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México está atravesado por al menos seis procesos caracterizados por “hechos sociales de guerra”, algunos con características de enfrentamientos, otras con asesinatos y desapariciones sin enfrentamientos, otro por la alta mortalidad de un virus todavía incontrolable en el corto plazo. No usamos la conceptualización de “guerra” en forma ligera o aterrorizante, sino para intentar describir mejor esos procesos sociales desde sus hechos empíricos, y sobre todo desde la mirada de cómo los viven y ven las víctimas de la alta violencia en ellos. Se trata de situaciones sociales que nos entrecruzan horizontal y verticalmente a toda la sociedad civil y a las autoridades, al gobierno en todos sus niveles y al crimen organizado. Reconocemos esfuerzos positivos por parte del gobierno federal para ir enfrentando estos hechos y procesos sociales, pero aún falta demasiado y, en parte, hay tareas que hacer juntos con la sociedad. Los brutales casos recientes de los diferentes tipos de acciones de guerra que sólo enumeraremos no son en absoluto excepciones, sino constantes en la larga temporalidad, menos la pandemia. Pero la reflexión colectiva nos obliga -en este prolongado encierro social- a replantearnos las nuevas características estratégicas de estas violencias y las correspondientes resistencias ejemplares que históricamente se han dado y se siguen dando. El objetivo es poder hacer más “observable” la amplitud, gravedad y complejidad -desde sus mismos actores víctimas y victimarios- de estos procesos.
Una primera condición de guerra se da contra las comunidades indígenas y campesinas que defienden -desde su autonomía y no- sus territorios, recursos naturales, costumbres y culturas. Los nuevos ataques armados del 20 y 21 de enero contra los luchadores ejemplares y sus casas de la comunidad zapatista de Moisés Gandhi, en el crucero de Cuxuljá (Ocosingo), por parte de paramilitares de la ORCAO, contaron una vez más con toda la impunidad y complicidad del gobierno estatal y local.
Otra forma de guerra es la que se lleva permanentemente a cabo contra los migrantes que se arriesgan a cruzar nuestro territorio con destino a los EU. El 22 de enero fueron masacrados, por ¡policías de Seguridad Pública Estatal y del Grupo de Operaciones Especiales!, en santa Anita, Tamaulipas, 19 migrantes guatemaltecos y mexicanos.
Al igual que en el primer semestre del 2018, en pleno periodo electoral, empezaremos nuevamente a asistir a una lucha armada despiadada por el control de zonas territoriales por parte del delito organizado, el cual a través de sus bandas busca presionar, comprar, imponer o eliminar a candidaturas y autoridades políticas favorables en las regiones en disputa. La ejecución impune en un centro nocturno de Puerto Vallarta del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, del 18 de diciembre pasado podría haber iniciado esta nueva etapa de “exterminio selectivo político-electoral”. Sólo Jalisco y Guanajuato concentran más de la mitad de las fosas clandestinas del país. El mismo día 4 de febrero fueron ejecutados a balazos en plena calle, en el norte y sur del país dos autoridades municipales: Alfonso Zacarías Rodríguez, regidor de Tecate (Baja California) y Leonardo Ramos Lázaro, presidente municipal de Chauites (Oaxaca).
Tampoco se detiene el “exterminio masivo”: en México actualmente, según cifras oficiales, en seis meses se pasó de 73.218 a 82.825 desaparecidos, con un aumento del 13%, y existen 37 mil fosas clandestinas (La Jornada, 24-1-21). Familiares de víctimas se han organizado colectivamente a todo lo largo y ancho del país -en colectivos locales, regionales y en redes nacionales- y han tomado ejemplar y autónomamente en sus manos las tareas de búsqueda de fosas clandestinas y presión para la identificación forense.
A su vez, la guerra feminicida nunca cesa, es un total flagelo en nuestra sociedad en todas las clases sociales. La pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, Mariana Sánchez Dávalos, que realizaba su servicio social en la colonia Nueva Palestina del municipio de Ocosingo, fue brutalmente asesinada el 28 de enero. Todo el proceso del feminicidio de esta joven doctora, y el del posterior esclarecimiento, son una fotografía perfecta de todos los niveles de impunidad y violencia existentes en todo el orden social mexicano, que permite y construye estas ejecuciones: complicidades, normalizaciones, ignorancias de las denuncias previas de violencia y acoso por compañeros de trabajo, encubrimientos de los gobiernos estatales y municipales, de las fiscalías estatales, de las secretarías de salud estatales, de las autoridades universitarias, de las clínicas públicas…empezando por incinerar el cuerpo sin análisis forense ni permiso de la madre. ¡Increíble! ¿Al criminal le dieron tiempo de fugarse? ¿No están renunciados y presos los responsables de esas acciones? Igualmente, ¿siguen en sus cargos y libres las autoridades que recibieron todo tipo de denuncias previas de Mariana? Un aprendizaje, desde la lucha social, en este brutal asesinato anunciado a todas luces, es que en los conflictos sociales y culturales de tanta violencia no es suficiente con buscar detenerla en forma negociada, institucional, jerárquica y privada, deben abrirse muchas veces el conflicto y la denuncia al espacio y acompañamiento público, para ejercer una mayor presión y control hacia los victimarios, autoridades y cómplices.
Finalmente, la sexta guerra -del Covid- es mundial, pero en México nos atraviesa con particular violencia por múltiples causas, a pesar de lo que considero valiosos esfuerzos del gobierno federal: hay más de 166 mil muertes. Un enemigo casi imposible de derrotar en el corto plazo, pero con elevadísimas consecuencias de todo tipo en lo inmediato. No nos sumamos ni por asomo a la gran variedad de campañas para atacar al gobierno federal y sus autoridades en sus acciones contra el virus, basadas en todo tipo de manipulaciones de cifras y argumentos hipócritas y descontextualizados, porque creemos que resulta muy importante sumarnos positivamente en estas campañas y políticas de salud pública, sin dejar de reconocer tampoco que siempre es necesario tomar en cuenta los argumentos de especialistas en el tema y de la sociedad civil afectada más directamente en los distintos aspectos. Pero siempre que estos actores sociales busquen construir y no sólo atacar -con fines políticos y económicos transparentes- con permanentes estigmatizaciones y argumentos de “infantilización social”: encontrar siempre un aspecto negativo, generalizarlo, sacarlo de contexto y agrandarlo. Esta situación social de pandemia y encierro (de muy diferentes formas y consecuencias) se ha alargado mucho más de lo que se pensaba, y se prolongará aún más, por lo que -como se fomenta en múltiples espacios- además de estar reflexionando abiertamente en la “sociedad-normalidad post-covid”, deberíamos estarlo haciendo acerca de la “sociedad-normalidad covid.