controlar al total de la población nacional.

Por si fuera poco, en el mes de abril se publican los decretos para la extinción de fideicomisos (02-04-2020)^[1] y la aplicación de medidas de austeridad ante la contingencia (23-04-2020)^[2]: con el primero se golpea directamente el presupuesto asignado para la creación artística, la investigación científica y la intervención humanitaria en situaciones de emergencia y desastres; con el segundo se trasgreden derechos irrenunciables de todos los trabajadores al servicio del Estado, pero se dispara el presupuesto para los megaproyectos antes enunciados a 622 mil 556 millones de pesos.

Dichos decretos han sido presentados como parte del combate a la corrupción, sin embargo, la demagogia gubernamental ha quedado una vez más al descubierto al haber sido señalado de manera oportuna que con la extinción de fideicomisos en este momento se afecta la investigación y protección del patrimonio cultural, la investigación sobre el SARS-CoV2 y la producción de respiradores para quienes padezcan la Covid-19 en terapia intensiva, así como las posibles acciones emergentes que se tengan que llevar a cabo en caso de presentarse un desastre como el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Asimismo, en el decreto del 23 de abril, vuelve a quedar de manifiesto que durante la contingencia sanitaria el aparato castrense gozará de un trato excepcional, lo cual es muestra del proteccionismo que aplica López Obrador en favor de la acumulación militarizada. Sin duda este es el intento gubernamental más desesperado por seguir la línea de acción trazada por Trump y mantener a flote la “lealtad republicana” de las fuerzas armadas en México.

Así, en el discurso político del gobierno actual y en el de sus adeptos encontramos el sentido ideológico de sus acciones, esto es, el conjunto de ideas que organizadas de manera intencional presentan al aparato castrense como un “medio justo” para intervenir en el conjunto de la vida civil de la población, aunque para conseguirlo se haya tenido que reformar nuestra Constitución Política y recurrir al eufemismo, muy socorrido de los tiempos del priísmo de que: “el Ejército es el pueblo pobre armado”. A esto le denominaremos militarismo en la vida civil.

Dicho conjunto de ideas, organizadas de manera intencional, conforman un sistema ideológico desde el cual se ha alterado, en buena medida, el carácter civil de la Constitución mexicana. Dicho trastrocamiento ha facilitado que amplios sectores de la sociedad consideren pertinente o “natural”, el que la vida civil sea intervenida militarmente y, por ejemplo, vea con buenos ojos que el Ejército federal y la Marina Armada vayan a apropiarse de por lo menos de 32 hospitales civiles adscritos al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), 48 unidades operativas, 12 unidades en reconversión y 38 almacenes del Instituto Mexicano para la Seguridad Social (IMSS), so pretexto de la diagnosis frente a la Covid-19, aunque los mismos hospitales no cuenten aún con los insumos mínimamente necesarios para eso. A esto le denominaremos militarización de la vida civil.

Aunado a esto, avanza la intervención militar en la vida económica del país. Ceder a la SEDENA, y otras instituciones castrenses, espacios de inversión financiera y administración para la construcción de infraestructura en comunicaciones y transporte, de infraestructura pública, así como para la producción de mercancías industrializadas y la administración comercial de puertos y aduanas, además del control social de la mano de obra migrante, así como la ineficaz participación en el control del tráfico de armas, trata de personas y estupefacientes, es facilitar su tránsito en los circuitos mismos del capital. A esto le denominaremos acumulación militarizada, concepto propuesto por nuestro colega William I. Robinson, en el sentido de “lanzar guerras e intervenciones que producen ciclos de destrucción y reconstrucción y generan inmensos beneficios para un complejo militar-carcelario-industrial-de-seguridad-financiero en continua expansión.^[3]

Por todo lo reseñado, es que en estos momentos queremos llamar a la reflexión y la toma de conciencia respecto al peligro que corre la vida civil en México, y no sin antes compartir con ustedes los artículos que componen el presente número de nuestra revista En el Volcán Insurgente.

 

En este número, Pablo Monterroso, antropólogo físico del Centro INAH Morelos realiza un análisis comparativo entre las cuatro estrategias que diversos países han desarrollado en respuesta a la pandemia por COVID-19, poniendo de relieve sus implicaciones diferenciales al focalizar su evolución a partir de la mortalidad y de manera diacrónica. Con todo y el fenómeno del subregistro, la evolución de la mortalidad por países, confrontando las tendencias día por día como si se hubiesen iniciado de manera simultánea, abre una perspectiva analítica meritoria de atención.

Sobre el mismo tema de la pandemia y a continuación, con autorización expresa de su autora y mediante una traducción llevada a cabo por María Grace Salamanca, reproducimos una reflexión de Pascale Molinier, profesora de psicología social en la Universidad de París 13 en La Sorbona, y quien estudia principalmente las relaciones entre subjetivación y trabajo en una perspectiva de género. La COVID-19 pone de manifiesto, entre tantos otros procesos, un hecho fundamental, que es la relevancia del mundo del cuidado, de su trascendencia y su sentido.

A su vez, en el ámbito de la salud, la historiadora Marcela Dávalos, también del Centro INAH Morelos, se ocupa de las políticas y condiciones del manejo de residuos en la ciudad de Cuernavaca en torno a las primeras décadas postrevolucionarias del siglo pasado, delineando en particular las dificultades en el paso a una concepción moderna del higienismo urbano. A casi un siglo de distancia, este antecedente aporta elementos para comprender la actual crisis del manejo de excretas, lo que remite ya a un proceso de degradación ambiental en las barrancas de la ciudad, que son clave para la calidad de su clima.  

En el campo de los procesos socioambientales presentamos dos trabajos. La antropóloga Rocío Juárez en su texto “Proceso de trabajo y la subordinación de los valores de uso al capital: propuestas teóricas para el análisis socioambiental”, analiza el proceso de trabajo como condición básica de la existencia humana y como una relación metabólica para comprender la relación sociedad-naturaleza que se da bajo formas sociohistóricas específicas, y mostrar cómo opera la subordinación de los valores de uso a la lógica mercantil en los cercamientos y despojo de los bienes naturales de disposición común.

A su vez, como parte de los procesos actuales de ocupación de territorios para implantar megaproyectos ajenos al interés y bienestar de las comunidades y de su entorno, el compañero activista y defensor de los derechos humanos Emilio de los Ríos presenta el ejemplo del análisis de los impactos ambientales previsibles que fueron detectados previamente a la imposición del proyecto fotovoltáico Oxcúm-Umán, en Yucatán, y donde la acción concertada de las comunidades permitió fundamentar el rechazo a dicha propuesta. 

En un caso muy ilustrativo de la paradoja de un político que demanda a un periodista tácitamente por realizar a conciencia su trabajo, al poner de relieve la usual falta de probidad del reactivo demandante, Cristina Antúnez y el demandado, Sergio Aguayo, comparten sus reflexiones en torno al derecho humano a la expresión, vulnerado en dicho proceso.

A continuación, en la sección denominada “Sobre la Crisis Climática, ¿Qué hacer?”, Emiliano Hersch presenta varias fuentes de información que ilustran la magnitud y la urgencia de visibilizar este tema y de incidir en él desde diversos frentes.

Finalmente, reproducimos en este número el comunicado firmado por 174 investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, incluyendo diez profesores eméritos, rechazando las medidas de recorte a la investigación anunciadas a mediados del mes de abril por el titular del INAH, Diego Prieto, publicada en el diario La Jornada el 20 de abril y en la revista Proceso el 26 del mismo mes. Esta expresión en defensa de la institución se inscribe en un movimiento de trabajadores académicos que reivindica la relevancia de la investigación como eje del mismo Instituto, sometido en los últimos años a un proceso de precarización progresiva que ha continuado en el sexenio actual, aún antes de la contingencia por la COVID-19. Declarar la importancia de la investigación sin destinar recursos para ello constituye un sinsentido más. Sin investigación del patrimonio cultural, el Estado renuncia a una responsabilidad sustantiva de su competencia, la de velar por su integridad y defensa, y en ello, por la memoria y la identidad del país, porque no se puede proteger ni difundir aquello que se desconoce.

Incluimos a su vez un pronunciamiento del Colectivo YaPágameINAH/Tod@sSomosINAH, relativo a la inadmisible precariedad laboral de numerosos colegas, contratados como eventuales a fin de evitar la apertura de plazas de base. Lo eventual es aquello que se encuentra sujeto a cualquier contingencia. Se refiere a lo accidental, a lo provisional. Las instituciones que naturalizan la precariedad laboral acaban precarizando su misma razón de ser. Al pretender resolver con medidas contingentes aquello que no es eventual, eludiendo procedimientos acordes con la naturaleza de esa tarea, atentan contra sí mismas.

 

^[1]    Véase: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591085&fecha=02/04/2020

^[2]    Véase: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592205&fecha=23/04/2020

^[3]    Ahora vivimos en una economía de guerra global que va mucho más allá que las “guerras verdaderas” en Iraq o Afganistán” (“El capitalismo global y el fascismo del siglo XXI”, disponible en:  https://www.alainet.org/es/active/46855).