La cuestión de si los gobiernos se sirven conscientemente de la pandemia para declarar un estado de excepción que refuerce sus poderes más allá de todo límite o si no tenían otra opción que la emergencia está mal planteada. Lo que ocurre hoy, como en toda crisis histórica decisiva, es que las dos cosas son ciertas: el uso del estado de excepción como estratagema y la imposibilidad de gobernar de otro modo que no sea a través de él coinciden. El soberano, mientras actúa de modo absolutamente arbitrario, está al mismo tiempo obligado por la incesante decisión sobre la excepción que define en última instancia su naturaleza. La época que estamos viviendo es, por lo tanto, aquella en la que aparece a plena luz la ilegitimidad de los poderes que gobiernan la tierra: al haber perdido toda posibilidad de configurarse en un orden simbólico reconocible, se ven obligados a suspender la ley y los principios constitucionales que podrían definirlo. El estado de excepción se convierte en este sentido en el estado normal y quienes gobiernan no pueden en ningún caso gobernar de otra manera. Tal vez sea posible que el estado de excepción sea revocado formalmente: pero un gobierno de salvación nacional como el que se está configurando, en el que cesa toda oposición, es la perfecta continuación del estado de excepción. En cualquier caso, se confirma nuestro diagnóstico de un ocaso definitivo de la era de las democracias burguesas. Queda por ver cuánto tiempo podrán durar la suspensión de la política y la emergencia como paradigma de gobierno sin asumir una forma diferente del terror sanitario en el que se han fundado hasta ahora.