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El último día del 2020, el gobierno de México publicó un decreto que supuestamente se orienta a sustituir el veneno agrícola glifosato, y de paso menciona también que no se debería permitir la siembra de maíz transgénico. Como son temas de gran importancia para los movimientos populares y organizaciones, y en general para la salud de la gente y el ambiente, tanto en México como en el resto del mundo muchas personas y medios aluden a él como si se hubiera prohibido el glifosato y la siembra de maíz transgénico. Algo que sin duda queremos y necesitamos, pero que lamentablemente este decreto no hace.
Al contrario, en lugar de prohibir el agrotóxico, a corto plazo le da mayor certeza a la gran industria para volver a importar glifosato y a largo plazo podría incluso terminar en que se aprueben normativas que le aseguren más su uso. Además, al poner plazo a 2024 para ver cómo sustituir al glifosato y “evitar” su uso (no prohibirlo), probablemente la consideración quede en manos de un próximo gobierno. Todo revuelto con algunas frases que suenan bien pero son expresiones de deseo, que se pueden o no cumplir.
Tal como explica la Red en Defensa del Maíz en un pronunciamiento al respecto, más que un decreto, se trata de un memorándum, un recordatorio a diferentes instancias (secretarías de salud, medio ambiente, agricultura y Conacyt) de lo que podrían hacer para sustituir el glifosato gradualmente, con tantas condicionantes y limitaciones, que podrían también concluir que no pueden hacer nada, sea verdad o excusa.
Todo en este memorándum está condicionado a que las secretarías actúen “en el ámbito de su competencia” y/o “de conformidad con la normativa aplicable”, algo que además de ser obvio no necesitaría ser recordado por un presidente a sus ministros. Pero se incluye explícitamente y se repite en cada artículo del decreto, para asegurar a quien tenga alguna inquietud (leáse grandes agricultores, trasnacionales que venden agrotóxicos y sus fachadas como la AMSAC y Consejo Nacional Agropecuario) que nada cambia de la realidad que ya existe, y que será hasta fines de 2023 que se presentarán propuestas que podrían cambiar las normativas vigentes, pero sujetas adicionalmente a que para entonces se demuestre que habrá “suficiencia en maíz sin glifosato” y alternativas al glifosato, que podrán incluso ser otros agrotóxicos.
Siendo que casi la totalidad de las importaciones de maíz a México las hacen trasnacionales de cría industrial de pollos y cerdos y otros sectores industriales para usar en comida ultraprocesada, alcanzará con que esas empresas sigan importando cada vez más, como ya hacen, y en 2023 digan que no les alcanza. Porque un tema de fondo es que el maíz importado – que es transgénico y con glifosato- no lo necesita la población para su alimentación, sino las trasnacionales agroalimentarias para hacer sus negocios que en nada benefician a México. Son éstas las que han expandido enormemente el negocio de la cría industrial ligada íntimamente a forrajes basados en maíz y soya transgénica, así como el aumento exponencial de alimentos procesados con sustancias derivadas de maíz transgénico.
Por otro lado, la forma de aludir al tema en el decreto presidencial, refiriéndose solamente a las importaciones de “maíz sin glifosato”, de todos modos no impide que se siga usando o importando maíz transgénico con otros agrotóxicos. De hecho, la propia industria ya está desarrollando varios otros tipos de maíz transgénico, porque hay más de 25 hierbas invasoras de los cultivos a las que el glifosato no les hace mella, se han vuelto resistentes. Por ello ya están está vendiendo maíz transgénico tolerante a otros agrotóxicos, también tremendamente nocivos.
La única sección del decreto que da una instrucción efectiva y que se hace vigente a partir del día de publicación oficial de éste, es el artículo 2, que “instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal” para que no adquieran, utilicen, distribuyan o promuevan el glifosato, “en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno”.
Pero este artículo no toca a la gran industria ni la agropecuaria industrial, que son los principales contaminadores de tierra, agua, ambiente y alimentos con glifosato y otros agrotóxicos. Sí afecta a las y los campesinos que usan agrotóxicos aunque en mucho menor volumen. Justamente este que es el sector más sufrido económicamente, no tendrá período de adaptación ni gradualidad. Sería mejor y deseable que no usaran venenos, pero ya cautivos de su uso, con suelos degradados, necesitan mucho más que otros un proceso de apoyo para poder salir de esa dependencia. Dependencia que aunque fue promovida y favorecida por todos los programas anteriores de gobierno paradójicamente, es a los únicos a los que no se permite un proceso gradual.
Pese a que el decreto no es tal y deja todo abierto y ambiguo, la agroindustria nacional y trasnacional quieren prevenir desde ya los resultados de las propuestas a presentar el 2023 y además sentar precedente para cualquier próxima iniciativa. Siempre, ante cualquier propuesta relativa a semillas, agrotóxicos, etc, emiten boletines y protestan airadamente, mucho más de lo que realmente les afectaría. También lo hicieron en este caso, aunque tienen un lugar de privilegio en las políticas agrícolas del gobierno y el secretario de agricultura Víctor Villalobos es un agente de defensa permanente de sus intereses.
Relacionado a esto, el periódico The Guardian publicó esta semana la investigación de la organización US Right to Know, que a través de correos a los que accedieron por derecho al acceso a la información prueba que Bayer-Monsanto trabajó desde 2019 con el Representante de Comercio de Estados Unidos y otros funcionarios de ese gobierno, para que presionaran al gobierno de México a no limitar ni prohibir la importación de glifosato ni maíz transgénico. Algo que ya se conocía por comentarios periodísticos, pero ahora se puede ver en los correos electrónicos y cartas enviadas. Esto sin duda influyó para debilitar aún más este decreto, aunque ni siquiera en sus primeras versiones era claro. Esta presión continúa, con la amenaza constante de que México está violando cláusulas del tratado comercial de América del Norte, T-MEC.
Ante este panorama, la Red En Defensa del Maíz , desde las comunidades y organizaciones que la integran, nos recuerda que “Nuestro país, y la población tan diversa que lo conformamos, merecemos que las acciones gubernamentales vayan al fondo del asunto: nos urge un cambio radical que desarticule la escalada agroindustrial responsable de la deforestación, de inundar con agroquímicos las regiones, de robarse a miles de jóvenes de las comunidades para hacerles jornaleras y jornaleros que dejan su vida en los galpones inundados de plaguicidas, con temperaturas casi insoportables y un sueldo muy precario. Es una escalada agroindustrial que piensa solamente en divisas de la exportación y no en alimentos sanos para nuestra gente. Mientras, sucesivos gobiernos, incluyendo éste, se han empeñado en una guerra contra la agricultura campesina y todo lo que signifique una agricultura independiente”
Y reafirman que es desde las comunidades, desde los territorios, donde realmente se defiende el maíz y se construye soberanía alimentaria. “ Entendemos, como tantas veces antes, que sólo la gente común —desde nuestras regiones, nosotras, nosotros, sociedad civil rural y urbana de tantísimas comunidades, organizaciones y redes— defendemos y habremos de defender nuestro maíz, nuestras semillas nativas, la salud de nuestros territorios, y mantendremos nuestra decisión de frenarle el paso a los nocivos OGM, al nocivo glifosato y a los otros agrotóxicos que inundan nuestros campos.”