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Las imágenes hablan solas: Indígenas enfrentados a la Guardia Nacional (GN); feministas atacadas a balazos o con gases lacrimógenos por la Policía; migrantes expuestos al crimen organizado y sin protección del Gobierno; familiares de desaparecidos apostados frente al Palacio Nacional cerrado; indignación por los crímenes contra periodistas, mientras el Ejecutivo descalifica a la prensa y niega los ataques a la libertad de expresión. Todos estos sucesos muestran la cara autoritaria del gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el 1 de dici*embre cumplió dos años al frente de un país polarizado.
El 1 de julio de 2018 el escenario era bien distinto. Tras la confirmación de la contundente victoria de López Obrador en las elecciones presidenciales, con el 53% de los votos, miles de personas abarrotaron la Plaza de la Constitución de Ciudad de México. Amplios sectores de la sociedad estaban esperanzados porque por primera vez un gobierno considerado “progresista” dirigiría el país.
Las palabras que el tres veces candidato presidencial pronunció ante la multitud reavivaron las expectativas. Con el característico compás lento de su palabra, se comprometió: “No les voy a fallar. No se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. No quiero pasar a la historia como un mal presidente”.
Durante la campaña electoral López Obrador repitió su compromiso de acometer como presidente “la cuarta transformación de México”, una promesa tan ambiciosa como vaga, que pretendía colocar su sexenio al mismo nivel que otros tres sucesos clave de la historia mexicana: la Independencia (1810-1821), la Reforma (1858-1861) y la Revolución (1910-1917).
A dos años del inicio de su mandato, el cambio profundo que prometió el abanderado del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es intangible. Hay desencanto en algunos sectores que no cuentan en las encuestas y a los que descalifica, y lealtad de quienes vitorean al presidente. A principios de 2019, López Obrador contaba con la aprobación del 85% de los mexicanos. En el último trimestre, sólo tenía la simpatía de entre el 45% y el 67% de la población, según los resultados de las principales encuestas públicas concentrados por la agencia Oraculus.
Pese al compromiso presidencial de acabar o de al menos contener la violencia generalizada que acecha al país, ésta continúa y en algunos casos se intensifica. El gremio periodístico y las mujeres son de las poblaciones más afectadas. Según la organización Artículo 19, el primer año de gobierno de López Obrador fue el más violento de la última década para la prensa. Hasta octubre de 2020 fueron asesinadas más de 7.300 mujeres, un promedio de 10 cada día, según el Ministerio Público. Las agresiones a periodistas superaron el millar en junio pasado, apenas un año y medio del nuevo gobierno.
Entre las promesas incumplidas destaca la de empleo y protección a la población migrante, que atraviesa México procedente de los países vecinos centroamericanos para intentar llegar a Estados Unidos. AMLO, como se conoce popularmente al mandatario mexicano, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras como barrera anti-migrante.
El desencanto
Jorge Madrid, originario de Honduras, llegó a territorio mexicano en la primera caravana migrante de 2019, conformada principalmente por personas de su país, pero también de Guatemala y El Salvador. En vez de ser repelido por la fuerza policial, el grupo pudo cruzar la frontera sur de México y tramitar una tarjeta de visitante por razones humanitarias. El anhelo del hombre de 33 años de edad se cumplía. Estaba contento. Por un lado, lograba escapar de la persecución política que vivió en Honduras a causa de su activismo social. Por el otro, llegaba a una nación que le abría las puertas y podría brindarle las oportunidades que no tuvo.
Como parte de una política migratoria inédita en la historia de México, López Obrador, recién llegado a la Presidencia, había ofrecido visas de trabajo a los migrantes centroamericanos, servicios básicos de salud, garantías de protección y respeto a sus derechos humanos. “El discurso del presidente era respetar al migrante, por lo que vi buenas expectativas para poder permanecer en este país a la espera de condiciones para retornar a Honduras”, comenta Jorge Madrid.
El sueño mexicano de Jorge chocó con la realidad. Las autoridades migratorias incumplieron su compromiso de renovarle por tres años la visa humanitaria, y de darle la posibilidad de una residencia permanente. Situación que se replicó con las otras personas que llegaron con él, en caravana. “Al año, cuando intenté renovar mi visa, me dijeron simplemente que no se podía. Desde entonces estoy en México de forma irregular, esperando respuesta a la solicitud de refugio que presenté y que se ha retrasado por la pandemia”, explica Madrid, que en su país trabajaba como gestor cultural.
Durante 16 meses, Jorge Madrid residió en el estado de Jalisco, donde trabajó como ayudante de cocina y después como pintor en una construcción. Con la epidemia de Covid-19 perdió el empleo y el sustento. Desesperado, intentó regresar a Honduras, pero al no contar con el apoyo de su consulado, buscó alojamiento en un albergue de la Ciudad de México, donde permanece hasta la fecha.
Cada año transitan por territorio mexicano entre 300.000 y 400.000 migrantes, cifra que ha disminuido más del 50% a causa de la pandemia, según Marta Sánchez Soler, presidenta y fundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano. Esta activista explica que en los primeros compases del mandato de López Obrador parecía que la situación migratoria mejoraría, pero la presión de la Administración de Estados Unidos frustró las promesas. La falta de una política clara, transparente y enfocada a la defensa de los migrantes, y la presencia de la Guardia Nacional, que actuó con barrera anti-migrante en las fronteras del país, contribuyeron al fracaso. “La violencia y los malos tratos por parte de la Guardia Nacional han obligado a los migrantes a buscar rutas más aisladas y más peligrosas, en su intento de evadir los retenes policiales”, critica Marta Sánchez Soler.
La pandemia empeoró la situación. Frente a los contagios de Covid-19 que se han presentado en los centros de detención a cargo del Instituto Nacional de Migración, las autoridades actúan sin transparencia y mantienen incomunicadas a las personas recluidas. “Tenemos noticias de que hay migrantes infectados en los centros de detención, pero están aislados y no se permite que nadie los monitoree. No ha habido apoyo real del Gobierno para ellos ni para los que están en las calles, lo que pone en riesgo a los migrantes y a la población”, advierte la presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano.
Brutalidad y negación
Las imágenes en las que policías mexicanos abren fuego para dispersar una manifestación feminista en el estado de Quintana Roo, conmocionaron a la comunidad nacional e internacional. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de noviembre, cuando agentes del municipio de Benito Juárez, a cargo de la alcaldesa de Morena, Mara Lezama, dispararon contra quienes exigían justicia por los feminicidios que ocurren en aquel estado. Tres personas sufrieron heridas de bala, dos de ellas trabajadoras de medios de comunicación.
El episodio ilustra la violencia de género, incluida la institucional, en México, y muestra que, lejos de garantizar una vida digna, el Gobierno ha optado por atacar al feminismo y a sus manifestaciones de hartazgo, con tácticas intimidatorias. Así ocurrió el 28 de septiembre, cuando las mujeres que se manifestaban en Ciudad de México a favor del aborto legal y seguro fueron acorraladas durante varias horas por elementos policíacos para impedirles el libre tránsito y, además, rociadas con gases lacrimógenos.
A este contexto adverso para las mujeres, se añade la negativa del presidente a reconocer la magnitud de la violencia de género en México. La abogada Isabel Erreguerena, de la organización feminista Equis Justicia para las Mujeres, recuerda que López Obrador dijo públicamente que nueve de cada 10 denuncias al número de teléfono 911 por violencia contra mujeres son falsas. En su conferencia de prensa del 15 de mayo de 2020, el presidente negó que la violencia de género haya aumentado durante el confinamiento por la epidemia, pues en la familia mexicana “siempre ha habido una convivencia en armonía”. Isabel Erreguerena subraya que no reconocer la magnitud del problema impide combatirlo adecuadamente, ya que las instituciones encargadas de brindar justicia a las mujeres carecen de recursos suficientes. En opinión de la abogada feminista, no atender las denuncias de las mujeres tiene graves consecuencias, porque transmite un mensaje tipo “No llames a las autoridades porque no te vamos a creer”, y da alas a los agresores.
La realidad, según los datos de la organización Equis Justicia para las Mujeres, es que el confinamiento aumentó el riesgo de violencia doméstica para mujeres y niñas, y, sin embargo, el 85% de las instituciones judiciales de México suspendió su actividad. Los recursos presentados quedaron en el limbo. Los Centros de Justicia para las Mujeres, que atienden a mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos, cancelaron algunos de sus servicios. “En el contexto de la pandemia, la violencia familiar y los asesinatos contra las mujeres se intensificaron, pero ni las autoridades ni las políticas públicas han estado a la altura de su encomienda”, concluye Isabel Erreguerena.
Entre marzo y mayo de 2020, durante la etapa inicial del confinamiento, la Red Nacional de Refugios, asociación civil que cuenta con 69 centros para atender a mujeres y niños víctimas de violencia, reportó un aumento de hasta el 80% en el número de servicios que brindó, en comparación con el mismo periodo de 2019. La cantidad personas atendidas en estos tres meses fue de 12.710.
Discurso nocivo
Después de que el diario Reforma publicara una información que denunciaba que funcionarios del estado de Tabasco, incluida la cuñada del presidente mexicano, estaban implicados en un desfalco a las arcas públicas, López Obrador no desmintió la información, pero calificó al diario de “pasquín inmundo sin ética” en su conferencia de prensa del pasado 11 de septiembre. Dos meses después y en la misma tribuna, dedicó el mismo calificativo al periódico El Universal, por publicar que el secretario particular del presidente había contratado empresas fantasma cuando era el tesorero del partido Morena. “Es parte de la campaña de desprestigio a nuestro gobierno, es el otro pasquín inmundo”, replicó AMLO.
Este tipo de episodios ha sido la constante en las conferencias de prensa matutinas que da diariamente el presidente. La organización Artículo 19 ha documentado reiterados intentos de López Obrador de neutralizar o anular con su palabra a quienes lo cuestionan.
“Fifí”, “conservadores”, “chayoteros”, “hipócritas”, “infames”… son algunos de los calificativos del jefe de Estado para referirse a las y los periodistas y medios críticos. Una retórica que alimenta campañas de hostigamiento y desprestigio contra periodistas en redes sociales y que, además, tienen un efecto multiplicador en otros niveles de gobierno.
Un ejemplo es lo que ocurre en el estado de Puebla, donde el gobernador Miguel Barbosa Huerta, también integrante de Morena, ha descalificado en reiteradas ocasiones las preguntas de los periodistas durante las conferencias virtuales que ofrece diariamente, o les ha exigido no preguntar sobre ciertos temas, según documenta la Red Puebla de Periodistas.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19, señala que, además de atentar contra la libertad de expresión y estigmatizar a la prensa, el discurso presidencial ha contribuido a profundizar un ambiente social polarizado, en el que los malos son quienes disienten y los buenos quienes se apegan al discurso oficial. La consecuencia de esta actitud endémica del poder ejecutivo es un pacto de censura y silencio sobre el que se asienta el sistema político. El gobierno de López Obrador no ha alterado este rumbo autoritario, y México es un país con zonas de silencio a causa de la censura institucionalizada y los efectos de la actividad criminal de los últimos 15 años.
2020 fue uno de los años más violentos de la última década para la prensa, según la organización Artículo 19, con los asesinatos, entre otros, de los periodistas María Elena Ferral Hernández, Jorge Armenta Ávalos, Pablo Morrugares Parraguirre, Julio Valdivia, Arturo Alba Medina, Jesús Alfonso Piñuelas e Israel Vázquez Rangel. Sólo en noviembre dos periodistas fueron heridos de bala por policías municipales en Quintana Roo durante una protesta contra la violencia feminicida, dos reporteros de Veracruz sufrieron ataques armados, y un fotoperiodista de Sinaloa fue secuestrado. El director de Artículo 19, recrimina la pasividad oficial para revertir esta situación. La impunidad en los crímenes contra periodistas es del 99%.
La imposición
Con la fuerza de una prosa clara y fluida, hombres y mujeres mayas del estado de Yucatán, agrupados en el colectivo Chuun T’aan, escriben al presidente de la República en relación con el Tren Maya, una de las principales obras de infraestructura de la gestión gubernamental. En dos cartas que no han tenido respuesta, le reiteran que la decisión fue tomada sin su consentimiento, como muchos otros proyectos “que llegan ya hechos y quieren que digamos solamente que sí o que no, pero no nos permiten participar en la planeación, en la toma de decisiones”.
En defensa de la autodeterminación y autonomía de los pueblos originarios, los mayas reivindican sus derechos y su condición de campesinos, yucatecos o pobres que necesitan empleo: “Dejen que nosotros decidamos qué tipo de desarrollo queremos”. Concretamente sobre el Tren Maya advierten al presidente: “No queremos que, como las carreteras o la luz, como la deforestación o como la gestión del agua, se convierta en un negocio que sólo va a seguir beneficiando a los grandes ricos de siempre. Para eso no cuente con nosotros. Nosotros lo que queremos es otra manera de relacionarnos con el Estado”.
Sin embargo, la obra sigue avanzando. En noviembre pasado, los legisladores aprobaron un presupuesto de 36.000 millones de pesos (1.786 millones de dólares) para 2021, al transporte de carga, pasajeros y turístico que conectará los principales centros arqueológicos de la cultura maya en cinco estados del sureste mexicano (Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán), lo que representa el 90% por ciento del dinero destinado al sector de Turismo. La pandemia del Covid-19 no paralizó las obras del Tren Maya porque el Gobierno considera que se trata de una actividad esencial del país.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental alerta que, en sus 1.460 kilómetros de longitud, el proyecto atravesará la selva maya, una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo y considerada “el segundo pulmón forestal de América Latina”, y provocará daños irreversibles a la vegetación, suelo, agua y biodiversidad.
María Cristina Muñoz Méndez, de la organización no gubernamental Indignación, con sede en Yucatán, opina que la forma cómo el Estado se relaciona con los pueblos indígenas no ha cambiado con este gobierno, porque la política pública, aún con fachada de consulta participativa, es un proceso de incorporación al sistema capitalista y extractivista. “Si López Obrador quiere realmente saldar la deuda del Estado mexicano con los pueblos indígenas por los agravios históricos, como enarboló en su campaña presidencial, tendría que empezar por cambiar la forma de relacionarse con ellos. El gran megaproyecto pendiente es el de la libre determinación de los pueblos”, añade Muñoz Méndez.
El indígena maya Pedro Uc comenta que la imposición del Tren Maya ha lacerado el tejido social de las comunidades por donde pasará, a las que han llegado “mercenarios” de las instituciones y las empresas involucradas para intentar manipular, corromper y sembrar división. Asimismo, algunas personas que se oponen han sido amenazadas por el crimen organizado.
La estrategia presidencial de descalificar las reclamaciones indígenas, y el hecho de que el poder judicial haya desestimado los amparos contra la construcción del tren, que debería entrar en funcionamiento en 2024, ha provocado decepción y rabia entre el pueblo maya, según explica Múuch’ Xíinbal, dirigente de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya. El también escritor en lengua maya opina que, al tomar decisiones unilaterales, bloquear los caminos de la justicia y desacreditar sus voces, López Obrador tiene sello de autoritarismo. Y lamenta que ésta sea la manera de actuar de “un gobierno que llegó presumiendo legitimidad”.
La continuidad
La madrugada del 23 de noviembre, aprovechando la penumbra y la emergencia sanitaria, 300 militares con uniforme de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales desmantelaron dos campamentos que campesinos nahuas mantenían en la comunidad de San Pedro Apatlaco, en el estado de Morelos, en oposición al Proyecto Integral Morelos. La obra es un legado del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, pero López Obrador está decidido a concluirla, sin tener en cuenta que despojará a los ejidatarios del agua que usan para el riego de sus cultivos, y que impactará al medio ambiente. Los 19 recursos de amparo vigentes y suspensiones de plano fueron rechazados por el presidente, asegura Juan Carlos Flores, abogado del movimiento opositor. Para garantizar el avance del proyecto, que contempla la construcción de dos centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto, efectivos de la Guardia Nacional colocaron una cortina metálica alrededor de la obra y reprimieron con gases lacrimógenos las protestas de campesinos inconformes.
La creación de la Guardia Nacional como cuerpo militar es una de las decisiones más cuestionadas de López Obrador. Diversos especialistas advierten del riesgo de dejar la seguridad pública a cargo de las Fuerzas Armadas, sobre las que pesa un historial de graves violaciones de derechos humanos. Pero el presidente ha hecho caso omiso.
El colectivo Seguridad sin Guerra, conformado por más de 300 organizaciones y personas, considera que la creación de este nuevo cuerpo militar implicará “constitucionalizar la militarización, profundizar una estrategia fallida en tareas de seguridad pública, ir en contra del marco jurídico internacional de derechos humanos que rige en México y, una vez más, mantener el paradigma de combatir la violencia con más violencia”. Inicialmente, López Obrador aseguró que la Guardia Nacional sería una policía civil, pero terminó por institucionalizar una estructura con mando militar, integrada mayoritariamente por soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina –73.847 elementos–, y en menor medida por ex policías federales.
En octubre pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que miembros de la Guardia Nacional hicieron un uso arbitrario y desproporcional de la fuerza contra los integrantes de una caravana de migrantes que ingresó en México. Entre junio de 2019 y marzo de 2020, se presentaron 111 quejas contra el nuevo cuerpo militar por presunta responsabilidad en violaciones de derechos humanos. Una veintena de estas quejas refieren actos de tortura y tratos crueles.
Los otros desaparecidos
Policías antimotines se desplegaron junto a la sede del Senado de la República, el pasado 19 de octubre, donde familiares de personas desaparecidas realizaban un plantón para frenar la aprobación de la minuta que extingue los fideicomisos destinados a periodistas y defensores en riesgo, y a la atención de víctimas de violencia. Cerca de media noche, los uniformados montaron un cerco alrededor de quienes se manifestaban, incluidos ancianos y niños. Durante cuatro horas bloquearon el paso de los manifestantes y propiciaron un ambiente hostil.
La protesta no impidió que en una sesión de más de 12 horas y en una sede alternativa, los senadores aprobaran la minuta que plantea reformas para eliminar 109 fideicomisos públicos, a propuesta del presidente López Obrador y del partido Morena. Karla Guerrero, representante del Frente Nacional de Desaparecidos, del que forman parte 60 colectivos, dice que están a la espera del decreto final y expectantes de corroborar que, independientemente del destino de los fideicomisos, las autoridades cumplan con su promesa de seguirles brindando estos recursos. Explica que el fondo de atención a víctimas proporcionaba a los familiares de personas desaparecidas apoyo para alimentos y traslados a las misiones de búsqueda de sus seres queridos. El fideicomiso para defensores en riesgo beneficiaba a quienes, como Karla Guerrero, tienen medidas de protección porque han sufrido agresiones que han puesto en riesgo su vida.
Madre de dos hijas, Guerrero ha sido víctima de extorsiones, hostigamiento, amenazas de muerte y dos desplazamientos, por su implicación en la investigación y búsqueda de su esposo Herón Miranda, desaparecido en Veracruz en 2014. En junio pasado, participó en el plantón de 28 días frente al Palacio Nacional. Los familiares de desaparecidos pedían dialogar con el presidente y con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para buscar acuerdos encaminados al buen funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No fueron recibidos.
Karla Guerrero aplaude el apoyo que el Gobierno ha brindado a los familiares de los 43 alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014. Pero demanda el mismo trato y la misma empatía para el resto de casos: «Todos los casos son igual de importantes, todas las víctimas somos iguales y merecemos el mismo trato». Según la activista, una de las principales trabas para el esclarecimiento de las desapariciones en México recae en la búsqueda. Las Fiscalías están colapsadas y no promueven todas las diligencias necesarias y, cuando al fin lo hacen, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas retrasa la entrega de los recursos, por lo que la búsqueda se va aplazando.
Los casos de desaparecidos en México han ocupado un espacio destacado en la agenda pública nacional en los últimos años, particularmente tras la “guerra contra el narcotráfico” decretada por el expresidente Felipe Calderón, que desencadenó una ola de violencia y una grave crisis de derechos humanos. Funcionarios públicos, particularmente integrantes de las Fuerzas Armadas y agentes de seguridad, están implicados en las violaciones, y hay denuncias de complicidad con grupos criminales.
El registro oficial da la cifra de un total de 77.170 personas desaparecidas en septiembre de 2020. Durante el actual mandato de López Obrador la cifra supera los 13.800 desaparecidos. De estos casos, 8.345 ocurrieron en 2019, el peor año desde 1964. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, asegura que la desaparición forzada cometida por autoridades o con su apoyo o aquiescencia disminuyó considerablemente, y que la responsabilidad en el 90% de los casos es del crimen organizado.