Aunque a la hora de hablar de Cuba siempre priman los estereotipos, la mítica isla enfrenta una situación inédita por su dramático dinamismo. Agobiada por la crisis económica y sus efectos sociales, pero capaz de gambetear la pandemia como casi ningún otro país del mundo, la emergencia de una nueva conflictividad política en la era de la redes digitales vuelve a poner en primer plano la necesidad de ampliar el debate e imaginar nuevos horizontes de democratización, sin echar por la borda las conquistas del poder revolucionario. ¿Hacia dónde Cuba va?

La realidad cubana volvió a estar en boca de todos los medios de comunicación de “occidente” a fines del pasado año. El conflicto suscitado por el Movimiento San Isidro fue sonoramente amplificado por los principales portales informativos, escaló con fuerzas en las redes, e incluso las máximas autoridades de la principal potencia global manifestaron su exigencia de respeto a las libertades. Pero mas allá de ciertas muestras de galopante cinismo, la disputa entre el grupo de artistas disidentes y el estado cubano generó un intenso debate al interior del campo cultural de la isla.

En este marco emergieron nuevos modos de afirmación pública que sostienen la necesidad de democratizar los esquemas tradicionales del poder revolucionario en la Isla. Tirando de ese hilo, es posible acercarse a la riqueza de discusiones domésticas con indudable interés para todo Latinoamérica. Aunque como era de esperar, algunos exponentes de la izquierda dogmática dentro y fuera de Cuba reaccionaron con la ya clásica acusación de agentes a sueldo del imperialismo para todo aquel que ose cuestionar al socialismo realmente existente, sea cuál sea el argumento y el sentido de la crítica.

En la conversación que aquí presentamos hablan ocho intelectuales y militantes cubanos, de diferentes procedencias y disciplinas, pero que tienen en común el señalar la necesidad de un horizonte distinto al agotado modelo de tipo soviético. ¿Cómo proyectar una democratización social efectiva, sin desconocer las bases históricas de la revolución del 59? ¿Y cómo hacerlo tomando muy en cuenta, sobre todo, el peso determinante de la agresividad norteamericana sobre la isla? No hay respuestas fáciles ni unívocas, pero sí una apuesta por el pensamiento crítico y la elaboración colectiva.

Sería útil explicar los trazos principales del conflicto generado por la protesta del Movimiento San Isidro. ¿Quiénes son, cuál es su relevancia, qué tensiones ha provocado y si expresan alguna novedad?

Alina López Hernández: No es posible explicar lo que ocurre en Cuba reduciéndolo al Movimiento San Isidro (MSI), o a los hechos inéditos del 27 de noviembre pasado cuando un grupo de artistas e intelectuales se manifestaron a las puertas del Ministerio de Cultura. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en nuestro país coexisten hoy al menos los siguientes elementos: un modelo de socialismo burocrático agotado en sus posibilidades de sobrevivir sin transformaciones; un proceso de reformas estancado desde hace más de una década; recientes medidas que se distancian de las políticas consideradas en su momento como conquistas de la Revolución; las consecuencias económicas de la pandemia; el auge de la hostilidad norteamericana hacia Cuba que supuso el gobierno de Donald Trump; la posibilidad de que la ciudadanía se visibilice y exprese a través de los medios digitales alternativos y redes sociales. Ese sustrato da lugar a expresiones de inconformidad, cuyo rostro más renombrado –aunque ni remotamente el único o el más profundo– ha sido el MSI.

Creo que el MSI se empezó a hacer notar a raíz de las polémicas suscitadas por el controvertido decreto-ley 349. Esa norma, que está en moratoria debido al rechazo que ocasionó, significa una restricción a la libertad del arte que se produce fuera de las instituciones culturales del Estado y aumenta la censura. En respuesta, algunos artistas e intelectuales discrepantes utilizaron el performance callejero y realizaron convocatorias a exposiciones independientes. La represión de los órganos de Seguridad del Estado —a mi juicio excesiva e inconstitucional— fue desencadenando una escalada y el grupo creció en integrantes. Se hicieron usuales los actos de repudio organizados por las autoridades, las detenciones y maltratos arbitrarios.

El MSI no es representativo de los muchos críticos que tiene la burocracia parti/estatal cubana. Algunos de sus integrantes, por ejemplo, han manifestado su apoyo al bloqueo norteamericano y simpatías con el presidente Trump. No percibo en ellos un programa, una estrategia política clara, una táctica definida, ni un análisis profundo de la realidad cubana. Algo sí hay que reconocerles: el valor personal de luchar abiertamente por sus derechos. En eso pueden haber motivado a muchos jóvenes condicionados por décadas de unanimismo y obediencia. Para mí, esa es la mayor novedad.

En lo relacionado con el debate y la organización política en Cuba hoy: ¿cómo ven el panorama de la izquierda cubana y cuáles son los debates que se plantean?

Julio Antonio Fernández Estrada: Los debates públicos en Cuba son mayormente propiciados, organizados y desarrollados por orientación del Partido, del Estado o del gobierno. Por ejemplo los espacios que el Partido creó antes de algunos de sus Congresos, o los coordinados en diversas ocasiones por la Unión de Jóvenes Comunistas o la Federación Estudiantil Universitaria. Desde la sociedad civil también se han mantenido espacios como los del Último Jueves, que la revista Temas organiza hace años y reúne cada mes a mucho público con paneles donde participan personas de la academia, el funcionariado estatal y organizaciones no gubernamentales. También se puede encontrar un ambiente de debate amparado en la legitimidad de instituciones de investigación como el Centro de Investigaciones Sociológicas y Psicológicas, el Instituto Juan Marinello o el Instituto de Filosofía.

Como sucede en otras partes del mundo, las redes sociales son el espacio de debate más amplio para una parte de la sociedad cubana, la que accede a los datos móviles y a la telefonía celular. La mayoría de la población sigue, sin embargo, fuera de los ambientes de discusión y diálogo y usan los que abre el sistema del Poder Popular, sobre todo a nivel local, en las Asambleas de Rendición de Cuenta de las circunscripciones electorales de los municipios. Estas reuniones, aunque deberían ser decisivas según el diseño democrático cubano, en la práctica se han develado como espacios para la catarsis colectivas sobre los problemas cotidianos de la población y donde el Delegado o Delegada del Poder Popular suele manifestar su incapacidad para resolver problemas concretos.

Las posibilidades de organización política son todavía más reducidas porque ni en la Constitución de la República ni en sus normas de desarrollo figura el derecho a crear organizaciones políticas. Incluso las organizaciones sociales y de masas que fueron fundadas en los primeros años de la Revolución se consideran únicas y no existen canales de creación de organizaciones semejantes para las nuevas generaciones. La organización política se da fuera del amparo de la Ley de Asociaciones, que sería la única disposición jurídica que podría proteger el derecho de asociación.

En cuanto a la izquierda cubana, existen posiciones de conservación y defensa del orden político imperante, así como de las instituciones establecidas por las leyes, que defienden el perfeccionamiento del modelo socialista cubano. Otras posturas y grupos son críticos de la burocratización del poder político cubano y su forma de administración, incapaz de sacar al país de la crisis económica en la que vive hace décadas. También existe una franja reformista de la izquierda cubana, más cercana al liberalismo político pero que defiende principios del estado social de derecho y se ubica más cercano a la socialdemocracia. Todas estas manifestaciones de la izquierda en Cuba se unen en la oposición al bloqueo norteamericano a nuestra isla y en la defensa de la soberanía nacional como puntos de partida para cualquier tipo de análisis de nuestra realidad.

El panorama de la izquierda cubana se ha complejizado desde que el 27 de noviembre de 2020 un grupo de artistas e intelectuales realizó una sentada frente al Ministerio de Cultura, para solicitar una entrevista con el ministro del ramo y así plantear un grupo de preocupaciones y reivindicaciones relacionadas con la libertad de creación, la mantención de espacios artísticos alternativos y la forma en que el gobierno había solucionado una crisis política en el barrio habanero de San Isidro. Estos hechos han abierto un intenso debate entre quienes cuestionan a ambos grupos por su posición crítica al gobierno y aquellos que los defienden como espacios que expresan la diversidad y pluralidad de la sociedad que conformamos.

Sin embargo, es interesante que una plataforma de diálogo que nació el mismo 27 de noviembre, creada por un pequeño de grupo de intelectuales cubanos con el nombre de Articulación Plebeya, con una propuesta claramente de izquierda y contra la injerencia extranjera en el Estado cubano, a favor del pluralismo político y la inclusión de grupos e ideas diversos, ha recibido una andanada de críticas que la acusa de intentar construir “centro” político, por demás estigmatizado en Cuba, donde son más aceptados los extremos ideológicos que las propuestas socialistas a la vez democráticas, republicanas y respetuosas de la diversidad ideológica en la cultura nacional.

¿Cuáles son las corrientes políticas e intelectuales que ustedes podrían identificar como protagonistas principales de esta polémica sobre la democratización en la Cuba contemporánea?

Ivette García Gonzalez: Tres factores son claves para comprender el contexto en el que este debate tiene lugar: agotamiento del modelo socialista, con fractura del consenso y peligro para el ideal de la Revolución y el Socialismo; la peor crisis económica de las últimas décadas, agravada por la resistencia del poder a las reformas, la pandemia y el endurecimiento del bloqueo; y ampliación del sector crítico, en especial los intelectuales, con mayor capacidad de influencia desde la apertura de internet en 2018.

Todo está ocurriendo de manera convulsa y acelerada, por lo que no podemos hablar todavía de sistemas de ideas ni campos ideopolíticos consolidados o fácilmente distinguibles. En el debate se identifican corrientes de pensamiento con tendencias, paradigmas y posturas políticas diversas. En este breve espacio pueden agruparse como sigue:

– Un sector continuista del modelo socialista de base soviética estalinista, temerosa de las reformas, que acepta algunas modificaciones económicas imprescindibles para rebasar la crisis y mantener el modelo. Identifica la Revolución y el Socialismo con el gobierno y el Partido. Algunos apuestan por la asimilación del modelo chino o vietnamita. Otros aspiran a que los cambios económicos llevarán a los políticos. Y no pocos condicionan la democratización en Cuba al cambio de política de los Estados Unidos, por eso una parte rechaza el debate sobre el tema y otra opta por aplazarlo en aras de la “unidad”. Sus pronunciamientos sobre democracia casi siempre son reactivos, aferrándose a las deficiencias de la liberal frente a los logros cubanos en salud, educación y seguridad ciudadana.

– Hay otro sector en el que podríamos reunir a liberales y socialdemócratas. En el primer caso abogan por la opción capitalista de algunos países de Europa y Estados Unidos, o por el socioliberalismo, también la reforma china es una referencia. Los segundos se inclinan por la variante del capitalismo nórdico europeo, con influencia de la socialdemocracia de izquierda. Defienden el paradigma de amplias libertades individuales y derechos políticos, centrados en lo electoral y la representación. Los radicales ven la falta de democracia como principal problema y causa del resto. Descalifican lo que emana del gobierno, ven a la Revolución como accidente, fracaso, engaño del liderazgo histórico. Edulcoran el período republicano anterior a 1959. Algunos tienen posturas nacionalistas y otros hasta suscriben la política de los Estados Unidos hacia Cuba.  

– Al otro sector lo denomino como “socialista crítico de izquierda”, con influencias del marxismo no soviético (trotskismo, anarquismo, guevarismo) y otras opciones políticas derivadas: socialismo democrático participativo, libertario, del siglo veintiuno, etcétera. Parte de las críticas al “socialismo real” y confronta a esa matriz que sigue vigente en Cuba. Reivindica el ideal socialista, el Estado de derecho, la democracia popular y los principios fundadores del pensamiento revolucionario cubano. Sus diferencias giran en torno a las vías para el desarrollo democrático, el papel del Estado, el lugar del Partido Comunista, las formas de propiedad, los derechos y libertades. Asume que lo revolucionario es la crítica, el desmontaje o la reforma profunda del legado del modelo soviético y la creación de un nuevo proyecto de país. Reivindica una vanguardia independentista, antimperialista que sea capaz de construir alianzas. Considera que la Revolución Socialista es un proyecto inalcanzado o torcido, desde que ambos paradigmas fueran secuestrados por la burocracia, arropados por la dependencia a la Unión Soviética.

El intelectual cubano Juan Valdés Paz dice que el poder revolucionario constituye la premisa o condición de posibilidad para cualquier intento de profundización de la democracia en Cuba. Hay otros vectores del pensamiento crítico cubano que proponen reconsiderar la tradición republicana de izquierda, como alternativa a un sistema político conformado según los parámetros del socialismo real. ¿Se trata de un debate cuyo alcance se proyecta mas allá de Cuba teniendo en cuenta el protagonismo de China en la escena global?

Julio César Guanche: Dentro de Cuba fueron Juan Valdés Paz y Julio Fernández Bulté quienes presentaron a mi generación el enfoque del republicanismo democrático, a partir de una apropiación desde el marxismo. Otros, como Ana Cairo Ballester, dieron un fondo histórico a nuestras búsquedas al ubicar al republicanismo como la tradición central del patriotismo revolucionario cubano del siglo diecinueve. Esos tres maestros, junto a otros de su generación, releyeron la experiencia de la república cubana neocolonial (1902 a 1958) sin apologías, pero también sin refutaciones a diestra y siniestra. Y nos permitieron así, ya mirando hacia el presente, asociar necesidades políticas de la Revolución con demandas republicanas.

Coincido con que una profundización democrática en Cuba tiene como premisa las bases socialistas defendidas por el poder nacido de 1959. La reconsideración de la tradición republicana de izquierdas encaja con esa premisa, a la vez que discute críticamente contenidos del desempeño de ese poder y algunas de sus apuestas ideológicas. Pero este empeño ha sufrido incomprensiones sobre su pertinencia para Cuba. Es importante delimitar, entonces, lo que no es esta recuperación del republicanismo de izquierdas.

No es una afiliación a versiones liberales del republicanismo, que aplaudan simplemente las nociones de virtud cívica y de manejo institucional, pues se compromete con la estructura material, socioclasista, que necesita la libertad. No es una identificación acrítica con la república cubana neocolonial, pero reconoce la agencia de los sujetos populares de esa etapa, como los negros cubanos masacrados en el 1912, la revolución popular de 1930-1933 y el empuje de los movimientos cívicos, de trabajadores, de estudiantes y de mujeres. No traza diferencias entre república y socialismo: entiende que la revolución de 1959 fue la respuesta al “republicanaje” del que hablaba Fernando Ortiz, esto es, a la colonización capitalista dependiente de la república.

La recuperación del republicanismo de izquierdas es una respuesta a la crisis del marxismo ortodoxo, a la refutación de la democracia y los derechos humanos como si se tratasen de una invención de la burguesía –cuando son, como ha demostrado de modo muy elocuente George Eley, conquistas históricas de las izquierdas. Pretende hacerse cargo con honestidad del daño que el autoritarismo, el caudillismo y el socialismo “desde arriba” han causado a las izquierdas. Es una apuesta decidida por la ciencia, por la politización de la economía y por la valorización de la cultura del pensamiento crítico. Es un cuestionamiento a que las soluciones socialistas pasen por alguna centralidad otorgada al mercado, pero también por algún “estalinismo de mercado”.

La tesis republicana de que la libertad supone ausencia de dominación alcanza el ámbito de lo político tanto como el económico: cuestiona el poder arbitrario proveniente de lo estatal, sea “democrático liberal” o “socialista burocrático”; a la vez que el despotismo presente en ámbitos “privados”, como los mediados por las relaciones capitalistas de producción, aún si se despliegan bajo modelos socialistas.

Metas tan exigentes requieren del núcleo más poderoso de la tradición histórica socialista: su pulsión igualitaria y su compromiso con la justicia. A la vez, requieren del núcleo más poderoso de la tradición histórica republicana: la noción de la fraternidad, de la reciprocidad en la libertad, la que se atreve a afirmar con Marx que “mi libertad comienza donde comienza la libertad de los demás”.

Una de las virtudes del sistema político cubano en relación a lo conocido en otras realidades de América Latina es la efectiva soberanía nacional que detenta. ¿Cómo evalúan las capacidades demostradas por el Estado revolucionario en el manejo de la pandemia?

Mylai Burgos Matamoros: Es conocido que el Estado cubano ha podido contener y mitigar la pandemia en materia de contagios, fallecimientos, y a la vez, propiciar una atención lo más digna posible a las personas enfermas del virus Covid-19. Incluso después de la última ola de contagios producto de la apertura de las fronteras cubanas en noviembre del año 2020, no se ha percibido que el sistema de salud pública cubano haya llegado al límite o se encuentre rebasado, como en muchos países del mundo (al 11 de febrero de 2021 se detectaron 36.595 contagios y 257 fallecidos en total). El éxito de este proceso radica sustancialmente en las políticas públicas dedicadas a la creación de infraestructura para la atención de la salud (prevención con atención primaria, acceso y garantías), formación de personal médico, y desarrollo de industria farmacéutica, biotecnológica y de equipos médicos, que se verifica desde hace sesenta años.

Habría que mencionar, sin embargo, que el sistema de salud pública cubano no ha estado exento de grandes dificultades, afectado por la crisis económica permanente que soporta la isla sobre todo en los últimos treinta años. A pesar de lo anterior, el Estado ha demostrado la capacidad de decidir sus prioridades, poniendo en primer lugar la atención a los enfermos de la pandemia, por encima de cualquier otro problema nacional. Incluso ha llevado servicios de salud a otros países mediante brigadas médicas (53 brigadas en 39 países), las cuales han tenido retribución onerosa, pero han implicado gran ayuda en medio de la crisis de salud global.

Sobre esta gran fortaleza tenemos que mencionar una gran debilidad: durante todo el proceso revolucionario, Cuba no ha podido sostener por sí misma una economía nacional eficaz, sin atravesar largos procesos de crisis. Los mejores momentos económicos de la isla en estos sesenta años han estado sostenidos por economías externas, como los países del socialismo real en la década de los ochenta, y Venezuela a inicios del siglo veintiuno. Excepto en estos períodos, ha primado en la Isla la escasez y la ineficiencia económica. A esto se suma, y con gran responsabilidad, el bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos fomalmente desde 1962.

En este sentido, en medio de la crisis permanente, llueve sobre mojado con la crisis económica global. No ha faltado atención y la pandemia se ha contenido con éxito, además de que Cuba es el único país de América Latina con posibilidad real de tener una vacuna propia (con cuatro candidatos vacunales en proceso de desarrollo ya registrados oficialmente), pero la vida cotidiana en materia de bienes básicos, sobre todo alimentación e insumos médicos para enfermedades crónicas diferentes al virus, se han visto afectados sobremanera en este año con sus respectivas consecuencias sociales. Son debilidades ante la grandeza. La proeza está en manejar con éxito una pandemia global en medio de una grave crisis económica, con el derrotero más ético posible: priorizando la vida de las personas por encima de todo.

¿Cómo se analiza la nueva etapa abierta con la presidencia Biden? ¿Volverán las negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba al punto en que los dejó Obama, antes del huracán Trump, o se prevé otro proceso?

René Fidel González García: Hay que apreciar dos cuestiones que a mí me parecen esenciales para entender el momento actual. La primera describe una voluntad sostenida, terca e invariable en el tiempo –aunque no exenta de desviaciones y retrocesos por cuestiones de pragmátismo político– de las autoridades cubanas y particularmente de Fidel Castro, para obtener un modus vivendi distinto entre Cuba y los Estados Unidos a partir del reconocimiento entre Estados. La segunda es el fracaso de todas las variantes subversivas desarrolladas por los Estados Unidos durante un largo tramo de 62 años, aunque con el pago de un duro peaje para el pueblo cubano en términos de vidas, la deformación de su economía y la posposición y perversión de muchas de sus aspiraciones democráticas, de desarrollo social e individual. Sin ambas cuestiones es imposible explicarse las negociaciones que condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas durante ese segmento de tiempo en el coincidió el segundo mandato de Obama y el último de Raúl Castro.

Si esa voluntad por la parte cubana esboza una ruta crucial para un país que experimenta un muy complejo cambio de su régimen político económico y social, contradicciones y demandas de democratización cada vez más importantes, para Biden y su equipo es una oportunidad de desarrollar los objetivos planteados inicialmente por la política puesta en curso por Obama, después de cuatro años de abandono y desmontaje.

Una metáfora de estas posibilidades fue el viaje del ministro cubano Rodrigo Malmierca al Foro de Davos hace dos años para exponer la dirección de ese cambio que ahora mismo en Cuba se desata en lo económico y social. Pero es previsible que para la administración Biden conseguir sus objetivos ya no pase solo por retomar el momento de reconocimiento logrado anteriormente, o por sustanciar los acuerdos bilaterales definidos en aquel entonces, sino que ahora consista en adelantar y fortalecer sobre la marcha un marco de relacionamiento distinto. Que abra las puertas a formas de comercio normales y más significativas, a préstamos y mecanismos de financiamiento internacionales que tributen a aquellos objetivos que se proponen en términos políticos y geopolíticos en relación a Cuba.

Para resumirlo, parafraseando con amargura una famosa frase: las relaciones diplomáticas entre ambos países son la continuidad de la guerra por otros medios.

Todo parece indicar que 2021 será particularmente difícil desde el punto de vista económico para el pueblo cubano y las consecuencias sociales ya se sienten luego de las nuevas medidas de ajuste monetario. ¿Imaginan un año de aumento de la conflictividad? ¿Puede el sistema institucional realmente existente canalizar de manera virtuosa la puja de intereses o se requieren nuevas herramientas para dar cuenta del desafío político que viene?

Amalia Pérez Martín: El ajuste económico ocurre en un contexto de creciente conflictividad entre estado y sociedad civil. Esta última, cada vez más desigual y diversa, posee mayor conciencia de derechos y está más conectada al mundo a través de las TICs. En los últimos años han resonado a propósito del activismo social (en la calle, en redes y ante instituciones estatales) formas de discriminación y violaciones de derechos civiles y políticos. Siguiendo prácticas institucionales heredadas, el patrón de respuesta ha sido de alta discrecionalidad administrativa. Este contexto de incertidumbre jurídica en la relación estado-ciudadanía se conjuga con la reactivación de narrativas oficiales de estigmatización para legitimar acciones represivas y de control punitivo.

Poner en diálogo estas prácticas con la utilización de similares mecanismos de control por parte de estados neoliberales para sofocar protestas o subordinar mujeres y hombres empobrecidos y racializados, acrecienta mi preocupación sobre la incapacidad de la institucionalidad cubana para gestionar el aumento de la conflictividad. Como en otras latitudes, es previsible el rechazo social en Cuba a medidas que afectan la vida cotidiana e implican la regresión de derechos económicos y sociales considerados conquistas revolucionarias en el discurso oficial y en el imaginario social.

Hasta el momento, las protestas contra el aumento de precios y tarifas de productos y servicios públicos, la reducción de subsidios o de asistencia social, y la precarización laboral, han tenido como respuesta inmediata rectificaciones casuísticas. No se han identificado soluciones generales y duraderas al aumento de las desigualdades. Los funcionarios encargados del ajuste parecen olvidar que el estado cubano está obligado, según la constitución vigente, a garantizar el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, bajo los principios de progresividad, igualdad y no discriminación.

Si bien esta propia constitución contradice dichos presupuestos al declarar el carácter superior y único del Partido Comunista, es posible y urgente bajo su vigencia profundizar la soberanía popular. A nivel institucional esto implica emitir leyes y procedimientos pendientes sobre derechos y garantías básicas como la tutela judicial ante la vulneración de derechos por autoridades estatales, el derecho de queja y petición, los derechos de reunión, manifestación y asociación, entre otros.  

Por último, durante 2021 continuarán las crisis asociadas a la Covid-19. En tal sentido, la no declaración formal del estado de emergencia o desastre puede agravar la desprotección ciudadana frente a los efectos negativos del ajuste. En la práctica, se han activado de facto “consejos de defensa” a nivel local que, sin prever canales institucionales de participación ciudadana, también disponen sobre precios. Ante esta situación es imprescindible la reactivación del municipio, los consejos populares y los sindicatos; además de reivindicarse la protesta como forma legítima de expresar demandas populares, desarrollar plataformas inclusivas de articulación ciudadana y avanzar hacia la institucionalización de diálogos y métodos alternativos de solución de conflictos.

Hay un gesto largamente utilizado por los sectores más dogmáticos y conservadores de la izquierda continental, que consiste en acusar a quienes formulan críticas dentro del propio campo progresista y popular de ser cómplices involuntarios o directamente de estar al servicio del imperialismo yanqui. ¿Cómo se puede atravesar esta suerte de policía ideológica para avanzar en debates productivos?

Hiram Hernández Castro: “Roma paga, pero desprecia a los traidores”. La frase refiere a un suceso en la conquista de la península ibérica. Roma ofreció una recompensa por el asesinato del líder del pueblo lusitano. Los historiadores debaten si el cónsul Escipión pagó con menosprecio a los traidores que habían acuchillado a su rebelde adversario o los mandó a ejecutar para desentenderse del pago prometido. Avanzando en la historia —en el contexto de la Guerra Fría— es conocido el episodio del macartismo: un triste pasaje de la historia estadounidense donde, utilizando el discurso de la seguridad nacional, se desencadenó una “cacería de brujas”. Fue un proceso plagado de acusaciones falsas, detenciones e interrogatorios irregulares contra científicos, intelectuales y artistas comunistas o sospechosos de serlo y, por tanto, inculpados de servir a los intereses de la Unión Soviética.

También en la URSS, desde inicios de la década de los treinta, se implementó una campaña de persecución, arrestos y confesiones arrancadas con torturas que colocaban a opositores y críticos —incluyendo socialistas, anarquistas y trotskistas— en campos de concentración o frente a pelotones de fusilamiento. En los “Procesos de Moscú” un grupo de dirigentes bolcheviques, altos mandos militares e intelectuales, fueron acusados de ser financiados por estados enemigos para restaurar el capitalismo. El Gulag fue un instrumento de Stalin y sus acólitos para eliminar a los actores con posibilidades (reales o percibidas) de resistirse o disputarles poder. Nikita Jrushchov —en el XX Congreso del PCUS— reconoció los crímenes de Stalin, pero la desestalinización no significó renunciar a todas las prácticas totalitarias. El discurso de Jrushchov se mantuvo secreto y acusar de colaborador con el enemigo nacional o de clase siguió conservando su rutinaria utilidad política. Estas prácticas ideológico-policiales se reeditaron en la China de Mao Zedong, en el campo socialista del Este y, cruzando el océano, llegaron a través los partidos comunistas y maoístas a nuestro continente.

La idea de que la izquierda se encuentra siempre amenazada por una “quinta columna” hace parte de nuestra tradición. Y si bien su historia es un documento de resistencia y democratización, también contiene sus zonas de barbarie. Un debate sincero debería comenzar por sacar los fantasmas del armario para hacernos responsables de todas las partes de nuestra historia, incluyendo los crímenes (reales o cívicos) cometidos en nombre de purezas ideológicas, pero resultado de concepciones dogmáticas, sectarismos, oportunismos y ambiciones de poder personales o grupales. En consecuencia, la crítica, la autocrítica y el debate al interior de toda organización progresista son ejercicios ineludibles de la democratización interna, sin la cual es imposible articular una propuesta democratizadora hacia el conjunto social.

Ahora bien, para que un debate sea productivo debemos exorcizarnos de informes policíacos, argumentos ad hominem y teorías de la conspiración. Ello involucra aprehender las artes virtuosas, útiles y argumentadas de entablar una confrontación. Cuando, por ejemplo, en la Cuba de hoy se esgrime la expresión original de Marx “batalla de ideas”, no siempre se discuten concepciones, tesis o conceptos. Si un intelectual cubano es rotulado de liberal o socialdemócrata por argüir a favor de la libertad de expresión, la democracia o los derechos políticos, sin que su oponente logre demostrar con argumentos por qué se insertarían esos conceptos en aquellas tradiciones, no estamos en presencia de un debate intelectual sino de un etiquetaje panfletario. Si una confrontación “intelectual” termina siendo el guión de un interrogatorio policial es porque no fue un debate, sino un duelo atravesado por la capacidad de una de las partes de imponer su verdad para inculpar al adversario. Si, suplantando procesos legales y tribunales, los medios de comunicación socializan gacetillas plagadas de inculpaciones como “contrarrevolucionario”, “mercenario” y “agente de la CIA”, no presenciamos una polémica política sino un espectáculo poco edificante, un linchamiento mediático, el irrespeto a la presunción de inocencia y la imposición del reino de la discrecionalidad.

Comencé por Roma porque el imperio actual también paga por acuchillar ideas soberanas. Es público que el gobierno estadounidense destina millones a financiar un cambio de régimen en Cuba. Asimismo, hay fratricidio cuando es un cubano el que colabora con el intento imperial de rendir a su propio pueblo por hambre. Pero, al otro extremo del arco ideológico, también surgen victimarios de la soberanía ciudadana. Hoy los “intelectuales policíacos” avanzan posiciones de poder, van acusando de mercenarismo a todo el que no siga su línea ideológica, siempre coincidente con la gestión gubernamental. De esa forma el pensamiento crítico es lanzado al campo enemigo. Se trasmiten ideas estereotipadas y caricaturescas de los contrincantes. Las personas, sus ideas y los hechos no se valoran en su complejidad y matices, sino en función de lo que representan para su identificación como amigo o enemigo.

En conclusión, un debate es productivo no por la radicalidad de los improperios que se lancen contra el adversario, sino por ir a la raíz de los problemas de la sociedad que le sirve de contexto. Un debate es fructífero si en él se invierte toda la ciencia y las habilidades lingüísticas que se poseen para polemizar con la tendencias y corrientes que se sospecha no llevarán al país hacia las mejores soluciones. Un debate es legítimo si se ejerce en condiciones de igualdad, libertad, sin miedos e hipocresías. Por ello asumo que lo que puede obtener la sociedad de los debates no se resuelve en el “dime que te diré” de la ciudad letrada, sino en su utilidad para dar fuerza intelectual al saber social y fuerza social al saber intelectual. Esto es, en definitiva, empoderar las condiciones en que todos los ciudadanos ensanchen su intelectualidad y accedan a debatir, deliberar y codecidir las normas para mejorar sus vidas juntos.